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PROGRESO.-- Alejandro Gochicoa Matienzo, quien fue cesado de la API de Altamira por corrupción y estar implicado en el robo de un contenedor de 11.7 toneladas de “harina de plátano” (cocaína) procedente de Colombia, es el asesor-padrino de Rafael Mena Lire, administrador de la API de Progreso, además de que es hermano de su suegro.
Según informa Por Esto! en su edición de este martes 27, a pocas horas de la llegada de la primera embarcación de la meganaviera Zim Israeli Navigation Company a Yucatán, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante está en una disyuntiva: o aplica la Ley de responsabilidades de los servidores públicos a Mena Lire, luego de que se ha comprobado que posee un triángulo de empresas vinculadas con su cargo, o se hace cómplice de este funcionario que, además, ha violado flagrantemente el código de ética de esa dependencia.
Como informamos en su oportunidad, Mena Lire y su gerente comercial, Fernando Pereira Flick, han creado cuando menos tres empresas para hacer negocios aprovechando sus cargos en la API: la agencia aduanera Jet Escalante & Ortega, la firma de logística Expeed Forwarding Inc., y una maniobrista portuaria autorizada por el propio Mena hace sólo un mes, lo que le ha valido reclamaciones directas de empresarios y funcionarios afectados.
En Jet Escalante & Ortega es gerente Antonio Gochicoa, sobrino directo de Gochicoa Matienzo. Esa relación de los Gochicoa, aseveraron nuestros informantes, parece asegurar que al tándem Mena-Pereira no le hará falta “experiencia” para realizar transacciones de dudosa legalidad.
El asesor-padrino
Alejandro Gochicoa Matienzo, cesado el 7 de junio de 2010 en medio de acusaciones de corrupción, es tío de Antonio Gochicoa Legorreta, cuñado y socio del titular de la API de Progreso, Rafael Mena Lire.
Según nuestras fuentes, cuando Gochicoa Matienzo estaba al frente de la API de Altamira se robaron un contenedor de 11.7 toneladas que estaba en la Aduana de Altamira, hecho que estuvo rodeado de omisiones y deficiencias en materia de seguridad, de acuerdo con una investigación de la Secretaría de Hacienda federal.
Según los reportes, el 30 de septiembre de 2009 llegaron a la Aduana de Altamira dos contenedores procedentes de Colombia que, según el pedimento oficial, llevaban 54 toneladas de “harina de plátano”: uno salió del recinto aduanal legalmente, pero el otro fue robado en forma increíble.
Las pesquisas de Hacienda evidenciaron que al momento del robo “curiosamente” sólo funcionaban 4 de las 17 cámaras de vigilancia de la Aduana en las instalaciones de la API. A su vez, las investigaciones de la PGR sobre el origen de los contenedores fue deficiente, pues no se investigó al agente aduanal que hizo los trámites de ingreso, y tampoco se detuvo al oficial de la Sagarpa que empleó sólo cinco minutos para certificar que los contenedores traían “harina de plátano”, aunque se sospecha que en realidad estaban saturados de cocaína.
Cuando Hacienda cuestionó a Gochicoa Matienzo sobre el hecho de que sólo funcionaban 4 de 17 cámaras, el funcionario respondió por escrito que ya estaban revisando el circuito cerrado, pero le pidió a Aduanas “que de ninguna manera se haga contacto con el proveedor” (del sistema), porque ése era asunto de la API”. Evidentemente el asesor-padrino de Mena Lire es muy “celoso” de sus relaciones con los proveedores.
Ataques a la ética
Como hemos informado desde el pasado día 21, empresarios y funcionarios estrechamente ligados al trabajo con la API de Progreso reportaron a POR ESTO! que el tráfico de influencias, la exigencia de “diezmos”, los favoritismos, influyentismo, tratos oscuros, opacidad administrativa, voracidad financiera y hasta piratería industrial que protagonizan y/o permiten Mena Lire y Pereira Flick son un secreto a voces.
Las conductas denunciadas contravienen claramente las leyes federales, como la fracción XI del artículo 8, capítulo uno, título segundo “Responsabilidades administrativas” de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice lo siguiente:
“(Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:) Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
En la página de la API de Progreso, www.puertosyucatan.com/, en la parte superior izquierda hay una ceja con el letrero “Quiénes somos”, y dentro de ésta se puede leer el Código de Ética de esa dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Entre otros puntos que es pertinente citar, el Código de Ética expone, bajo el título Bien Común, que “Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad”.
En Honradez, el Código señala que “El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros”.
Y en Transparencia puntualiza que “El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley”, lo que enfatiza la ilegalidad que representa la denunciada opacidad con que el multicitado funcionario maneja permisos, concesiones y otros trámites bajo su cargo.
En su momento publicamos que un ejecutivo de la firma Kronoz Internacional Inc., de la que Mena Lire fue gerente regional, confirmó que éste creó Expeed Forwarding en enero de este año, es decir, cuando tenía seis meses como director de la API.
Otra de las empresas en que tiene participación Mena Lire, la citada Jet Escalante & Ortega, tiene como sede una vieja casona, casi en ruinas, de Progreso.
Las investigaciones del equipo de POR ESTO! evidentemente han causado inquietud en el círculo de los involucrados en este escándalo, en especial entre los “colaboradores” de Gochicoa Matienzo: en los últimos cuatro días se han recibido en la Redacción llamadas de supuesta “estudiante de la UNAM” que insiste en saber quiénes son los empresarios que dan informes sobre el caso de la API de Progreso, y qué sabe el periódico del ex director de las API de Altamira y de Dos Bocas, cesado el año pasado de ese puerto tamaulipeco en medio de acusaciones de corrupción. (P.E.)
Según informa Por Esto! en su edición de este martes 27, a pocas horas de la llegada de la primera embarcación de la meganaviera Zim Israeli Navigation Company a Yucatán, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante está en una disyuntiva: o aplica la Ley de responsabilidades de los servidores públicos a Mena Lire, luego de que se ha comprobado que posee un triángulo de empresas vinculadas con su cargo, o se hace cómplice de este funcionario que, además, ha violado flagrantemente el código de ética de esa dependencia.
Como informamos en su oportunidad, Mena Lire y su gerente comercial, Fernando Pereira Flick, han creado cuando menos tres empresas para hacer negocios aprovechando sus cargos en la API: la agencia aduanera Jet Escalante & Ortega, la firma de logística Expeed Forwarding Inc., y una maniobrista portuaria autorizada por el propio Mena hace sólo un mes, lo que le ha valido reclamaciones directas de empresarios y funcionarios afectados.
En Jet Escalante & Ortega es gerente Antonio Gochicoa, sobrino directo de Gochicoa Matienzo. Esa relación de los Gochicoa, aseveraron nuestros informantes, parece asegurar que al tándem Mena-Pereira no le hará falta “experiencia” para realizar transacciones de dudosa legalidad.
El asesor-padrino
Alejandro Gochicoa Matienzo, cesado el 7 de junio de 2010 en medio de acusaciones de corrupción, es tío de Antonio Gochicoa Legorreta, cuñado y socio del titular de la API de Progreso, Rafael Mena Lire.
Según nuestras fuentes, cuando Gochicoa Matienzo estaba al frente de la API de Altamira se robaron un contenedor de 11.7 toneladas que estaba en la Aduana de Altamira, hecho que estuvo rodeado de omisiones y deficiencias en materia de seguridad, de acuerdo con una investigación de la Secretaría de Hacienda federal.
Según los reportes, el 30 de septiembre de 2009 llegaron a la Aduana de Altamira dos contenedores procedentes de Colombia que, según el pedimento oficial, llevaban 54 toneladas de “harina de plátano”: uno salió del recinto aduanal legalmente, pero el otro fue robado en forma increíble.
Las pesquisas de Hacienda evidenciaron que al momento del robo “curiosamente” sólo funcionaban 4 de las 17 cámaras de vigilancia de la Aduana en las instalaciones de la API. A su vez, las investigaciones de la PGR sobre el origen de los contenedores fue deficiente, pues no se investigó al agente aduanal que hizo los trámites de ingreso, y tampoco se detuvo al oficial de la Sagarpa que empleó sólo cinco minutos para certificar que los contenedores traían “harina de plátano”, aunque se sospecha que en realidad estaban saturados de cocaína.
Cuando Hacienda cuestionó a Gochicoa Matienzo sobre el hecho de que sólo funcionaban 4 de 17 cámaras, el funcionario respondió por escrito que ya estaban revisando el circuito cerrado, pero le pidió a Aduanas “que de ninguna manera se haga contacto con el proveedor” (del sistema), porque ése era asunto de la API”. Evidentemente el asesor-padrino de Mena Lire es muy “celoso” de sus relaciones con los proveedores.
Ataques a la ética
Como hemos informado desde el pasado día 21, empresarios y funcionarios estrechamente ligados al trabajo con la API de Progreso reportaron a POR ESTO! que el tráfico de influencias, la exigencia de “diezmos”, los favoritismos, influyentismo, tratos oscuros, opacidad administrativa, voracidad financiera y hasta piratería industrial que protagonizan y/o permiten Mena Lire y Pereira Flick son un secreto a voces.
Las conductas denunciadas contravienen claramente las leyes federales, como la fracción XI del artículo 8, capítulo uno, título segundo “Responsabilidades administrativas” de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice lo siguiente:
“(Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:) Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
En la página de la API de Progreso, www.puertosyucatan.com/, en la parte superior izquierda hay una ceja con el letrero “Quiénes somos”, y dentro de ésta se puede leer el Código de Ética de esa dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Entre otros puntos que es pertinente citar, el Código de Ética expone, bajo el título Bien Común, que “Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad”.
En Honradez, el Código señala que “El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros”.
Y en Transparencia puntualiza que “El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley”, lo que enfatiza la ilegalidad que representa la denunciada opacidad con que el multicitado funcionario maneja permisos, concesiones y otros trámites bajo su cargo.
En su momento publicamos que un ejecutivo de la firma Kronoz Internacional Inc., de la que Mena Lire fue gerente regional, confirmó que éste creó Expeed Forwarding en enero de este año, es decir, cuando tenía seis meses como director de la API.
Otra de las empresas en que tiene participación Mena Lire, la citada Jet Escalante & Ortega, tiene como sede una vieja casona, casi en ruinas, de Progreso.
Las investigaciones del equipo de POR ESTO! evidentemente han causado inquietud en el círculo de los involucrados en este escándalo, en especial entre los “colaboradores” de Gochicoa Matienzo: en los últimos cuatro días se han recibido en la Redacción llamadas de supuesta “estudiante de la UNAM” que insiste en saber quiénes son los empresarios que dan informes sobre el caso de la API de Progreso, y qué sabe el periódico del ex director de las API de Altamira y de Dos Bocas, cesado el año pasado de ese puerto tamaulipeco en medio de acusaciones de corrupción. (P.E.)
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