Hereda Reyes Heroles red de corrupción

Ana Lilia Pérez

Trabajadores de Pemex denuncian irregularidades por 24 mil millones de pesos en el alquiler de barcos contratados en forma discrecional por la Gerencia de Mantenimiento Integral de Pemex Exploración y Producción.

Fuente: Revista Contralínea

A sólo dos meses de haber concluido su gestión al frente de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo es señalado por trabajadores petroleros de beneficiar a un grupo de empresas con contratos millonarios otorgados sin licitación y a cambio de beneficios económicos.

El pasado 26 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública recibió la denuncia DE-167/2006 que involucra a funcionarios de alto nivel de esa empresa petrolera del Estado en los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de la Función Pública, para favorecer a un grupo de empresas con adjudicaciones directas, millonarios incrementos y asignación discrecional de contratos de servicios y obra pública en el complejo petrolero de Cantarell.

La supuesta red de corrupción que opera en Pemex Exploración y Producción (PEP) está integrada por José Guadalupe de la Garza Saldívar, gerente de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos (GMICSM) -quien tiene a su cargo la contratación de empresas en la zona más productiva de Pemex-; la superintendente de Evaluación de la GMICSM, Martha Alicia Castañeda Arrieta, y la subgerente de Mantenimiento del Sector Cantarell Norte y Sur, Mireya Juanita Miranda Moyar, todos protegidos por Ramírez Corzo.

Las empresas vinculadas en estos ilegales beneficios son: Condux, Protexa y Construcciones Marítimas Mexicanas (CMM), del Grupo Protexa; Constructora y Arrendadora de México y Servicios Marítimos de Campeche, del Grupo Río San Juan; Oceanografía (empresa señalada por corrupción en la obtención de contratos); Construcciones Integrales del Carmen; Cotemar; Subtec, y Mantenimiento Marino de México (MMM), filial de Halliburton.

De acuerdo con la denuncia, una veintena de contratos adjudicados a estas empresas se otorgaron a cambio de millonarios sobornos a los operadores de Ramírez Corzo en la Sonda de Campeche, por lo que los trabajadores de Pemex solicitan que Función Pública realice las auditorías respectivas y finque responsabilidades penales a los responsables.

Además de la adjudicación directa, refiere la denuncia, con estas empresas los funcionarios de la GMICSM “maquillan” supervisiones y revisiones en los trabajos contratados; además, durante la ejecución de los contratos, Garza Saldívar autorizó de forma discrecional convenios adicionales que duplicaron o triplicaron los montos iniciales.

En este esquema ilegal se habrían adjudicado el contrato 418813808 para el servicio del barco de posicionamiento dinámico Azteca, a Condux y Arrendadora Sipco; el contrato 418813837 para el arrendamiento de barcos de posicionamiento dinámico Far Swift y Far Scottia, a Construcciones Integrales del Carmen (CICSA).

También los contratos 428236807, 418235843 y 418235840 para el servicio de los barcos de posicionamiento dinámico Island Pionner, Caballo de Trabajo, Caballo de Troya y Palma River, a la naviera Oceanografía.

Los contratos asignados a la empresa Cotemar: 428216906 para el alquiler del barco abastecedor Apolo; 418233871 para el arrendamiento de los barcos remolcadores Libra y Zorro Grande II; los contratos 418813807, 428236803, 418812872, y 418813814, para la renta de plataformas sumergibles Britannia, Safe Concordia, Iolair, y Safe Lancia.

El contrato 35ONT00361 a Constructora y Arrendadora de México (CAMSA) para el alquiler del barco grúa Tolteca. El 418234926, asignado a Servicios Marítimos de Campeche (SMC) para el arrendamiento del barco grúa Gazprom.

Los contratos otorgados a la empresa Mantenimiento Marino de México (418235895, 418813804 y 418235904) para alquiler de plataformas semisumergibles Semi 1, Semi 2 y Chemul. Y los contratos otorgados a Subtec (socia de Oceanografía) para rentar los barcos geotécnicos Moana Wave y Ocean Leader.

Durante la gestión de Ramírez Corzo en Pemex, primero como titular de PEP y después como director general de la paraestatal, dichas compañías lograron jugosas ganancias con amañadas contrataciones a las que ha dado continuidad el actual director, Jesús Reyes Heroles, pese a su negro historial no sólo en Pemex, sino ante Hacienda por adeudos y violaciones a la Ley Federal del Trabajo que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública, les impediría seguir como contratistas.

La complicidad

Los contratos de obra y servicios en Cantarell siguen siendo los más redituables para contratistas de Pemex. Con el objetivo de controlar la asignación de estos contratos, Ramírez Corzo propuso la creación de la Gerencia de Mantenimiento Integral y colocó ahí a De la Garza Saldívar. A su vez, éste creó la Subgerencia de Ingeniería del Mantenimiento mediante la cual tendría el control de todas las licitaciones que se originan en la Región de PEP antes de pasar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos de PEP. Su personal se encarga de elaborar las bases, realizar las juntas de aclaraciones, organizar el presupuesto interno, realizar las evaluaciones técnicas y el proceso de licitación, que de acuerdo con el Manual de Organización, le compete al área de Recursos Materiales de la Gerencia de Administración y Finanzas.

De acuerdo con otra denuncia que involucra a este mismo funcionario -remitida en septiembre pasado a la Secretaría de la Función Pública-, para beneficiar a este grupo de empresas, mediante acuerdos internos, De la Garza ordenó declarar licitaciones desiertas para asignaralos de manera directa a las compañías bajo su protección, todo ello “con apoyo de personal de la torre ejecutiva de Pemex”.

El documento enviado a la SFP indica que “debido a su desmedido mal manejo de recursos dentro de su ámbito laboral como gerente de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción” con las empresas protegidas, De la Garza recurre siempre a la modalidad de “Asignación Directa” para la contratación de obras y servicios del sector público, aunque se trate de montos millonarios.

En la contratación de embarcaciones -que para Pemex significa la erogación de millones de dólares en pagos de renta diarios en periodos multianuales- además de adjudicar las embarcaciones vía directa, De la Garza administra los contratos otorgados a estas navieras y tiene bajo su cargo la supervisión de la renta de barcazas, barcos de posicionamiento dinámico y plataformas semisumergibles instaladas en plataformas marinas en el Golfo de México. De allí que opere, adjudique, supervise y modifique de forma discrecional los montos a las empresas citadas.

De acuerdo con información obtenida del sistema de administración interno de Pemex SAP/03, tan sólo en una veintena de contrataciones –en las que se presumen irregularidades– el monto inicial autorizado por PEP asciende a más de 24 mil millones de pesos.

La corrupción de Protexta

Con inhabilitaciones, falsedad de declaraciones fiscales, incumplimientos en contratos y cientos de denuncias laborales operan las empresas del Grupo Protexa, la cual agrupa a unos 20 contratistas de Pemex, propiedad todas de los hermanos Humberto y Javier Lobo Morales.

Cuando Ramírez Corzo llegó a la Dirección General de Pemex, el corporativo de los hermanos Lobo repuntó, gracias a las adjudicaciones directas sin la supervisión correspondiente.

Hasta el 2005, los hermanos Lobo arrastraban un adeudo de más de 5 mil millones de pesos con la Secretaría de Hacienda y el IMSS. Incluso para participar en Pemex en licitaciones y concursos presentaron documentos apócrifos para justificar que estaban al corriente en el pago de impuestos. Por estas prácticas ilegales, Protexa y Condux fueron temporalmente inhabilitadas.

Primero como titular de PEP, Ramírez Corzo entregó al Grupo Protexa, a través de su empresa Aeroservicios Especializados (Asesa), contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos para renta de transporte de personal y carga en la sonda de Campeche, en licitaciones viciadas, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el caso.

Derivado de las irregularidades detectadas por la ASF en la auditoría practicada a los contratos que PEP otorgó a Asesa, en el 2006 la ASF recomendó a los órganos internos de control abrir expedientes y organizar un “procedimiento disciplinario a los servidores públicos responsables de las actuaciones contrarias al derecho”. Las adjudicaciones fueron autorizadas por Ramírez Corzo, sin embargo, hasta la fecha no se han fincado responsabilidades en su contra.

Con dos años al frente de Pemex, Ramírez Corzo recibió contratos por 8 mil millones de pesos, pese a la gran carga fiscal de la empresa que la imposibilitaba, de acuerdo con la Ley de Obra Pública. La mayoría de ellos fueron por adjudicaciones directas entregadas por sus operadores, José Guadalupe de la Garza Saldívar, Martha Alicia Castañeda Arrieta y Juanita Miranda Moyar, a través de Condux, Protexa, Asesa y Construcciones Marítimas Mexicanas.

Además de las adjudicaciones directas, otro recurso al que acuden estos mismos funcionarios -para beneficiar a los hermanos Lobo- es la ampliación por varios años de un mismo contrato, con incrementos económicos que duplican o triplican el monto original sin proceso de licitación.

De acuerdo con información interna de PEP obtenida por Contralínea, el área a cargo de De la Garza Saldívar, autorizó a Protexa, de forma directa y vía convenios adicionales -entre 2005 y 2006- diversos incrementos en los montos originales a los contratos de PEP (números 413053845, 411252899 y 411252806) por alrededor de 900 millones de pesos. Para CMM, los incrementos a los montos originales fueron por 38 millones de pesos y 5.7 millones de dólares en siete contratos.

Bajo el amparo de Pemex, el Grupo Protexa incurre en violaciones laborales y enfrenta un cúmulo de juicios en tribunales del Distrito Federal, Campeche, Tabasco y Tamaulipas. Los hermanos Lobo obtienen millonarios contratos a costa de las deficientes condiciones de seguridad que incluso han causado la muerte de sus empleados, como sucedió con los trabajadores de Condux y Protexa, Pascual López Santiago, Felipe Martínez Sánchez, Mario García Mendoza y Jorge Garza Torres, quienes murieron en julio de 2005 mientras desempeñaban actividades de buceo en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con la denuncia, la funcionaria que de manera personal lleva las gestiones de Protexa en Pemex es la gerente de Mantenimiento del Sector Cantarell Norte y Sur de la GMICSM, Juanita Miranda Moyar, quien está acusada de enriquecimiento ilícito.

Se denuncian las irregularidades de los funcionarios de PEP, incluyen contratos de compra venta de esta funcionaria, quien el año pasado adquirió dos terrenos en Monterrey -sede del Grupo Protexa- en un millón de pesos cada uno.

Las empresas del Grupo Protexa inhabilitadas temporalmente son: Perforaciones Marítimas Mexicanas y Condux. A pesar de la inhabilitación, aún en plazos fijados por la SFP para no aceptar propuesta alguna ni celebrar contratos con la empresa Condux, en PEP sí se le otorgaron contratos.

El 14 de octubre de 2005, el Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo pública una inhabilitación temporal contra Condux, derivado de la resolución al expediente CI-S-PEP-0686/2003 -en el que la empresa falseó información relacionada con Hacienda para que se le adjudicara un contrato.

El Órgano Interno de Control determinó que: “…a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitada por el plazo de tres meses”.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2005 PEP publicó la licitación 18575106-036-05 “para Procura y Construcción de dos gasoductos del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap en la Sonda de Campeche” y permitió que Condux participara aun cuando para estas fechas estaba inhabilitada.

Para el 6 de enero de 2006, cuando se registró la junta de aclaraciones con los contratistas, aún continuaba la inhabilitación y a Condux se le permitió seguir en el concurso. Finalmente, el 8 de febrero de 2006, PEP adjudicó a Condux el contrato más grande que recibió la subsidiaria de Protexa de Ramírez Corzo, por mil 162 millones 404 mil pesos, según registra la Secretaría de la Función Pública a través de Compranet.

La inhabilitación de Condux sobre el expediente CI-S-PEP-0686/2003 se determinó de forma interna el 22 de septiembre de 2005, sin embargo dos semanas antes de que en el DOF se publicara la inhabilitación- PEP adjudicó a Condux el contrato 410835811, por 193 millones de pesos.

CAMSA, desvío de recursos

De la Garza controla la asignación de los contratos que Pemex ha otorgado a CAMSA, del grupo Río San Juan, lo mismo que la supervisión y ejecución de los mismos. De acuerdo con la denuncia DE-167/2006, además de entregarle contratos a CAMSA, vía directa o en concursos “arreglados” entre 2001 y 2006, éste funcionario aprobó a la misma empresa convenios modificatorios que duplican los montos originales de los contratos, a cambio de comisión y de trabajos personales.

En junio pasado trabajadores de PEP remitieron otra denuncia al titular de Auditoría Interna del Órgano de Control en PEP en la que hablan de incumplimientos y desvío de recursos por parte de De la Garza Saldívar, en complicidad con la empresa Constructora Arrendadora de México.

Uno de estos desvíos -de acuerdo con el expediente- se dio en los montos asignados al contrato 4188118170, otorgado a CAMSA bajo el concepto de “Instalación, mantenimiento y reacondicionamiento de las estructuras, equipos y líneas de proceso ubicados en el Golfo de México con apoyo de un equipo marino”.

De los montos asignados a este contrato, De la Garza habría desviado un millón 53 mil pesos y 17 mil 200 dólares para colocar palapas y remodelar el Club Petrolero, que los funcionarios de Pemex utilizan para fiestas privadas en Ciudad del Carmen, Campeche. Oficialmente, De la Garza habría dicho que la remodelación del Club fue pagada con dinero propio. También oficialmente estos montos fueron etiquetados para “trabajos de rehabilitación y mantenimiento a instalaciones costa afuera de Petróleos Mexicanos”.

Los trabajadores de Pemex refieren que, previo acuerdo con CAMSA, De la Garza “maquilló” las bitácoras de trabajo. Además de la remodelación del Club del que éste funcionario es “benefactor”, entre las prebendas que CAMSA da al gerente está la asignación de personal de la compañía para labores domésticas y de mantenimiento en su domicilio ubicado en la zona una zona residencial de Ciudad del Carmen.

En esta red de complicidades, De la Garza ha avalado una serie de convenios adicionales a favor de CAMSA, con el consecuente incremento en los montos pagados. En un solo contrato, por ejemplo, el funcionario autorizó a CAMSA diez convenios adicionales.

Se trata del contrato 35ONT00361 para el alquiler del barco grúa Tolteca, adjudicado por mil 607 millones de pesos, más 79 millones de dólares, que luego de los “convenios” Pemex pagó en mil 941 millones de pesos, más 117 millones de dólares. Aunado a ello, durante los 2 años y medio de ampliación no se licitó ningún concurso para cumplir con las modalidades de contratación a las que obliga la Ley de Obras Públicas y su reglamento.

De acuerdo con los trabajadores de Pemex, la administración del contrato 35ONT00361 es un ejemplo de los malos usos de los recursos que De la Garza ejerce, mediante contratos asignados discrecionalmente a cambio de beneficios propios. Por ello que demandaron que la Auditoría Interna del OIC en PEP realice una auditoría.

Un ejemplo de los beneficios dados bajo esta modalidad, es el caso de la empresa Cotemar, que durante el 2006 obtuvo siete adjudicaciones directas (contratos 418235959, 418235960, 418235979, 418235959, 418235960, 418235979 418245813), mientras que a CICSA le otorgó adjudicaciones directas por más de 173 millones de pesos, derivado de dos contratos que, por los montos, debían licitarse. Con estas mismas empresas, de acuerdo con lo denunciado ante la SFP, De la Garza recurre a la contratación también discrecional, vía “orden de servicio”.

La operación

Así opera De la Garza Saldívar: el mantenimiento rutinario establecido en el Programa Operativo Anual (POA) y los que están fuera del mismo en las áreas de corrosión, estructuras, electromecánica y habitacionales, son encargados por los activos de Pemex a la GMI; la cual no proporciona a las cuadrillas establecidas con personal técnico sindicalizado herramientas, materiales e insumos para desarrollarlos, tampoco formula la licitación correspondiente para concursar la totalidad de los trabajos de mantenimiento; en lugar de ello, elabora “órdenes de servicio”, mediante las cuales se contrata personal externo de las compañías por él protegidas.

A los trabajadores de las compañías privadas se les paga, a cuenta de Pemex, desde salarios hasta alquiler de herramientas, aunque, de acuerdo con la denuncia, el material que utilizan corresponde a los inventarios de Pemex. Lo anterior, con la complicidad de Juanita Miranda, quien controla todas las instalaciones costa fuera de PEP ubicadas en el sector Cantarell Norte y Sur, y los almacenes de insumos.

Funcionarios al mando del gerente de Mantenimiento Integral confirman a Contralínea las irregularidades del titular de esta importante área de la paraestatal y agregan que, además, la actual administración maquilla informes para justificar millonarios contratos por el alquiler de embarcaciones, principalmente las plataformas marinas y barcos grúa.

Los malos manejos que hacen los funcionarios de PEP, protegidos por Luis Ramírez Corzo, fueron recientemente denunciados ante la Presidencia de la República en expedientes enviados a la oficina de Felipe Calderón. Los denunciantes esperan que Calderón demuestre su interés por sanear Pemex de la corrupción que dejó el antecesor de Jesús Reyes Heroles.

Durante varias semanas, Contralínea solicitó una entrevista con las empresas que se citan en la denuncia, lo mismo que con el gerente de Mantenimiento Integral de Pemex Exploración y Producción, pero al cierre de la edición, no hubo respuesta.

Consolidadores y NVOCC reclaman una marca para poder competir en Europa

Fuente: Tylog

El crecimiento de líneas regulares en el puerto de Barcelona y su situación geográfica han favorecido el auge del negocio de los NVOCC y los consolidadores que, actualmente, representan una de las actividades más rentables de cuantas se desarrollan en en enclave portuario. Sin embargo, el sector cree que se existen numerosos problemas que dificultan la actividad, como la falta de formación profesional, la fuga de personal o las dificultades en los trámites aduaneros, entre otros. Así lo dieron a conocer algunos de los principales directivos reunidos ayer en el primer desayuno empresarial organizado por El Vigía y la ZAL de Barcelona, en las instalaciones del Service Center de la Zona Franca.

Entre los asistentes, entre quienes se encontraban representantes de Grupo Romeu, New Millenium, Eculine, Lo-Trans, AGC Internacional, Sparber, Embarmar, Continental, Combalia Sagrera, Moldtrans, Timocom, Acciona o J.Gibert, entre otros, se destacó la necesidad de mejorar la representatividad del sector e impulsar, con la ayuda institucional, una mejor imagen de marca en Europa con el objetivo de aumentar la competitividad con respecto a los puertos del norte.

“Para una compañía francesa es tan fácil venir a Barcelona y realizar sus tráficos desde la Ciudad Condal, como hacerlo desde Amberes (Bélgica), como hasta ahora, sin embargo no ocurre lo mismo a la inversa”, explicaba uno de los asistentes. En este sentido, el sector reclama, “ayuda institucional para conseguir superar este reto”. Contar con mayor presencia en otros mercados es un asunto que nos interesa a nosotros como empresa, pero que también debe interesar a la autoridad portuaria”.

También se puso encima de la mesa una posible agrupación de las empresas de consolidadores en una asociación, algo que, desde el puerto de Barcelona, no se vería mal. En este sentido, se debe diferenciar entre las empresas de consolidadores y las transitarias. Estas segundas tienen la representatividad de Ateia o Feteia, sin embargo, los consolidadores podrían tener una mayor presencia en el puerto de Barcelona de manos de una asociación de referencia del sector.

Durante el encuentro también se discutió otra de las principales problemáticas que se encuentran las empresas que consolidadoras y NVOCC, y son las largas colas de camiones que se forman delante de las terminales del puerto de Barcelona. En este sentido los consolidadores pidieron ayer a la autoridad portuaria la ampliación de los horarios de la estiba. “No se trata de que haya trabajo durante las 24 horas, pero sí que estaría bien, por ejemplo, ampliar el horario en las terminales desde las 6:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche”.

Esta medida “permitiría descongestionar las entradas al puerto y las caravanas en las zonas de acceso, como la Ronda Litoral”.

La formación fue uno de los temas más destacados y uno de los problemas de fondo del sector. Las dificultades para encontrar personal cualificado para ejercer la función de consolidador es una tarea compleja y llena de riesgos. Cuesta mucho encontrar personas formadas en esta actividad y, cuando se logra, existe el riesgo de que se produzca una fuga de conocimiento. En la actualidad “hay demasiada rotación de empleados y dificultades para encontrar personal de base”, reconocieron unánimemente. En este sentido, las empresas plantearon la posibilidad de fomentar la creación de una escuela especializada, tal y como ocurre en la actualidad con Alemania.