Cárteles acosan aduana de Manzanillo

TEXTO FRANCISCO GÓMEZ / ENVIADO
Fuente: El Universal

francisco.gomez@eluniversal.com.mx

MANZANILLO, Col.— Para los cárteles de las drogas mexicanos y extranjeros las fallas y carencias en este puerto no son secreto. Saben bien que se trata de la principal entrada marítima de carga a México y que la llegada o movimiento de tres contenedores por minuto hace imposible a la aduana su revisión.

Conocen además que las exportaciones difícilmente se revisan o que la Base de Intercepción Marítima de la PGR cuenta con menos de 10 elementos, que el sistema de monitoreo de más de 80 cámaras trabaja al 70% y, especialmente, tienen certeza de la existencia de una red de corrupción que pueden emplear.

Drogas, armas, dinero, contrabando y hasta terroristas son una amenaza latente.

Salvo en la aduana local, donde no hay trato con la prensa desde la difusión del caso Zhenli Ye Gon, las autoridades llaman a crear una alianza y coordinación institucional para hacer más seguro el puerto, donde se prevé atraquen más de 2 mil buques —algunos hasta con 5 mil contenedores, según el capitán de puerto Enrique Casarrubias García— este año.

Pero las organizaciones criminales, principalmente del narco, acechan. Comienzan a dejar evidencia de su presencia en la entidad: los levantones o desapariciones de empleados de la PGR y de un trabajador de una agencia aduanal, ejecuciones, balaceras, el asalto y robo en el puerto de más de media tonelada de una sustancia desconocida hasta ahora, el decomiso de 12 millones de dólares y la histórica intercepción de 23.5 toneladas de cocaína colombiana del cártel del Pacífico.

Huella reciente del crimen

Una camioneta Van color blanco cruzó la puerta y los retenes de seguridad sin problema. Atravesó todo el puerto hasta llegar a los patios de la empresa Operadora de la Cuenca del Pacífico (Opera), donde se detuvo.

Los hombres que viajaban en el vehículo descendieron y aprisa cortaron la malla ciclónica que los separaba de un contenedor del que rompieron candados y llaves de seguridad, para llevarse 20 cilindros con 600 kilos de una sustancia desconocida y que se cree pudo ser seudoefedrina.

En el plan de los delincuentes no estaba un vigilante de la empresa Roca —contratada por la Administración Portuaria Integral (API) para la seguridad interna en el recinto fiscalizado— que advirtió la presencia irregular del vehículo. El vigilante dio aviso mientras él iniciaba la persecución en los muelles, pero, inexplicablemente, el vehículo pudo salir de la aduana. Fue entonces que se pidió ayuda a la Policía Municipal. La llamada inicial no se hizo a la Armada ni a agentes federales.

Esa madrugada del 18 de marzo pasado, la oficina de la Policía Federal Preventiva (PFP) recibió, a las 4:20 horas, una solicitud de ayuda de la policía municipal, que ya perseguía a la camioneta por la autopista hacia Colima. En el kilómetro 84.5 se le dio alcance. Hasta ahí llegó una patrulla con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que reclamó a los detenidos. La municipal se negó a entregarlos y, contra la inconformidad de los federales, llevó la unidad y los detenidos hasta las oficinas de la agencia.

El comandante de la Sexta Zona Naval, José Santiago Valdez Álvarez, y el director de la policía municipal, dijeron que el robo existió y que a ellos se les notificó después de cometido. “Lo que se llevaron no se sabe, pero a nosotros se nos notificó después y acudimos a resguardar la zona”, explicó el responsable de la Armada. “El caso lo tiene la PGR, donde está la investigación; nosotros sólo apoyamos”, comentó el funcionario municipal.

La primera versión del robo fue que los tres hombres que viajaban en la Van blanca abrieron un contenedor del cual extrajeron 20 cilindros con media tonelada de seudoefedrina. No obstante, el resultado del análisis de la sustancia fue contudente —según agentes de la AFI—: no era seudoefedrina. Hasta hoy no se sabe nada sobre el tipo de la sustancia robada, la situación jurídica de los detenidos o si alguien está arraigado.

Sobre las redes delincuenciales y de corrupción que operan presuntamente en el puerto, el director de la API, José Luis Iberri Martínez, acepta que mucho se habla de ello, pero hasta ahora no hay algo documentado ni pruebas.