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El gobierno apuesta por la autofinanciación de cada uno de ellos, lo que afectará a los de Vila y la Savina
Fuente: Ultima Hora
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A. MATEOS/ S. PARRA
La futura Ley de Puertos que está elaborando el Gobierno puede tener unas consecuencias drásticas para las Islas puesto contempla la eliminación de las bonificaciones para buques, pasajeros y mercancías que permiten abaratar los costes del billete.
El presidente de la Federación de Empresas Náuticas de Balears, Bartolomé Bestard, apuntó al respecto que el 90% de las mercancías llegan al archipiélago por vía marítima, por lo que el hecho de perder las bonificaciones para mercancías supone una pérdida de competitividad respecto a otras regiones. «Nuestras autopistas son los puertos», resalta.
Bestard pone como ejemplo que es más caro transportar mercancías de Palma a la Península que de Barcelona a América.
Los pasajeros también se verán perjudicados por la futura Ley de Puertos, ya que se elimina la bonificación. Así, viajar a la Península en barco será más caro con la entrada en vigor de esta Ley si no se realizan modificaciones al texto inicial.
Igualmente, el nuevo texto, pretende que las instalaciones que son competencia del Estado (Palma, Alcúdia, Mahón, Eivissa y la Savina) se autofinancien, por lo que dejarían de recibir inversiones del Estado. Hasta ahora, las actuaciones en los puertos que son competencia del Gobierno se financian con fondos del Estado. «Balears ha contribuido en las inversiones que se han realizado en otras comunidades, como la ampliación de puertos, AVES, carreteras, etcétera y en Balears tendremos que ser autosuficientes», critica Bestard.
El presidente de la patronal náutica de Balears sostiene que los puertos de Balears que son competencia del Estado están a la cola en inversiones. Sin embargo, se trata de infraestructuras estratégicas para las Islas puesto que permiten la llegada de grandes volúmenes de turistas y concentran la entrada y la salida de mercancías.
Autosuficiencia
El proyecto de nueva normativa presentado por el Ministerio de Fomento para su aprobación refleja que las diferentes Autoridades Portuarias deberán ser autosuficientes económicamente, para lo cual podrán fijar de forma autónoma las tasas que deberán abonar los agentes de la actividad económica en los puertos por su uso.
El riesgo, por tanto, estriba en que la Autoritat Portuària de Balears (APB) pudiera decidir incrementar los cánones que pagan estibadoras, navieras y demás empresas relacionadas con el transporte de pasajeros y mercancías para poder sufragar intervenciones como, por ejemplo, la construcción de la explanada prevista en es Botafoc, cuyo presupuesto es de 77 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 43 millones en actuaciones complementarias como la construcción de la terminal de pasajeros o la nueva estación de Formentera.
Eso sí, la normativa incluye la creación de un fondo de compensación por el que Puertos del Estado podría realizar aportaciones para cubrir las necesidades de financiación de las entidades autonómicas.
Según el borrador, el reparto de estas ayudas podría incluir «inversiones en infraestructuras portuarias y en señalización marítima que, por sus características, presenten un marcado interés social, así como sus gastos de reparación y mantenimiento».
La futura Ley de Puertos que está elaborando el Gobierno puede tener unas consecuencias drásticas para las Islas puesto contempla la eliminación de las bonificaciones para buques, pasajeros y mercancías que permiten abaratar los costes del billete.
El presidente de la Federación de Empresas Náuticas de Balears, Bartolomé Bestard, apuntó al respecto que el 90% de las mercancías llegan al archipiélago por vía marítima, por lo que el hecho de perder las bonificaciones para mercancías supone una pérdida de competitividad respecto a otras regiones. «Nuestras autopistas son los puertos», resalta.
Bestard pone como ejemplo que es más caro transportar mercancías de Palma a la Península que de Barcelona a América.
Los pasajeros también se verán perjudicados por la futura Ley de Puertos, ya que se elimina la bonificación. Así, viajar a la Península en barco será más caro con la entrada en vigor de esta Ley si no se realizan modificaciones al texto inicial.
Igualmente, el nuevo texto, pretende que las instalaciones que son competencia del Estado (Palma, Alcúdia, Mahón, Eivissa y la Savina) se autofinancien, por lo que dejarían de recibir inversiones del Estado. Hasta ahora, las actuaciones en los puertos que son competencia del Gobierno se financian con fondos del Estado. «Balears ha contribuido en las inversiones que se han realizado en otras comunidades, como la ampliación de puertos, AVES, carreteras, etcétera y en Balears tendremos que ser autosuficientes», critica Bestard.
El presidente de la patronal náutica de Balears sostiene que los puertos de Balears que son competencia del Estado están a la cola en inversiones. Sin embargo, se trata de infraestructuras estratégicas para las Islas puesto que permiten la llegada de grandes volúmenes de turistas y concentran la entrada y la salida de mercancías.
Autosuficiencia
El proyecto de nueva normativa presentado por el Ministerio de Fomento para su aprobación refleja que las diferentes Autoridades Portuarias deberán ser autosuficientes económicamente, para lo cual podrán fijar de forma autónoma las tasas que deberán abonar los agentes de la actividad económica en los puertos por su uso.
El riesgo, por tanto, estriba en que la Autoritat Portuària de Balears (APB) pudiera decidir incrementar los cánones que pagan estibadoras, navieras y demás empresas relacionadas con el transporte de pasajeros y mercancías para poder sufragar intervenciones como, por ejemplo, la construcción de la explanada prevista en es Botafoc, cuyo presupuesto es de 77 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 43 millones en actuaciones complementarias como la construcción de la terminal de pasajeros o la nueva estación de Formentera.
Eso sí, la normativa incluye la creación de un fondo de compensación por el que Puertos del Estado podría realizar aportaciones para cubrir las necesidades de financiación de las entidades autonómicas.
Según el borrador, el reparto de estas ayudas podría incluir «inversiones en infraestructuras portuarias y en señalización marítima que, por sus características, presenten un marcado interés social, así como sus gastos de reparación y mantenimiento».
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