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Fuente: El País
El Estado sufrió ayer un duro revés en su pretensión de obtener compensación económica en el extranjero por la catástrofe del Prestige, que causó daños por valor de 2.233 millones de euros, según una primera estimación de la fiscalía. A la espera del juicio, a finales de año o a principios de 2011, que celebrará la Audiencia Provincial de A Coruña, el mayor jamás instruido en España por un delito medioambiental, se ha agotado la vía abierta por las autoridades españolas en Estados Unidos, al desestimar un tribunal federal de Nueva York, por segunda vez, la demanda de responsabilidad civil contra American Bureau of Shipping (ABS), la sociedad que declaró apto para navegar al viejo petrolero monocasco accidentado el 13 de noviembre de 2002 frente a Fisterra. La Abogacía del Estado, con todo, se resiste a tirar la toalla y estudiar recurrir la decisión del tribunal neoyorquino.
El Estado español, que en la causa abierta en España es la vez perjudicado y acusado, a través del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, llamado a sentarse en el banquillo, lleva seis años de costoso litigio ante la Justicia norteamericana contra ABS, a la que reclamaba por la vía civil 1.000 millones de dólares por sus negligentes inspecciones del Prestige. La sociedad con sede en Houston (Texas) declaró apto para transportar combustibles al viejo y dañado barco tras sucesivas revisiones realizadas en China en 2001 y en Dubai en 2002, meses antes de su fatídico colapso en Galicia.
Pero la juez federal de Manhattan Laura Taylor Swain, en su auto emitido ayer, considera que la responsabilidad última de los derrames y "grandes desastres económicos ambientales" es de de los propietarios de las embarcaciones ya que están "a su cargo las actividades que se producen a bordo". Una agencia de clasificación como ABS "que presta servicios en nombre de un armador, no puede ser responsable legal de un accidente" como el del Prestige, establece la juez Swain, por mucho que se probase la imprudencia o negligencia a la hora de otorgar el certificado de navegabilidad. "Aliviar a los armadores de su responsabilidad última sobre los buques certificados sería incompatible con el deber indelegable del propietario del barco de garantizar la navegabilidad, un deber que es del armador por estar en última instancia al cargo de las actividades a bordo del buque", afirma la juez.
Es el segundo fallo de este tribunal federal de Nueva York que ya había rechazado en 2008, por incompetente, la demanda de España contra ABS. Ahora, y por orden de un juzgado de apelaciones, que estimó entonces el recurso del Estado español, el mismo tribunal esgrime consideraciones jurídicas para tumbar la demanda civil y eximir de responsabilidad a la sociedad de clasificación. España había decidido reclamar compensación a ABS dada la nula solvencia del entramado empresarial del Prestige, un petrolero de 25 años propiedad de una empresa de Liberia (Mare Shipping) y con armador griego (Universe Maritime) que, bajo bandera de Bahamas, fue fletado por una firma suiza (Crown Resources) para llevar 77.000 toneladas de fuel desde el puerto de Ventspils (Letonia) hasta Gibraltar.
Dado que el Código Penal español no admitía hasta la reforma de hace unos meses la posibilidad de imputar delitos penales a personas jurídicas y por lo tanto no se podía responsabilizar a ABS en la causa instruida en Corcubión, el Estado emprendió hace ya seis años una demanda civil en EE UU. Tras el revés jurídico de ayer, de no mediar recurso sólo quedaría la vía judicial abierta en España. Es probable que en noviembre se cumplan ocho años de la catástrofe sin que haya comenzado el juicio que sentará en el banquillo a López-Sors; al anciano capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras; así como a dos otros mandos del petrolero, en paradero desconocido. Los cuatro deberán depositar en septiembre 1.200 millones de euros de fianza, cada uno.
Un pleito carísimo
Millonaria es la factura del pleito que el Estado español emprendió en 2003 ante la justicia de EE UU contra la sociedad ABS, que declaró el buque apto para la navegación. Con cargo a los presupuestos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, el Gobierno ya había desembolsado en 2008 unos 30 millones de euros en abogados y peritos para defender su demanda civil.
Y millonarias son también las reclamaciones y cuantificaciones de los daños que se reclamarán en el macrojuicio que se celebrará en la Audiencia de A Coruña. La fiscalía, en su escrito de acusaciones, carga todas las culpas sobre el capitán Apostolos Mangouras, para el que pide, por sendos delitos contra el medio ambiente y los espacios naturales protegidos, 12 años de cárcel, una multa de 43.300 euros y una indemnización récord de 2.233 millones que abonaría de forma solidaria, de ser condenado, la aseguradora del buque, The London P&I.
Si prospera la petición del fiscal, al Estado español le corresponderían 1.974 millones, mientras que al francés, junto con otras entidades y particulares perjudicados, 86,36 millones. Pero en este complejo proceso judicial España también aparece como responsable subsidaria de la catástrofe, al estar entre los imputados el ex director de Marina Mercante.
El Estado sufrió ayer un duro revés en su pretensión de obtener compensación económica en el extranjero por la catástrofe del Prestige, que causó daños por valor de 2.233 millones de euros, según una primera estimación de la fiscalía. A la espera del juicio, a finales de año o a principios de 2011, que celebrará la Audiencia Provincial de A Coruña, el mayor jamás instruido en España por un delito medioambiental, se ha agotado la vía abierta por las autoridades españolas en Estados Unidos, al desestimar un tribunal federal de Nueva York, por segunda vez, la demanda de responsabilidad civil contra American Bureau of Shipping (ABS), la sociedad que declaró apto para navegar al viejo petrolero monocasco accidentado el 13 de noviembre de 2002 frente a Fisterra. La Abogacía del Estado, con todo, se resiste a tirar la toalla y estudiar recurrir la decisión del tribunal neoyorquino.
El Estado español, que en la causa abierta en España es la vez perjudicado y acusado, a través del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, llamado a sentarse en el banquillo, lleva seis años de costoso litigio ante la Justicia norteamericana contra ABS, a la que reclamaba por la vía civil 1.000 millones de dólares por sus negligentes inspecciones del Prestige. La sociedad con sede en Houston (Texas) declaró apto para transportar combustibles al viejo y dañado barco tras sucesivas revisiones realizadas en China en 2001 y en Dubai en 2002, meses antes de su fatídico colapso en Galicia.
Pero la juez federal de Manhattan Laura Taylor Swain, en su auto emitido ayer, considera que la responsabilidad última de los derrames y "grandes desastres económicos ambientales" es de de los propietarios de las embarcaciones ya que están "a su cargo las actividades que se producen a bordo". Una agencia de clasificación como ABS "que presta servicios en nombre de un armador, no puede ser responsable legal de un accidente" como el del Prestige, establece la juez Swain, por mucho que se probase la imprudencia o negligencia a la hora de otorgar el certificado de navegabilidad. "Aliviar a los armadores de su responsabilidad última sobre los buques certificados sería incompatible con el deber indelegable del propietario del barco de garantizar la navegabilidad, un deber que es del armador por estar en última instancia al cargo de las actividades a bordo del buque", afirma la juez.
Es el segundo fallo de este tribunal federal de Nueva York que ya había rechazado en 2008, por incompetente, la demanda de España contra ABS. Ahora, y por orden de un juzgado de apelaciones, que estimó entonces el recurso del Estado español, el mismo tribunal esgrime consideraciones jurídicas para tumbar la demanda civil y eximir de responsabilidad a la sociedad de clasificación. España había decidido reclamar compensación a ABS dada la nula solvencia del entramado empresarial del Prestige, un petrolero de 25 años propiedad de una empresa de Liberia (Mare Shipping) y con armador griego (Universe Maritime) que, bajo bandera de Bahamas, fue fletado por una firma suiza (Crown Resources) para llevar 77.000 toneladas de fuel desde el puerto de Ventspils (Letonia) hasta Gibraltar.
Dado que el Código Penal español no admitía hasta la reforma de hace unos meses la posibilidad de imputar delitos penales a personas jurídicas y por lo tanto no se podía responsabilizar a ABS en la causa instruida en Corcubión, el Estado emprendió hace ya seis años una demanda civil en EE UU. Tras el revés jurídico de ayer, de no mediar recurso sólo quedaría la vía judicial abierta en España. Es probable que en noviembre se cumplan ocho años de la catástrofe sin que haya comenzado el juicio que sentará en el banquillo a López-Sors; al anciano capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras; así como a dos otros mandos del petrolero, en paradero desconocido. Los cuatro deberán depositar en septiembre 1.200 millones de euros de fianza, cada uno.
Un pleito carísimo
Millonaria es la factura del pleito que el Estado español emprendió en 2003 ante la justicia de EE UU contra la sociedad ABS, que declaró el buque apto para la navegación. Con cargo a los presupuestos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, el Gobierno ya había desembolsado en 2008 unos 30 millones de euros en abogados y peritos para defender su demanda civil.
Y millonarias son también las reclamaciones y cuantificaciones de los daños que se reclamarán en el macrojuicio que se celebrará en la Audiencia de A Coruña. La fiscalía, en su escrito de acusaciones, carga todas las culpas sobre el capitán Apostolos Mangouras, para el que pide, por sendos delitos contra el medio ambiente y los espacios naturales protegidos, 12 años de cárcel, una multa de 43.300 euros y una indemnización récord de 2.233 millones que abonaría de forma solidaria, de ser condenado, la aseguradora del buque, The London P&I.
Si prospera la petición del fiscal, al Estado español le corresponderían 1.974 millones, mientras que al francés, junto con otras entidades y particulares perjudicados, 86,36 millones. Pero en este complejo proceso judicial España también aparece como responsable subsidaria de la catástrofe, al estar entre los imputados el ex director de Marina Mercante.
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