Entradas
Fuente: ABC
Petropar carece de condiciones financieras para solventar una inversión de 40 millones de dólares en la adquisición de su ansiada “flota propia“, según fuentes del propio ente estatal. Esto haría inviable el decreto del Poder Ejecutivo, que había autorizado el supuesto proyecto.
Además de la dificultad para disponer de los rubros necesarios, existirían serios cuestionamientos internos a la capacidad de la estatal para gerenciar la operación de una nueva unidad empresarial, que sin duda será necesaria en caso de que apareciera una naviera propia.
Tampoco hay que olvidar que en el mismo decreto el presidente Fernando Lugo dispuso que se contratasen asesores, administradores y operadores de flotas y puertos, en el caso de que Petropar los necesitara para disponer de su propia empresa transportadora.
Es decir, se estaría en vísperas de crear una nueva enorme burocracia estatal, cuya eficacia es y será dudosa, y cuya necesidad no es, de ninguna manera, imperiosa, según los técnicos. Además, hay que tener en cuenta que los problemas de transporte que tiene en la actualidad Petropar derivaron únicamente de los caprichos de su presidente, Juan Alberto González Meyer, que busca los medios para deshacerse de las empresas navieras con bandera paraguaya.
Ese deseo lo tuvo González Meyer en aras de favorecer, en un primer momento, a la venezolana PDVSA y a la socia comercial de esta, la firma Fluviomar-Conosur, propiedad de Andrés René Guzmán, hombre muy cercano al primer anillo del presidente Fernando Lugo. En ese rumbo, para la licitación del año anterior dispuso una serie de artículos artificiosos que obligaban a los navieros nacionales a elevar sustancialmente el precio del flete. Allí nació el conflicto. González Meyer hizo todo para que las empresas fleteras nacionales quedaran desacreditadas y luego, en ese contexto, insistir con poner el transporte de combustible en manos exclusivas de PDVSA y Conosur.
Como esto fue trabado a tiempo por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, afloró el Plan B: la compra de una flota propia. El tema surgió así por así como una “amenaza” más para las empresas navieras locales, aunque jamás se hizo un estudio serio de factibilidad técnica, financiera ni operativa de parte de la petrolera con el fin de saber si realmente necesitaba una flota propia y cómo la mantendría.
El considerando del Decreto 4742 señala que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen la Constitución Nacional y la ley”. Agrega que la provisión que realiza Petropar constituye un servicio esencial que debe ser asegurado en forma permanente, cumpliendo así con el deber constitucional indicado en el párrafo anterior.
La supuesta compra de una flota no parece ser un asunto de interés general, sino de interés particular de González Meyer.
Petropar carece de condiciones financieras para solventar una inversión de 40 millones de dólares en la adquisición de su ansiada “flota propia“, según fuentes del propio ente estatal. Esto haría inviable el decreto del Poder Ejecutivo, que había autorizado el supuesto proyecto.
Además de la dificultad para disponer de los rubros necesarios, existirían serios cuestionamientos internos a la capacidad de la estatal para gerenciar la operación de una nueva unidad empresarial, que sin duda será necesaria en caso de que apareciera una naviera propia.
Tampoco hay que olvidar que en el mismo decreto el presidente Fernando Lugo dispuso que se contratasen asesores, administradores y operadores de flotas y puertos, en el caso de que Petropar los necesitara para disponer de su propia empresa transportadora.
Es decir, se estaría en vísperas de crear una nueva enorme burocracia estatal, cuya eficacia es y será dudosa, y cuya necesidad no es, de ninguna manera, imperiosa, según los técnicos. Además, hay que tener en cuenta que los problemas de transporte que tiene en la actualidad Petropar derivaron únicamente de los caprichos de su presidente, Juan Alberto González Meyer, que busca los medios para deshacerse de las empresas navieras con bandera paraguaya.
Ese deseo lo tuvo González Meyer en aras de favorecer, en un primer momento, a la venezolana PDVSA y a la socia comercial de esta, la firma Fluviomar-Conosur, propiedad de Andrés René Guzmán, hombre muy cercano al primer anillo del presidente Fernando Lugo. En ese rumbo, para la licitación del año anterior dispuso una serie de artículos artificiosos que obligaban a los navieros nacionales a elevar sustancialmente el precio del flete. Allí nació el conflicto. González Meyer hizo todo para que las empresas fleteras nacionales quedaran desacreditadas y luego, en ese contexto, insistir con poner el transporte de combustible en manos exclusivas de PDVSA y Conosur.
Como esto fue trabado a tiempo por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, afloró el Plan B: la compra de una flota propia. El tema surgió así por así como una “amenaza” más para las empresas navieras locales, aunque jamás se hizo un estudio serio de factibilidad técnica, financiera ni operativa de parte de la petrolera con el fin de saber si realmente necesitaba una flota propia y cómo la mantendría.
El considerando del Decreto 4742 señala que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen la Constitución Nacional y la ley”. Agrega que la provisión que realiza Petropar constituye un servicio esencial que debe ser asegurado en forma permanente, cumpliendo así con el deber constitucional indicado en el párrafo anterior.
La supuesta compra de una flota no parece ser un asunto de interés general, sino de interés particular de González Meyer.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario