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Fuente: Diario del Istmo
Prestadores del servicio de lanchaje del río Coatzacoalcos buscarán el Amparo y Protección de la Justicia Federal por la suspensión del servicio ordenado por la Capitanía del Puerto, al cumplirse hoy una semana de inactividad lo que ha afectado a por lo menos 60 trabajadores que trabajan en las citadas empresas de lanchaje.
Jesús Zamudio Céspedes Presidente del grupo de Amarradores que fue una de las cinco empresas de lanchaje sancionadas dijo que Capitanía del Puerto no les quiere aceptar como válidos los muelles de API en donde realizan el servicio de embarque y desembarque, los cuales sí cuentan con la certificación de seguridad que requiere la dirección de Puertos y Marina Mercante.
Por su parte El capitán del puerto Elías Córdoba Araico, afirmó que no se puede poner en riesgo la seguridad del puerto, solo porque las empresas de lanchaje no cumplen con la normatividad del Código PBIP, que es para la protección de barcos e instalaciones portuarias.
Córdoba Araico, dijo que las empresas a las que se les suspendieron el servicio el pasado 29 de enero, tuvieron desde el año 2004 para certificar sus terminales, una vez que les fue notificada sobre la entrada en vigor del código PBIP.
Prestadores del servicio de lanchaje del río Coatzacoalcos buscarán el Amparo y Protección de la Justicia Federal por la suspensión del servicio ordenado por la Capitanía del Puerto, al cumplirse hoy una semana de inactividad lo que ha afectado a por lo menos 60 trabajadores que trabajan en las citadas empresas de lanchaje.
Jesús Zamudio Céspedes Presidente del grupo de Amarradores que fue una de las cinco empresas de lanchaje sancionadas dijo que Capitanía del Puerto no les quiere aceptar como válidos los muelles de API en donde realizan el servicio de embarque y desembarque, los cuales sí cuentan con la certificación de seguridad que requiere la dirección de Puertos y Marina Mercante.
Por su parte El capitán del puerto Elías Córdoba Araico, afirmó que no se puede poner en riesgo la seguridad del puerto, solo porque las empresas de lanchaje no cumplen con la normatividad del Código PBIP, que es para la protección de barcos e instalaciones portuarias.
Córdoba Araico, dijo que las empresas a las que se les suspendieron el servicio el pasado 29 de enero, tuvieron desde el año 2004 para certificar sus terminales, una vez que les fue notificada sobre la entrada en vigor del código PBIP.
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