Que la ley no permite embarcar militares en los atuneros es una excusa bastante vaga

Fuente: Faro de Vigo

MANUEL BARRAL El secuestro del atunero vasco "Alakrana" por piratas somalíes reabre el debate sobre la necesidad de que estos pesqueros lleven militares a bordo y si las leyes españolas lo permiten. El Ministerio de Defensa asegura que es imposible desde el punto de vista jurídico pero el catedrático en Derecho Internacional Público de la Universidade da Coruña, José Manuel Sobrino, asegura que es necesario para garantizar la seguridad de la flota y que si la ley no lo permite, "puede modificarse".
Un empecinamiento político. Es la única explicación que ve José Manuel Sobrino, para que el Gobierno se oponga a embarcar militares en los atuneros españoles, como hizo Francia desde el pasado mes de julio, y protegerlos de los ataques piratas. Alega Heredia que si hay problemas jurídicos se puede cambiar la ley y que esta opción no supone un gasto económico exagerado. "Cuando un político toma una decisión le cuesta mucho dar marcha atrás aunque la realidad se lo aconseje. Creo que esta medida sería una de las mejor valoradas por la opinión pública española", sentencia este experto en Derecho.

–¿Qué le parece la gestión del secuestro del Alakrana?

–La situación del Alakrana se iba a producir antes o después con cualquier atunero español porque mantener la seguridad en el Índico es muy complejo, costoso y prácticamente imposible. Me refiero a mantener la seguridad al margen del buque, con una flota de apoyo, de intervención aeronaval, como la operación Atalanta de la UE. El apresamiento estaba, desgraciadamente, anunciado.

–Los armadores reclaman que se puedan embarcar militares a bordo. ¿Qué le parece la medida?

–La operación Atalanta no puede cubrir todo el Índico y la mayoría de los pesqueros están al margen de la actuación de la misión de la UE, lo que pide una solución urgente para dar seguridad a la flota. Hay dos soluciones, o tres. La primera sería incorporar en el barco fuerzas privadas de seguridad, la segunda embarcar militares y la tercera incrementar la dotación de la misión Atalanta. Esta última es complicada desde el punto de vista estratégico y desde el financiero-económico.

–Y entre seguridad privada y militares, ¿qué prefiere?

–Seguridad privada supone que se embarquen mercenarios o agentes de seguridad, lo que plantea problemas como: ¿de dónde sacamos, a precios reducidos, personas formadas para hacer frente a piratas profesionales para los que la vida no vale nada y tienen mucho que ganar y poco que perder? Se habla de contratar mercenarios africanos, holandeses... pero eso debe ser caro porque son personas que arriesgarán su vida con bastante probabilidad.

–Entonces, ¿mejor militares?

–Es la opción que apoyan la mayoría de los armadores pues conocen el manejo de armas con las que pueden repeler los ataques piratas. Están entrenados y sujetos a un régimen militar, a una cadena de mando. Pero esto, parece ser, plantea al Gobierno dificultades de orden legislativo, y por eso no se hace.

–Sin embargo, las leyes se pueden cambiar con suma rapidez, como ha ocurrido otras veces.

–Es lo que dice Defensa pero es una excusa bastante vaga. Hablan de imposibilidad legislativa pero no concretan en qué consiste esta imposibilidad y qué alcance tiene. Cualquier ley puede ser objeto de modificación y lo vemos todos los días.

–Los marineros aseguran que estarían mucho más tranquilos.

–El Gobierno tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos la seguridad en su trabajo, en sus vidas, en sus bienes, allí donde estén cuando lo que hacen es legal. Y creo que en este caso se reúnen todos estos elementos.

–Económicamente, costaría menos que poner otra fragata con sus 200 militares a bordo.

–Es una cuestión de negociación y buena voluntad. Por muchas razones, los franceses, en esta parte del mundo, nos llevan ventaja: tienen base en Yibuti y una gran capacidad de pragmatismo. Envían cuatro marines a cada barco y firman protocolos con los armadores para que faciliten las condiciones de vida a bordo, el mantenimiento y los gastos de tenerlos embarcados. Me parece que el coste no es elevado. Lo que pasa es que cuando un político toma una decisión le cuesta mucho dar marcha atrás aunque la realidad se lo aconseje. Creo que sería una de las medidas mejor valoradas por la opinión pública española.

–¿La opción de llevar seguridad privada o mercenarios, desde el punto de vista jurídico da la misma seguridad a la hora de actuar contra los piratas?

–Un militar actúa bajo la normativa del derecho internacional y de los convenios de Ginebra. Hay normas que establecen el modus operandi y las consecuencias de actuaciones no conformes a derecho, como cuando hay un exceso que conculca las leyes internacionales. Con la seguridad privada se podrían producir incidentes desagradables que ocasionarían grandes dificultades jurídicas al Gobierno para justificar el uso de la fuerza por estas personas si han ocasionado, por ejemplo, muertes desproporcionadas en relación con el ataque sufrido. Jurídicamente es mucho más seguro, sin duda, el uso de efectivos militares que agentes privados.

–¿Qué le parece la detención de los dos piratas por la fragata Canarias?

–Necesaria y superflua al mismo tiempo. Necesaria porque hay que apresar a estas personas pero superflua porque son dos entre 100.000. Que detengan a 2, 10, 1.000 o 5.000 no hace nada porque en Somalia hay millones de personas y centenares de miles de ellas dispuestas a enrolarse como piratas. Con detenciones a cuentagotas no se soluciona el problema.

–¿Está de acuerdo con la idea de juzgarlos en España?

–Discrepo en cuanto al fundamento jurídico para procesar a estas personas. Son presuntos piratas porque no estaban a bordo del Alakrana y tampoco tenemos en el Código Penal el delito de piratería.

–Se recurre a acusarlos de secuestro y otros delitos sí definidos.

–Sí, pero eso es más complicado. Hay bastantes matizaciones jurídicas, como la naturaleza del buque en el momento del ataque, si se considera territorio español al estar en aguas internacionales. Pero los piratas estaban fuera del Alakrana.

–¿Cómo cree que se resolverá el asunto de los dos corsarios? ¿Pueden entrar incluso en la negociación para liberar a los marineros?

–No conozco los entresijos de estos casos pero visto desde fuera creo que la negociación en estos momentos es puramente económica. Es decir: cuánto, cuándo y quién. Creo que a los piratas les importa poco lo que ocurra con sus compañeros.

–Sería más dinero a repartir de la parte que se llevan los corsarios en esta red organizada.

–Más a repartir no. Darán una parte a los padres, a los hermanos, a los familiares. Eso seguro que lo respetan, es su forma de vida.

–El dinero para pagar el rescate, igual que se dijo del Playa de Bakio, se supone que saldrá del fondo reservado...

–No creo que sea relevante de donde salga el dinero, lo triste es que tengamos que llegar a esta situación. Con un millón de euros, ¿cuántos militares podrían ir en los pesqueros y durante cuánto tiempo? Creo que hay un empecinamiento político y el político demuestra su talla cuando reconoce sus errores y rectifica. Creo que es lo que está esperando una parte de la sociedad española y, sin duda, las familias de los marineros.

–¿Qué se puede hacer para acabar definitivamente con la piratería?

–Es un problema de orden económico, social y de subdesarrollo. Se da en entornos donde no hay gobiernos fuertes, con grandes niveles de corrupción y para ello es necesario actuar en tierra, sin duda.

–Si se rompiesen los vínculos con Londres, se encarcelase a los abogados, ¿los piratas seguirían atacando?

–Pienso que sí. No hay cosa más fácil que encontrar un abogado. Podrían hacerlo en Kenia, París o Moscú. La imagen que tenemos del pirata es el somalí, pero corsarios hay en todo el mundo. Lo que pasa es que en Somalia parece que todo el mundo está en el negocio.