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Fuente: Las Provincias
El atraque del buque de la ONG Women on Waves en la dársena de la Copa América el pasado jueves ha levantado la polémica. Tal y como era intención de la organización, la iniciativa de trasladar a varias mujeres a aguas internacionales para que se sometan a abortos ilegales en España pero autorizados en Holanda, nacionalidad de la embarcación, ha devuelto a la actualidad el debate sobre el aborto.
Además, se ha originado un conflicto de competencias entre administraciones ante las distintas interpretaciones sobre quién tiene la autoridad para autorizar el amarre de una embarcación en la Marina Real o las actividades en la zona de tierra. ¿Quién manda en el puerto de Valencia?
En noviembre de 2007, se planteó un conflicto de similares características. Greenpeace anunció la llegada a Valencia de su barco Artic Sunrise para organizar actividades paralelas a la celebración del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).
La embarcación se plantó a la entrada del puerto sin haber aclarado si disponía del permiso para atracar. La Autoridad Portuaria, en un primer momento, le negó la entrada a la zona comercial. Al final, tras varios tiras y afloja entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, la ONG consiguió autorización para atracar en la Marina Real con el permiso del Consorcio.
Con la llegada del Menina, nombre de la embarcación holandesa, la polémica se ha vuelto a producir y han servido para que Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia se hayan vuelto a acusar de extralimitarse en sus funciones y de utilizar su autoridad con fines partidistas.
En la gestión del puerto intervienen varios entes. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es el máximo órgano. Pero también tienen competencias Capitanía Marítima, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Portuaria, el Consorcio Copa América y el propio Gobierno central. La delimitación de la influencia de cada uno no es sencilla y puede ocurrir que las atribuciones se confundan.
La APV, que además del de Valencia gestiona los puertos de Gandia y Sagunto, es la máxima autoridad para gestionar las instalaciones y las zonas marítimas que utilizan las embarcaciones en sus entradas y salidas. La Ley de Puertos de 1992, modificada en 1997, rige su funcionamiento y establece un sisitema de cogestión. El consejo deadministración está integrado por el Gobierno, la Generalitat, los sectores económicos implicados y los ayuntamientos afectados.
El consejo lo nombra el Gobierno autónomo, pero está obligado a incluir representantes de todos los sectores implicados. Hay también dos miembros natos que son el capitán marítimo y el director del puerto, ambos elegidos por el Ejecutivo central.
La ley sostiene que la autonomía designe a los vocales del consejo. El de Valencia cuenta con 26 miembros. Hay un presidente, un vicepresidente, el capitán marítimo, el director general, cuatro vocales en representación del Estado, uno por cada Ayuntamiento, Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, sindicatos, consignatarios, estibadores y transitorios. El Consell tiene nueve representantes.
Sus competencias aparecen delimitadas en la Ley de Puertos. Entre sus funciones se encuentra garantizar la seguridad, coordinar las actuaciones y la gestión de los usos. Tiene la posibilidad de ceder en régimen de concesión algunas partes del dominio público. Es el caso del Consorcio Copa América o el de los clubes náuticos.
El Consorcio, constituido para organizar la competición de vela, está formado a partes iguales por el Estado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat y lo preside la alcaldesa Rita Barberá. La entidad tiene una concesión administrativa para gestionar la zona. Es pues el organismo con atribuciones para permitir el amarre de buques en la Marina Real y gestionar las instalaciones terrestres.
La APV se dedica a velar para que se cumplan las condiciones de la concesión que fundamentalmente son el mantenimiento y conservación de las instalaciones.
El Menina recibió el permiso hace dos meses y desde entonces ha estado amarrado en la dársena. Fuentes de la organización se negaron ayer a indicar el lugar donde se encuentra atracado.
También es el Consorcio el encargado de autorizar qué actos pueden celebrarse en tierra. La fiesta de las plataformas feministas para recibir a la embarcación en terrenos de la Marina Real el pasado jueves no recibió la autorización pertinente.
El acto fue el origen de un nuevo conflicto de competencias entre el Consorcio y la Delegación del Gobierno, ya que los manifestantes sí tenían autorización gubernamental para celebrar la fiesta.
Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, se dedica a garantizar la seguridad marítima, la prevención y lucha contra la contaminación marina, la inspección de las embarcaciones y los trámites sobre el personal marino
La Policía Portuaria debe mantener la seguridad de las instalaciones y controlar los accesos. En Valencia el cuerpo está formado por unos 100 agentes.
Tanto la Policía Nacional como la Local tienen competencias para acceder al interior del puerto. La Policía Nacional actuó el jueves de acuerdo con sus atribuciones para evitar que se produjeran incidentes entre los partidarios del aborto y los de provida que se manifestaron a la misma hora y el mismo lugar.
La Guardia Civil tiene las competencias de aduanas y la misión de velar por la seguridad en las aguas jurisdiccionales españolas. Sus embarcaciones recorren las inmediaciones de los puertos realizando controles.
Entre sus misiones, según la Delegación del Gobierno, se encontraba velar para que el aborto que iba a realizar la ONG holandesa en alta mar se consumara efectivamente fuera de las aguas jurisdiccionales españolas.
Pero la Delegación del Gobierno continuó ayer sin aclarar de qué forma se controló el Menina para evitar que realizara los abortos en aguas jurisdiccionales españolas.
El atraque del buque de la ONG Women on Waves en la dársena de la Copa América el pasado jueves ha levantado la polémica. Tal y como era intención de la organización, la iniciativa de trasladar a varias mujeres a aguas internacionales para que se sometan a abortos ilegales en España pero autorizados en Holanda, nacionalidad de la embarcación, ha devuelto a la actualidad el debate sobre el aborto.
Además, se ha originado un conflicto de competencias entre administraciones ante las distintas interpretaciones sobre quién tiene la autoridad para autorizar el amarre de una embarcación en la Marina Real o las actividades en la zona de tierra. ¿Quién manda en el puerto de Valencia?
En noviembre de 2007, se planteó un conflicto de similares características. Greenpeace anunció la llegada a Valencia de su barco Artic Sunrise para organizar actividades paralelas a la celebración del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).
La embarcación se plantó a la entrada del puerto sin haber aclarado si disponía del permiso para atracar. La Autoridad Portuaria, en un primer momento, le negó la entrada a la zona comercial. Al final, tras varios tiras y afloja entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, la ONG consiguió autorización para atracar en la Marina Real con el permiso del Consorcio.
Con la llegada del Menina, nombre de la embarcación holandesa, la polémica se ha vuelto a producir y han servido para que Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia se hayan vuelto a acusar de extralimitarse en sus funciones y de utilizar su autoridad con fines partidistas.
En la gestión del puerto intervienen varios entes. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es el máximo órgano. Pero también tienen competencias Capitanía Marítima, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Portuaria, el Consorcio Copa América y el propio Gobierno central. La delimitación de la influencia de cada uno no es sencilla y puede ocurrir que las atribuciones se confundan.
La APV, que además del de Valencia gestiona los puertos de Gandia y Sagunto, es la máxima autoridad para gestionar las instalaciones y las zonas marítimas que utilizan las embarcaciones en sus entradas y salidas. La Ley de Puertos de 1992, modificada en 1997, rige su funcionamiento y establece un sisitema de cogestión. El consejo deadministración está integrado por el Gobierno, la Generalitat, los sectores económicos implicados y los ayuntamientos afectados.
El consejo lo nombra el Gobierno autónomo, pero está obligado a incluir representantes de todos los sectores implicados. Hay también dos miembros natos que son el capitán marítimo y el director del puerto, ambos elegidos por el Ejecutivo central.
La ley sostiene que la autonomía designe a los vocales del consejo. El de Valencia cuenta con 26 miembros. Hay un presidente, un vicepresidente, el capitán marítimo, el director general, cuatro vocales en representación del Estado, uno por cada Ayuntamiento, Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, sindicatos, consignatarios, estibadores y transitorios. El Consell tiene nueve representantes.
Sus competencias aparecen delimitadas en la Ley de Puertos. Entre sus funciones se encuentra garantizar la seguridad, coordinar las actuaciones y la gestión de los usos. Tiene la posibilidad de ceder en régimen de concesión algunas partes del dominio público. Es el caso del Consorcio Copa América o el de los clubes náuticos.
El Consorcio, constituido para organizar la competición de vela, está formado a partes iguales por el Estado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat y lo preside la alcaldesa Rita Barberá. La entidad tiene una concesión administrativa para gestionar la zona. Es pues el organismo con atribuciones para permitir el amarre de buques en la Marina Real y gestionar las instalaciones terrestres.
La APV se dedica a velar para que se cumplan las condiciones de la concesión que fundamentalmente son el mantenimiento y conservación de las instalaciones.
El Menina recibió el permiso hace dos meses y desde entonces ha estado amarrado en la dársena. Fuentes de la organización se negaron ayer a indicar el lugar donde se encuentra atracado.
También es el Consorcio el encargado de autorizar qué actos pueden celebrarse en tierra. La fiesta de las plataformas feministas para recibir a la embarcación en terrenos de la Marina Real el pasado jueves no recibió la autorización pertinente.
El acto fue el origen de un nuevo conflicto de competencias entre el Consorcio y la Delegación del Gobierno, ya que los manifestantes sí tenían autorización gubernamental para celebrar la fiesta.
Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, se dedica a garantizar la seguridad marítima, la prevención y lucha contra la contaminación marina, la inspección de las embarcaciones y los trámites sobre el personal marino
La Policía Portuaria debe mantener la seguridad de las instalaciones y controlar los accesos. En Valencia el cuerpo está formado por unos 100 agentes.
Tanto la Policía Nacional como la Local tienen competencias para acceder al interior del puerto. La Policía Nacional actuó el jueves de acuerdo con sus atribuciones para evitar que se produjeran incidentes entre los partidarios del aborto y los de provida que se manifestaron a la misma hora y el mismo lugar.
La Guardia Civil tiene las competencias de aduanas y la misión de velar por la seguridad en las aguas jurisdiccionales españolas. Sus embarcaciones recorren las inmediaciones de los puertos realizando controles.
Entre sus misiones, según la Delegación del Gobierno, se encontraba velar para que el aborto que iba a realizar la ONG holandesa en alta mar se consumara efectivamente fuera de las aguas jurisdiccionales españolas.
Pero la Delegación del Gobierno continuó ayer sin aclarar de qué forma se controló el Menina para evitar que realizara los abortos en aguas jurisdiccionales españolas.
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