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Fuente: Infobaeprofesional
Empresarios del sector piden una Ley de Marina Mercante y advierten que no existe en Argentina un sistema jurídico previsible que dinamice la actividad
Empresarios y trabajadores del transporte de carga por vía fluvial y marítima propiciaron la sanción de una ley que regule la actividad del sector, que moviliza 90 millones de toneladas al año, y que fije los parámetros básicos para su desarrollo en el país.
"El país necesita una Ley de Marina Mercante. Hoy no existe en la Argentina un sistema jurídico previsible que dinamice la actividad, ni genere las condiciones para la obtención de créditos en un sector que requiere inversión intensiva", dijo a Télam Claudio López, titular de la Cámara de Armadores de Buques, Barcazas Tanque y Embarcaciones de Apoyo (CABBTA).
La actividad, agregó, cuenta con un potencial estratégico "extraordinario", a partir del desarrollo de la hidrovía, sistema fluvial que conecta el corazón de Brasil con Argentina.
"Hace diez años se transportaban por la hidrovía 800 mil toneladas, hoy hablamos de 12 millones y se espera llegar a 20 en un lustro", ejemplificó López.
La hidrovía está enclavada en una región que es gran productora de commodities y alimentos, y a través de ella se moviliza la carga minera del sur de Brasil, por lo que "urge apuntalar" el transporte fluvial y marítimo argentino, dijo.
López indicó que para avanzar hacia esa meta se pide una ley que permita establecer marcos predecibles "frente a los vacíos normativos existentes, manifestaciones a través de decretos, o medidas aisladas que no conforman un panorama de largo plazo".
Al respecto juzgó que "el sistema jurídico argentino es antiguo. Los tiempos judiciales de Argentina no tienen nada que ver con los del mundo de los negocios del siglo XXI".
El empresario sostuvo que hoy, "si un acreedor internacional financia un buque, paradójicamente prefiere estar en un país periférico, como Panamá o Liberia".
López agregó que "esta es una industria de capital intensivo, en la que las inversiones requieren de 10 a 15 años para tener un sentido económico, y para eso se necesita un marco normativo claro".
La cámara y los sindicatos de la industria naval trabajan, en el marco de la Multisectorial de la Marina Mercante, en el proyecto de una ley que establezca la seguridad jurídica para el sector; categorice a la actividad y establezca las condiciones para la disponibilidad de crédito naval.
La actividad local, centrada en el transporte de combustibles requiere crédito, pues un buque para crudo cuesta entre u$s 60 y u$s 70 millones, y los que hay en Argentina, que son los que se denominan "de productos limpios"-para transporte de nafta, gasoil, etc.- no menos de 20 millones.
Los trabajadores piden también un régimen jurídico para las relaciones laborales y la reserva del trabajo argentino para el cabotaje, entre otros puntos.
Empresarios del sector piden una Ley de Marina Mercante y advierten que no existe en Argentina un sistema jurídico previsible que dinamice la actividad
Empresarios y trabajadores del transporte de carga por vía fluvial y marítima propiciaron la sanción de una ley que regule la actividad del sector, que moviliza 90 millones de toneladas al año, y que fije los parámetros básicos para su desarrollo en el país.
"El país necesita una Ley de Marina Mercante. Hoy no existe en la Argentina un sistema jurídico previsible que dinamice la actividad, ni genere las condiciones para la obtención de créditos en un sector que requiere inversión intensiva", dijo a Télam Claudio López, titular de la Cámara de Armadores de Buques, Barcazas Tanque y Embarcaciones de Apoyo (CABBTA).
La actividad, agregó, cuenta con un potencial estratégico "extraordinario", a partir del desarrollo de la hidrovía, sistema fluvial que conecta el corazón de Brasil con Argentina.
"Hace diez años se transportaban por la hidrovía 800 mil toneladas, hoy hablamos de 12 millones y se espera llegar a 20 en un lustro", ejemplificó López.
La hidrovía está enclavada en una región que es gran productora de commodities y alimentos, y a través de ella se moviliza la carga minera del sur de Brasil, por lo que "urge apuntalar" el transporte fluvial y marítimo argentino, dijo.
López indicó que para avanzar hacia esa meta se pide una ley que permita establecer marcos predecibles "frente a los vacíos normativos existentes, manifestaciones a través de decretos, o medidas aisladas que no conforman un panorama de largo plazo".
Al respecto juzgó que "el sistema jurídico argentino es antiguo. Los tiempos judiciales de Argentina no tienen nada que ver con los del mundo de los negocios del siglo XXI".
El empresario sostuvo que hoy, "si un acreedor internacional financia un buque, paradójicamente prefiere estar en un país periférico, como Panamá o Liberia".
López agregó que "esta es una industria de capital intensivo, en la que las inversiones requieren de 10 a 15 años para tener un sentido económico, y para eso se necesita un marco normativo claro".
La cámara y los sindicatos de la industria naval trabajan, en el marco de la Multisectorial de la Marina Mercante, en el proyecto de una ley que establezca la seguridad jurídica para el sector; categorice a la actividad y establezca las condiciones para la disponibilidad de crédito naval.
La actividad local, centrada en el transporte de combustibles requiere crédito, pues un buque para crudo cuesta entre u$s 60 y u$s 70 millones, y los que hay en Argentina, que son los que se denominan "de productos limpios"-para transporte de nafta, gasoil, etc.- no menos de 20 millones.
Los trabajadores piden también un régimen jurídico para las relaciones laborales y la reserva del trabajo argentino para el cabotaje, entre otros puntos.
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