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Fuente: Ecos de la Costa
Tarea política
José Luis Santana Ochoa
PÉSIMO VECINO
De las primeras declaraciones hechas por el director general de la Administración Portuaria de Manzanillo, José Julián Dip Leos, se esperaba que en el desempeño del cargo privilegiara una relación armónica e integral con la ciudad que alberga el puerto, y los gobiernos municipal y estatal. Los manzanillenses creyeron que Dip Leos trabajaría por la armonización del crecimiento de las instalaciones portuarias con el cuidado al entorno ecológico y la convivencia armónica de la ciudad y el puerto; atendiera los justos reclamos de la población que durante muchos años ha soportado los impactos negativos del ajetreo ferroviario, el transporte de cargas peligrosas, el deterioro urbano y la saturación de sus vialidades, y mostrara sensibilidad social y genuino interés en mejorar la comunicación con todos los participantes en el quehacer y la vida del puerto y la ciudad.
Si bien revertir el desequilibrio urbano generado por el crecimiento del puerto y encauzarlo por las vías de la sustentabilidad no era tarea fácil, se creía que a través del diálogo y la negociación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el Instituto de Planeación de Manzanillo, vecinos, grupos sociales, operadores y usuarios del puerto, y las opiniones y aportaciones técnicas de los especialistas en el tema, se pudieran lograr grandes avances. No ha sido así.
Al muchacho potosino y a sus jefes les importa un cacahuate el impacto ecológico y social-urbano que están causando a la comunidad manzanillense con la ampliación de San Pedrito Norte; ningunean a los gobiernos municipal y estatal, al Inplan y a las asociaciones civiles como Pro Manzanillo; y el desarrollo integral y sustentable del Puerto los tiene sin cuidado. No sólo la gente y la ciudad de Manzanillo sufren las actitudes soberbias y prepotentes del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez K., el director general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, y el director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, José Julián Dip Leos, sino los trabajadores a su servicio y los empresarios colimenses que son arbitrariamente marginados de las oportunidades de negocio.
Al interior del recinto portuario, los APIS se conducen como absolutistas dueños y señores, aunque la Constitución General de la República le otorga al municipio la rectoría de su territorio, sin importar si se asienten o no polígonos portuarios en él. ¿Qué diferencia habría si el territorio circundando por la malla verde, fuera propiedad de una nación extranjera? Ninguna. Para entrar y salir del recinto portuario exigen un permiso especial, las decisiones son tomadas por un gobierno central ajeno a su entrono, los derechos y contraprestaciones económicas son también absorbidos por una entidad distinta.
El puerto de Manzanillo es como el protectorado de un gobierno extranjero para el que no aplican las leyes locales ni estatales, y que de vez en cuando realiza alguna caridad con la ciudad que los aloja: regalan depósitos para basura (con el logo de su protectorado, por supuesto), ceden computadoras de segunda mano, atienden emergencias con el equipo y los sueldos que paga el usufructo del territorio donde se asientan, etc. Limosnas con las que tranquilizan sus conciencias y hasta magnánimos se sienten.
Porque desde la visión de los señores del puerto, primero es la eficiente operación de sus grúas, la movilización de contenedores, los patios de maniobras, sus posiciones de atraque, la logística, las obras de ampliación de sus instalaciones que ellos planean y realizan, sólo consideran minimizar los perjuicios internos, no los que causan a la ciudad que debe amortiguar todos los impactos negativos de tan unilateral y egoísta proceder, como la fragmentación de la ya de por sí dislocado cuerpo urbano de Manzanillo, los obstáculos a la movilidad urbana y el ahorcamiento de un enclave donde se encuentran la terminal de autobuses, las clínicas del IMSS y del ISSSTE, la Cruz Roja, el Conalep.
Ante la actitud soberbia de los Téllez, Chacón y Dip, a quienes no les interesa el bienestar de la ciudad que tanto le ha costado construir a los manzanillenses, todos, cabildo, Inplan, gobierno del Estado, sociedad civil y el pueblo en su totalidad, deben cerrar filas para evitar que los avasallen irremediablemente.
José Luis Santana Ochoa
PÉSIMO VECINO
De las primeras declaraciones hechas por el director general de la Administración Portuaria de Manzanillo, José Julián Dip Leos, se esperaba que en el desempeño del cargo privilegiara una relación armónica e integral con la ciudad que alberga el puerto, y los gobiernos municipal y estatal. Los manzanillenses creyeron que Dip Leos trabajaría por la armonización del crecimiento de las instalaciones portuarias con el cuidado al entorno ecológico y la convivencia armónica de la ciudad y el puerto; atendiera los justos reclamos de la población que durante muchos años ha soportado los impactos negativos del ajetreo ferroviario, el transporte de cargas peligrosas, el deterioro urbano y la saturación de sus vialidades, y mostrara sensibilidad social y genuino interés en mejorar la comunicación con todos los participantes en el quehacer y la vida del puerto y la ciudad.
Si bien revertir el desequilibrio urbano generado por el crecimiento del puerto y encauzarlo por las vías de la sustentabilidad no era tarea fácil, se creía que a través del diálogo y la negociación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el Instituto de Planeación de Manzanillo, vecinos, grupos sociales, operadores y usuarios del puerto, y las opiniones y aportaciones técnicas de los especialistas en el tema, se pudieran lograr grandes avances. No ha sido así.
Al muchacho potosino y a sus jefes les importa un cacahuate el impacto ecológico y social-urbano que están causando a la comunidad manzanillense con la ampliación de San Pedrito Norte; ningunean a los gobiernos municipal y estatal, al Inplan y a las asociaciones civiles como Pro Manzanillo; y el desarrollo integral y sustentable del Puerto los tiene sin cuidado. No sólo la gente y la ciudad de Manzanillo sufren las actitudes soberbias y prepotentes del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez K., el director general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, y el director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, José Julián Dip Leos, sino los trabajadores a su servicio y los empresarios colimenses que son arbitrariamente marginados de las oportunidades de negocio.
Al interior del recinto portuario, los APIS se conducen como absolutistas dueños y señores, aunque la Constitución General de la República le otorga al municipio la rectoría de su territorio, sin importar si se asienten o no polígonos portuarios en él. ¿Qué diferencia habría si el territorio circundando por la malla verde, fuera propiedad de una nación extranjera? Ninguna. Para entrar y salir del recinto portuario exigen un permiso especial, las decisiones son tomadas por un gobierno central ajeno a su entrono, los derechos y contraprestaciones económicas son también absorbidos por una entidad distinta.
El puerto de Manzanillo es como el protectorado de un gobierno extranjero para el que no aplican las leyes locales ni estatales, y que de vez en cuando realiza alguna caridad con la ciudad que los aloja: regalan depósitos para basura (con el logo de su protectorado, por supuesto), ceden computadoras de segunda mano, atienden emergencias con el equipo y los sueldos que paga el usufructo del territorio donde se asientan, etc. Limosnas con las que tranquilizan sus conciencias y hasta magnánimos se sienten.
Porque desde la visión de los señores del puerto, primero es la eficiente operación de sus grúas, la movilización de contenedores, los patios de maniobras, sus posiciones de atraque, la logística, las obras de ampliación de sus instalaciones que ellos planean y realizan, sólo consideran minimizar los perjuicios internos, no los que causan a la ciudad que debe amortiguar todos los impactos negativos de tan unilateral y egoísta proceder, como la fragmentación de la ya de por sí dislocado cuerpo urbano de Manzanillo, los obstáculos a la movilidad urbana y el ahorcamiento de un enclave donde se encuentran la terminal de autobuses, las clínicas del IMSS y del ISSSTE, la Cruz Roja, el Conalep.
Ante la actitud soberbia de los Téllez, Chacón y Dip, a quienes no les interesa el bienestar de la ciudad que tanto le ha costado construir a los manzanillenses, todos, cabildo, Inplan, gobierno del Estado, sociedad civil y el pueblo en su totalidad, deben cerrar filas para evitar que los avasallen irremediablemente.
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