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Fuente: Proceso
MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- La empresa Naval Mexicana, que presta servicio de transporte de combustibles en litorales y puertos mexicanos, rechazó la inhabilitación por tres años decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado lunes 24, debido a que “está basada en supuestos que no ha podido demostrar”.
El lunes pasado, la SFP informó que determinó sancionar a la empresa “con inhabilitación por tres años” y una multa de 830 mil pesos, por el “cobro indebido” de 3.1 millones de pesos.
Asimismo, dio a conocer que promovió una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Naval Mexicana y cuatro empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Secretaría no informó por qué hizo el anuncio de la sanción el pasado lunes 24 cuando la determinación fue tomada el 11 de agosto del 2010, fecha en la cual Naval Mexicana interpuso un juicio de nulidad en contra de esa inhabilitación, el cual que fue radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 24221/10-17-07-8 donde también impugnó la multa económica por 830 mil pesos.
Hoy, Naval Mexicana rechazó “categóricamente” las acusaciones de la SFP, pues las presuntas irregularidades detectadas no son imputables a la empresa, sino a Petróleos Mexicanos.
La Secretaría acusa a Naval Mexicana de haber cobrado 33 días que el buque Apolo, contratado para contener un derrame de combustóleo pesado en Manzanillo, Colima, permaneció averiado, sin tomar en cuenta que durante ese periodo la embarcación continuó realizando labores de almacenaje y recolección del hidrocarburo.
La empresa destacó que se vio involucrada en el caso en julio de 2006, cuando Pemex le solicitó auxilio para el control de un derrame de combustóleo pesado en las aguas interiores del puerto de Manzanillo, debido a la fractura de una tubería en la terminal de Petróleos Mexicanos.
La labor de Naval Mexicana, explicó la empresa, consistiría en recolectar y almacenar los residuos vertidos a las aguas para reducir los daños y el impacto ecológico.
Agregó que ante la evidente contingencia ambiental y los riesgos que la situación podía generar para el puerto de Manzanillo, puso a disposición exclusiva de Pemex-Refinación el buque tanque Apolo, pero antes advirtió a la paraestatal que el sistema de bombeo de la embarcación está diseñado para manejar únicamente combustibles líquidos.
Sin embargo, la bomba de descarga del barco se dañó, “por responsabilidades atribuibles a Pemex, ya que la paraestatal vertió en los tanques de carga del buque residuos del derrame con basura, desechos como botellas, palos y otros desperdicios, que ocasionaron un serio daño al sistema de bombeo”.
Pese al desperfecto, la paraestatal insistió en utilizar al barco ante la emergencia y, posteriormente, reconoció su responsabilidad en la avería.
Pemex señaló, indicó la naviera, “expresamente que se justifica el pago correspondiente de los servicios prestados por el buque tanque Apolo por el tiempo en que la motobomba estuvo fuera de operación”, debido a que la “embarcación, como consta en el expediente, se mantuvo prestando los servicios de recepción y almacenamiento de los residuos que seguía enviando Pemex”.
El buque Apolo prestó servicios a Pemex entre el 28 de julio y el 12 de octubre del 2006, sin embargo Pemex pagó a Naval Mexicana un año después, en 2007, luego de que la empresa interpusiera un juicio civil en contra de la paraestatal:
“Derivado de esta acción, Pemex reconoció el derecho al pago y Naval Mexicana facturó 79 días a Pemex, en los que están incluidos 33 días de recepción y almacenamiento de los residuos, mientras se llevaba a cabo la reparación de la motobomba para posteriormente descargar los residuos propiedad de la paraestatal.”
Naval Mexicana recordó que, de acuerdo con la norma internacional de fletamento de buques, “el usuario (en este caso Pemex), está obligado a pagar la renta, sus costos y gastos durante el tiempo que el barco esté impedido para descargar por causas imputables al usuario y hasta que éste devuelva formalmente la nave a su propietario, en las condiciones en que se encontraba al inicio del servicio.”
Por lo anterior, concluyó, “la SFP no tiene fundamento en alegar un daño patrimonial por parte de Naval Mexicana a Pemex, dado que su actuación se ha basado en la pretensión de que un particular está obligado a poner sus bienes a disposición y uso de Pemex, para atender sus emergencias y dejar de realizar su propio negocio, sin tener derecho a un pago, aun cuando la propia paraestatal le haya causado daño a ese bien, además de diversas presunciones y supuestos que no ha podido demostrar”.
Respecto a la denuncia penal, Naval Mexicana señaló que hasta el momento, no ha sido notificada por la Procuraduría General de la República (PGR), ni por otra autoridad para que responda a las acusaciones.
MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- La empresa Naval Mexicana, que presta servicio de transporte de combustibles en litorales y puertos mexicanos, rechazó la inhabilitación por tres años decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado lunes 24, debido a que “está basada en supuestos que no ha podido demostrar”.
El lunes pasado, la SFP informó que determinó sancionar a la empresa “con inhabilitación por tres años” y una multa de 830 mil pesos, por el “cobro indebido” de 3.1 millones de pesos.
Asimismo, dio a conocer que promovió una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Naval Mexicana y cuatro empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Secretaría no informó por qué hizo el anuncio de la sanción el pasado lunes 24 cuando la determinación fue tomada el 11 de agosto del 2010, fecha en la cual Naval Mexicana interpuso un juicio de nulidad en contra de esa inhabilitación, el cual que fue radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 24221/10-17-07-8 donde también impugnó la multa económica por 830 mil pesos.
Hoy, Naval Mexicana rechazó “categóricamente” las acusaciones de la SFP, pues las presuntas irregularidades detectadas no son imputables a la empresa, sino a Petróleos Mexicanos.
La Secretaría acusa a Naval Mexicana de haber cobrado 33 días que el buque Apolo, contratado para contener un derrame de combustóleo pesado en Manzanillo, Colima, permaneció averiado, sin tomar en cuenta que durante ese periodo la embarcación continuó realizando labores de almacenaje y recolección del hidrocarburo.
La empresa destacó que se vio involucrada en el caso en julio de 2006, cuando Pemex le solicitó auxilio para el control de un derrame de combustóleo pesado en las aguas interiores del puerto de Manzanillo, debido a la fractura de una tubería en la terminal de Petróleos Mexicanos.
La labor de Naval Mexicana, explicó la empresa, consistiría en recolectar y almacenar los residuos vertidos a las aguas para reducir los daños y el impacto ecológico.
Agregó que ante la evidente contingencia ambiental y los riesgos que la situación podía generar para el puerto de Manzanillo, puso a disposición exclusiva de Pemex-Refinación el buque tanque Apolo, pero antes advirtió a la paraestatal que el sistema de bombeo de la embarcación está diseñado para manejar únicamente combustibles líquidos.
Sin embargo, la bomba de descarga del barco se dañó, “por responsabilidades atribuibles a Pemex, ya que la paraestatal vertió en los tanques de carga del buque residuos del derrame con basura, desechos como botellas, palos y otros desperdicios, que ocasionaron un serio daño al sistema de bombeo”.
Pese al desperfecto, la paraestatal insistió en utilizar al barco ante la emergencia y, posteriormente, reconoció su responsabilidad en la avería.
Pemex señaló, indicó la naviera, “expresamente que se justifica el pago correspondiente de los servicios prestados por el buque tanque Apolo por el tiempo en que la motobomba estuvo fuera de operación”, debido a que la “embarcación, como consta en el expediente, se mantuvo prestando los servicios de recepción y almacenamiento de los residuos que seguía enviando Pemex”.
El buque Apolo prestó servicios a Pemex entre el 28 de julio y el 12 de octubre del 2006, sin embargo Pemex pagó a Naval Mexicana un año después, en 2007, luego de que la empresa interpusiera un juicio civil en contra de la paraestatal:
“Derivado de esta acción, Pemex reconoció el derecho al pago y Naval Mexicana facturó 79 días a Pemex, en los que están incluidos 33 días de recepción y almacenamiento de los residuos, mientras se llevaba a cabo la reparación de la motobomba para posteriormente descargar los residuos propiedad de la paraestatal.”
Naval Mexicana recordó que, de acuerdo con la norma internacional de fletamento de buques, “el usuario (en este caso Pemex), está obligado a pagar la renta, sus costos y gastos durante el tiempo que el barco esté impedido para descargar por causas imputables al usuario y hasta que éste devuelva formalmente la nave a su propietario, en las condiciones en que se encontraba al inicio del servicio.”
Por lo anterior, concluyó, “la SFP no tiene fundamento en alegar un daño patrimonial por parte de Naval Mexicana a Pemex, dado que su actuación se ha basado en la pretensión de que un particular está obligado a poner sus bienes a disposición y uso de Pemex, para atender sus emergencias y dejar de realizar su propio negocio, sin tener derecho a un pago, aun cuando la propia paraestatal le haya causado daño a ese bien, además de diversas presunciones y supuestos que no ha podido demostrar”.
Respecto a la denuncia penal, Naval Mexicana señaló que hasta el momento, no ha sido notificada por la Procuraduría General de la República (PGR), ni por otra autoridad para que responda a las acusaciones.
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