Petroempresas, las más impactadas por crisis

Fuente: Tribuna Campeche

Poco más de 53 millones 800 mil pesos costó a empresas radicadas en El Carmen el despido injustificado de sus trabajadores, de enero a noviembre del recién concluido año 2009, en que se ejecutaron dos mil 357 asuntos conciliatorios y 756 demandas laborales, en su mayoría en contra de compañías proveedoras de Pemex.

Ante el aplazamiento, finiquito y no renovación de contratos, los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resienten la fuerte crisis que golpea al sector energético nacional, y para sortearla sin mermar sus utilidades acuden al despido.

Compañías que tradicionalmente se sabe están envueltas en problemas laborales, como Oceanografía, cuyas irregularidades van desde la mora al pago a sus trabajadores, malos tratos al personal, acoso laboral y hasta el despido injustificado, se mezcla con empresas como Marinsa, Protexa y Cotemar; en tanto, las trasnacionales como Schlumberger, Halliburton y Weatherford son más cuidadosas en su procedimiento de finiquito y liquidación de personal.

De acuerdo a cifras oficiales de la Junta Especial 12 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en El Carmen, el 32.7 por ciento de los casos vistos ante el órgano jurisdiccional laboral termina en demanda contractual; por lo tanto, el grueso de las demandas interpuestas (67.3 por ciento) concluyen en mesa de negociación afuera de la Junta, la cual sólo avala la negociación y atestigua la entrega del finiquito entre el patrón y el trabajador.

El titular de la JFCA en la Isla, Arnulfo Mendoza González, aseguró que “sí se ha notado un impacto muy importante en cuanto a la voluntad de las partes (patronal y empleado) para solucionar sus asuntos individuales; tomando el registro de los convenios que las partes hacen fuera de juicio”, aunque para que esa condición se dé: “implica la presentación de una demanda”.

ALTAS Y BAJAS EN DEMANDAS

El funcionario explicó que “la realidad es que los últimos meses de agosto a noviembre hemos tenido un impacto impresionante en el número de convenios”, y ejemplificó: “sólo en noviembre hubo 722 convenios con una derrama económica de 18 millones 300 mil pesos. Al menos en la cabecera municipal, Ciudad del Carmen, hay bastante paz laboral”.

Con base en las cifras de la JFCA en El Carmen, cuya copia obra en poder de TRIBUNA del Carmen, existe una relación inversamente proporcional en la temporalidad de mayor número de demandas interpuestas y la resolución de las mismas. Mientras las primeras tienen su pico en enero, las segundas se ventilan a finales de año.

Caso similar se aprecia en la cantidad de la derrama económica, que generada mes por mes se mantiene en un rango entre los dos y los cuatro millones de pesos durante el primer semestre del año; sin embargo, a partir de julio comienza a incrementarse de manera desproporcionada hasta consolidar picos extremos que van de 5.6 hasta los 16.5 mdp.

El funcionario explicó que el ritmo de trabajo en la dependencia federal se ha incrementado de manera exponencial hasta triplicarse en menos de un año, toda vez que Mendoza González destacó que de un promedio diario de media docena de autos por dictar laudo, pasó a 60 sentencias diarias de noviembre 2008 al mismo mes de 2009.

“Cuando entré el 20 de noviembre de 2008 —explicó el funcionario— levantamos 200 audiencias señaladas por mes; en este momento hasta noviembre 2009 levantamos 600 audiencias; teníamos expedientes para dictar laudo o sentencia con un total de 269 y ahora tengo 120 expedientes que están de alguna manera concluidos para dar resolución”.

EJECUCION

Cabe señalar que en los estrados publicados en la JFCA se aprecia con demandas laborales compañías como Oceanografía, Marinsa, Cotemar, Industrial Perforadora de Campeche, Perforadora Central, Perforadora México.

La práctica de despidos injustificados no es nueva, cabe recordar que TRIBUNA del Carmen publicó el pasado 23 octubre, con motivo del segundo aniversario de la tragedia de la plataforma Usumacinta, cómo la Perforadora “La Central” despidió a Jesús Manuel Domínguez Pérez, uno de los sobrevivientes de ese accidente que propició la muerte de 22 trabajadores.

Así como empresas contratistas que han obtenido la mayoría de contratos con Pemex, como Perforaciones Marítimas Mexicanas —del Grupo Protexa— y Transportación Marítima Mexicana. Ellos contratan a su personal por medio de Servicios y Asesoría para Proyectos Azteca; en los recibos de pago no aparece ninguna aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Infonavit; sólo se descuenta al trabajador el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Y es a través de las outsourcing o subcontratadoras de personal cómo las empresas se hacen de recursos humanos; de esa forma, en los recibos nunca aparecen nombre, logotipo y dirección de los proveedores de Pemex, pues son estas empresas las que aparecen como las que contratan y pagan al personal.

En ese sentido, Mendoza González destacó que en El Carmen se da el fenómeno de empresas “fantasmas”; explicó que dentro de la JFCA “hay expedientes de 2004 o antes, y eso es lamentable, pero se trata de empresas que, considerando la labor que se presta en El Carmen, son compañías que tienen un contrato específico y al terminar el contrato se esfuman; entonces ya no tenemos la posibilidad de notificarles una demanda y eso nos obliga a decirle al trabajador que la empresa ya no está en el lugar que me dijiste”.

Aunque ello “no es el total de las empresas que prestan servicios a petróleos; son pocas pero no dejan de haberlas, y a mi se me cae la cara de pena cuando viene una persona que desde el 2004 su primera audiencia no se ha llevado a cabo”.

ATADA DE PIES Y MANOS

Pese a que existe el sustento legal necesario para regular a ese tipo de empresas, lo cierto es que la misma norma impone candados a la JFCA para ejecutar su labor.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) hay “disposiciones que se llaman prudencias precautorias de embargo, que es un mecanismo para que una empresa en específico no se ausente de territorio nacional, y deje pasivos laborales”, explicó el funcionario federal.

Sin embargo, agregó: “la ley nos pone ciertas restricciones, como presidentes de juntas, poder obsequiar las órdenes de embargo; para ello hay que demostrar: “Que el contrato de la empresa está próximo a terminar y que esa empresa tiene 10, 15 demandas laborales; son los únicos mecanismos en los que se pueden aplicar las prudencias precautorias de embargo.

Son candados dificilísimos, ¿cuándo un trabajador puede saber la fecha de conclusión del contrato?, es entonces que los patrones localizan, incluso, un resquicio legal para evadir el mecanismo compensatorio que establece la LFT.