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Fuente: Voltairenet
El Congreso de la Unión podría investigar supuestos actos ilegales cometidos en las administraciones de Vicente Fox y Eugenio Elorduy –exgobernador de Baja California–, que habrían favorecido la instalación de Sempra Energy en Ensenada. Las denuncian versan sobre compras fraudulentas de terrenos, presunto tráfico de influencias en negocios de la familia Elorduy y corrupción atribuible a la empresa californiana
Autor: Lorena Rosas Sección: Sociedad 10 Enero 2010
Mexicali, Baja California. El legislador federal José Narro Céspedes denunció ante la Cámara de Diputados que el exgobernador Eugenio Elorduy Walther apoyó a la trasnacional Sempra Energy para instalarse en Ensenada a cambio de formar una sociedad, a través de una supuesta empresa propiedad de su hija. Por ello, exigió que se cree una comisión que investigue el caso y propuso revisar la operación de la compañía.
Ésta sería la segunda vez que se forma una comisión investigadora para esclarecer los señalamientos públicos de supuesto tráfico de influencias y corrupción contra el exgobernador Eugenio Elorduy. La primera fue en marzo de 2006 y se relacionó con la expropiación de 846 hectáreas del polígono El Monumento, sitio de alta plusvalía ubicado en Playas de Tijuana (Contralínea Baja California 13).
El recurso judicial, también planteado en la Corte de San Diego, California, señala a la trasnacional Sempra Energy en presuntos sobornos al exgobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas ya estaban en trato para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra que aventajaba en los trámites de permisos.
Pese a esas investigaciones, Sempra se instaló en Baja California. El arranque de la operación de la planta denominada Energía Costa Azul en Ensenada se dio el 29 de agosto de 2008, con una inversión superior a los 1 mil 300 millones de dólares, misma que desde entonces recibe buques tanque con carga para regasificar.
El gasoducto, que mide 72 kilómetros de largo y 42 pulgadas de diámetro, transporta el gas desde Costa Azul a Tecate y al gasoducto Bajanorte, hacia el este de Mexicali. También hacia el oeste se conecta con Tijuana en una extensión transportadora de gas natural que lleva a la termoeléctrica de Rosarito y a otra extensión que llevará el gas a parques industriales de Tijuana.
El negocio
El diputado Narro Céspedes solicita conocer las bases que llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a autorizar la obra, así como restituir al dueño del predio donde se ubica la empresa y turnar la denuncia al gobierno de Estados Unidos, para su debida investigación, al considerar que dicha empresa cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según el legislador, gracias a la intervención del exmandatario bajacaliforniano Eugenio Elorduy, quien cabildeó ante el entonces presidente Vicente Fox, se facilitaron las políticas administrativas, jurídicas y de medio ambiente con las que se pudieron obtener los permisos para lograr que las trasnacionales Sempra y Shell instalaran una planta de descarga marítima de gas licuado en Ensenada, y otra de energía eléctrica en Mexicali, para enviar los productos a Estados Unidos.
Narro Céspedes considera “claras” las facilidades que dio el gobernador a la empresa que habrían derivado en la violación a la ley y en el tráfico de influencias con Fox, “para permitir que en Baja California se hagan actividades que están fuera de la ley, como lo es la de generar energía eléctrica, por parte de una empresa extranjera, siendo una actividad exclusiva del Estado mexicano”.
El diputado acusa que “quien interviene para obtener los permisos correspondientes ante Fox es el gobernador. Y dado que el gobernador no debía estar ahí, no podía pertenecer a la empresa en años anteriores: primero por ser alcalde, después por ser gobernador, y a quien incorpora como empresaria es a su hija. Así se da todo este tráfico de influencias”.
Afirma que de esta forma, Elorduy Walther adquirió la empresa Distribuidora de Gas Natural Servicios, a través de su heredera, como estrategia para asociarse con Sempra Energy. Luego, la Distribuidora de Gas Natural Servicios le otorgó un amplio poder a Francisco Molina Robles para representar a la empresa, cuya principal socia es Érika Elorduy Blackaller. Este poder fue protocolizado ante el notario público número 4 de esta ciudad, con fecha 21 de diciembre de 1998, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del gobierno de Baja California el 6 de enero de 1999.
Durante su administración, Eugenio Elorduy –empresario la mayor parte de su vida y concesionario en Baja California de la empresa automovilística Ford–, viajó a Japón, España y a otros puntos importantes de Europa en giras oficiales, pagadas con el erario, con el fin de traer inversiones a la entidad. No obstante, lo que obtuvo fue la concesión para su negocio particular de las empresas Toyota y Mazda.
Otro hecho relevante es que el floreciente proyecto de Silicon Border en etapa inicial es dirigido por su yerno, Octavio Garza.
Empresario ante todo
La relación entre el exgobernador y la empresa ahora cuestionada se dio a fines de la década de 1990. A principios de 1998, Elorduy Walther, entonces presidente municipal de Mexicali, y Bernardo Martínez Aguirre, secretario municipal, visitaron a altos directivos de Sempra Energy, cuyas oficinas principales se ubican en San Diego, California. El objetivo, según dijeron, era promover la capital del estado para instalar en Baja California una planta de generación eléctrica para satisfacer los requerimientos energéticos del estado.
El contacto se hizo inicialmente a través de Ricardo Charvel Orozco, exdirector de Asuntos Externos, y de Flavio Olivieri Borobia, exasesor de dicha compañía y posteriormente designado como gerente de Relaciones Públicas de Sempra Energy de México.
Tras la crisis energética que llevó a la destitución del gobernador demócrata, Gray Davis, esta empresa adquirió en 1998 la San Diego Gas & Electric ?la cual se había declarado en bancarrota? para expandirse en California y en todo Estados Unidos.
En ese entonces, la trasnacional de origen estadunidense no contaba con buena reputación. Su desprestigio se derivaba de los fraudes cometidos en contra de californianos, mismos que demandaron y ganaron liquidaciones hasta por 1 mil 800 millones de dólares, más la devolución de 800 millones de dólares por cobros indebidos. Por ese motivo, Sempra se encontraba imposibilitada financieramente para instalar las plantas de energía eléctrica que tenía planeadas en el sur de California y en las costas del Océano Pacífico, Oregon y Washington.
Después de conocer las ventajas que ofrecieron los representantes municipales de Mexicali, y ante las duras normas ambientales de su país, los altos ejecutivos de Sempra Energy, encabezados por Donald E Felsinger, director ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de esa compañía, contemplaron la instalación de plantas de gas licuado en Baja California.
Años más tarde, el ya gobernador Eugenio Elorduy y su secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez, cabildearon directamente con el entonces presidente Vicente Fox para que el gobierno federal les otorgara todo tipo de facilidades, tanto legales como fiscales, para su establecimiento en la zona. No se escatimaron esfuerzos para impulsar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy en la zona costa.
La operación de este consorcio violaría el artículo 28 de la Constitución, que establece claramente la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas. Señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesarios que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de esa expresa prohibición constitucional, el gobierno de la república, específicamente la Secretaría de Energía (que dirigió de marzo de 2003 al 31 de mayo de 2004 Felipe Calderón) y la Comisión Reguladora de Energía, teniendo el visto bueno del gobierno de Baja California, impulsaron la conformación del monopolio a favor del consorcio de Sempra Energy y Shell, empresas estadunidense y holandesa, respectivamente.
Sempra Energy controla la mayor parte de la infraestructura de transporte en el sur de California, Estados Unidos; además, ambas empresas mantienen acaparados todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región, así como los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y Baja California.
Los trámites
El 30 de enero de 2003, el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la sociedad entre Sempra Energy México y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, a través de la empresa Energía Costa Azul, SA de RL de CV. Para el 7 de agosto de ese año, ésta obtuvo de las autoridades mexicanas el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural.
De esta forma se estableció en Mexicali, hasta 2004, una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 650 megawatts, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía a Estados Unidos, fundamentalmente para California. Según se ha documentado, los trámites para la constitución e inscripción de esta empresa estuvieron coordinados directamente por Bernardo Martínez, por instrucciones del gobernador Elorduy.
Desestimular a la competencia
De acuerdo con las denuncias en su contra, Sempra Energy habría concretado sus proyectos en Baja California por el incondicional apoyo y los favores del gobierno de Elorduy, quien al amparo del ejercicio del poder desestimuló a las competidoras para que no se instalaran en Baja California, utilizó la estructura del poder estatal y trastocó la institucionalidad del Estado para imponer a sus socios trasnacionales.
En octubre de 2003, Chevron presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un manifiesto de impacto ambiental para instalar una planta de gas natural licuado en Isla Coronado, frente a las costas de ese municipio. Chevron era la tercera empresa que presentaba ante la dependencia federal el manifiesto de impacto ambiental para instalar una regasificadora. Las otras dos fueron Sempra Energy y Shell, a las cuales sí les fue autorizado el permiso.
El gobierno del estado, a través de su secretario general de Gobierno Bernardo Martínez, propuso que se sometiera a consulta ciudadana la posibilidad de instalar plantas regasificadoras en áreas aledañas a zonas habitacionales o de impacto a la comunidad, como el caso de la planta flotante que pretendía colocar la trasnacional Chevron frente a las costas de Tijuana. Así, los habitantes de la zona manifestaron públicamente el rechazo a las pretensiones de Chevron de ubicar una planta regasificadora a unos 15 kilómetros de la costa de Tijuana.
El legislador Narro Céspedes critica que el gobierno estatal, encabezado por Elorduy Walther, haya construido el Corredor 2000, que une a Tecate, Tijuana y Rosarito, con el único fin de instalar tubería para conectar a la planta con el sur de California. El costo de la obra, cuyo tramo cubre unos 80 kilómetros, inicialmente fue de 650 millones de pesos, pero al concluirse, el mismo Fox dijo que ésta había tenido un valor de 2 mil 400 millones de pesos.
Aclaraciones del exgobernador Eugenio Elorduy
Elorduy Walther consideró falsos los señalamientos del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, José Narro. “Por lo que se refiere a las alusiones a Érika, mi hija, y a su servidor, es totalmente falso, absoluta y totalmente falso. No hay absolutamente nada de verdad en lo que el señor ahí relata. Desconozco si existe la empresa. De lo que sí estoy seguro es que ella no es propietaria de la empresa a la que se alude”.
El exgobernador dice que, “en el caso de Costa Azul, la empresa decidió buscar instalar el almacén de gas natural. Coinciden estos propósitos como otros más con el Plan de Desarrollo Estatal que fijamos en 2001-2002 al inicio del gobierno nuestro, y coincide con el Plan de Desarrollo Empresarial que construimos junto con los empresarios de Baja California, que es tener en la entidad una manera de almacenar gas natural y que sea distribuido desde aquí a todas las empresas en este estado, porque es el energético menos contaminante y el más económico”.
Agrega que antes de que esa empresa se intalara en la entidad, “el gas natural lo recibía Baja California en la cola de la distribución. ¿Qué quiere decir en la cola? Que venía de muy lejos y llegaba finalmente a nosotros a través de la instalación que se hizo del gasoducto hace más de 10 años; entonces nos llegaba al precio más caro”.
Asegura que “todo” se hizo “con un estricto apego a las normas mexicanas. No es una cosa que sucedió de la noche a la mañana; exigió una serie de trámites tanto estatales, federales y municipales y todos se cumplieron correctamente. Es un tema que tiene impacto público, por lo tanto la norma mexicana exige que la población hubiera sido tomada en cuenta, si no, no se hubieran otorgado los permisos”.
Indica que las acusaciones “seguramente tiene(n) que ver con el conflicto de tierras alrededor de la instalación. Hasta ahí yo entiendo de lo que sucedió con ese pronunciamiento. Insisto, todo lo que se refiere a mi hija y a su servidor es completamente falso. Si todo esto fuera cierto, ya hubieran presentado hace mucho tiempo una demanda o demandas en donde hubieran puesto por delante todo lo que dicen de la propiedad de mi hija. Desafortunadamente, eso corrobora que no tiene ninguna sustentación”.
Litigio por despojo predial
Mediante una operación presuntamente ficticia de compra-venta del terreno para la instalación de su planta en el municipio de Ensenada, Sempra Energy habría despojado aproximadamente 100 hectáreas al empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.
Este predio se ubica en el kilómetro 82.5 de la carretera Tijuana-Rosarito-Ensenada. En el terreno, este empresario tuvo desde 1972 el rancho Las Brisas, en la jurisdicción de El Sauzal, Ensenada. La venta del predio donde se instalaría la planta en Ensenada fue inscrita el 31 de enero del 2006 ante la notaría pública número 5, cuyo titular es Diego Monsiváis Franco, con el folio “16,989”.
Para el diputado José Narro Céspedes, “a la empresa le urgía contar con un lote como zona de amortiguamiento para evitar posibles contingencias, como lo exigen las autoridades. Hay tráfico de influencias para aparentar la compra de un terreno; utilizan el Registro Público de la Propiedad para hacer una operación totalmente fraudulenta, compran un terreno a una señora que fallece dos años antes y obtienen una escritura falsa que inscriben en el Registro Público de la Propiedad”.
De la muerte de la supuesta vendedora, existen constancias médicas y legales –un acta de defunción, folio 84015 del Registro Civil de México Distrito Federal?. La operación se realizó el 31 de enero de 2006 entre Elodia Gómez Castañón y la empresa Energía Costa Azul, es decir, más de un año después del fallecimiento de la aparente dueña.
“En la operación intervino directamente Francisco Javier Molina Robles, excompañero de Eugenio Elorduy del Tecnológico de Monterrey, quien fungió como apoderado de Energía Costa Azul y se hizo pasar como agente de bienes raíces para la adquisición de terrenos para Sempra Energy en Ensenada. En ese tiempo, Molina Robles aparecía también en la nómina del gobierno de Baja California, con la plaza de asesor del gobernador”, acusa Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, propietario del predio en litigio.
En la primera comisión investigadora que libró el exgobernador Eugenio Elorduy en 2006, al desistirse su denunciante en la Corte de San Diego y abogar por él la bancada panista en el Congreso, el abogado Audrey Towers Thornton, representante de un despacho jurídico de Houston, señaló a Francisco Molina Robles como intermediario que facilitaba la operación de instalación de Sempra y quien, como parte de su función, manejaba importantes cantidades de dinero que depositaba en una cuenta bancaria radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán.
No obstante, en agosto de 2006, Sánchez Ritchie fue denunciado por Sempra Energy por el delito de despojo ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, de Ensenada. La averiguación previa se integró con gran celeridad.
Sánchez Ritchie y su familia señalan que fueron desalojados de ese predio con la presencia de corporaciones policiacas del estado, a quienes acusan de saquear y destruir el mobiliario de su rancho. Los daños y pérdidas se estimaron en más de 250 mil dólares, los cuales fueron denunciados. Sin embargo, las denuncias se archivaron.
El empresario, su abogado Omar Paz Arellano y tres de sus empleados fueron detenidos en este desalojo y puestos a disposición del Juzgado Primero de lo Penal de Ensenada, a cargo de la juez Martha Flores Trejo. Éste dictó auto de formal prisión a Sánchez Ritchie y sus tres empleados, quienes fueron sujetos a proceso pero lograron su libertad bajo de fianza. Siete meses después obtuvieron el amparo en revisión, concedido por el Segundo Tribual Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
La empresa Sempra Energy aportó como prueba: copia de la escritura pública 16,989, volumen 390, expedida por el notario público 5 de Ensenada, Diego Monsiváis Franco, que ampara la compraventa de un predio de aproximadamente 100.28 hectáreas de extensión, que el 31 de enero de 2006 fue vendido a dicha empresa por los señores Elodia Gómez Castañón y Armando Navarro.
En este asunto, la juez Flores Trejo dictó sentencia condenatoria por despojo. En la revisión del expediente se declaró incompetente y se turnó finalmente al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rosarito, cuyo titular, el licenciado Juan Ortiz Morales, exsubprocurador de Justicia Estatal, el 11 de octubre de 2007 dictó auto de libertad a los acusados, por considerar que no existían elementos probatorios en su contra.
Sánchez Ritchie aportó durante este proceso distintas pruebas que fueron decisivas para su exoneración; entre ellas, diversas constancias de posesión sobre su rancho, expedidas a su favor el 20 de junio de 1983 por el jefe de Procedimientos Agrarios de la Promotora Agraria 6 de Ensenada, Ricardo Moctezuma Licona, la cual acredita su posesión “quieta, pacífica y pública”.
Sánchez Ritchie también acreditó copias certificadas de cuatro constancias levantadas por la delegación municipal de El Sauzal, municipio de Ensenada, con fecha 8 de noviembre de 1993, en las que se precisa que este empresario, desde 1972, tiene la posesión del rancho Las Brisas.
Destaca en estos testimonios la prueba documental pública consistente en la fe de hechos que se contiene en la escritura pública 97788, del volumen 1187, del 12 de abril de 2003, en la que se hace constar la posesión del quejoso respecto del predio denominado Las Brisas, Fracción A y Fracción B, y la pericial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California: dictamen materia de topografía a cargo de la abogada María Guadalupe García Nava y quien lo realiza, Eusebio Salazar González, en la averiguación previa 120/05/310/AP, en la que consta que la posesión física y material del bien en pugna la tenía Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, antes que sucediera el conflicto con Sempra Energy. (LR)
Bajo espionaje de la trasnacional
Además de la persecución legal, el empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie y su familia denuncian acosos por parte de la empresa Sempra Energy. Ésta habría contratado los servicios de expolicías y policías en activo, tanto de México como de Estados Unidos, para el seguimiento y monitoreo de las actividades del empresario y de sus familiares más cercanos.
Los agentes realizaron una exhaustiva investigación del perfil, antecedentes e historial de Norma Sánchez Zavala, hija de Sánchez Ritchie, quien se desempeñaba entonces como secretaria actuaria del Juzgado Tercero Penal de Ensenada.
Aunado a ello, con la finalidad de investigar a jueces, empleados judiciales, funcionarios y al dueño del predio, la empresa contrató los servicios del expolicía Jaime Niebla, de Chula Vista, quien cobró 20 mil 400 dólares entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2008.
“Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar, en clara violación al inciso II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice: “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”, denuncia el diputado José Narro Céspedes.
Agrega que “Fox y Elorduy permitieron la interferencia extranjera en asuntos nacionales y utilizaron la fuerza pública para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell. Con este negocio, estuvo a disposición del consorcio trasnacional todo el aparato del Estado para hacer lo necesario a fin de que esta empresa fuera la usufructuaria y beneficiaria de los negocios del Gas Natural Licuado con el mercado estadunidense”. (LR)
La comisión investigadora
Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Competencia Económica, el diputado José Narro Céspedes propone que se revise la operación de Sempra Energy en Ensenada.
Solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada, sobre todo en lo referente a las declaratorias oficiales de que se trata de zonas para el uso de suelo exclusivo con vocación turística.
Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a que, conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia al predio mencionado en este texto, y se restituya de inmediato, conforme a derecho, a su legítimo propietario, el señor Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto lleven a cabo.
También de pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que publique el monto de los recursos federales asignados al gobierno de Baja California en la mencionada administración, asignados a la obra denominada Corredor 2000.
Por último, pidió hacer llegar esta denuncia a la secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos, para que su Congreso investigue lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
Posibilidades
En breve, la Cámara de Diputados definirá si integra una comisión para investigar el caso Sempra y, a su vez, si interpone una denuncia penal contra la trasnacional y contra el exgobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, quien tiene muy buenos amigos en el Congreso de la Unión.
En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la preside Francisco Ramírez acuña, quien destapó a su gran amigo Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de la República, cuando éste era secretario de Energía.
En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra como secretario Óscar Arce Paniagua, su exsecretario; en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra Alejandro Bahena Flores, su exsecretario estatal de Educación.
En el Senado, la Junta de Coordinación Política la preside el senador Gustavo Madero Muñoz, su amigo, quien además es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Justicia la preside el senador Alejandro González Alcocer, exgobernador, antecesor de Eugenio Elorduy, quien también estuvo señalado por compras fraudulentas de terrenos en la zona del Corredor 2000 (Tijuana-Ensenada), y por su presunto despojo de valiosos terrenos de indígenas kumiai de esa zona, a través de una empresa fantasma.
En una de estas empresas –Puerto Colonet Infraestructura, SA de CV–, el exgobernador Ernesto Ruffo, quien es senador suplente del también exgobernador Alejandro González Alcocer, se asoció con el arquitecto Roberto Curiel Ortega, empresario consentido de los gobiernos estatales panistas y socio comercial de la transnacional inglesa Hanson, líder mundial en producción, distribución, extracción y venta de materiales pétreos para la industria de la construcción.
Curiel, cabeza del Grupo Amaya Curiel, tiene cuando menos siete años explotando y exportando millones de toneladas de arena de los arroyos del norte de Baja California al mercado estadunidense para su beneficio y el de Hanson. También hizo negocio con las trasnacionales Royal Dutch Shell y Sempra Energy: construyó para estos consorcios diversas obras de infraestructura portuaria en el paraje Costa Azul (Ensenada), en donde instalaron la planta regasificadora de gas natural licuado Costa Azul. (LR)
CONTRALÍNEA 164 / 10 DE ENERO DE 2010
El Congreso de la Unión podría investigar supuestos actos ilegales cometidos en las administraciones de Vicente Fox y Eugenio Elorduy –exgobernador de Baja California–, que habrían favorecido la instalación de Sempra Energy en Ensenada. Las denuncian versan sobre compras fraudulentas de terrenos, presunto tráfico de influencias en negocios de la familia Elorduy y corrupción atribuible a la empresa californiana
Autor: Lorena Rosas Sección: Sociedad 10 Enero 2010
Mexicali, Baja California. El legislador federal José Narro Céspedes denunció ante la Cámara de Diputados que el exgobernador Eugenio Elorduy Walther apoyó a la trasnacional Sempra Energy para instalarse en Ensenada a cambio de formar una sociedad, a través de una supuesta empresa propiedad de su hija. Por ello, exigió que se cree una comisión que investigue el caso y propuso revisar la operación de la compañía.
Ésta sería la segunda vez que se forma una comisión investigadora para esclarecer los señalamientos públicos de supuesto tráfico de influencias y corrupción contra el exgobernador Eugenio Elorduy. La primera fue en marzo de 2006 y se relacionó con la expropiación de 846 hectáreas del polígono El Monumento, sitio de alta plusvalía ubicado en Playas de Tijuana (Contralínea Baja California 13).
El recurso judicial, también planteado en la Corte de San Diego, California, señala a la trasnacional Sempra Energy en presuntos sobornos al exgobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas ya estaban en trato para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra que aventajaba en los trámites de permisos.
Pese a esas investigaciones, Sempra se instaló en Baja California. El arranque de la operación de la planta denominada Energía Costa Azul en Ensenada se dio el 29 de agosto de 2008, con una inversión superior a los 1 mil 300 millones de dólares, misma que desde entonces recibe buques tanque con carga para regasificar.
El gasoducto, que mide 72 kilómetros de largo y 42 pulgadas de diámetro, transporta el gas desde Costa Azul a Tecate y al gasoducto Bajanorte, hacia el este de Mexicali. También hacia el oeste se conecta con Tijuana en una extensión transportadora de gas natural que lleva a la termoeléctrica de Rosarito y a otra extensión que llevará el gas a parques industriales de Tijuana.
El negocio
El diputado Narro Céspedes solicita conocer las bases que llevaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a autorizar la obra, así como restituir al dueño del predio donde se ubica la empresa y turnar la denuncia al gobierno de Estados Unidos, para su debida investigación, al considerar que dicha empresa cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según el legislador, gracias a la intervención del exmandatario bajacaliforniano Eugenio Elorduy, quien cabildeó ante el entonces presidente Vicente Fox, se facilitaron las políticas administrativas, jurídicas y de medio ambiente con las que se pudieron obtener los permisos para lograr que las trasnacionales Sempra y Shell instalaran una planta de descarga marítima de gas licuado en Ensenada, y otra de energía eléctrica en Mexicali, para enviar los productos a Estados Unidos.
Narro Céspedes considera “claras” las facilidades que dio el gobernador a la empresa que habrían derivado en la violación a la ley y en el tráfico de influencias con Fox, “para permitir que en Baja California se hagan actividades que están fuera de la ley, como lo es la de generar energía eléctrica, por parte de una empresa extranjera, siendo una actividad exclusiva del Estado mexicano”.
El diputado acusa que “quien interviene para obtener los permisos correspondientes ante Fox es el gobernador. Y dado que el gobernador no debía estar ahí, no podía pertenecer a la empresa en años anteriores: primero por ser alcalde, después por ser gobernador, y a quien incorpora como empresaria es a su hija. Así se da todo este tráfico de influencias”.
Afirma que de esta forma, Elorduy Walther adquirió la empresa Distribuidora de Gas Natural Servicios, a través de su heredera, como estrategia para asociarse con Sempra Energy. Luego, la Distribuidora de Gas Natural Servicios le otorgó un amplio poder a Francisco Molina Robles para representar a la empresa, cuya principal socia es Érika Elorduy Blackaller. Este poder fue protocolizado ante el notario público número 4 de esta ciudad, con fecha 21 de diciembre de 1998, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del gobierno de Baja California el 6 de enero de 1999.
Durante su administración, Eugenio Elorduy –empresario la mayor parte de su vida y concesionario en Baja California de la empresa automovilística Ford–, viajó a Japón, España y a otros puntos importantes de Europa en giras oficiales, pagadas con el erario, con el fin de traer inversiones a la entidad. No obstante, lo que obtuvo fue la concesión para su negocio particular de las empresas Toyota y Mazda.
Otro hecho relevante es que el floreciente proyecto de Silicon Border en etapa inicial es dirigido por su yerno, Octavio Garza.
Empresario ante todo
La relación entre el exgobernador y la empresa ahora cuestionada se dio a fines de la década de 1990. A principios de 1998, Elorduy Walther, entonces presidente municipal de Mexicali, y Bernardo Martínez Aguirre, secretario municipal, visitaron a altos directivos de Sempra Energy, cuyas oficinas principales se ubican en San Diego, California. El objetivo, según dijeron, era promover la capital del estado para instalar en Baja California una planta de generación eléctrica para satisfacer los requerimientos energéticos del estado.
El contacto se hizo inicialmente a través de Ricardo Charvel Orozco, exdirector de Asuntos Externos, y de Flavio Olivieri Borobia, exasesor de dicha compañía y posteriormente designado como gerente de Relaciones Públicas de Sempra Energy de México.
Tras la crisis energética que llevó a la destitución del gobernador demócrata, Gray Davis, esta empresa adquirió en 1998 la San Diego Gas & Electric ?la cual se había declarado en bancarrota? para expandirse en California y en todo Estados Unidos.
En ese entonces, la trasnacional de origen estadunidense no contaba con buena reputación. Su desprestigio se derivaba de los fraudes cometidos en contra de californianos, mismos que demandaron y ganaron liquidaciones hasta por 1 mil 800 millones de dólares, más la devolución de 800 millones de dólares por cobros indebidos. Por ese motivo, Sempra se encontraba imposibilitada financieramente para instalar las plantas de energía eléctrica que tenía planeadas en el sur de California y en las costas del Océano Pacífico, Oregon y Washington.
Después de conocer las ventajas que ofrecieron los representantes municipales de Mexicali, y ante las duras normas ambientales de su país, los altos ejecutivos de Sempra Energy, encabezados por Donald E Felsinger, director ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de esa compañía, contemplaron la instalación de plantas de gas licuado en Baja California.
Años más tarde, el ya gobernador Eugenio Elorduy y su secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez, cabildearon directamente con el entonces presidente Vicente Fox para que el gobierno federal les otorgara todo tipo de facilidades, tanto legales como fiscales, para su establecimiento en la zona. No se escatimaron esfuerzos para impulsar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy en la zona costa.
La operación de este consorcio violaría el artículo 28 de la Constitución, que establece claramente la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas. Señala que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesarios que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de esa expresa prohibición constitucional, el gobierno de la república, específicamente la Secretaría de Energía (que dirigió de marzo de 2003 al 31 de mayo de 2004 Felipe Calderón) y la Comisión Reguladora de Energía, teniendo el visto bueno del gobierno de Baja California, impulsaron la conformación del monopolio a favor del consorcio de Sempra Energy y Shell, empresas estadunidense y holandesa, respectivamente.
Sempra Energy controla la mayor parte de la infraestructura de transporte en el sur de California, Estados Unidos; además, ambas empresas mantienen acaparados todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región, así como los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y Baja California.
Los trámites
El 30 de enero de 2003, el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la sociedad entre Sempra Energy México y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, a través de la empresa Energía Costa Azul, SA de RL de CV. Para el 7 de agosto de ese año, ésta obtuvo de las autoridades mexicanas el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural.
De esta forma se estableció en Mexicali, hasta 2004, una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 650 megawatts, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía a Estados Unidos, fundamentalmente para California. Según se ha documentado, los trámites para la constitución e inscripción de esta empresa estuvieron coordinados directamente por Bernardo Martínez, por instrucciones del gobernador Elorduy.
Desestimular a la competencia
De acuerdo con las denuncias en su contra, Sempra Energy habría concretado sus proyectos en Baja California por el incondicional apoyo y los favores del gobierno de Elorduy, quien al amparo del ejercicio del poder desestimuló a las competidoras para que no se instalaran en Baja California, utilizó la estructura del poder estatal y trastocó la institucionalidad del Estado para imponer a sus socios trasnacionales.
En octubre de 2003, Chevron presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un manifiesto de impacto ambiental para instalar una planta de gas natural licuado en Isla Coronado, frente a las costas de ese municipio. Chevron era la tercera empresa que presentaba ante la dependencia federal el manifiesto de impacto ambiental para instalar una regasificadora. Las otras dos fueron Sempra Energy y Shell, a las cuales sí les fue autorizado el permiso.
El gobierno del estado, a través de su secretario general de Gobierno Bernardo Martínez, propuso que se sometiera a consulta ciudadana la posibilidad de instalar plantas regasificadoras en áreas aledañas a zonas habitacionales o de impacto a la comunidad, como el caso de la planta flotante que pretendía colocar la trasnacional Chevron frente a las costas de Tijuana. Así, los habitantes de la zona manifestaron públicamente el rechazo a las pretensiones de Chevron de ubicar una planta regasificadora a unos 15 kilómetros de la costa de Tijuana.
El legislador Narro Céspedes critica que el gobierno estatal, encabezado por Elorduy Walther, haya construido el Corredor 2000, que une a Tecate, Tijuana y Rosarito, con el único fin de instalar tubería para conectar a la planta con el sur de California. El costo de la obra, cuyo tramo cubre unos 80 kilómetros, inicialmente fue de 650 millones de pesos, pero al concluirse, el mismo Fox dijo que ésta había tenido un valor de 2 mil 400 millones de pesos.
Aclaraciones del exgobernador Eugenio Elorduy
Elorduy Walther consideró falsos los señalamientos del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, José Narro. “Por lo que se refiere a las alusiones a Érika, mi hija, y a su servidor, es totalmente falso, absoluta y totalmente falso. No hay absolutamente nada de verdad en lo que el señor ahí relata. Desconozco si existe la empresa. De lo que sí estoy seguro es que ella no es propietaria de la empresa a la que se alude”.
El exgobernador dice que, “en el caso de Costa Azul, la empresa decidió buscar instalar el almacén de gas natural. Coinciden estos propósitos como otros más con el Plan de Desarrollo Estatal que fijamos en 2001-2002 al inicio del gobierno nuestro, y coincide con el Plan de Desarrollo Empresarial que construimos junto con los empresarios de Baja California, que es tener en la entidad una manera de almacenar gas natural y que sea distribuido desde aquí a todas las empresas en este estado, porque es el energético menos contaminante y el más económico”.
Agrega que antes de que esa empresa se intalara en la entidad, “el gas natural lo recibía Baja California en la cola de la distribución. ¿Qué quiere decir en la cola? Que venía de muy lejos y llegaba finalmente a nosotros a través de la instalación que se hizo del gasoducto hace más de 10 años; entonces nos llegaba al precio más caro”.
Asegura que “todo” se hizo “con un estricto apego a las normas mexicanas. No es una cosa que sucedió de la noche a la mañana; exigió una serie de trámites tanto estatales, federales y municipales y todos se cumplieron correctamente. Es un tema que tiene impacto público, por lo tanto la norma mexicana exige que la población hubiera sido tomada en cuenta, si no, no se hubieran otorgado los permisos”.
Indica que las acusaciones “seguramente tiene(n) que ver con el conflicto de tierras alrededor de la instalación. Hasta ahí yo entiendo de lo que sucedió con ese pronunciamiento. Insisto, todo lo que se refiere a mi hija y a su servidor es completamente falso. Si todo esto fuera cierto, ya hubieran presentado hace mucho tiempo una demanda o demandas en donde hubieran puesto por delante todo lo que dicen de la propiedad de mi hija. Desafortunadamente, eso corrobora que no tiene ninguna sustentación”.
Litigio por despojo predial
Mediante una operación presuntamente ficticia de compra-venta del terreno para la instalación de su planta en el municipio de Ensenada, Sempra Energy habría despojado aproximadamente 100 hectáreas al empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.
Este predio se ubica en el kilómetro 82.5 de la carretera Tijuana-Rosarito-Ensenada. En el terreno, este empresario tuvo desde 1972 el rancho Las Brisas, en la jurisdicción de El Sauzal, Ensenada. La venta del predio donde se instalaría la planta en Ensenada fue inscrita el 31 de enero del 2006 ante la notaría pública número 5, cuyo titular es Diego Monsiváis Franco, con el folio “16,989”.
Para el diputado José Narro Céspedes, “a la empresa le urgía contar con un lote como zona de amortiguamiento para evitar posibles contingencias, como lo exigen las autoridades. Hay tráfico de influencias para aparentar la compra de un terreno; utilizan el Registro Público de la Propiedad para hacer una operación totalmente fraudulenta, compran un terreno a una señora que fallece dos años antes y obtienen una escritura falsa que inscriben en el Registro Público de la Propiedad”.
De la muerte de la supuesta vendedora, existen constancias médicas y legales –un acta de defunción, folio 84015 del Registro Civil de México Distrito Federal?. La operación se realizó el 31 de enero de 2006 entre Elodia Gómez Castañón y la empresa Energía Costa Azul, es decir, más de un año después del fallecimiento de la aparente dueña.
“En la operación intervino directamente Francisco Javier Molina Robles, excompañero de Eugenio Elorduy del Tecnológico de Monterrey, quien fungió como apoderado de Energía Costa Azul y se hizo pasar como agente de bienes raíces para la adquisición de terrenos para Sempra Energy en Ensenada. En ese tiempo, Molina Robles aparecía también en la nómina del gobierno de Baja California, con la plaza de asesor del gobernador”, acusa Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, propietario del predio en litigio.
En la primera comisión investigadora que libró el exgobernador Eugenio Elorduy en 2006, al desistirse su denunciante en la Corte de San Diego y abogar por él la bancada panista en el Congreso, el abogado Audrey Towers Thornton, representante de un despacho jurídico de Houston, señaló a Francisco Molina Robles como intermediario que facilitaba la operación de instalación de Sempra y quien, como parte de su función, manejaba importantes cantidades de dinero que depositaba en una cuenta bancaria radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán.
No obstante, en agosto de 2006, Sánchez Ritchie fue denunciado por Sempra Energy por el delito de despojo ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, de Ensenada. La averiguación previa se integró con gran celeridad.
Sánchez Ritchie y su familia señalan que fueron desalojados de ese predio con la presencia de corporaciones policiacas del estado, a quienes acusan de saquear y destruir el mobiliario de su rancho. Los daños y pérdidas se estimaron en más de 250 mil dólares, los cuales fueron denunciados. Sin embargo, las denuncias se archivaron.
El empresario, su abogado Omar Paz Arellano y tres de sus empleados fueron detenidos en este desalojo y puestos a disposición del Juzgado Primero de lo Penal de Ensenada, a cargo de la juez Martha Flores Trejo. Éste dictó auto de formal prisión a Sánchez Ritchie y sus tres empleados, quienes fueron sujetos a proceso pero lograron su libertad bajo de fianza. Siete meses después obtuvieron el amparo en revisión, concedido por el Segundo Tribual Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
La empresa Sempra Energy aportó como prueba: copia de la escritura pública 16,989, volumen 390, expedida por el notario público 5 de Ensenada, Diego Monsiváis Franco, que ampara la compraventa de un predio de aproximadamente 100.28 hectáreas de extensión, que el 31 de enero de 2006 fue vendido a dicha empresa por los señores Elodia Gómez Castañón y Armando Navarro.
En este asunto, la juez Flores Trejo dictó sentencia condenatoria por despojo. En la revisión del expediente se declaró incompetente y se turnó finalmente al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rosarito, cuyo titular, el licenciado Juan Ortiz Morales, exsubprocurador de Justicia Estatal, el 11 de octubre de 2007 dictó auto de libertad a los acusados, por considerar que no existían elementos probatorios en su contra.
Sánchez Ritchie aportó durante este proceso distintas pruebas que fueron decisivas para su exoneración; entre ellas, diversas constancias de posesión sobre su rancho, expedidas a su favor el 20 de junio de 1983 por el jefe de Procedimientos Agrarios de la Promotora Agraria 6 de Ensenada, Ricardo Moctezuma Licona, la cual acredita su posesión “quieta, pacífica y pública”.
Sánchez Ritchie también acreditó copias certificadas de cuatro constancias levantadas por la delegación municipal de El Sauzal, municipio de Ensenada, con fecha 8 de noviembre de 1993, en las que se precisa que este empresario, desde 1972, tiene la posesión del rancho Las Brisas.
Destaca en estos testimonios la prueba documental pública consistente en la fe de hechos que se contiene en la escritura pública 97788, del volumen 1187, del 12 de abril de 2003, en la que se hace constar la posesión del quejoso respecto del predio denominado Las Brisas, Fracción A y Fracción B, y la pericial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California: dictamen materia de topografía a cargo de la abogada María Guadalupe García Nava y quien lo realiza, Eusebio Salazar González, en la averiguación previa 120/05/310/AP, en la que consta que la posesión física y material del bien en pugna la tenía Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, antes que sucediera el conflicto con Sempra Energy. (LR)
Bajo espionaje de la trasnacional
Además de la persecución legal, el empresario Ramón Eugenio Sánchez Ritchie y su familia denuncian acosos por parte de la empresa Sempra Energy. Ésta habría contratado los servicios de expolicías y policías en activo, tanto de México como de Estados Unidos, para el seguimiento y monitoreo de las actividades del empresario y de sus familiares más cercanos.
Los agentes realizaron una exhaustiva investigación del perfil, antecedentes e historial de Norma Sánchez Zavala, hija de Sánchez Ritchie, quien se desempeñaba entonces como secretaria actuaria del Juzgado Tercero Penal de Ensenada.
Aunado a ello, con la finalidad de investigar a jueces, empleados judiciales, funcionarios y al dueño del predio, la empresa contrató los servicios del expolicía Jaime Niebla, de Chula Vista, quien cobró 20 mil 400 dólares entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2008.
“Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar, en clara violación al inciso II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice: “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”, denuncia el diputado José Narro Céspedes.
Agrega que “Fox y Elorduy permitieron la interferencia extranjera en asuntos nacionales y utilizaron la fuerza pública para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell. Con este negocio, estuvo a disposición del consorcio trasnacional todo el aparato del Estado para hacer lo necesario a fin de que esta empresa fuera la usufructuaria y beneficiaria de los negocios del Gas Natural Licuado con el mercado estadunidense”. (LR)
La comisión investigadora
Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Competencia Económica, el diputado José Narro Céspedes propone que se revise la operación de Sempra Energy en Ensenada.
Solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada, sobre todo en lo referente a las declaratorias oficiales de que se trata de zonas para el uso de suelo exclusivo con vocación turística.
Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a que, conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia al predio mencionado en este texto, y se restituya de inmediato, conforme a derecho, a su legítimo propietario, el señor Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto lleven a cabo.
También de pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que publique el monto de los recursos federales asignados al gobierno de Baja California en la mencionada administración, asignados a la obra denominada Corredor 2000.
Por último, pidió hacer llegar esta denuncia a la secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos, para que su Congreso investigue lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
Posibilidades
En breve, la Cámara de Diputados definirá si integra una comisión para investigar el caso Sempra y, a su vez, si interpone una denuncia penal contra la trasnacional y contra el exgobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, quien tiene muy buenos amigos en el Congreso de la Unión.
En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la preside Francisco Ramírez acuña, quien destapó a su gran amigo Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de la República, cuando éste era secretario de Energía.
En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra como secretario Óscar Arce Paniagua, su exsecretario; en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra Alejandro Bahena Flores, su exsecretario estatal de Educación.
En el Senado, la Junta de Coordinación Política la preside el senador Gustavo Madero Muñoz, su amigo, quien además es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Justicia la preside el senador Alejandro González Alcocer, exgobernador, antecesor de Eugenio Elorduy, quien también estuvo señalado por compras fraudulentas de terrenos en la zona del Corredor 2000 (Tijuana-Ensenada), y por su presunto despojo de valiosos terrenos de indígenas kumiai de esa zona, a través de una empresa fantasma.
En una de estas empresas –Puerto Colonet Infraestructura, SA de CV–, el exgobernador Ernesto Ruffo, quien es senador suplente del también exgobernador Alejandro González Alcocer, se asoció con el arquitecto Roberto Curiel Ortega, empresario consentido de los gobiernos estatales panistas y socio comercial de la transnacional inglesa Hanson, líder mundial en producción, distribución, extracción y venta de materiales pétreos para la industria de la construcción.
Curiel, cabeza del Grupo Amaya Curiel, tiene cuando menos siete años explotando y exportando millones de toneladas de arena de los arroyos del norte de Baja California al mercado estadunidense para su beneficio y el de Hanson. También hizo negocio con las trasnacionales Royal Dutch Shell y Sempra Energy: construyó para estos consorcios diversas obras de infraestructura portuaria en el paraje Costa Azul (Ensenada), en donde instalaron la planta regasificadora de gas natural licuado Costa Azul. (LR)
CONTRALÍNEA 164 / 10 DE ENERO DE 2010
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