PROYECTO DE LEY
por Expansión.com
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado hoy el proyecto de Ley General de Navegación Marítima. Presta especial atención a la defensa de los intereses medioambientales y costeros, y desarrolla las previsiones de los distintos convenios internacionales sobre derecho marítimo, especialmente en lo que afecta a la seguridad de la vida humana en la mar y a la protección del medio ambiente marino.
El texto procede de la anterior legislatura, aunque se han introducido determinadas mejoras que no alteran sustancialmente su contenido. En la elaboración de esta norma han colaborado activamente los sectores afectados (navieros, cámaras de comercio, transitarios y despachos especializados, entre otros). La base de la que se partió para alcanzar el texto final fue la propuesta de Anteproyecto de Ley que aprobó en el año 2004 una sección especial constituida en el seno de la Comisión General de Codificación.
Esta nueva Ley General de Navegación Marítima consta de 535 artículos y en el texto se integran tanto normas de derecho público como de derecho privado. Su objetivo es homogenizar nuestro ordenamiento jurídico con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado, asimismo, por los países de la UE y OCDE. Este es un objetivo básico en un tráfico caracterizado por la transnacionalidad.
Además, proporciona seguridad jurídica al sector, al garantizar una perfecta coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales vigentes, tanto de Derecho Público como Privado. Todo ello facilitará la interpretación unívoca de esas normas por los tribunales.
Esta ley refleja también la realidad práctica actual del transporte marítimo, de acuerdo con las consecuencias económicas y de otro tipo que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.
El proyecto de ley da respuesta a la vocación de uniformidad del Derecho marítimo y pretende poner fin a las contradicciones existentes en la actualidad entre los distintos convenios internacionales vigentes en España y la dispersa normativa que regulaba esta materia.
El texto supone la formulación, por primera vez, en la legislación marítima española, de una regulación básica muy completa y sistemática de policía administrativa. Esto permitirá una mejor intervención de la Administración, -en particular del Ministerio de Fomento-, en la defensa de la seguridad marítima y del salvamento de la vida humana en el mar, así como la protección de intereses medioambientales y costeros, debido a la especial relevancia cobrada por la seguridad de la navegación y la tutela del medio ambiente.
Vehículos de navegaciónEl proyecto de ley configura todo un estatuto jurídico del buque. Se mantiene la situación actual de doble registro: el de buques y empresas navieras, adscrito al Ministerio de Fomento, y el de bienes muebles, dependiente del Ministerio de Justicia.
Por primera vez, se regula el contrato de construcción naval, incorporando importantes innovaciones en el contrato de compraventa de buques, al tiempo que se unifica la regulación de los privilegios marítimos (con remisión al Convenio de Ginebra de 1993).
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