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Fuente: La Jornada
Mineros de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “bloquearán” este puerto industrial por tiempo indefinido, a partir del próximo 13 de abril, en solidaridad con sus compañeros de la sección 65 de Cananea, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) planea, de forma ilegal y en “contubernio” con la empresa Grupo México, anunciar el fin de la relación colectiva de trabajo en esa mina de Sonora.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) señaló que dicha sección de Michoacán tomó la decisión ante las pretensiones de romper la huelga de sus compañeros de Cananea, pese a que el paro ha sido declarado legal en tres ocasiones y por diversos tribunales.
Además han sido amenazados de que el próximo 14 de abril la JFCA dará por terminada su relación de trabajo con la empresa minera propiedad de Grupo México.
Por su parte, los huelguistas de Cananea señalaron estar “dispuestos a todo para impedir que las fuerzas públicas, acantonadas desde hace algunos días en las inmediaciones de la mina, repriman el movimiento parista”, y señalaron como responsables de cualquier hecho de violencia o tragedia que ocurra en esa mina a las autoridades federales y locales, así como a las secretarías del Trabajo y de Gobernación y, por supuesto, a los directivos de la empresa Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, ya que “están preparando un escenario de violencia para romper el paro de los trabajadores”.
El sindicato minero indicó que el intento de la JFCA por favorecer otra vez al Grupo Empresarial de Germán Larrea ha provocado un profundo rechazo en diversas secciones del gremio, ante lo cual, “por propia iniciativa, los trabajadores de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, determinaron bloquear ese puerto industrial por tiempo indefinido, a partir del lunes 13, en solidaridad con los trabajadores de la sección 65 de la misma Cananea, y en defensa del derecho de huelga que pretenden pisotear las autoridades federales”.
En asamblea realizada el pasado miércoles 8 de abril, los trabajadores de la sección 271 votaron la propuesta, y por unanimidad decidieron irse al bloqueo del puerto. Incluso se prevé que las otras tres secciones que también tienen su asiento en Michoacán, 272, 273 y 274, se sumarán a este bloqueo, que busca protestar “contra el atentado al derecho de huelga que el gobierno federal pretende consumar en Cananea”.
Durante la votación realizada, los mineros argumentaron que la acción que emprenderán no sólo es para apoyar a la sección de Cananea, sino también para protestar porque no cesa la persecución contra este sindicato.
Indicaron que las autoridades laborales del gobierno de Felipe Calderón violenta el derecho de huelga, el cual es universal; además advirtieron que podrían tomar “acciones más drásticas” que el bloqueo, ya que no tolerarán que se menoscabe “esta conquista histórica de la clase obrera”.
Resumieron que los atropellos de las autoridades federales contra este gremio “son múltiples”, desde el hecho de que se han negado el reconocimiento oficial a diversos dirigentes nacionales; las aprehensiones “ilegales” de Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia; y de Carlos Pavón Campos, quien quedó libre bajo fianza, además del congelamiento de fondos sindicales y el hostigamiento permanente a las secciones en huelga.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) señaló que dicha sección de Michoacán tomó la decisión ante las pretensiones de romper la huelga de sus compañeros de Cananea, pese a que el paro ha sido declarado legal en tres ocasiones y por diversos tribunales.
Además han sido amenazados de que el próximo 14 de abril la JFCA dará por terminada su relación de trabajo con la empresa minera propiedad de Grupo México.
Por su parte, los huelguistas de Cananea señalaron estar “dispuestos a todo para impedir que las fuerzas públicas, acantonadas desde hace algunos días en las inmediaciones de la mina, repriman el movimiento parista”, y señalaron como responsables de cualquier hecho de violencia o tragedia que ocurra en esa mina a las autoridades federales y locales, así como a las secretarías del Trabajo y de Gobernación y, por supuesto, a los directivos de la empresa Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, ya que “están preparando un escenario de violencia para romper el paro de los trabajadores”.
El sindicato minero indicó que el intento de la JFCA por favorecer otra vez al Grupo Empresarial de Germán Larrea ha provocado un profundo rechazo en diversas secciones del gremio, ante lo cual, “por propia iniciativa, los trabajadores de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, determinaron bloquear ese puerto industrial por tiempo indefinido, a partir del lunes 13, en solidaridad con los trabajadores de la sección 65 de la misma Cananea, y en defensa del derecho de huelga que pretenden pisotear las autoridades federales”.
En asamblea realizada el pasado miércoles 8 de abril, los trabajadores de la sección 271 votaron la propuesta, y por unanimidad decidieron irse al bloqueo del puerto. Incluso se prevé que las otras tres secciones que también tienen su asiento en Michoacán, 272, 273 y 274, se sumarán a este bloqueo, que busca protestar “contra el atentado al derecho de huelga que el gobierno federal pretende consumar en Cananea”.
Durante la votación realizada, los mineros argumentaron que la acción que emprenderán no sólo es para apoyar a la sección de Cananea, sino también para protestar porque no cesa la persecución contra este sindicato.
Indicaron que las autoridades laborales del gobierno de Felipe Calderón violenta el derecho de huelga, el cual es universal; además advirtieron que podrían tomar “acciones más drásticas” que el bloqueo, ya que no tolerarán que se menoscabe “esta conquista histórica de la clase obrera”.
Resumieron que los atropellos de las autoridades federales contra este gremio “son múltiples”, desde el hecho de que se han negado el reconocimiento oficial a diversos dirigentes nacionales; las aprehensiones “ilegales” de Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia; y de Carlos Pavón Campos, quien quedó libre bajo fianza, además del congelamiento de fondos sindicales y el hostigamiento permanente a las secciones en huelga.
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