Gobierno estudia aplicar reserva de carga en transporte marítimo

Este esquema implica mayor burocracia, control del Estado y encarecimiento
MARIELA LEÓN

EL UNIVERSAL

Dentro de las reformas legislativas e inclusión de nuevas normas jurídicas que estudia el Gobierno para la actividad económica, surge la posibilidad de establecer la reserva de carga en el transporte marítimo.

Este mecanismo tiene por finalidad priorizar el uso de buques de bandera venezolana, para transportar mercaderías desde y hacia el país, explica Aurelio Fernández-Concheso, abogado en asuntos marítimos.

Y el objetivo oficial, según establece un borrador del proyecto normativo, es "disponer de una moderna y completa marina mercante civil", necesaria para cumplir con los acuerdos de integración regional celebrados por la República.

Tras el cierre de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN, 1994), el paso de cargas dentro y fuera del país se realiza a través de la negociación directa y "completamente libre" del exportador o importador con líneas navieras internacionales, en función de la calidad, el servicio y costos.

El proyecto de Ley de Transporte Marítimo de Cargas Reservadas indica que "toda importación o exportación que efectúe un órgano cualquiera del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal" y, en general, "todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital en forma directa o por intermedio de organismos crediticios del Estado, deberán ser transportadas en buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, que sean propiedad de empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva, o de empresas constituidas y domiciliadas en Venezuela, cuyo capital pertenezca, en un porcentaje no menor del 80%, a personas venezolanas naturales o jurídicas".

"Esta obligación", precisa el articulado, "será extensiva a las operaciones no oficiales de importaciones o exportaciones financiadas por cualquier organismo de crédito del Estado o avalada por el mismo".

Fernández-Concheso, miembro de la firma internacional Clyde & Co, advierte que de aprobarse este cuerpo legislativo, en los términos actuales, generará un entrabamiento burocrático, un mayor control del Estado en la actividad económica y un mayor encarecimiento de los productos importados que deberá costear el consumidor final.

Explica que en el país existe una flota de bandera nacional pequeña, cuya capacidad permite transportar 20% de petróleo; 5% de la carga a granel seca (hierro, acero, aluminio, trigo) y, aproximadamente 10% de la carga general (contáiners de comida, aparatos eléctricos, repuestos, insumos, entre otros".

Los porcentajes restantes del comercio local se canalizan por intermedio de navieras y buques de otros países, especialmente europeos y asiáticos, dijo el especialista. "Con este decreto ley hay que ir a empresas venezolanas e indagar si tienen buques de bandera nacional que transporten mercaderías; si no tienen se deberá acudir al Instituto de los Espacios Acuáticos (INE) para que emita una dispensa y así traer otros barcos".

Riesgos en muelle
En vista de la poca capacidad de flota nacional, estima Fernández-Concheso que podría colapsar el instituto ante la cantidad de solicitudes de dispensa. Y ello implica mayor burocracia, más control del Estado, retrasos y mayores pagos de fletes; si se quiere prontitud en la entrega de la mercancía, un egreso adicional, y esto impactará en los costos finales al consumidor.

"Pdvsa tendrá que pedir dispensas, porque de cada 10 cargamentos, 8 son de bandera extranjera", refirió el abogado.