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Fuente: Milenio
Tampico.- Tras incumplir el pago de una deuda por más de dos millones de dólares, el Gremio Unido de Alijadores (GUA) perdió su edificio emblemático, mismo que había sido ofrecido en garantía. El inmueble pasó a ser propiedad del empresario José Cassab Cherem, quien promovió el juicio ejecutivo mercantil bajo el expediente 877/2006, resuelto a su favor por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil en Altamira.
De acuerdo a una investigación de Telediario, y con base en copias documentales del caso, los representantes del GUA no dieron cumplimiento a un convenio de transacción judicial celebrado el 13 de diciembre de 2006, en los términos pactados. Por tal motivo habría quedado adjudicado a favor de Cassab Cherem, el edificio Alijadores.
La adjudicación judicial fue protocolizada por el Notario Público Número 113, Leonardo Corona, e inscrita con fecha 6 de mayo de 2009, en el Volumen número 983, acta 19, 293. Los antecedentes del caso, se remontan al 30 de noviembre de 2006, cuando José Cassab presentó una demanda inicial contra el GUA, reclamando el pago de 200 mil dólares otorgados mediante un pagaré.
El 13 de diciembre del mismo año, Cassab se reunió con Ramón Martínez, Víctor Manuel Contreras y José Cedillo, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración del GUA. Acordaron entonces un convenio de transacción judicial para dar por terminado el juicio en cuestión, pidiendo al Juez la aprobación del mismo y que se elevara a la categoría de cosa juzgada.
Se estipuló en las cláusulas, que los directivos del Consejo de Administración reconocían que el GUA debía a Cassab 200 mil dólares, por lo que se constituían como fiadores y se contrataría un nuevo crédito, ahora por la cantidad de 1 millón 973 mil 275 dólares. Cantidad que el empresario otorgó al GUA al ratificarse dicho convenio en presencia judicial y declararse cosa juzgada. El monto total del adeudo una vez renovado, sería de 2 millones 173 mil 275 dólares, suma que cubriría el GUA mediante 42 amortizaciones mensuales que empezarían a correr el 15 de enero de 2007 y terminarían el 15 de junio de 2010.
Las partes aceptaron que si se incumplían seis amortizaciones consecutivas de capital, la propiedad pasaría a ser única y exclusivamente de José Cassab, quien la adquiriría y se la adjudicaría como parte del valor que le debiera el GUA en el momento del incumplimiento.
En ese caso, Cassab Cherem podía solicitar al juez, que sin mayor trámite se remitieran copias certificadas del expediente a un notario público, a fin de protocolizar las constancias correspondientes y necesarias para obtener el título de propiedad en su favor, del inmueble dado en garantía. El juez firmaría la escritura de adjudicación correspondiente, en rebeldía y/o por autorización de la parte deudora.
En virtud de que el acuerdo de voluntad plasmado en el convenio era lícito, se declaró cosa juzgada. El 11 de enero de 2007, se giró el oficio 38 del Juzgado Sexto Civil, dirigido al titular del Registro Público de la Propiedad, a quien ordenó hacer la inscripción del embargo sobre el bien propiedad del GUA, a efecto de garantizar el pago de 2 millones 173 mil 275 dólares. Fue el 8 de octubre de 2008, cuando José Cassab manifestó que el GUA y sus fiadores incumplieron los pagos estipulados en tiempo y forma.
Por tal motivo, solicitó al Juzgado requerir al GUA y sus fiadores, emplazándolos a que en cinco días comprobaran haber hecho los pagos, o se iniciaría la ejecución forzosa del convenio judicial en todos sus términos. El 10 de febrero de 2009, el empresario planteó que como los demandados no demostraron haber pagado dentro del término concedido, se remitieran copias certificadas de todo lo actuado en el expediente, a la Notaría a cargo de Leonardo Corona.
Lo anterior, para que protocolizara las constancias a favor del actor respecto al inmueble dado en garantía, en la cláusula cuarta del convenio judicial, cuya escritura debía firmar el titular y el secretario de acuerdos del Juzgado, en rebeldía y/o por autorización de la parte deudora, conforme a lo pactado.Todo ello se solicitó y concedió, no obstante que el GUA promovió un incidente legal para defenderse, pues este último no procedió. El 16 de febrero de 2009, el Juzgado acordó enviar copias certificadas de todo lo actuado al notario público.
Mediante oficio 547 del 28 de abril de 2009, la Juez y Secretaria de Acuerdos remitieron al notario el legajo de copias certificadas de todas las constancias derivadas del expediente 877/2006, a fin de que llevara a cabo la protocolización y tiraje de las escrituras correspondientes en rebeldía de la parte demandada.
El 6 de mayo de 2009, el Notario Público Leonardo Corona protocolizó las constancias procesales, asentando que en virtud de que los demandados no dieron cumplimiento al convenio de transacción judicial celebrado el 13 de diciembre de 2006, quedó adjudicado a favor de Cassab el edificio.
El GUA sin el control de la mitad del puerto de Tampico
En el mes de diciembre se reestructuró el contrato con API. Empresarios de la zona piden que se les de preferencia en el manejo de muelles.
Milenio Tampico y Telediario, han venido informando que el Gremio Unido de Alijadores perderá el control de casi el 50 por ciento de los tramos que operaba en la Administración Portuaria Integral.
Con fecha 16 de diciembre de 2009, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, registró el documento que contiene la Prórroga del Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Tampico y el Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L.
Con esta Prórroga queda a cargo del GUA la operación de los tramos 1 al 7 de este recinto portuario para los servicios de maniobras, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior. El nuevo contrato-prórroga ha otorgado al Gremio la prestación de los servicios mencionados por un periodo de 20 años a partir de la fecha en mención.
Por lo que respecta a los tramos restantes del 8 al 11, serán asignados a nuevos proyectos ó empresas maniobristas que en su momento obtengan la concesión y/o operación del área de acuerdo a lo establecido en la Ley de Puertos.
Por lo anterior, el pasado 7 de enero, el director de API Tampico, Manuel Flores Guerra, informó en rueda de prensa que desde el 17 de diciembre el Gremio Unido de Alijadores, que por más de 98 años se encargó de la carga y descarga en el puerto, dejó de operar cuatro tramos pues éstos serán licitados.
Dijo entonces que por el momento había seis empresas interesadas en obtener la concesión, que podría firmarse para 3 ó 15 años. El requisito más importante para participar en la licitación es tener experiencia en el manejo de cargas, contar con acervo consolidado de cargas comerciales que puedan venir a Tampico, un capital social mínimo indispensable, y tener todos los requisitos administrativos fiscales, de acuerdo con la legislación vigente.
También deberán tener anuencia de la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas para el manejo, el almacenaje y la custodia de mercancías de Comercio Exterior.
Entre las empresas interesadas se encuentran: Cise, que opera en Veracruz; Refitam, que tiene una operación de arrendamiento de bodegas en Tampico; Gume, con mayor presencia en el sector del transporte, así como el grupo obrero Nueva CROC, que se ha manifestado interesado en operar uno de los muelles.
Al considerar que es lo más justo, empresarios de la zona demandan participación en el manejo de los muelles ocho, nueve, diez y once del puerto de Tampico, cuya licitación se anunció. El transportista Manuel Ibarra Martínez, informó en entrevista para Telediario el pasado 19 de enero, que se hizo una petición formal al director de la Administración Portuaria Integral (API), Manuel Flores Guerra, para que les sean adjudicados provisionalmente esos tramos, mientras arranca el proceso de licitación.
Y es que éste es un proceso lento, que se estima se demore poco más de dos años, pues será internacional, por lo que se plantea que en ese periodo de tiempo se tome en cuenta a compañías locales, las cuales en su momento también participarán en la licitación de ley.El también presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), confía en que la asignación directa por alrededor de dos años, sea para quienes han expresado su interés en el puerto de Tampico.
Ibarra Martínez, sostuvo que el grupo de personas que demanda participación tienen montacargas, grúas y depósitos de contenedores, están ligados al medio y comparten la convicción de que invirtiendo se puede volver a tener la venta de servicios portuarios, con la calidad que requieren los clientes en el manejo de sus cargas. Reiteró que de acuerdo a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, una licitación internacional de una terminal portuaria es tardada, por lo que se entregará la operación de los muelles discrecionalmente mientras el procedimiento legal sucede.
Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, afirma que Tampico será más competitivo al abrirse la operación del puerto. Aquiles Garza Barrios, director de Comercio Exterior, señaló que la administración estatal trabajará de la mano con autoridades portuarias para promover la llegada de nuevas inversiones. Lo anterior, dijo, permitirá al puerto de Tampico ser más competitivo y generar empleo en la región.
Es un grupo muy ligado a la historia de Tampico
En las páginas de Tampico, Tierra de Sueños Huastecos, se lee que el gremio alijador está muy ligado a la historia de Tampico.
A partir de la fundación del Tampico actual (1823) despertó el interés en muchos países hacia el noreste del Golfo de México, trayendo a europeos con tradición mercantil a instalarse en el puerto.
Para 1863, la Compañía Central de Ferrocarril construye la primera línea férrea de San Luis Potosí a Tampico. El proyecto contemplaba levantar diversas obras: escolleras, muebles y un canal de navegación en el río que entra a la ciudad para el tráfico marítimo.
El primer embarcadero se construyó en 1870; las escolleras y el dragado se completaron en 1889, también fueron edificados tres almacenes y cuatro muelles de 145 metros cada uno, concluyendo las obras en 1903.
Resultado de la primera Revolución del siglo XX, Samuel Albino Nelly, originario de Burgos, Tamaulipas, luego de una lucha tenaz contra el extranjero concesionario de la estiba en el muelle, el 28 de junio de 1911 une a los alijadores y funda el Sindicato de Alijadores de Tampico.
Al paso de unos años, Isauro Alfaro Otero organiza la Cooperativa, Gremio Unido de Alijadores, el 20 de mayo de 1922. Iniciada la segunda mitad del siglo XX destaca la figura de Gerardo Gómez Castillo, capacita técnica y administrativamente a los agremiados mediante cursos.
Se consolida la empresa a nivel nacional e internacional. Ramón Martínez asumió posteriormente la presidencia del Consejo de Administración del GUA, prometiendo una visión moderna del gremio, el diseño de nuevas estrategias financieras y administrativas, así como la actualización con equipo de punta.
Cristina Gómez/Milenio.com
De acuerdo a una investigación de Telediario, y con base en copias documentales del caso, los representantes del GUA no dieron cumplimiento a un convenio de transacción judicial celebrado el 13 de diciembre de 2006, en los términos pactados. Por tal motivo habría quedado adjudicado a favor de Cassab Cherem, el edificio Alijadores.
La adjudicación judicial fue protocolizada por el Notario Público Número 113, Leonardo Corona, e inscrita con fecha 6 de mayo de 2009, en el Volumen número 983, acta 19, 293. Los antecedentes del caso, se remontan al 30 de noviembre de 2006, cuando José Cassab presentó una demanda inicial contra el GUA, reclamando el pago de 200 mil dólares otorgados mediante un pagaré.
El 13 de diciembre del mismo año, Cassab se reunió con Ramón Martínez, Víctor Manuel Contreras y José Cedillo, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración del GUA. Acordaron entonces un convenio de transacción judicial para dar por terminado el juicio en cuestión, pidiendo al Juez la aprobación del mismo y que se elevara a la categoría de cosa juzgada.
Se estipuló en las cláusulas, que los directivos del Consejo de Administración reconocían que el GUA debía a Cassab 200 mil dólares, por lo que se constituían como fiadores y se contrataría un nuevo crédito, ahora por la cantidad de 1 millón 973 mil 275 dólares. Cantidad que el empresario otorgó al GUA al ratificarse dicho convenio en presencia judicial y declararse cosa juzgada. El monto total del adeudo una vez renovado, sería de 2 millones 173 mil 275 dólares, suma que cubriría el GUA mediante 42 amortizaciones mensuales que empezarían a correr el 15 de enero de 2007 y terminarían el 15 de junio de 2010.
Las partes aceptaron que si se incumplían seis amortizaciones consecutivas de capital, la propiedad pasaría a ser única y exclusivamente de José Cassab, quien la adquiriría y se la adjudicaría como parte del valor que le debiera el GUA en el momento del incumplimiento.
En ese caso, Cassab Cherem podía solicitar al juez, que sin mayor trámite se remitieran copias certificadas del expediente a un notario público, a fin de protocolizar las constancias correspondientes y necesarias para obtener el título de propiedad en su favor, del inmueble dado en garantía. El juez firmaría la escritura de adjudicación correspondiente, en rebeldía y/o por autorización de la parte deudora.
En virtud de que el acuerdo de voluntad plasmado en el convenio era lícito, se declaró cosa juzgada. El 11 de enero de 2007, se giró el oficio 38 del Juzgado Sexto Civil, dirigido al titular del Registro Público de la Propiedad, a quien ordenó hacer la inscripción del embargo sobre el bien propiedad del GUA, a efecto de garantizar el pago de 2 millones 173 mil 275 dólares. Fue el 8 de octubre de 2008, cuando José Cassab manifestó que el GUA y sus fiadores incumplieron los pagos estipulados en tiempo y forma.
Por tal motivo, solicitó al Juzgado requerir al GUA y sus fiadores, emplazándolos a que en cinco días comprobaran haber hecho los pagos, o se iniciaría la ejecución forzosa del convenio judicial en todos sus términos. El 10 de febrero de 2009, el empresario planteó que como los demandados no demostraron haber pagado dentro del término concedido, se remitieran copias certificadas de todo lo actuado en el expediente, a la Notaría a cargo de Leonardo Corona.
Lo anterior, para que protocolizara las constancias a favor del actor respecto al inmueble dado en garantía, en la cláusula cuarta del convenio judicial, cuya escritura debía firmar el titular y el secretario de acuerdos del Juzgado, en rebeldía y/o por autorización de la parte deudora, conforme a lo pactado.Todo ello se solicitó y concedió, no obstante que el GUA promovió un incidente legal para defenderse, pues este último no procedió. El 16 de febrero de 2009, el Juzgado acordó enviar copias certificadas de todo lo actuado al notario público.
Mediante oficio 547 del 28 de abril de 2009, la Juez y Secretaria de Acuerdos remitieron al notario el legajo de copias certificadas de todas las constancias derivadas del expediente 877/2006, a fin de que llevara a cabo la protocolización y tiraje de las escrituras correspondientes en rebeldía de la parte demandada.
El 6 de mayo de 2009, el Notario Público Leonardo Corona protocolizó las constancias procesales, asentando que en virtud de que los demandados no dieron cumplimiento al convenio de transacción judicial celebrado el 13 de diciembre de 2006, quedó adjudicado a favor de Cassab el edificio.
El GUA sin el control de la mitad del puerto de Tampico
En el mes de diciembre se reestructuró el contrato con API. Empresarios de la zona piden que se les de preferencia en el manejo de muelles.
Milenio Tampico y Telediario, han venido informando que el Gremio Unido de Alijadores perderá el control de casi el 50 por ciento de los tramos que operaba en la Administración Portuaria Integral.
Con fecha 16 de diciembre de 2009, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, registró el documento que contiene la Prórroga del Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Tampico y el Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L.
Con esta Prórroga queda a cargo del GUA la operación de los tramos 1 al 7 de este recinto portuario para los servicios de maniobras, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior. El nuevo contrato-prórroga ha otorgado al Gremio la prestación de los servicios mencionados por un periodo de 20 años a partir de la fecha en mención.
Por lo que respecta a los tramos restantes del 8 al 11, serán asignados a nuevos proyectos ó empresas maniobristas que en su momento obtengan la concesión y/o operación del área de acuerdo a lo establecido en la Ley de Puertos.
Por lo anterior, el pasado 7 de enero, el director de API Tampico, Manuel Flores Guerra, informó en rueda de prensa que desde el 17 de diciembre el Gremio Unido de Alijadores, que por más de 98 años se encargó de la carga y descarga en el puerto, dejó de operar cuatro tramos pues éstos serán licitados.
Dijo entonces que por el momento había seis empresas interesadas en obtener la concesión, que podría firmarse para 3 ó 15 años. El requisito más importante para participar en la licitación es tener experiencia en el manejo de cargas, contar con acervo consolidado de cargas comerciales que puedan venir a Tampico, un capital social mínimo indispensable, y tener todos los requisitos administrativos fiscales, de acuerdo con la legislación vigente.
También deberán tener anuencia de la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas para el manejo, el almacenaje y la custodia de mercancías de Comercio Exterior.
Entre las empresas interesadas se encuentran: Cise, que opera en Veracruz; Refitam, que tiene una operación de arrendamiento de bodegas en Tampico; Gume, con mayor presencia en el sector del transporte, así como el grupo obrero Nueva CROC, que se ha manifestado interesado en operar uno de los muelles.
Al considerar que es lo más justo, empresarios de la zona demandan participación en el manejo de los muelles ocho, nueve, diez y once del puerto de Tampico, cuya licitación se anunció. El transportista Manuel Ibarra Martínez, informó en entrevista para Telediario el pasado 19 de enero, que se hizo una petición formal al director de la Administración Portuaria Integral (API), Manuel Flores Guerra, para que les sean adjudicados provisionalmente esos tramos, mientras arranca el proceso de licitación.
Y es que éste es un proceso lento, que se estima se demore poco más de dos años, pues será internacional, por lo que se plantea que en ese periodo de tiempo se tome en cuenta a compañías locales, las cuales en su momento también participarán en la licitación de ley.El también presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), confía en que la asignación directa por alrededor de dos años, sea para quienes han expresado su interés en el puerto de Tampico.
Ibarra Martínez, sostuvo que el grupo de personas que demanda participación tienen montacargas, grúas y depósitos de contenedores, están ligados al medio y comparten la convicción de que invirtiendo se puede volver a tener la venta de servicios portuarios, con la calidad que requieren los clientes en el manejo de sus cargas. Reiteró que de acuerdo a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, una licitación internacional de una terminal portuaria es tardada, por lo que se entregará la operación de los muelles discrecionalmente mientras el procedimiento legal sucede.
Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, afirma que Tampico será más competitivo al abrirse la operación del puerto. Aquiles Garza Barrios, director de Comercio Exterior, señaló que la administración estatal trabajará de la mano con autoridades portuarias para promover la llegada de nuevas inversiones. Lo anterior, dijo, permitirá al puerto de Tampico ser más competitivo y generar empleo en la región.
Es un grupo muy ligado a la historia de Tampico
En las páginas de Tampico, Tierra de Sueños Huastecos, se lee que el gremio alijador está muy ligado a la historia de Tampico.
A partir de la fundación del Tampico actual (1823) despertó el interés en muchos países hacia el noreste del Golfo de México, trayendo a europeos con tradición mercantil a instalarse en el puerto.
Para 1863, la Compañía Central de Ferrocarril construye la primera línea férrea de San Luis Potosí a Tampico. El proyecto contemplaba levantar diversas obras: escolleras, muebles y un canal de navegación en el río que entra a la ciudad para el tráfico marítimo.
El primer embarcadero se construyó en 1870; las escolleras y el dragado se completaron en 1889, también fueron edificados tres almacenes y cuatro muelles de 145 metros cada uno, concluyendo las obras en 1903.
Resultado de la primera Revolución del siglo XX, Samuel Albino Nelly, originario de Burgos, Tamaulipas, luego de una lucha tenaz contra el extranjero concesionario de la estiba en el muelle, el 28 de junio de 1911 une a los alijadores y funda el Sindicato de Alijadores de Tampico.
Al paso de unos años, Isauro Alfaro Otero organiza la Cooperativa, Gremio Unido de Alijadores, el 20 de mayo de 1922. Iniciada la segunda mitad del siglo XX destaca la figura de Gerardo Gómez Castillo, capacita técnica y administrativamente a los agremiados mediante cursos.
Se consolida la empresa a nivel nacional e internacional. Ramón Martínez asumió posteriormente la presidencia del Consejo de Administración del GUA, prometiendo una visión moderna del gremio, el diseño de nuevas estrategias financieras y administrativas, así como la actualización con equipo de punta.
Cristina Gómez/Milenio.com
1 comentario:
Ola, what's up amigos? :)
I will be happy to get some assistance at the start.
Thanks and good luck everyone! ;)
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