Los puertos españoles

Fuente: La Opinión

JOSÉ SEGURA CLAVELL (*) Consciente de que los puertos o el transporte marítimo, desde el punto de vista mediático en los medios nacionales de comunicación o en las agencias de noticias, generan muy escaso interés como consecuencia del alejamiento secular de los mismos de las Cortes generales y de los sucesivos gobiernos. Se ignora que más del 85% de las mercancías que entran y el 50% de las que salen de este país lo hacen a través de los puertos y son transportadas por barcos, al igual de que por nuestras aguas circulan más de seiscientas mil embarcaciones al año o de que seamos un país periférico de la Unión Europea con larga tradición histórica marinera.
Como no podía ser de otra manera, los puertos españoles están percibiendo fuertemente el impacto de la crisis económica con un descenso claro en la carga que transportan los barcos e incluso en el número de pasajeros. Por ello es por lo que se ha hecho preciso tomar medidas de muy diferentes calados.
Como primera medida, los puertos españoles han tomado la decisión de congelar este año las tasas con las que se gravan las operaciones portuarias y todo ello a sabiendas de que se trata de una medida coyuntural de relativamente poco impacto ante el notable descenso del tráfico portuario que se viene experimentando en el sistema portuario español. De hecho nadie pone en tela de juicio que esta medida incentivadora afectará en muy poco a la voluntad de los navieros que vienen observando como las bodegas de los barcos van con un 40 o 50% de su capacidad.
Los resultados de tráficos del sistema portuario español el pasado año 2008 disminuyeron un 2% y se estima que en el primer cuatrimestre pueden ser aún mayores.
Las tasas de las 28 autoridades portuarias que existen en nuestro país sumaron en el año 2007 la cantidad aproximada de 950 millones de euros, de manera tal que esta congelación para un puerto como el de Barcelona que preveía ingresar unos 160 millones en este año en tal concepto, supondrá un descenso de cerca de tres millones. Otros puertos como el de Valencia o el de Algeciras con 100 y 85 millones respectivamente experimentarán el equivalente quebranto.
La segunda medida se vincula a la necesaria actualización normativa de la Ley 48/2003 denominada como "de régimen económico y de prestación de los servicios de puertos de interés general", dado que se ha producido un Dictamen Motivado de la Comisión Europea en el que se considera que las bonificaciones contenidas en la referida Ley son discriminatorias y no respetan el principio de de "a igualdad de servicio, igual precio" y que en consecuencia no son conformes al derecho Comunitario las tarifas que discriminan en función del origen o destino del barco. Por ello es por lo que el Gobierno ha remitido a las Cortes un Proyecto de Ley de actualización del anterior ante el que ya se han posicionado los sectores interesados y con intereses en la gestión portuaria: Anave como representante de los navieros, la coordinadora de estibadores portuarios y los sindicatos de clase CC OO y UGT.
Conviene recordar que cada puerto español presenta una configuración física e infraestructural propia, distinta de la de otro puerto alternativo, en términos de accesibilidad marítima, necesidades de abrigo, calado en atraques... etcétera. Además cada autoridad portuaria tiene su propia estructura de gastos y por consiguiente, un usuario de un puerto concreto debe pagar una tasa que se corresponda con los costes en que realmente incurre. Cada puerto es una unidad de negocio distinta. El pueblo español tiene el derecho de conocer lo que pasa en los puertos y las Cortes y el Gobierno de hacer llegar información y el conocimiento real al pueblo.

* Diputado socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife