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Fuente: Diario de León
Los gastos de descontaminación de la costa y las demás operaciones para afrontar la catástrofe natural derivada del hundimiento del petrolero Prestige ante las costas de Galicia supusieron para el Estado un gasto superior a 1.000 millones de dólares. Así lo reconoce el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien además se interesaba por las acciones judiciales emprendidas para determinar la responsabilidad por los daños del hundimiento.
En este ámbito, el Ejecutivo explica que los gastos ya abonados por España ascienden a 25.116.739 dólares, cantidad en la que se incluyen los honorarios de los abogados, peritos y expertos que han participado en las acciones judiciales en los Estados Unidos y en España.
El Ejecutivo informa de que el hundimiento del buque, el 19 de noviembre de 2002, además de la catástrofe natural que supuso, ocasionó al Estado un gasto de más de 1.000 millones de dólares «debido al coste de las labores de descontaminación y demás daños causados».
También señala que «ante la magnitud del desastre y su coste para el Gobierno de España», entre otras acciones judiciales decidió reclamar por estos daños, ante los tribunales estadounidenses, la responsabilidad de la empresa «American Bureau of Shipping» (ABS).
Esta entidad clasificadora fue la que certificó las condiciones de navegabilidad del Prestige y por ello «el Estado español entiende que es responsable de que el buque navegara sin reunir las condiciones», subraya el documento.
Los gastos de descontaminación de la costa y las demás operaciones para afrontar la catástrofe natural derivada del hundimiento del petrolero Prestige ante las costas de Galicia supusieron para el Estado un gasto superior a 1.000 millones de dólares. Así lo reconoce el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien además se interesaba por las acciones judiciales emprendidas para determinar la responsabilidad por los daños del hundimiento.
En este ámbito, el Ejecutivo explica que los gastos ya abonados por España ascienden a 25.116.739 dólares, cantidad en la que se incluyen los honorarios de los abogados, peritos y expertos que han participado en las acciones judiciales en los Estados Unidos y en España.
El Ejecutivo informa de que el hundimiento del buque, el 19 de noviembre de 2002, además de la catástrofe natural que supuso, ocasionó al Estado un gasto de más de 1.000 millones de dólares «debido al coste de las labores de descontaminación y demás daños causados».
También señala que «ante la magnitud del desastre y su coste para el Gobierno de España», entre otras acciones judiciales decidió reclamar por estos daños, ante los tribunales estadounidenses, la responsabilidad de la empresa «American Bureau of Shipping» (ABS).
Esta entidad clasificadora fue la que certificó las condiciones de navegabilidad del Prestige y por ello «el Estado español entiende que es responsable de que el buque navegara sin reunir las condiciones», subraya el documento.
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