Leyes de cabotaje, alto costo de vida y unidad de pueblo

Fuente: Claridad

Una regla básica de economía es que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado.

El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor. Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.

La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos bajo jurisdicción estadounidense, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en Estados Unidos, de matrícula estadounidense, cuyos dueños sean estadounidenses y los marinos también. Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.
Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante estadounidense y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la transportación de los productos y mercaderías. Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro. Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.

La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante estadounidense para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante estadounidense fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto, esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.

Cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.

La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista. Es un asunto de suma importancia para nuestra economía y sociedad. El Partido Popular Democrático ha intimado su interés de luchar contra la Ley de Cabotaje. Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta. En estos tiempos en que se habla de soberanía como solución al problema colonial, es necesario que entiendan que la eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.

La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores. Esta es una de las cadenas más duras de control de nuestra soberanía y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de Estados Unidos.

La ley de Cabotaje no tiene sentido para Puerto Rico por nuestra naturaleza de isla y porque el proyecto del Puerto de Las Américas requiere que haya libre competencia entre los buques para lograr que el tráfico marítimo sea lo más costo efectivo posible.

Antes de las primarias del 9 de marzo, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce, celebró una conferencia de prensa en la que anunció una iniciativa para enmendar el “Passenger Vessel Act”, que es la ley que permite que los cruceros de bandera extranjera puedan tocar un puerto en Puerto Rico y luego ir a otros puertos estadounidenses. Con la enmienda los buques de carga extranjeros que lleguen al Puerto de las Américas podrían continuar su ruta a Estados Unidos, sin las limitaciones de la Ley de Cabotaje.

La iniciativa del Alcalde de Ponce es una de las más concretas que se han llevado a cabo para lograr una excepción que convierta el Puerto de Ponce en un área en la que los buques extranjeros puedan anclar y luego salir para puertos estadounidenses.

La dificultad que encuentro en esta iniciativa es que es un esfuerzo parcial que no beneficiaría el grueso de la carga doméstica que entra y sale del Puerto de San Juan. Además, no se ha establecido un consenso generalizado de apoyo ni un plan concertado de todas las organizaciones interesadas para lograr el cabildeo y la presión necesaria para que el Congreso apruebe esta reforma.

Desde que se están debatiendo los cambios a las leyes de cabotaje hemos explicado que para lograrlos se requiere un esfuerzo extraordinario de unidad de pueblo como lo que ocurrió durante el proceso de la salida de la Marina de Vieques. Para que la iniciativa del Dr. Zayas Seijo tenga alguna posibilidad de éxito, es indispensable que el Municipio de Ponce, el gobierno central y todas las organizaciones profesionales, económicas, civiles y las aliadas al Puerto de Las Américas, celebren una cumbre en la cual se establezca un plan de acción detallado que, libre de los formalismos partidistas, lleve un mensaje claro al Congreso de que existe la necesidad de su derogación y la unidad de propósito contundente para lograrla.

* El autor es abogado notario, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 AM en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com.