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martes, 4 de marzo de 2008

ACP recibió protestas por 77 adjudicaciones

Donde quiera se cuecen habas!...

Fuente: Prensa
Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

Durante el año fiscal de 2007, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) admitió y resolvió 77 protestas contra las adjudicaciones que efectuó, comentó el vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de la ACP, Francisco Loaiza.

De las 77 protestas, 37 se declararon infundadas y 40 (52%) fueron resueltas a favor del quejoso en un plazo inferior a 15 días.

La ACP realizó el pasado año 14 mil 996 adjudicaciones, por un monto superior a 305 millones de dólares. En 2006 el número de adjudicaciones fue superior (15 mil 531), pero el monto adjudicado fue inferior, 211 millones de dólares.

En los últimos tres años la ACP recibió 186 protestas, de las que 103 se consideraron infundadas y 83 se resolvieron a favor del quejoso.

El vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de la ACP aportó estos datos en el seminario sobre Sistemas de Prevención y Control de la ACP. En el seminario, dirigido a los periodistas de los medios de comunicación de Panamá, se abordaron temas como la conducta ética del empleado; controles internos; sistemas de compras y contrataciones; protección y vigilancia; auditorías e investigaciones del Fiscalizador General; y los procesos disciplinarios.

En lo que se refiere al sistema de compras y contrataciones, Loaiza destacó que la ACP promueve la más amplia competencia y que cuenta con alertas para la detección de posibles favoritismos, fraccionamiento de compras y falta de planificación.

El vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos hizo hincapié en la importancia de la Oficina del Fiscalizador General, que audita e investiga las acciones, compras y adjudicaciones que realiza la ACP.

Los investigadores y auditores de la oficina verifican, entre otras cosas, si funcionan adecuadamente los sistemas de control interno.

El fiscalizador es nombrado por la junta directiva y solo responde ante ella, manteniendo la independencia ante la administración. De hecho, la Oficina del Fiscalizador General no informa a la administración de las investigaciones en curso.


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