Tajante rechazo

Fuente: Por Esto!

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Progreso desconocieron ayer, por ilegal, el nombramiento de Alberto Reyes Carrillo como titular de la Administración Portuaria Integral de Progreso/ Se pospuso la ratificación del ex empleado de Patricio Patrón Laviada “por tiempo indefinido”

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Progreso, que forman parte del Consejo de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, desconocieron ayer, por ilegal, el nombramiento de Alberto Reyes Carrillo como titular de ese organismo portuario, ya que el ex funcionario estatal tiene vínculos familiares con accionistas de cuatro empresas relacionadas con el ramo, además de que carece del mínimo perfil profesional que exige el Manual de Organización de la API.
El tajante rechazo manifestado ayer durante la sesión por el representante del Gobierno Estatal, Jaime Zetina González, y por la alcaldesa de Progreso, Reina Quintal Recio, obligó al presidente del Consejo, Leonardo Lazo Margáin, a retirar abruptamente del orden del día la ratificación de Reyes Carrillo como director general de la API y posponer el trámite “por tiempo indefinido”.
Sin embargo, tanto el representante del gobierno estatal como la presidenta municipal de Progreso, pidieron que se asentara en acta la necesidad de que se defina a la brevedad este asunto para evitar perjuicios e incertidumbres jurídicas en el desarrollo del municipio y del Estado en general.
El rechazo a la ilegalidad ocasionó evidente enojo e incomodidad a Lazo Margáin y al propio Reyes Carrillo, ya que ordenaron que no se permitiera la entrada al salón de junta de un notario público que había contratado la alcaldesa para que diera fe de las actos que se iban a desarrollar durante la sesión.

Niegan el acceso a
POR ESTO!

De igual forma, a los reporteros de POR ESTO! se les negó el acceso al muelle fiscal para acudir a la sesión de la API, por órdenes de los mismos funcionarios que pretendían consumar la imposición de Reyes Carrillo, promovida por Patricio Patrón Laviada para que cuide sus negocios oscuros que llevó a cabo durante su administración.
La sesión del Consejo, programada para las 10 de la mañana, inició 15 minutos después y desde el inicio se mostró nervioso Reyes Carrillo, al igual que su protector Lazo Margáin, quien leyó la orden del día.
Sin embargo, debido a que en el punto VI se enlistaba “el informe de autoevaluación del director general”, sin que se hubiera ratificado, ya que este punto se iba a poner a consideración de los consejeros hasta el final, lo que resultaba ilegal e incongruente, intervino la alcaldesa Quintal Recio para preguntar que en calidad de qué iba a participar Reyes Carrillo.
Lazo Margáin tomó el micrófono para manifestar que el ex empleado de Patricio Patrón Laviada fue designado desde el pasado 16 de agosto como “encargado del despacho de la Dirección General”.
—Discúlpeme, señor Lazo pero esa figura legal de ese cargo no existe, respondió de inmediato la presidenta municipal, lo que hizo más tensa la situación.
En su afán de proteger a Reyes Carrillo, Lazo Margáin insistió en que la designación era legal, aunque sin precisar en qué artículo de ley o reglamento se sustentaba.
Al notar la firme posición de la alcaldesa, avalada por el representante del Gobierno del Estado, Zetina González, no le quedó más remedio al funcionario federal que anunciar que se retiraba de la orden del día la ratificación (se enlistó como nombramiento) de Reyes Carrillo como director general de la API, sin fijar fecha para desahogar ese punto.
Vale la pena precisar que Reyes Carrillo mantuvo la vista perdida durante toda la sesión, “como si no estuviera presente”.

Miedo a la votación

Hay que señalar que además de estos dos consejeros (Zetina González y Quintal Recio), otros tres consejeros habían considerado (sin hacerlo público aún) rechazar la ratificación de Reyes Carrillo, si se sometía a votación.
En ese sentido, habían ya potencialmente cinco votos de rechazo de los 10 consejeros, aunque los asistentes eran sólo nueve, de tal suerte que si se ponía a votación en ese momento, el desconocimiento de la designación iba a ser por mayoría de votos.
Los 10 consejeros provienen de las siguientes dependencias: Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno de la Secretaría de Economía; cuatro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; uno del Gobierno estatal; uno del Ayuntamiento de Progreso, y dos representantes del sector Bancario y/o del empresarial.

Pruebas de la ilegalidad

La alcaldesa Quintal Recio había preparado una serie de documentos en los que se demuestran, de manera contundente, la ilegalidad del nombramiento, mismos que iba a entregar a cada uno de los consejeros, pero no lo hizo en virtud de que Lazo Margáin retiró antes de la orden del día la votación.
En entrevista posterior, la presidenta municipal entregó a los reporteros las pruebas documentales que precisan que los integrantes del Consejo de Administración de la API tienen la responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones de actuar con estricto apego a Derecho, so pena de la responsabilidad en las que pueden incurrir al no acatar la ley.
—El Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales en su artículo 14 establece los requisitos para ocupar una entidad paraestatal y especifica en su fracción tercera que el director, en este caso de la API, “no debe tener participación accionaria o intereses particulares o familiares en empresas relacionadas con las operaciones de la entidad de que se trate.
En el caso concreto del Ingeniero Reyes Carrillo -puntualizó—, este impedimento se encuentra presente, ya que tiene parentesco por afinidad con accionistas de cuatro empresas relacionadas con el ramo que lo colocan en el supuesto de conflicto de intereses y tráfico de influencias.
La alcaldesa relacionó los vínculos:
1.- Reyes Carrillo tiene parentesco por afinidad de primer grado con Joaquín Enrique Mier y Terán Lejeune; parentesco por afinidad dentro del tercer grado con Bernardo Mier y Terán Lejeune; parentesco por afinidad dentro del cuarto grado con Bernardo Mier y Terán Gutiérrez, todos ellos accionistas de la “Agencia Marítima Maya”, S.A., empresa cuya actividad registrada es “llevar a cabo toda clase de comunicaciones, representaciones y agencias mercantiles, ya sea en México o en el extranjero, en los ramos del comercio, tráfico marítimo y terrestre y toda clase de acciones en el ramo” .
2.- Reyes Carrillo tiene parentesco por afinidad de tercer grado con Bernardo Mier y Terán Lejeune; parentesco por afinidad dentro del cuarto grado con Bernardo Mier y Terán Gutiérrez; parentesco por afinidad dentro del cuarto grado con Jorge Eduardo Mier y Terán Lejeune, accionistas de la empresa “Cruceros Marítimo del Caribe”, S.A., de C.V., dedicada a “adquirir, vender, explotar y tomar arrendamiento toda clase de embarcaciones de bandera mexicana”.
3.- Reyes Carrillo tiene parentesco dentro del tercer grado con Bernardo Plinio Mier y Terán Lejeune; parentesco dentro del cuarto grado con Bernardo Mier y Esteban Gutiérrez; parentesco de cuarto grado con Juan Carlos Mier y Terán Gutiérrez, accionistas de la empresa “Aerocarga de Yucatán”, S.A. de CV, cuyas actividades registradas son “ser agente, representante, comisionista, mediador, comercializador, así como importar, exportar, maquilar, adaptar y ofrecer servicios de carga internacional o local, aérea, marítima o terrestre y recibo de mercancía, entre otras.
4.- Reyes Carrillo tiene parentesco por afinidad en cuarto grado con el Agente aduanal y Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán, Bernardo Mier y Terán.

No reúne el perfil

Reyes Carrillo no puede ser titular de la API porque, además, carece del perfil para ese delicado cargo y la alcaldesa Quintal Recio lo precisa al señalar que el “Manual de la Organización de la Administración Portuaria Integral Progreso” establece los requisitos que debe reunir como director general, entre ellos el de escolaridad que exige una Licenciatura en Comercio internacional, Administración Portuaria o carrera afin y preferentemente con postgrado relacionado con la actividad portuaria.
Alberto Reyes Carrillo es ingeniero químico y, por lo tanto, no cumple con esos requisitos.
El Manual también exige conocimiento al 100% del idioma inglés, que conozca la Legislación Portuaria, todo lo referente al comercio internacional, de la actividad portuaria, seis o más años de experiencia en las actividades propias del encargo, conocimiento de los sistemas de calidad ambiental ISO 9000 y ISO 14000 .
De todos estos requisitos —especificó la presidenta municipal— no se ha brindado constancia alguna de validez oficial al consejo. Lo que le impide a Reyes Carrillo ocupar el cargo de director general de la API.
Quintal Recio invitó a todos los miembros del Consejo a acatar lo que indica la ley y rechazar tajantemente a Alberto Reyes Carrillo para que sea nombrado director de la API, ya que de lo contrario los mismos consejeros estarían violando disposiciones legales.
La primera edil de Progreso manifestó que el gobierno estatal a través de su titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, aseveró que el gobierno del Estado está en contra de todo acto ilegal y en ese sentido se adhería plenamente a la posición adoptada por el municipio de Progreso en voz de su alcaldesa Quintal Recio.
Ambos manifestaron que esperarán un tiempo razonable y prudente para que el Gobierno Federal solucione este asunto dentro del marco legal y, en caso contrario, tomarán decisiones jurídicas para que no se transgreda el orden legal.
Hay que recordar que una primera sesión, cancelada por el paso del huracán “Dean”, estaba programa para el pasado 21 de agosto, convocada por el propio Lazo Margáin, coordinador de Puertos y Marina Mercante.
(Rafael Mis Cobá /Alfredo Canto May)