Otro golpe anunciado

Fuente: Por Esto!

Mañana deberá sesionar el Consejo de Administración de la API de Progreso y todo parece indicar que se insistirá en imponer como su director a Alberto Reyes Carrillo, ex titular de la Secretaría de Planeación estatal, quien está impedido por ley para ocupar ese cargo

Las agresiones del Gobierno Federal contra Yucatán continúan: Mañana deberá sesionar el Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Progreso y todo parece indicar que se insistirá en imponer como su director a Alberto Reyes Carrillo, ex titular de la Secretaría de Planeación estatal, quien está impedido por ley para ocupar ese cargo.
En efecto, Reyes Carrillo, en su calidad de funcionario estatal, estuvo vinculado directamente con la Administración Portuaria Integral de Progreso, circunstancia que lo inhabilita para trabajar para esa instancia, por lo menos durante un año después de haber dejado su anterior encargo, como lo manda claramente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Yucatán. (Foto de Albornoz)

Por otra parte, “Tico” Reyes Carrillo no satisface el perfil para hacerse cargo de la API, pues su único “mérito” es haber fungido como operador de los sucios negocios de Patricio Patrón Laviada.
Se recuerda que la Administración Portuaria Integral de Progreso está vinculada con el control de multimillonarios negocios, como la Central de Contenedores, otorgada en concesión por 39 años a la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCP), el mismo grupo español con el que Vicente Fox y Patricio Patrón Laviada transaron la entrega, sin licitación de por medio, de la Plataforma Logística de Exportación de Yucatán, que contempla la operación de una zona franca de importaciones y exportaciones, libre de toda supervisión oficial. Este grupo hispano, que pertenece al clan Margall-Garrigosa-Pujol, es el mismo que tiene estrechos vínculos de negocios con la República Popular China.
Se confirma así lo que POR ESTO! anunció en la víspera: que todas las delegaciones federales bajo el control de militantes del blanquiazul no operan en función de las necesidades y proyectos de los yucatecos, sino desde una óptica exclusivamente político-partidista.
Pero aún: a quienes controlan esas instancias de poder real no les interesa en absoluto el desarrollo social y económico del Estado, pues su única obsesión es ahorcar económicamente a Yucatán, ya que suponen que con ello en las próximas elecciones el PAN podría cosechar más votos y aspirar a recomponer su deteriorada imagen.
Insistimos en que tanto Calderón Hinojosa, como sus subalternos de todos los niveles, cegados por la sed de venganza política, no sopesan el grave riesgo social que conlleva su penosa actitud y por ello se conducen con una irresponsabilidad mayúscula.
El último botón de muestra ocurrió precisamente ayer, cuando a través de la Comisión Nacional del Agua, el espurio Felipe Calderón Hinojosa consumó su anunciado castigo, no contra la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, sino contra miles de familias, principalmente del campo yucateco, que lo perdieron todo.
Esa dependencia, que dirige el connotado panista José Luis Luege Tamargo, acordó que sólo los municipios de Celestún, Halachó, Oxcutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax y Tzucacab fueran declarados zona de desastre, por lo que desechó los 52 restantes propuestos por el Ejecutivo estatal, donde también se registraron graves daños.
Los “técnicos” de la Conagua se basaron exclusivamente en los reportes proporcionados por las estaciones meteorológicas diseminadas por la geografía estatal y no juzgaron necesario ir al lugar de los hechos para constatar los estragos producidos por “Dean”.
Con base en lo anterior, podemos concluir que Calderón Hinojosa y sus funcionarios están haciendo todo lo posible por bombardear los puentes de civilidad política que Ivonne Ortega Pacheco, con palabras y hechos, se ha esforzado por construir en el corto tiempo que ha estado en el poder.
Por cierto, el próximo sábado 1 de septiembre se cumplirá el primer mes de la nueva administración estatal, por lo que los yucatecos esperan conocer, una vez concluido el proceso de entrega-recepción, no sólo los resultados de las auditorías que realizó la Contraloría estatal en todas aquellas dependencias en las que existe fundada sospecha que hubo desvío impune de recursos, sino también el fincamiento de responsabilidades contra los ex funcionarios corruptos.