Los responsables del vertido del petrolero 'Erika'

Fuente: Zona verde

El desastre provocó la muerte de más de 150.000 aves marinas

Los responsables del vertido del petrolero 'Erika' en Francia, a los Tribunales siete años después

Han pasado ocho años desde que el 13 de diciembre de 1999, el petrolero Erika se partiera en dos y se hundiera a unos 30 kilómetros de las costas bretonas, en Francia, derramando 19.000 toneladas de fuel que contaminaron 400 kilómetros de costa y provocaron la mayor catástrofe medioambiental que, hasta entonces, había padecido Europa. Tres años más tarde, frente a las costas gallegas, el Prestige provocaba idéntico desastre. Ayer se abrió en París el juicio en el que se dirimirán las responsabilidades y que está previsto que dure cuatro meses.

Han pasado más de siete años desde aquel día trágico, cuyas consecuencias siguen afectando, no sólo a las economías locales, a los pescadores, sino también a la salud de las personas, hasta el punto de que sigue sin conocerse exactamente cuál fue el tipo de fuel que se vertió. Se calcula que la economía de las regiones afectadas tuvo pérdidas por valor de mil millones de euros. Entre otras calamidades ecológicas, más de 150.000 aves marinas murieron atrapadas en el chapapote.

El juicio, cuya instrucción ha sido extremadamente laboriosa, debe también poner en evidencia las malas prácticas de las compañías petroleras, Total en esta ocasión, y la opacidad de los sistemas de transporte marítimo, las subcontratas a empresas deslocalizadas que alquilan barcos de bandera de conveniencia en pésimas condiciones.

Entre los acusados, además de la petrolera francesa, propietaria de la carga, figuran: Giuseppe Savarese, el armador y propietario del barco, de nacionalidad italiana; Karun Mathur, capitán del buque en el momento del desastre, de nacionalidad india, que no piensa salir de su país ya que pesa sobre él una orden de detención; la RINA, el organismo italiano que controla la buena condición de los barcos, y tres oficiales de la Armada francesa acusados de no haber valorado correctamente la magnitud de la catástrofe. Los cargos a los que se enfrentan son: contaminación marítima, puesta en peligro de la vida ajena y abstención voluntaria de combatir un siniestro.

Ahora se sabe que el hundimiento del Erika, atrapado en medio de una tempestad, no más intensa que muchas de las que habitualmente se dan en la zona, era un hecho anunciado. Este monocasco de más de 25 años de edad, en el que numerosas inspecciones habían detectado importantes trazas de corrosión, fue obligado a zarpar con 30.000 toneladas de fuel a bordo en plena tempestad sólo porque la compañía Total no quería pagar la multa que le hubiera costado un retraso en la entrega de la carga. La investigación ha desvelado que Total estuvo todo el tiempo en contacto con el capitán del Erika y desde dos días antes "tenía conocimiento de las averías del barco, incluidas fugas", pero "no tomó ninguna medida para combatir o limitar los efectos".

El juez Jean-Baptiste Parlos preside el juicio en la mayor sala del palacio de Justicia de París. Durante los próximos cuatro meses, más de 80 abogados y los representantes de 70 asociaciones civiles en representación de entidades locales, asociaciones de vecinos y grupos ecologistas, dirimirán las responsabilidades e intentarán crear jurisprudencia. Entre los abogados presentes ayer estaba Dominique Voinet, la candidata de Los Verdes a la presidencia francesa y ministra de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos, en el Gobierno de Lionel Jospin. También estaban presentes otros dos candidatos: el derechista Philippe de Villiers, presidente del departamento de Vendée y la ecologista Corinne Lepage. Se esperaba a la socialista Ségolène Royal, ya que la región de Poitu-Charentes, que preside, se ha constituido también en parte, pero no acudió.

Las asociaciones ecologistas y las comunidades locales de Bretaña esperan que el juicio sirva para hacer evolucionar la normativa en materia de desastres medioambientales y perfeccionar las medidas de prevención. La sentencia, confían, debe crear jurisprudencia para la protección del medio ambiente.