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Fuente: Proceso
Dos nuevos nombramientos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –en puestos que tienen que ver con la aeronáutica y la infraestructura– apuntan a que en esa dependencia se empiezan a reunir y amalgamar dos grupos: el de las piezas del círculo cercano de Felipe Calderón y el de los excolaboradores de Luis Téllez, el defenestrado secretario del ramo. En el entramado de intereses privados que gobiernan las decisiones en esa secretaría, no parece casual que las dos nuevas piezas hayan trabajado en empresas interesadas en las privatizaciones del sector.
MÉXICO, D.F., 10 de febrero (Proceso).- El presidente Felipe Calderón colocó a dos funcionarios de su círculo cercano –ninguno de los cuales tiene experiencia en los sectores de la aeronáutica civil o en la construcción de infraestructura– en el equipo de Dionisio Pérez Jácome Friscione, tercer secretario de Comunicaciones y Transportes en lo que va del sexenio: Fausto Barajas Cummings, como subsecretario de Infraestructura en sustitución de Óscar de Buen, y Felipe Duarte Olvera en la Subsecretaría de Transporte, en relevo de Humberto Treviño Landois.
A estos cambios podría sumarse en breve la designación del coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, como subsecretario de Comunicación, cargo vacante desde la salida de Gabriela Hernández. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se maneja la versión de que la llegada de Chacón es inminente.
Chacón y Pérez Jácome tienen algo en común: el extitular de la SCT Luis Téllez Kuenzler. Ambos trabajaron a sus órdenes, son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tienen vínculos con consultoras y empresas trasnacionales con intereses en el sector de infraestructura, puertos y telecomunicaciones.
Alejandro Chacón ha orientado las licitaciones en materia de puertos a favor de la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en cuyo consejo consultivo participó Téllez del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
De esta manera, intereses privados que vinculan a los recién designados por Felipe Calderón –quienes trabajaron en la Oficina de la Presidencia a las órdenes de Gerardo Ruiz Mateos– con los excolaboradores del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, se conjugan en la cúpula de la SCT.
Los dos nuevos subsecretarios, Fausto Barajas y Felipe Duarte, trabajaron en la consultoría McKinsey, que elaboró la Estrategia Nacional de Energía a principios de 2010 y que también ha hecho estudios para nuevas opciones aeroportuarias, a favor de inversionistas privados, en Tizayuca y Texcoco.
La red de intereses de McKinsey, considerada una de las 10 consultoras estadunidenses más influyentes en materia de energía y privatización de servicios públicos, se suma a la de la consultora Mercer Management Consulting, donde trabajó Pérez Jácome (Proceso 1786).
En una comparecencia en la Cámara de Diputados el año pasado, la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, admitió que “la empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010 y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
En la misma consultoría trabajó Carlos Rafael Murrieta Cummings, actual director corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos y primo de Barajas Cummings.
McKinsey ha promovido en varios países en vías de desarrollo, en especial en India, el esquema conocido como asociaciones público-privadas para la construcción de infraestructura, como consta en el informe Building India: Financing and Investing in Infraestructura.
En octubre de 2010 el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, consideradas por sus críticos como “una de las subastas más salvajes”.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de la infraestructura necesaria y dejando a los particulares en la administración de la misma no se promueve la infraestructura sino los buenos negocios y la corrupción pública, que eso en México ya es decir bastante”, advirtió el senador Pablo Gómez durante el debate de la ley de APP que aún está en comisiones en la Cámara de Diputados.
“El sexenio de la infraestructura”
La llegada de Fausto Barajas Cummings a la Subsecretaría de Infraestructura busca cumplir con la promesa de consolidar los proyectos carreteros del Programa Nacional de Infraestructura que se han atorado en los últimos años por licitaciones poco transparentes y por subejercicios.
Sólo en proyectos carreteros la SCT tuvo en 2010 un subejercicio de 7 mil 984 millones de pesos, informó el pasado miércoles 2 el diputado priista Javier Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transporte.
Gil Ortiz documentó que en 2010 se le asignaron 11 mil 728 millones de pesos a la SCT, de los cuales se ejercieron menos de 4 mil millones.
En su último comunicado, el 25 de enero, la SCT se defendió señalando que entre 2007 y 2010 se realizó una “inversión sin precedente” en materia de infraestructura carretera que superó los 174 mil 103 millones de pesos.
El mismo comunicado justificó: “además, la certidumbre jurídica y viabilidad de proyectos que ofrece México para la inversión nacional y extranjera ha permitido que mediante asociaciones público-privadas se hayan edificado y puesto en operación más de 993 kilómetros de carreteras de altas especificaciones, que representan una inversión de 22 mil 966 millones de pesos”.
Según la SCT con ese esquema de privatización –el mismo que promueven consultorías como McKinsey– están en construcción otros 14 proyectos con una longitud de casi mil kilómetros y están por iniciarse seis obras más, con longitud de 293 kilómetros.
En materia de transporte el subsecretario Duarte Olvera –quien era responsable de Competitividad y Normatividad en la Secretaría de Economía, a las órdenes de Bruno Ferrari– tendrá como objetivo “avanzar en el fortalecimiento de los sectores de aviación, ferroviario y autotransporte”.
Duarte Olvera se enfrentará a la grave crisis detonada por la quiebra de Mexicana de Aviación. Su experiencia en aeronáutica civil es nula. De diciembre de 2006 a septiembre de 2007, en el primer año del gobierno calderonista, fue secretario técnico del Gabinete Económico y de Competitividad. Es decir, fue responsable de levantar las minutas y darle seguimiento a los acuerdos.
El 18 de septiembre de 2008 el entonces titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, lo nombró subsecretario de Competitividad y Normatividad en lugar de Carlos Arce Macías. Su paso al frente de esta área no dejó ninguna huella destacable. Al ser designado Bruno Ferrari secretario de Economía, en julio de 2010, Felipe Duarte prácticamente quedó “congelado” en esa dependencia.
Servicio público... al sector privado
Otra área clave para el desarrollo de infraestructura es la licitación de puertos. El Plan Nacional de Infraestructura proyectó 27 grandes obras que quedaron suspendidas por el fracaso en las licitaciones para la ampliación de puertos. El motivo: una mala configuración de los proyectos, tal como lo ha reconocido la propia Secretaría de la Función Pública.
Al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante se ha mantenido desde la salida de Luis Téllez su excoordinador de asesores, Alejandro Chacón, quien antes fue director en México de la agencia Kroll, empresa presuntamente dedicada al espionaje industrial.
Chacón Domínguez trató de favorecer a la empresa Stevedoring Services of America (SSA) al menos en dos casos: la licitación de una terminal especializada de contenedores en Manzanillo, Colima, y otra similar en Tuxpan, Veracruz.
En Manzanillo las bases del concurso establecieron que el ganador sería quien ofreciera el mayor volumen de operación en el menor tiempo, lo cual favorecía claramente a SSA, que desde 1995 operaba la terminal número 11 de contenedores, la que mueve mayor volumen.
Frente al escándalo provocado por el abierto favoritismo a SSA, el concurso se adjudicó a una empresa de origen filipino cuya propuesta tenía más de 20 causas de descalificación.
En octubre de 2009 se emitió la licitación API/TUX/01/09 para una terminal de Tuxpan, Veracruz, con cláusulas que beneficiaban a Riberas de Pantepec. El representante legal de esta empresa es Francisco Kassian, quien fue director general de SSA México (Proceso 1681).
En una carta enviada a este semanario Kassian negó que el vínculo de SSA con Luis Téllez haya beneficiado a esta empresa en la licitación de puertos.
El proyecto de Tuxpan fue suspendido el 19 de febrero de 2010 por la Secretaría de la Función Pública ante “diversas quejas y denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de esta Administración Portuaria Integral de Tuxpan”.
Entre esas denuncias estuvo un estudio de impacto y riesgo elaborado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. En su oficio SGPA/DGIRA/DESEI/0045/009, esta dependencia estableció que el proyecto a favor de Riberas de Pantepec “podría afectar el desarrollo de la vegetación y fauna del predio, y específicamente la afectación de una superficie de 1.16 hectáreas cubierta con mangle”.
SSA también estuvo interesada en el multimillonario Proyecto Multimodal Punta Colonet, en Baja California, cuya inversión se calculaba entre 5 mil y 8 mil millones de dólares.
La consultora encargada de elaborar ese proyecto fue Mercer Management Consulting, donde trabajó Dionisio Pérez Jácome, socio director de la misma en 2006 (Proceso 1786).
El 27 de abril de 2007, ante una consulta vía acceso a información pública, el entonces titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia de la SCT, Joaquín García Díaz, respondió a la solicitud 0000900076/17 señalando que Luis Téllez participó en el Consejo Consultivo de SSA del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
A la pregunta “¿Tuvo que solicitar o enviar a la Secretaría de la Función Pública algún escrito para justificar su anterior participación en dicho consejo de administración, sobre todo porque trataría como secretario de Comunicaciones y Transportes el Proyecto Punta Colonet?”, la respuesta fue: “No tuvo que hacerlo”.
Téllez se fue de la SCT y su excolaborador Alejandro Chacón quedó al frente del proyecto de las licitaciones portuarias. Ahora su nombre se menciona para la Subsecretaría de Comunicaciones. En ese puesto, de llegar a ocuparlo, tendrá que ser regulador en telecomunicaciones, uno de los sectores más conflictivos y con mayor nivel de inversiones en México.
En el Consejo de Administración de SSA México trabajó otro funcionario clave en la red de intereses públicos y privados que influyen en la SCT y que ahora es un fuerte competidor en telecomunicaciones: Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica MoviStar.
Gil Díaz también comparte otro rasgo importante con Téllez, Pérez Jácome, Chacón y los dos nuevos subsecretarios de la SCT: es profesor emérito del ITAM, el alma mater de esta nueva camada de funcionarios y amigos de Calderón.
Dos nuevos nombramientos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –en puestos que tienen que ver con la aeronáutica y la infraestructura– apuntan a que en esa dependencia se empiezan a reunir y amalgamar dos grupos: el de las piezas del círculo cercano de Felipe Calderón y el de los excolaboradores de Luis Téllez, el defenestrado secretario del ramo. En el entramado de intereses privados que gobiernan las decisiones en esa secretaría, no parece casual que las dos nuevas piezas hayan trabajado en empresas interesadas en las privatizaciones del sector.
MÉXICO, D.F., 10 de febrero (Proceso).- El presidente Felipe Calderón colocó a dos funcionarios de su círculo cercano –ninguno de los cuales tiene experiencia en los sectores de la aeronáutica civil o en la construcción de infraestructura– en el equipo de Dionisio Pérez Jácome Friscione, tercer secretario de Comunicaciones y Transportes en lo que va del sexenio: Fausto Barajas Cummings, como subsecretario de Infraestructura en sustitución de Óscar de Buen, y Felipe Duarte Olvera en la Subsecretaría de Transporte, en relevo de Humberto Treviño Landois.
A estos cambios podría sumarse en breve la designación del coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, como subsecretario de Comunicación, cargo vacante desde la salida de Gabriela Hernández. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se maneja la versión de que la llegada de Chacón es inminente.
Chacón y Pérez Jácome tienen algo en común: el extitular de la SCT Luis Téllez Kuenzler. Ambos trabajaron a sus órdenes, son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tienen vínculos con consultoras y empresas trasnacionales con intereses en el sector de infraestructura, puertos y telecomunicaciones.
Alejandro Chacón ha orientado las licitaciones en materia de puertos a favor de la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en cuyo consejo consultivo participó Téllez del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
De esta manera, intereses privados que vinculan a los recién designados por Felipe Calderón –quienes trabajaron en la Oficina de la Presidencia a las órdenes de Gerardo Ruiz Mateos– con los excolaboradores del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, se conjugan en la cúpula de la SCT.
Los dos nuevos subsecretarios, Fausto Barajas y Felipe Duarte, trabajaron en la consultoría McKinsey, que elaboró la Estrategia Nacional de Energía a principios de 2010 y que también ha hecho estudios para nuevas opciones aeroportuarias, a favor de inversionistas privados, en Tizayuca y Texcoco.
La red de intereses de McKinsey, considerada una de las 10 consultoras estadunidenses más influyentes en materia de energía y privatización de servicios públicos, se suma a la de la consultora Mercer Management Consulting, donde trabajó Pérez Jácome (Proceso 1786).
En una comparecencia en la Cámara de Diputados el año pasado, la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, admitió que “la empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010 y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
En la misma consultoría trabajó Carlos Rafael Murrieta Cummings, actual director corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos y primo de Barajas Cummings.
McKinsey ha promovido en varios países en vías de desarrollo, en especial en India, el esquema conocido como asociaciones público-privadas para la construcción de infraestructura, como consta en el informe Building India: Financing and Investing in Infraestructura.
En octubre de 2010 el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, consideradas por sus críticos como “una de las subastas más salvajes”.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de la infraestructura necesaria y dejando a los particulares en la administración de la misma no se promueve la infraestructura sino los buenos negocios y la corrupción pública, que eso en México ya es decir bastante”, advirtió el senador Pablo Gómez durante el debate de la ley de APP que aún está en comisiones en la Cámara de Diputados.
“El sexenio de la infraestructura”
La llegada de Fausto Barajas Cummings a la Subsecretaría de Infraestructura busca cumplir con la promesa de consolidar los proyectos carreteros del Programa Nacional de Infraestructura que se han atorado en los últimos años por licitaciones poco transparentes y por subejercicios.
Sólo en proyectos carreteros la SCT tuvo en 2010 un subejercicio de 7 mil 984 millones de pesos, informó el pasado miércoles 2 el diputado priista Javier Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transporte.
Gil Ortiz documentó que en 2010 se le asignaron 11 mil 728 millones de pesos a la SCT, de los cuales se ejercieron menos de 4 mil millones.
En su último comunicado, el 25 de enero, la SCT se defendió señalando que entre 2007 y 2010 se realizó una “inversión sin precedente” en materia de infraestructura carretera que superó los 174 mil 103 millones de pesos.
El mismo comunicado justificó: “además, la certidumbre jurídica y viabilidad de proyectos que ofrece México para la inversión nacional y extranjera ha permitido que mediante asociaciones público-privadas se hayan edificado y puesto en operación más de 993 kilómetros de carreteras de altas especificaciones, que representan una inversión de 22 mil 966 millones de pesos”.
Según la SCT con ese esquema de privatización –el mismo que promueven consultorías como McKinsey– están en construcción otros 14 proyectos con una longitud de casi mil kilómetros y están por iniciarse seis obras más, con longitud de 293 kilómetros.
En materia de transporte el subsecretario Duarte Olvera –quien era responsable de Competitividad y Normatividad en la Secretaría de Economía, a las órdenes de Bruno Ferrari– tendrá como objetivo “avanzar en el fortalecimiento de los sectores de aviación, ferroviario y autotransporte”.
Duarte Olvera se enfrentará a la grave crisis detonada por la quiebra de Mexicana de Aviación. Su experiencia en aeronáutica civil es nula. De diciembre de 2006 a septiembre de 2007, en el primer año del gobierno calderonista, fue secretario técnico del Gabinete Económico y de Competitividad. Es decir, fue responsable de levantar las minutas y darle seguimiento a los acuerdos.
El 18 de septiembre de 2008 el entonces titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, lo nombró subsecretario de Competitividad y Normatividad en lugar de Carlos Arce Macías. Su paso al frente de esta área no dejó ninguna huella destacable. Al ser designado Bruno Ferrari secretario de Economía, en julio de 2010, Felipe Duarte prácticamente quedó “congelado” en esa dependencia.
Servicio público... al sector privado
Otra área clave para el desarrollo de infraestructura es la licitación de puertos. El Plan Nacional de Infraestructura proyectó 27 grandes obras que quedaron suspendidas por el fracaso en las licitaciones para la ampliación de puertos. El motivo: una mala configuración de los proyectos, tal como lo ha reconocido la propia Secretaría de la Función Pública.
Al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante se ha mantenido desde la salida de Luis Téllez su excoordinador de asesores, Alejandro Chacón, quien antes fue director en México de la agencia Kroll, empresa presuntamente dedicada al espionaje industrial.
Chacón Domínguez trató de favorecer a la empresa Stevedoring Services of America (SSA) al menos en dos casos: la licitación de una terminal especializada de contenedores en Manzanillo, Colima, y otra similar en Tuxpan, Veracruz.
En Manzanillo las bases del concurso establecieron que el ganador sería quien ofreciera el mayor volumen de operación en el menor tiempo, lo cual favorecía claramente a SSA, que desde 1995 operaba la terminal número 11 de contenedores, la que mueve mayor volumen.
Frente al escándalo provocado por el abierto favoritismo a SSA, el concurso se adjudicó a una empresa de origen filipino cuya propuesta tenía más de 20 causas de descalificación.
En octubre de 2009 se emitió la licitación API/TUX/01/09 para una terminal de Tuxpan, Veracruz, con cláusulas que beneficiaban a Riberas de Pantepec. El representante legal de esta empresa es Francisco Kassian, quien fue director general de SSA México (Proceso 1681).
En una carta enviada a este semanario Kassian negó que el vínculo de SSA con Luis Téllez haya beneficiado a esta empresa en la licitación de puertos.
El proyecto de Tuxpan fue suspendido el 19 de febrero de 2010 por la Secretaría de la Función Pública ante “diversas quejas y denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de esta Administración Portuaria Integral de Tuxpan”.
Entre esas denuncias estuvo un estudio de impacto y riesgo elaborado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. En su oficio SGPA/DGIRA/DESEI/0045/009, esta dependencia estableció que el proyecto a favor de Riberas de Pantepec “podría afectar el desarrollo de la vegetación y fauna del predio, y específicamente la afectación de una superficie de 1.16 hectáreas cubierta con mangle”.
SSA también estuvo interesada en el multimillonario Proyecto Multimodal Punta Colonet, en Baja California, cuya inversión se calculaba entre 5 mil y 8 mil millones de dólares.
La consultora encargada de elaborar ese proyecto fue Mercer Management Consulting, donde trabajó Dionisio Pérez Jácome, socio director de la misma en 2006 (Proceso 1786).
El 27 de abril de 2007, ante una consulta vía acceso a información pública, el entonces titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia de la SCT, Joaquín García Díaz, respondió a la solicitud 0000900076/17 señalando que Luis Téllez participó en el Consejo Consultivo de SSA del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
A la pregunta “¿Tuvo que solicitar o enviar a la Secretaría de la Función Pública algún escrito para justificar su anterior participación en dicho consejo de administración, sobre todo porque trataría como secretario de Comunicaciones y Transportes el Proyecto Punta Colonet?”, la respuesta fue: “No tuvo que hacerlo”.
Téllez se fue de la SCT y su excolaborador Alejandro Chacón quedó al frente del proyecto de las licitaciones portuarias. Ahora su nombre se menciona para la Subsecretaría de Comunicaciones. En ese puesto, de llegar a ocuparlo, tendrá que ser regulador en telecomunicaciones, uno de los sectores más conflictivos y con mayor nivel de inversiones en México.
En el Consejo de Administración de SSA México trabajó otro funcionario clave en la red de intereses públicos y privados que influyen en la SCT y que ahora es un fuerte competidor en telecomunicaciones: Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica MoviStar.
Gil Díaz también comparte otro rasgo importante con Téllez, Pérez Jácome, Chacón y los dos nuevos subsecretarios de la SCT: es profesor emérito del ITAM, el alma mater de esta nueva camada de funcionarios y amigos de Calderón.
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