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Fuente: El nuevo día
En las pasadas semanas ha vuelto a resurgir el tema de las leyes de cabotaje de Estados Unidos y su impacto en la economía de Puerto Rico, tras una medida presentada en el Congreso Federal, como consecuencia del derrame de petróleo en el Golfo de México. La Ley Marítima de 1920, conocida como Ley Jones, dispone que solamente barcos construidos en Estados Unidos y operados por ciudadanos americanos pueden transportar mercancía y participar en operaciones entre los puertos de la nación. Estas disposiciones no aplican cuando el comercio es con naciones extranjeras.
Puerto Rico puede aprovechar la oportunidad y plantear al Congreso argumentos económicos, no ideológicos, a favor de excluir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. El Congreso excluyó a las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas por lo distante de los puertos de Estados Unidos continentales y el poco comercio marítimo entre ellas y el resto de la nación.
Cuando se incluyó a Puerto Rico, la razón principal fue de naturaleza militar, basada en argumentos de seguridad nacional, que hoy no están presentes. Un estudio de 2006 concluyó que el mercado marítimo entre Puerto Rico y los puertos continentales de Estados Unidos representa menos del uno por ciento del mercado marítimo total de este país, por lo que el asunto no es vital para el Congreso.
El argumento a utilizar es que el uso de la marina mercante nacional, le cuesta a los consumidores puertorriqueños una suma que ha sido estimada en alrededor de $500 millones anuales adicionales comparado con lo que se alega, representaría utilizar una marina mercante extranjera.
Por otro lado, es posible que las supuestas ventajas no existan. El costo de operación marítima local en Puerto Rico continuaría siendo igual que al presente. El volumen de mercancía que se importa de países extranjeros no sería suficiente para llenar un barco desde un puerto de origen y no se podría aprovechar reducciones por volumen en fletes o habría que esperar meses por un embarque. La ausencia de volumen no permitiría aprovechar la ventaja de embarques tipo “roll on-roll off” que ha reducido los fletes considerablemente en los últimos años.
La pregunta es: ¿estaríamos cambiando chinas por botellas?
Puerto Rico puede aprovechar la oportunidad y plantear al Congreso argumentos económicos, no ideológicos, a favor de excluir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. El Congreso excluyó a las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas por lo distante de los puertos de Estados Unidos continentales y el poco comercio marítimo entre ellas y el resto de la nación.
Cuando se incluyó a Puerto Rico, la razón principal fue de naturaleza militar, basada en argumentos de seguridad nacional, que hoy no están presentes. Un estudio de 2006 concluyó que el mercado marítimo entre Puerto Rico y los puertos continentales de Estados Unidos representa menos del uno por ciento del mercado marítimo total de este país, por lo que el asunto no es vital para el Congreso.
El argumento a utilizar es que el uso de la marina mercante nacional, le cuesta a los consumidores puertorriqueños una suma que ha sido estimada en alrededor de $500 millones anuales adicionales comparado con lo que se alega, representaría utilizar una marina mercante extranjera.
Por otro lado, es posible que las supuestas ventajas no existan. El costo de operación marítima local en Puerto Rico continuaría siendo igual que al presente. El volumen de mercancía que se importa de países extranjeros no sería suficiente para llenar un barco desde un puerto de origen y no se podría aprovechar reducciones por volumen en fletes o habría que esperar meses por un embarque. La ausencia de volumen no permitiría aprovechar la ventaja de embarques tipo “roll on-roll off” que ha reducido los fletes considerablemente en los últimos años.
La pregunta es: ¿estaríamos cambiando chinas por botellas?
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