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Fuente: Ecos de la Costa
Tarea política
José Luis Santana Ochoa
API: nuevos nombres, mismas actitudes
La política de relaciones institucionales que ha implementado la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, desde hace algunos años, va in crescendo en dos sentidos: más publicidad y más prepotencia. El cambio de nombres no ha resultado positivo ni para la relación corresponsable entre el puerto y la ciudad ni para los intereses de largo plazo de la propia APIMAN.
Increíblemente, los funcionarios de la APIMAN todavía no se queman con el atole que desde hace rato está en la lumbre. Hasta que esto suceda, no aprenderán la sana costumbre de soplarle al jocoque. Las obras y acciones en compensación que el H. Ayuntamiento de Manzanillo les ha planteado como condiciones mínimas para menguar los impactos sociales, urbanos y ambientales provocados por la ampliación de sus instalaciones portuarias, no son negociables, no deben ser tratadas como una gestión más de la desacreditada Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo todavía del cuestionadísimo Luis Téllez Kruesler, cuyos subordinados en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante no tienen por qué recortarle recursos a los manzanillenses ni seguir poniéndoles pretextos, mucho menos escamotearles inversiones, pues, lo entiendan, acepten o no, la viabilidad de su ampliación portuaria depende del arreglo que logren con el H. Ayuntamiento de Manzanillo y los porteños.
Los estudios planteados por el H. Ayuntamiento de Manzanillo para mejorar la relación puerto-ciudad, como el Programa Sectorial de Vialidad y Transporte, resultarán inútiles por la pretensión de Julián Dip Leos de realizarlos con la asesoría del Instituto Mexicano del Transporte, organismo que depende de la propia SCT y que se desprestigió por haberle realizado a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo en el pasado reciente estudios a modo y conveniencia. Los manzanillenses deben saber que la experiencia del IMT, Instituto Mexicano del Transporte, que obedece a Téllez Kruesler, es única y exclusivamente en lo referente a proyectos de carreteras o grandes infraestructuras, pero es nula en el rubro de planes de movilidad urbana, donde lo que importa es el ser humano y no los camiones de carga ni los patios de maniobra o posiciones de atraque.
Si el estudio que pretende el joven potosino Dip Leos pagarle generosamente al IMT también tiene el objetivo de prever y resolver los impactos nocivos del puerto sobre la ciudad, resulta ilógico encargarle su realización a los mismos funcionarios que le están generando a la gente de Manzanillo dichos conflictos. Es como entregarle la Iglesia Católica a Joaquín Aarón y a su Luz del Mundo. Esto por ningún motivo deben permitirlo el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de Manzanillo y la ciudadanía que hasta ahora se ha mostrado prudente, observante y respetuosa de la situación, pero todo tiene un límite, y éste está siendo rebasado ya.
Los grupos organizados y preocupados por su ciudad, como Pro Manzanillo que se ha ganado a pulso el prestigio, el reconocimiento y el respaldo de la gente, expresarán su inconformidad al darse cuenta de que sus justos y razonables planteamientos no se resuelven conforme a las condiciones mínimas planteadas. En tiempos de ajetreo electoral, ninguna autoridad local o estatal dudará en ponerse de lado del pueblo manzanillense en defensa de su ciudad.
En los próximos días se verá si en el gobierno federal hay alguien con suficiente inteligencia para entender que, por ponerle trabas a un paquete de obras y acciones compensatorias, Luis Téllez Kruesler, Alejandro Chacón Domínguez y José Julián Dip Leos arriesgan el futuro de un activo que le genera cada año 100 veces más dinero a la Tesorería de la Federación, que el monto de las multicitadas inversiones que tanto regatean los “colaboradores” del presidente del empelo, Felipe Calderón Hinojosa.
Luego que no se llamen a sorprendidos por la reacción de la gente provocada por ellos mismos con su miope y egoísta proceder, ni pretendan espantar con el petate de que perderán clientes a favor del puerto de Lázaro Cárdenas si los manzanillenses no se doblegan a sus imposiciones arbitrarias. Ojalá que no haya necesidad de publicar otra entrega de Tarea Política con el título, “Se lo dije”. Aún es tiempo de que imperen la razón y el buen juicio en tan importante asunto.
Los temas de posibles actos de corrupción en el manejo de contratos de servicios y obras de infraestructura, ameritan tratamiento por separado.
Tarea política
José Luis Santana Ochoa
API: nuevos nombres, mismas actitudes
La política de relaciones institucionales que ha implementado la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, desde hace algunos años, va in crescendo en dos sentidos: más publicidad y más prepotencia. El cambio de nombres no ha resultado positivo ni para la relación corresponsable entre el puerto y la ciudad ni para los intereses de largo plazo de la propia APIMAN.
Increíblemente, los funcionarios de la APIMAN todavía no se queman con el atole que desde hace rato está en la lumbre. Hasta que esto suceda, no aprenderán la sana costumbre de soplarle al jocoque. Las obras y acciones en compensación que el H. Ayuntamiento de Manzanillo les ha planteado como condiciones mínimas para menguar los impactos sociales, urbanos y ambientales provocados por la ampliación de sus instalaciones portuarias, no son negociables, no deben ser tratadas como una gestión más de la desacreditada Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo todavía del cuestionadísimo Luis Téllez Kruesler, cuyos subordinados en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante no tienen por qué recortarle recursos a los manzanillenses ni seguir poniéndoles pretextos, mucho menos escamotearles inversiones, pues, lo entiendan, acepten o no, la viabilidad de su ampliación portuaria depende del arreglo que logren con el H. Ayuntamiento de Manzanillo y los porteños.
Los estudios planteados por el H. Ayuntamiento de Manzanillo para mejorar la relación puerto-ciudad, como el Programa Sectorial de Vialidad y Transporte, resultarán inútiles por la pretensión de Julián Dip Leos de realizarlos con la asesoría del Instituto Mexicano del Transporte, organismo que depende de la propia SCT y que se desprestigió por haberle realizado a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo en el pasado reciente estudios a modo y conveniencia. Los manzanillenses deben saber que la experiencia del IMT, Instituto Mexicano del Transporte, que obedece a Téllez Kruesler, es única y exclusivamente en lo referente a proyectos de carreteras o grandes infraestructuras, pero es nula en el rubro de planes de movilidad urbana, donde lo que importa es el ser humano y no los camiones de carga ni los patios de maniobra o posiciones de atraque.
Si el estudio que pretende el joven potosino Dip Leos pagarle generosamente al IMT también tiene el objetivo de prever y resolver los impactos nocivos del puerto sobre la ciudad, resulta ilógico encargarle su realización a los mismos funcionarios que le están generando a la gente de Manzanillo dichos conflictos. Es como entregarle la Iglesia Católica a Joaquín Aarón y a su Luz del Mundo. Esto por ningún motivo deben permitirlo el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de Manzanillo y la ciudadanía que hasta ahora se ha mostrado prudente, observante y respetuosa de la situación, pero todo tiene un límite, y éste está siendo rebasado ya.
Los grupos organizados y preocupados por su ciudad, como Pro Manzanillo que se ha ganado a pulso el prestigio, el reconocimiento y el respaldo de la gente, expresarán su inconformidad al darse cuenta de que sus justos y razonables planteamientos no se resuelven conforme a las condiciones mínimas planteadas. En tiempos de ajetreo electoral, ninguna autoridad local o estatal dudará en ponerse de lado del pueblo manzanillense en defensa de su ciudad.
En los próximos días se verá si en el gobierno federal hay alguien con suficiente inteligencia para entender que, por ponerle trabas a un paquete de obras y acciones compensatorias, Luis Téllez Kruesler, Alejandro Chacón Domínguez y José Julián Dip Leos arriesgan el futuro de un activo que le genera cada año 100 veces más dinero a la Tesorería de la Federación, que el monto de las multicitadas inversiones que tanto regatean los “colaboradores” del presidente del empelo, Felipe Calderón Hinojosa.
Luego que no se llamen a sorprendidos por la reacción de la gente provocada por ellos mismos con su miope y egoísta proceder, ni pretendan espantar con el petate de que perderán clientes a favor del puerto de Lázaro Cárdenas si los manzanillenses no se doblegan a sus imposiciones arbitrarias. Ojalá que no haya necesidad de publicar otra entrega de Tarea Política con el título, “Se lo dije”. Aún es tiempo de que imperen la razón y el buen juicio en tan importante asunto.
Los temas de posibles actos de corrupción en el manejo de contratos de servicios y obras de infraestructura, ameritan tratamiento por separado.
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