Comisión Legislativa sólo sigue órdenes del jefe Mouriño: García

Fuente: Tribuna Campeche

La reunión que a puertas cerradas y a espaldas del pueblo carmelita sostuvo ayer en Palacio Municipal la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados encabezada por el diputado José Manuel del Río Virgen, sólo busca seguir tendiendo el manto de la impunidad a favor de la paraestatal, pues esas son las órdenes que recibieron del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño Terrazo.

Así lo afirmó ayer el presidente del Consejo Político Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alonso García Hernández, quien llamó al pueblo de El Carmen a unificarse para exigir no sólo la indemnización que nos corresponde por los daños ocasionados por el derrame petrolero, sino que al menos 300 millones de pesos de los recursos del reconocimiento de Campeche como entidad petrolera se destinen para el desarrollo social de esta zona, por ser la más impactada por la actividad petrolera.

Así también recriminó a los diputados federales que se estén prestando al juego perverso de “este español nacionalizado mexicano que sólo es el jefe operativo del plan orquestado para vender a Pemex, sin importarle al Gobierno Federal ni a él los trabajadores ni El Carmen y mucho menos el medio ambiente.

Consideró que este es el momento en que los carmelitas y campechanos debemos de asumir una actitud de exigir al Gobierno Federal y Pemex las justas indemnizaciones, y al Gobierno del Estado 300 millones de pesos de esos mil 200 millones que recibirá por el reconocimiento como Estado petrolero.

García Hernández quiso además dejar en claro que las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la actividad petrolera no sólo deben ser encaminadas al sector pesquero sino que a todo el pueblo de El Carmen, pues cada ciudadano ha recibido los impactos negativos de esa actividad industrial.

Y en cuanto a los recursos que se recibirían como entidad petrolera, reiteró que 300 millones deben darse a El Carmen; 400 millones dividirse entre los municipios restantes, y el resto al Gobierno del Estado, por lo que consideró que los ediles deben asumir una actitud de defensa y, si es posible, inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, o vivir sumisos y pobres como siempre”.