Pisamos callos: Maximiliano Lomelí

Fuente: Ocho columnas

En la primera semana de septiembre la Canaco pidió al director de la API que se aceptara la libre competencia de prestadores de servicios al interior del recinto portuario; días después les notificaron que la Canaco estaba fuera del Consejo de Administración de la API OC Guillermo Gómez Pastén

Al solicitar que se dejara a la libre competencia los servicios que se prestan a turistas que arriban a Vallarta en cruceros y yates, el dirigente de la Canaco local, Maximiliano Lomelí Cisneros, enfatizó que el objetivo es llevar a esos turistas a otros municipios de la región, conociendo los proyectos que serían exhibidos en el recinto portuario.

Presión. El dirigente del comercio organizado vallartense, al ocupar una silla dentro de ese consejo, hizo señalamientos por las decisiones unilaterales y arbitrarias que en su momento han padecido quienes tienen negocios en torno al recinto portuario. «Le compete a la API entregarles concesiones, pero se les pretende renovar sólo mediante un pago demasiado elevado. Ahora enfrentan problemas legales que están fuera de su alcance resolver».

Asimismo, en la primera semana de septiembre pasado, solicitó al director de la API, Francisco Martínez Narváez, que se diera cumplimiento a los puntos de acuerdo del consejo de administración con respecto a que es sana la libre competencia entre prestadores de servicios al interior del recinto portuario.

Sin embargo, «nos hemos llevado una sorpresa, pues el miércoles pasado fuimos notificados que la Canaco deja de ser integrante del consejo; prácticamente nos dan las gracias. Es una decisión unilateral y arbitraria que surge por el hecho de defender el desarrollo de nuestros agremiados, más aún, el desarrollo económico potencial que tiene esta región, turísticamente hablando».

Lomelí Cisneros consideró que se trata de una noticia preocupante, «porque están deteniendo el desarrollo regional, es decir, de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, Cabo Corrientes, Tomatlán. Hemos tratado de aportar para que tengan un desarrollo económico a través de un potencial que no se ha explotado. Manifestamos nuestro rechazo y vamos a defendernos legalmente».

Denuncia. El presidente de la Canaco anunció que defenderán su posición legalmente, porque independientemente de que el sitio en el consejo es honorífico, este organismo «ha actuado con espíritu de servicio, demostrado en 38 años, pues nuestros representados siempre depositan su esperanza en este organismo empresarial, los hemos defendido ante arbitrariedades, colaborando además en campañas institucionales de altruismo».

Por ello, agregó «durante nuestra participación en el consejo de administración de API solicitamos la libre competencia para los prestadores de servicio, además de solicitar el cese al hostigamiento que tienen algunos comerciantes por motivo de sus concesiones y que le compete a API resolver».

Agregó que al intentar fortalecer la economía de la región, «por desgracia nos hemos topado con intereses particulares, pero por desgracia no sólo en este puerto existe el problema, sino que tiene que ver con los demás puertos del país. ¿Qué tan grandes serán los intereses que tocamos?, o ¿esta es la política de desarrollo que emprende Puertos y Marina Mercante?».

Es por ello que a manera de defensa, ayer mismo enviaría una carta dirigida al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador Emilio González Márquez, para exigir una auditoría general a todas las API del país y a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pues «creemos que puede haber cotos de poder que no permiten la participación libre, social y detienen el desarrollo de las regiones, que sin duda somos el reflejo de lo que puede estar pasando en México».

La salida. Con fecha de 17 de septiembre, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a través de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, que encabeza Leonardo Lazo Margáin, emitió el oficio Nº 7.1. 1550/2007, dirigido al presidente de la Canaco Servytur de Puerto Vallarta, Maximiliano Lomelí Cisneros, en la que le informa que «con anterioridad se habían recibido diversas peticiones de particulares para integrar el Consejo de Administración de API».

Añade que éstas fueron sometidas a la consideración de la Asamblea General de Accionistas, quien con fundamento en los artículos 17 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 27 del Estatuto Social (este último conforme al cual los miembros del sector privado o empresarial durarán en su cargo un ejercicio social), «y con el objeto de dar oportunidad a otros miembros que también tengan la voz y la representación de ese sector, y aporten sus conocimientos y experiencia a la API, tal como lo hizo usted de manera destacada, tomó la determinación de aprobar la nueva integración del Consejo, la cual considera dichas peticiones».

Es decir, resaltó Maximiliano Lomelí, al momento en que las propuestas de la Canaco afectaron intereses particulares, extrañamente se decide terminar con su participación en el Consejo de Administración de la API. De hecho pidió hablar con Leonardo Lazo y hasta ahora no se le ha permitido tener acceso a ese funcionario.
«Evidentemente lo que buscan son representantes a modo para que no puedan ejercer una queja y un derecho constitucional al seno de los consejos de administración. Si hubiera sido en otra ocasión, cuando la Canaco no impulsara algún proyecto de desarrollo, otra cosa hubiera sido. Se protege a intereses que atentan contra Puerto Vallarta».

Lomelí Cisneros explicó que el director de la API sabía que en la siguiente sesión de consejo se propondría firmar los convenios que dieran paso a la libre competencia entre prestadores de servicios, pero «ese día no llegó, antes nos dieron las gracias. Tenemos información de que los dirigentes de los gremios de guías de turistas y de taxis viajan continuamente a la ciudad de México para presionar que no se permita la posibilidad de más prestadores de servicios».

Calidad. Martín Rodríguez Félix, quien encabeza un grupo de guías de turistas especializados de reciente creación, explicó que los guías de turistas que actualmente se desempeñan en el recinto portuario, quienes tienen en los pasajeros de cruceros internacionales a su núcleo de clientes, están integrados en tres sindicatos.

«Nosotros somos una sociedad civil que busca el bienestar de nuevas generaciones de guías. Recientemente acaban de surgir dos del CUC, cada vez tenemos más guías que se están preparando de acuerdo a las necesidades de Puerto Vallarta. Pero nos estamos topando con que el 80% de estos guías no tienen trabajo, entonces ¿de qué sirve que la Secretaría de Turismo esté promoviendo que tengamos guías de mayor calidad, de mayor nivel, cuando además está aumentando el turismo por vía naviera, pero se les niega la oportunidad de trabajar?».

Dijo que no se trata de ingresar de manera arbitraria al recinto portuario, sino apegados al reglamento, que no le impide tener más agrupaciones de prestadores de servicios siempre y cuando cumplan con la ley.

Además, «no iremos a competir con las rutas que ya explotan esos guías, que en realidad sólo llevan al centro y a realizar compras, pero nosotros estamos colaborando dando auge a otras comunidades, como las rutas de la raicilla y el café, la ruta del ostión, paseos a El Tuito, a San Blas, en fin, incluyendo recorridos que no se pueden hacer en un par de horas».

Explicó que la agrupación que encabeza invirtió en adquirir 20 camionetas, con aproximadamente cinco millones de pesos, tiene una decena de rutas preparadas, pero no ha podido empezar a trabajar. Precisó que el destino está saturado en algunas áreas y debe ofrecer alternativas.

Indicó que su proyecto ya lo tiene el director de la API, y éste si bien no ha dado negativa, simplemente no lo ha presentado en las sesiones del consejo de administración. En todo caso requieren que la negativa se les entregue por escrito para que puedan proceder legalmente.