Los negocios de la familia de Miguel de la Madrid en Colima

Los negocios de la familia de Miguel de la Madrid en Colima

Fuente: Proceso
pedro zamora briseño

Colima, Col., 8 de octubre (apro).- Involucrados en proyectos del ramo turístico que prometían trastocarse en jugosos negocios en el puerto de Manzanillo, al menos tres familiares del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado vieron derrumbarse sus planes en los últimos años, debido al incumplimiento de contratos por parte de sus propias empresas.

Es el caso de los proyectos Puerto Santiago de la Laguna y de la terminal de cruceros que, frente al abandono de las compañías contratadas, fueron retomados por el gobierno estatal, su principal promotor.

Sobre el primer proyecto, la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago SA, encabezada por Luis Cordero Tapia --cuñado de De la Madrid Hurtado--, no cumplió con el pago de más de 5 millones de dólares al gobierno del estado por el costo de un terreno en la laguna de Juluapan, por lo que le fue rescindido el contrato y tuvo que entregar una parte del inmueble.

A su vez, Carlos Alberto Raphael de la Madrid y Federico Luis de la Madrid Cordero --sobrino e hijo del expresidente-- participaron como socios de una de las empresas responsables de construir la terminal de cruceros de Manzanillo, pero el retraso de las obras propició que el gobierno de Colima les retirase la concesión del proyecto.

Por esos antecedentes Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago SA, que mantiene vivo el proyecto de Puerto Santiago de la Laguna, se convirtió en una paraestatal dirigida por Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, secretario de Fomento Económico bajo el sexenio de Fernando Moreno Peña.

Así mismo, después del fracaso de la familia De la Madrid, el 12 de septiembre pasado el mandatario Silverio Cavazos Ceballos anunció que la terminal de cruceros será construida principalmente con inversiones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (Apiman) y el gobierno del estado.

El megaproyecto Puerto Santiago de la Laguna tiene su origen hace más de 20 años, cuando en 1986, todavía en el sexenio de Miguel de la Madrid, fue promovido por la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, cuyo consejo de administración era presidido por Luis Cordero, cuñado del entonces presidente de la República.

La empresa, que se había constituido dos años antes como parte del grupo Marhnos, no pagó al gobierno de Colima, en un plazo de diez años, los 9 millones de dólares en que había sido valuado un terreno de 90 hectáreas sobre el que pretendía construir el emporio turístico, en una superficie ganada a la Laguna de Juluapan.

Ese terreno había sido desincorporado del gobierno federal en favor del estatal bajo la condición de que lo vendiera a Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago en 9 millones 524 mil 945 dólares, que serían pagados a plazos.

El proyecto original consideraba la construcción de una marina para 500 embarcaciones y dos clubes de yates; lotes hoteleros para mil 204 cuartos; áreas para 2 mil 310 unidades condominales y 920 lotes residenciales; también, campo de golf, club de tenis, club hípico, restaurantes, así como diversos centros cívicos, culturales, de servicios y comerciales.

Sin embargo, todavía en 1998 la empresa adeudaba más de 5 millones de dólares por el valor del terreno, lo que generó una serie de críticas en el Congreso local.

El escándalo obligó al gobierno estatal a presionar con la reversión del contrato, pero luego de varios años de negociaciones, en 2002 la empresa saldó su deuda al ceder a las autoridades estatales 56% de la superficie y la mayoría de sus acciones.

Empresarios de Monterrey

Y aunque desde entonces el gobierno estatal anunció que promovería el proyecto por su cuenta con la invitación a diversos inversionistas, hasta ahora no se han iniciado las obras.

El 23 de mayo de 2005, cuando Silverio Cavazos aún no cumplía tres semanas de haber arribado a la gubernatura, empresarios de Monterrey vinculados con el grupo Marhnos le ‘vendieron’ el proyecto al mandatario como un detonador del puerto de Manzanillo en materia turística y económica.

El empresario Carlos Aedo explicó que además de la construcción de una marina, el proyecto preveía desarrollar hoteles, lotes residenciales y condominios.

Al respecto, el abogado Everardo Alanís Alanís refirió que este desarrollo podría llevar de 15 a 20 años, "pero al comenzar automáticamente se genera toda una afluencia de capitales y de ideas que van a poner a Manzanillo, a escala nacional e internacional, en el mapa turístico".

Según los empresarios, estaba planeado iniciar los trabajos en septiembre de 2005, pues el gobernador los estaba apoyando en la agilización de los trámites y permisos para el inicio de la marina y demás obras de infraestructura.

Sin embargo, fue hasta principios de agosto de 2006 cuando Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago presentó ante la Semarnat la manifestación de impacto ambiental (MIA) con el fin de conseguir el permiso para el inicio de las obras.

Según el estudio, el proyecto considera una inversión de 809 millones 789 mil 158 pesos, divididos en 251 millones 861 mil 400 pesos para la primera etapa y 557 millones 927 mil 758 pesos para la segunda.

Pero después de dos meses y medio de haber recibido la MIA, la dependencia federal negó a la empresa la autorización del proyecto, bajo el argumento de que incumplió con los requerimientos de las leyes ambientales.

No obstante, la empresa quedó en libertad de empezar nuevamente el procedimiento administrativo ante la Semarnat, aunque hasta agosto de este año todavía no reiniciaba los trámites.

En relación con la terminal de cruceros, el 23 de julio de 2003 el gobierno de Colima otorgó la concesión del muelle a la constructora Tradeco Infraestructura SA, y alrededor del proyecto se conformaron además las empresas Concesionaria Manzanillo SA y Desarrolladora Puerto de Manzanillo SA.

El consejo de administración de esta última era presidido por Carlos Alberto Raphael de la Madrid, mientras que entre sus vocales se encuentra Federico Luis de la Madrid Cordero, sobrino e hijo del expresidente, respectivamente.

El 30 de enero de 2004, frente al entonces presidente Vicente Fox, y el entonces gobernador Gustavo Vázquez Montes, fue presentado el proyecto de construcción de la terminal de cruceros de Manzanillo, con la participación del gobierno estatal y varias empresas, con una inversión anunciada de 350 millones de pesos y una generación prevista de 500 empleos directos y 3 mil indirectos.

Durante la presentación, Carlos Alberto Raphael de la Madrid, aseguró que en diez meses serían concluidos los trabajos, e invitó desde ese momento al presidente Fox a acudir a la inauguración a finales de ese año. La tarde de ese mismo día inició la demolición de las instalaciones del viejo muelle fiscal, sitio donde se ubicaría la terminal.

Sin embargo, cuando había transcurrido la mitad del plazo establecido en el contrato, los trabajos permanecían paralizados. La empresa adujo entonces que el buque Blue Moon, hundido en ese lugar, le impedía proseguir los trabajos, mientras que empezaron a surgir versiones de que en realidad se encontraba descapitalizada y no tenía capacidad económica para cumplir el compromiso.

La terminal de cruceros incluía la construcción de una plaza comercial de 18 mil metros cuadrados, que sería destinada a zona comercial, de oficinas y áreas de entretenimiento, así como un estacionamiento de 266 cajones en tres niveles, y una marina de uso público con todos los servicios de tecnología en dos etapas de 142 posiciones.

Frente al incumplimiento, el gobierno de Gustavo Vázquez inició el proceso legal para el retiro de la concesión a la empresa de Carlos Alberto Raphael de la Madrid y Federico Luis de la Madrid Cordero.

Y tras una serie de pláticas, un año después del “banderazo” dado por Fox, el 19 de febrero de 2005 gobierno y empresa acordaron la disolución del contrato y el lanzamiento de una nueva licitación, en la que, según se dijo entonces, las empresas vinculadas a los De la Madrid tendrían la oportunidad de concursar nuevamente.

La rescisión de ese contrato fue acordada por el gobernador Gustavo Vázquez apenas cinco días antes de su muerte, ocurrida cuando el avión del gobierno estatal en que viajaba con seis personas más se estrelló en un paraje de Michoacán el 24 de febrero de 2005.

Y luego de la llegada de Silverio Cavazos a la gubernatura ya no hubo licitación de la obra.

A mediados de septiembre pasado, a dos años y medio del inicio de su administración, el mandatario anunció formalmente que la terminal de cruceros será construida con recursos de la API de Manzanillo y el gobierno estatal, con una inversión inicial de 120 millones de pesos.

El anuncio fue realizado por el mandatario en compañía del director de la API, José Luis Iberri Martínez, y ahí Cavazos manifestó que después de un largo proceso se logró concretar en un plan de vinculación estrecha y de coordinación obras que fortalecerán la vocación turística del puerto.

Reconoció que si bien Manzanillo ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es el desarrollo portuario de carga contenerizada y en general, donde ocupa el primer lugar, el puerto se venía rezagando en la captación de más cruceros, debido a que no tenía instalaciones adecuadas.

De acuerdo con el proyecto, este año la API invertirá 30 millones de pesos en la reparación del muelle fiscal y, para marzo de 2008, se encuentra programada la aplicación de 40 millones más para la ampliación del muelle turístico, lo que haría posible, si no ocurre nada fuera de lo previsto, que en octubre de 2008 Manzanillo cuente ya con una terminal de cruceros.

En lo que se refiere a la obra del centro comercial, Silverio Cavazos indicó que su gobierno está en posibilidad de hacer una inversión directa, o bien de otorgar la concesión a un particular para que la desarrolle.

Mientras tanto, Federico Luis de la Madrid Cordero, quien fuera socio de una de las empresas involucradas en el fallido proyecto, labora actualmente en el gobierno federal panista.

El 1 de febrero de 2007 fue nombrado temporalmente director de Dictaminación y Concertación del la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), por un periodo de seis meses que concluyó el 31 de julio de este año.

Ahora, De la Madrid Cordero continúa en el puesto gracias a una prórroga de cuatro meses, que concluirá el 30 de noviembre próximo, en tanto la dependencia realiza el nombramiento definitivo conforme a las bases del servicio civil de carrera.