Preocupación sobre futuras inversiones energéticas en Panamá

Fuente: El Comercio
Panamá, EFE

La demanda contra seis empresas presuntamente responsables del derrame de 5.000 barriles de crudo en el Caribe panameño y la paralización de sus operaciones pueden comprometer las inversiones en materia de hidrocarburos en este país, dijeron hoy fuentes empresariales.

El accidente, ocurrido el pasado 4 de febrero en la Bahía de Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, preocupa e involucra a las comunidades afectadas, al Estado, al sector marítimo y a las compañías demandadas por las víctimas.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP), que reúne a las empresas cuyos negocios giran en torno a la actividad marítima-portuaria, señaló hoy en un comunicado publicado en la prensa local que la demanda contra la empresa Petroterminal de Panamá (PTP) "pone en riesgo el futuro de la industria petrolera" en el país.

La manera como se ha manejado esta situación (la demanda contra PTP y otras cinco empresas) "puede frenar el establecimiento de megaproyectos, así como el objetivo de consolidar a Panamá como centro líder regional en materia energética", según la CMP.

También criticó que el Tribunal Marítimo de Panamá (TMP) decretara un secuestro sobre los bienes de terceros con lo paralizó las operaciones de PTP, que "adoptó las medidas de prevención establecidas en la Ley y en los convenios internacionales y aceptó su responsabilidad tan pronto se suscitó el incidente".

El accidente se dio cuando la nave M.T.Petrosvsk, de bandera de Liberia, derramó más de 5.000 barriles de petróleo en la Bahía de Chiriquí Grande mientras bombeaba el crudo.

Se originó debido a un daño en una de las válvulas del sistema de carga hacia la boya de abastecimiento en el oleoducto que opera la empresa estadounidense PTP.

El derrame afectó una zona de más de 700 hectáreas en el área marina y a unas 54 comunidades, que representan otras 200 hectáreas.

Estas comunidades demandaron a seis empresas trasnacionales por 500 millones de dólares por los daños y perjuicios ocasionados por el derrame y otros 37 millones de dólares por los costos del juicio.
También están retenidos 5.400 millones de barriles de crudo que se mantienen en los tanques de PTP y el barco M.T.Petrosvsk por parte del TMP.

El abogado de las víctimas, Silvio Guerra, ha explicado que lo que está secuestrado es el petróleo en un tanque, no PTP, y que "no es cierto" que la acción judicial ponga en peligro a la industria petrolera, y que más bien deben pensar los inversores en el cuidado ambiental que hay que tener en el país.

Juan David Morgan, abogado de Castor Petroleum Ltd., una de las empresas demandadas, dijo hoy en un escrito publicado en un medio local que este secuestro es "una medida arbitraria y contraria al proceso marítimo".

"El uso de un secuestro como herramienta de chantaje no resuelve nada y, en última instancia, al que hace más daño es al Estado y al resto del país, por el efecto negativo de esta experiencia en las inversiones futuras en el sector de hidrocarburos", indicó Morgan.

El letrado destacó que "cualquier demora en atender los recursos legales interpuestos, acabará ahuyentando esas y otras inversiones extranjeras y afectando hasta negativamente la calificación de riesgo país".

Mientras esto se dirime, el Gobierno de Panamá y autoridades del distrito de Barú (Puerto Armuelles), en la provincia de Chiriquí, 500 kilómetros al oeste de la capital, donde opera PTP, continúan con los planes para construir una refinería en esa zona del país.

El pasado 15 de mayo, Panamá y Qatar firmaron un acuerdo con la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy), para la segunda fase del proyecto de construcción de una refinería.