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El tiempo es un enemigo de esta administración, que no ha logrado la aprobación de la ley que permita concesión de puertos. El nuevo proyecto, para el que se fijaron plazo fatal —13 de octubre—, será presentado a discusión política antes de llevarlo a la Asamblea, atrasando así la posible firma de una contrato antes del 1.º de junio.
Fuente:
Estela Henríquez
nacion@laprensa.com.sv
Después de decenas de reuniones con sectores involucrados, la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, presentó al equipo de gobierno el nuevo anteproyecto de ley que permitiría —de ser aprobado— la concesión del sistema portuario salvadoreño; sin embargo, este documento seguirá en manos del Ejecutivo, que buscará una negociación política antes de llevarlo a la aprobación del pleno. La espera puede significar que la administración del presidente Antonio Saca no llegue a firmar el contrato de concesión del puerto de Cutuco.
“Todavía estamos viendo el estudio, yo viajo la otra semana a México, y la vicepresidenta se queda encargada del despacho. La siguiente semana tendremos un proyecto que será presentado a los partidos y después enviado a la Asamblea”, dijo el mandatario al ser consultado sobre la presentación del proyecto de ley de concesiones que se esperaba para este lunes 13 de octubre, fecha fijada por la comisión que nombró el presidente para el estudio de este tema.
“De nada nos serviría ese trabajo enorme de la vicepresidenta si llevamos un proyecto que no sea aprobado. Necesitamos primero venderle el proyecto a los partidos políticos que aquí es un ganar-ganar”, agregó el presidente sin responder concretamente si la apuesta sigue siendo que la firma del contrato de concesión se dé durante su gestión.
El proyecto que se llevará a consulta política es un camino al asocio público-privado, una de las exigencias de partidos de oposición que frenaron la aprobación del documento anterior en el que se dejaba fuera la inversión estatal, “por supuesto que teniendo mayoría el sector privado porque es el que invierte”, afirmó el presidente al explicar las razones de esta inversión privada que permitiría un mayor desarrollo para el país.
Semanas atrás, la vicepresidenta urgió la aprobación de este decreto que permitirá administrar los puertos del país (Cutuco y Acajutla), ya que las empresas que hasta ahora han mostrado interés podrían terminar por retirar sus ofertas y llevar su inversión a países vecinos.
“Las empresas no han puesto plazo, pero cuando se cansan de esperar se van, porque hay proyectos en la región que están haciendo proyectos similares y nos pueden comer el mandado”, señaló entonces la funcionaria al hacer alusión del anuncio de construcción del gigantesco puerto de carga Punta Colonet en la costa pacífica de México.
Los tiempos
A pesar de que, insistentemente, esta administración ha dejado claro que la intención es que haya contrato de concesión antes de retirarse —1.º de junio de 2009—, las cosas parecen estar ahora cuesta arriba.
La licitación internacional que definirá la empresa ganadora del proyecto podría tardar de seis a siete meses. Para comenzar este proceso debe de estar aprobada y en vigencia la legislación correspondiente.
El proceso de ley incluye además de la aprobación de la Asamblea Legislativa, en pleno, un plazo de 10 días hábiles para que el presidente lo sancione, observe o vete; luego deberá esperar ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con estos tiempos, y sumando la posibilidad de una discusión política de más de una semana, difícilmente el proceso —junto con los seis o siete meses de la licitación— culmine en mayo de 2009, fecha en la que el Gobierno tenía previsto estar firmando el contrato.
A la intención de firmar el contrato de concesión se suma que desde el mes de noviembre la infraestructura del puerto de Cutuco estaría lista sin poder ser utilizada y será, hasta seis meses después de su concesión, que la nueva terminal marítima comenzaría a operar. La operación del puerto de La Unión y el de Acajutla ya ha llamado la atención de al menos cinco empresas que están interesadas en participar en el proceso de concesión de estos.
Fuente:
Estela Henríquez
nacion@laprensa.com.sv
Después de decenas de reuniones con sectores involucrados, la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, presentó al equipo de gobierno el nuevo anteproyecto de ley que permitiría —de ser aprobado— la concesión del sistema portuario salvadoreño; sin embargo, este documento seguirá en manos del Ejecutivo, que buscará una negociación política antes de llevarlo a la aprobación del pleno. La espera puede significar que la administración del presidente Antonio Saca no llegue a firmar el contrato de concesión del puerto de Cutuco.
“Todavía estamos viendo el estudio, yo viajo la otra semana a México, y la vicepresidenta se queda encargada del despacho. La siguiente semana tendremos un proyecto que será presentado a los partidos y después enviado a la Asamblea”, dijo el mandatario al ser consultado sobre la presentación del proyecto de ley de concesiones que se esperaba para este lunes 13 de octubre, fecha fijada por la comisión que nombró el presidente para el estudio de este tema.
“De nada nos serviría ese trabajo enorme de la vicepresidenta si llevamos un proyecto que no sea aprobado. Necesitamos primero venderle el proyecto a los partidos políticos que aquí es un ganar-ganar”, agregó el presidente sin responder concretamente si la apuesta sigue siendo que la firma del contrato de concesión se dé durante su gestión.
El proyecto que se llevará a consulta política es un camino al asocio público-privado, una de las exigencias de partidos de oposición que frenaron la aprobación del documento anterior en el que se dejaba fuera la inversión estatal, “por supuesto que teniendo mayoría el sector privado porque es el que invierte”, afirmó el presidente al explicar las razones de esta inversión privada que permitiría un mayor desarrollo para el país.
Semanas atrás, la vicepresidenta urgió la aprobación de este decreto que permitirá administrar los puertos del país (Cutuco y Acajutla), ya que las empresas que hasta ahora han mostrado interés podrían terminar por retirar sus ofertas y llevar su inversión a países vecinos.
“Las empresas no han puesto plazo, pero cuando se cansan de esperar se van, porque hay proyectos en la región que están haciendo proyectos similares y nos pueden comer el mandado”, señaló entonces la funcionaria al hacer alusión del anuncio de construcción del gigantesco puerto de carga Punta Colonet en la costa pacífica de México.
Los tiempos
A pesar de que, insistentemente, esta administración ha dejado claro que la intención es que haya contrato de concesión antes de retirarse —1.º de junio de 2009—, las cosas parecen estar ahora cuesta arriba.
La licitación internacional que definirá la empresa ganadora del proyecto podría tardar de seis a siete meses. Para comenzar este proceso debe de estar aprobada y en vigencia la legislación correspondiente.
El proceso de ley incluye además de la aprobación de la Asamblea Legislativa, en pleno, un plazo de 10 días hábiles para que el presidente lo sancione, observe o vete; luego deberá esperar ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con estos tiempos, y sumando la posibilidad de una discusión política de más de una semana, difícilmente el proceso —junto con los seis o siete meses de la licitación— culmine en mayo de 2009, fecha en la que el Gobierno tenía previsto estar firmando el contrato.
A la intención de firmar el contrato de concesión se suma que desde el mes de noviembre la infraestructura del puerto de Cutuco estaría lista sin poder ser utilizada y será, hasta seis meses después de su concesión, que la nueva terminal marítima comenzaría a operar. La operación del puerto de La Unión y el de Acajutla ya ha llamado la atención de al menos cinco empresas que están interesadas en participar en el proceso de concesión de estos.
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