El que contamina paga

Fuente: Panamá America

Silvio Guerra Morales
ABOGADO

CAMINARON DURANTE cuatro días, sin cesar ni parar. Se trataba de cien indígenas, no más. Cada uno de ellos, hombres y mujeres, líderes natos de sus comunidades. Partieron el domingo pasado a las cinco de la tarde de Almirante, Bocas del Toro. Ya horas antes lo habían hecho de los respectivos cayos desde las dos de la tarde. Se hicieron acompañar, amén de sus sueños e ideales y de conocer la "gran ciudad" de Panamá, de una mochila cargada de trapos y algunos de ellos, creyentes cristianos, también echaron la Biblia, la Palabra de Dios.

Les alumbró el sol del día lunes en la carretera. Se fueron a la Defensoría del Pueblo, fueron atendidos, escuchados, pero hasta el momento nadie de allí ha dicho nada. Saltaron a la Corte, el Magistrado Benavides los atendió y, según ellos, les dio palabra de aliento: "Sigan adelante”". Decidieron regresarse el mismo día en la tarde para sus tierras. Los conductores de los buses dijeron que tenían que descansar, y los indios qué? No hubo quién en este país les diera posada. No hubo cama para ellos, tampoco pan ni agua. Aún sus ropas huelen a petróleo derramado. Sus manos conservan el olor a crudo de petróleo. Pero, como se dice por allí, "a nadie le falta Dios", y un noble hotelero se compadeció de ellos y tan sólo cobró 295 dólares la noche por hospedarlos a todos.

Y llegó el día martes, se fueron para los medios televisados de comunicación, y hablaron de sus penurias: Exhibieron recipientes contentivos de petróleo crudo. Ellos mismos los habían recogido. También hablaron de niños, niñas, hombres y mujeres que siguen con vómitos, diarreas, fiebres, nauseas, brotes extraños en la piel, ceguera, etc. Llegó el miércoles. No había autoridad de alta jerarquía que los atendiera y les diera una voz de aliento, de entusiasmo. De pronto los vimos, a tempranas horas, cerrando la Vía España a la altura de la Iglesia Del Carmen. Se formó un tranque descomunal. Yo, al igual que miles de muchos panameños, fui víctima del tranque. Ellos pidieron hablar con alguien con "poder de decisión". Se les comunicó que el Ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, los atendería. Y hacia allá se dirigieron. Al cabo de una hora y media apareció el ministro. Previo a ello les dieron de comer.

Los indígenas estaban anonadados, impresionados. Nunca habían visitado la gran ciudad y jamás imaginaron que pisarían, algún día, la Presidencia de la República. La reunión, normal, nada nuevo. Todo transcurrió por las expresiones de rigor consuetudinario en la política: "estamos preocupados", "esto afecta la imagen del país", etc. Los líderes indígenas respondieron que, en puridad de realidades, ellos eran los grandes afectados. No pasó más nada. Y pregunto: ¿Tenía que pasar algo? Yo creo que no. Explico.

El tema relacionado con la demanda de los 500 millones nada tiene que ver con el Gobierno Nacional. Ni siquiera éste ha sido demandado. Las autoridades en materia marítima han aconsejado que el Estado debe demandar para exigir la indemnización por el daño ecológico. El Estado no lo ha hecho. Si no es el Gobierno Nacional quien debe tomar la bandera de la solución al caso, entonces a quién corresponde? Pues, simple y sencillamente, a las compañías dueñas del petróleo que son las verdaderas y reales contaminadoras, las empresas contaminantes.

Petroterminal de Panamá sabe, perfectamente, que no ha sido secuestrada, ni siquiera un activo de ella ha sido objeto de una diligencia cautelar de secuestro. ¿Y por qué ha chillado tanto, por qué tanta fanfarronería en los medios de comunicación social, sobre todo los escritos y radiales? Esta empresa se ha venido comportando como si sus miembros fueran los verdaderos propietarios del petróleo. Esto es lo que en Derecho Privado denominamos "el animus domini", o "ánimo de dueño". En derecho probatorio lo llamamos "conducta concluyente"; es decir, se trata de una actitud que revela conocimiento y sentido de información que indica ser dueño o propietario del petróleo secuestrado. Pero sucede que en Derecho, de modo estricto, nos sometemos a la forma y las formas revelan, las documentaciones acreditan, de modo invariable, indubitable, que la dueña del petróleo es una empresa de nacionalidad estadounidense, norteamericana. Su nombre es Castor Americas Inc.

El presidente de Petroterminal de Panamá S.A. es un ciudadano norteamericano de nombre Jay Bernstein; quien es también el presidente de Northville Industries Corporation, la misma que aparece en el Contrato- Ley con la Nación como la Administradora del Puerto de Chiriquí Grande, punto de donde ocurrió el monumental derrame del crudo de petróleo que se dispersó por los mares de los cayos e islas del archipiélago de Bocas del Toro el 4 de febrero, afectando a miles de pobladores y al sistema ecológico y marino de nuestros mares.

Los indígenas se retornaron ayer a sus pueblos, a sus cayos e islas. Un nombre les retumba en la mente: CASTOR AMERICAS INC. es la empresa contaminadora y quien contamina tiene que pagar. Como escribiera alguien: "El que derrama paga". Los demás demandados son responsables solidarios. Esto significa que tienen corresponsabilidad con dicho derrame y tienen que pagar solidariamente.

Los indígenas, personas, seres humanos, cuyo voto en las elecciones vale igual que el suyo y el mío, al llegar a sus ranchos encontrarán en los fogones la paila vacía y en las hamacas llenas de mugre el olor de la miseria. Y ellos seguirán pensando, que en este país, son "ciudadanos de la última categoría" y que no existe la tal Alicia y tampoco el país de las maravillas. Los indígenas no son ni brutos ni ciegos; creen en el desarrollo, pero en lo que no creen es el desarrollo bruto y ciego.

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