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jueves, 28 de febrero de 2008

Propisición punto de acuerdo informen sobre núm. contratos de Oceanografia

Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos informen sobre el número de contratos celebrados con la empresa Oceanografía, el procedimiento para suscribirlos, los montos, las obras realizadas y el estado en que se encuentran.

Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya
Por el Estado de Tlaxcala

Dirección Torre del Caballito Piso 26, Oficina 8
Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030

Telefono 53.45.30.00 Exts 3123, 3124
Fax 3554
Correo Electrónico: asanchez@senado.gob.mx


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS, INFORMEN SOBRE EL NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIRLOS, LOS MONTOS, LAS OBRAS REALIZADAS Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN.

Quien suscribe, Senador ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Pleno del Senado de la República, la presente proposición con punto de acuerdo sustentando en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la propiedad originaria de la Nación respecto al territorio nacional y sus recursos.

Nuestro texto fundamental señala que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo expresa que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional. Asimismo señala que sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera.

Por otra parte la Ley establece que la Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiendo a la Secretaría de Economía expedir las disposiciones administrativas para la celebración de los contratos cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a Etano, Propano, Butano, Pentano, Hexano, Heptano, Materia prima para negro de humo, Nafta y Metano, se obtengan subproductos petrolíferos o petroquímicos básicos, para que puedan ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

Además prevé que Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios para la mejoría y realización de sus actividades.

En este sentido, pareciera que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo reviste una inconstitucionalidad frente a la prohibición que nuestra Carta Magna señala en cuanto a que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan celebrado en tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.

En el fondo la discusión se centra en la privatización o no de PEMEX y la posibilidad de que capital de entes privados, nacionales o extranjeros, inviertan en funciones que exclusivamente corresponden a la Nación mediante la entidad paraestatal y sus subsidiarias.

La experiencia reciente en México nos indica que de las 1,044 empresas paraestatales existentes en 1985, sólo se registraron 213 en 2006.

Las promesas hechas en los procesos de privatización de mayor eficiencia y menor corrupción han derivado en una creciente deuda asumida por el Estado para financiar los diversos rescates de los empresarios que adquirieron los activos públicos.

La historia económica y política de México en los últimos 25 años se expresa en pocas palabras: privatizaciones, rescates, saneamiento y reprivatizaciones. En este esquema que ha repetido el gobierno federal una y otra vez con los bancos, las carreteras y los ingenios azucareros, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.

El resultado de este modelo de desarrollo es que en México, los ricos son más ricos, y los pobres, más pobres y en mayor número, de modo tal que tenemos más millonarios en dólares que Inglaterra, Francia e Italia juntos y ellos tienen un PIB diez veces más grande que el de México.

La deuda reconocida de Pemex se duplicó en el sexenio de Fox al pasar de 274 mil millones de pesos a 614 mil millones al 31 de diciembre del 2006; en estas cifras no se incluyen los PIRIDEGAS que ascienden a más de 42 mil millones de dólares. El pasivo laboral, por su parte, pasó de 177 mil millones de pesos a 456 mil millones en el mismo período.

En los próximos 3 años se tendrán que amortizar 150 mil millones de pesos y realizar inversiones por 600 mil millones de pesos, por lo que se seguirá recurriendo al esquema de los PIDIREGAS para su financiamiento.

En el sexenio pasado se profundizó en el intento de convertir a Pemex en un simple administrador de contratos y fueron notoriamente públicas las ofertas internacionales de Fox de privatizar al organismo.

Las presiones para privatizar PEMEX se deben, en este sentido, no a la eventual quiebra de la empresa, sino a su capacidad de generación de riqueza, la cual es codiciada por empresarios extranjeros. A ello, se debe sumar el interés que despierta el valor estratégico de la materia prima en cuestión y que atañe directamente a la soberanía de los Estados nacionales

Otro vicio en la paraestatal es el tráfico de influencias y la corrupción. En esto destaca el tráfico de influencias que hacían en la paraestatal los familiares del entonces presidente Vicente Fox mismo que fue revelado por los reporteros Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez en un artículo publicado el 24 de octubre de 2004, en el periódico Excélsior.

En ese texto se señaló que Raúl Muñoz Leos forzaba al director de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corzo, y al Órgano Interno de Control (OIC) para que confiriera a Oceanografía el contrato 18575108/068/04, por más de 150 millones de dólares, para el alquiler de un barco grúa para las plataformas de la Sonda de Campeche.

La conducta del funcionario envolvía un millonario quebranto a las arcas de la paraestatal porque de las siete navieras que contendían por el contrato, el principal precio era el de Servicios Marítimos de Campeche, que ofertó 154 millones de dólares, contra los 164 millones que requería Oceanografía.

Aunque no era competitiva ni en calidad ni en precio, los hermanos Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún presionaron a Muñoz Leos y a su secretario particular Eduardo Rosas Monroy para que se contratara a Oceanografía.

En tiempos en que Muñoz Leos dirigía la paraestatal a Oceanografía se le concedieron múltiples adjudicaciones directas, como la 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246 dólares, que contemplaba la supervisión del dragado en el canal de acceso en Puerto Madero, Chiapas, pagada con recursos del Fideicomiso de Infraestructura.

Ante los legisladores de la Comisión investigadora, el Abogado General de PEMEX, José Néstor García Reza, admitió que, en el último tramo del sexenio de Vicente Fox, Oceanografía estaba vetada, y que, sin embargo, en un mismo día recibió los contratos 4182338602, 4182338612, 4182338662, 4182338672, 4182338682, 4182338692 y 4182338702, por 651 millones 388 mil 300 pesos, por concepto de "servicios" en la Región Marina Suroeste (RMSO).

También recibió el contrato 418235840, para "inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco, Cayo Arcas Campeche y/o Golfo de México", por 377.5 millones de pesos.

Más tarde, el contrato 412425828 por mil 412 millones 872 mil pesos, por servicios de "construcción de gasoducto y plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A". Luego, el contrato 418815856, por 23 millones 700 mil pesos, por "reacondicionamiento de cruces y rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas de la RMSO". Además se dieron una serie de hechos que a la fecha no han sido aclarados como es el caso del 4 de febrero de 2004, cuando se autorizó un incremento de 140 mil dólares al contrato número 412601801; en marzo, 127 mil dólares al contrato 412601801; en junio, un millón de dólares al contrato 418812800 y 8 millones de pesos al contrato 412003808. En julio, 2 millones 300 mil pesos al contrato 412002869.

En este sentido, es oportuno transparentar y dilucidar ante la Nación los posibles actos de corrupción o tráfico de influencias que se han auspiciado a través de Petróleos Mexicanos, previo a elaborar diagnósticos o proyectos de iniciativas, que sólo pretendan favorecer a unos cuantos en perjuicio de la propiedad originaria de la Nación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el número de contratos celebrados con la empresa Oceanografía, el procedimiento para suscribirlos, los montos, las obras realizadas y el estado en que se encuentran.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 28 días del mes de febrero de 2008.

SENADOR ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA

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