Ilegalidades de Saint Martín y Oceanografía

Derivado de investigaciones periodísticas de Contralínea, sobre las irregularidades en contratos asignados por Pemex a Saint Martín Construcciones y Oceanografía, la Auditoria Superior de la Federación investigó y comprobó anomalías de ambas empresas

Fuente: Revista Fortuna
Ana Lilia Pérez

Entre 2004 y 2005, a petición del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó algunos contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a las empresas Saint Martín Construcciones (SMC) y Oceanografía S.A., y comprobó irregularidades en ambas contratistas.

La auditoría se incluyó dentro del programa de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2005, y se derivó de lo que publicó Contralínea respecto a la relación de ambas empresas con familiares de Marta Sahagún y la complicidad de funcionarios de Pemex al asignarles millonarios convenios.

La mayoría de los contratos fueron por adjudicación directa, pese a que ambas empresas carecían de capacidad técnica y económica, en clara violación a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Aunque la revisión de la ASF se limitó a 18 contratos: nueve de SMC y nueve de Oceanografía, que representan menos del 10 por ciento de los que cada empresa recibió en el sexenio de Vicente Fox, el órgano de fiscalización comprobó que en la mitad de ellos hubo irregularidades por parte de las empresas y de los funcionarios de Pemex Exploración y Producción.

La revisión de ambas empresas se limitó a los contratos que le otorgó la subsidiaria PEP, por ser ésta en la que los Bribiesca tuvieron mayor área de influencias para sus ilegales negocios, cuando Luis Ramírez Corzo dirigió la subsidiaria y posteriormente Carlos Morales Gil.

Saint Martín

De los contratos asignados a Saint Martín, la ASF fiscalizó una muestra de seis de ellos para obra pública: 415114990, 411253849, 41511385, 415114833, 415114837, y 411253850; y tres de arrendamiento: 411004813, 411004814 y 411004815.

El contrato 411253849, asignado a SMC para trabajos de protección del suelo en pozos de la región sur, involucró 115 millones 801 mil pesos, a ejecutarse del 7 de julio de 2003 al 2 de enero de 2004.

La ASF comprobó que PEP incurrió en violaciones a la asignación del contrato, pues Saint Martín no presentó la garantía de vicios ocultos prevista en la legislación. La misma irregularidad detectó en el contrato 411253850, cuyo monto fue de 81 millones 274 mil pesos. La ASF recomendó a PEP que se “cerciore” de que la contratista presente garantías.

En el 30 por ciento de los contratos de Saint Martín, la ASF descubrió que de forma ilegal la empresa omitió reportar a PEP la conclusión de los trabajos contratados; tampoco hizo entrega física y, a pesar de ello, PEP finiquitó los contratos sin certificar su cumplimiento.

La falta de verificación de PEP sobre las obras encomendadas a SMC se detectó en los contratos 411253849, 411253850 y 415114990; por éste último PEP pagó más de 185 millones de pesos sin certificar su cumplimiento, que consistió en la “construcción y/o sustitución del oleogasoducto de 54 mil 159 kilómetros de la batería Luna a la batería Oxiacaque”.

Millonarios contratos

A pesar de los hallazgos de la ASF respecto a las irregularidades de SMC, la muestra que fiscalizó fue mínima; sólo se revisaron nueve de más de 60 contratos que el consorcio de los hermanos Juan de Dios, Rodolfo y Alejandro Saint Martín recibió el sexenio pasado.

La mayoría de los trabajos se hicieron por adjudicación directa a manos de funcionarios de PEP: Ricardo Palomo Martínez, Héctor Leyva Torres, Pedro Chávez Morales, Carlos Rasso Zamora, Ramón Alfonso Figuerola, Genaro Pérez Mejía, Pedro Javier Caudillo Márquez e incluso el propio ex titular de la subsidiaria, Carlos Morales Gil.

Cuando se desempeñó como subdirector de la Región Sur de PEP, Morales Gil adjudicó a Saint Martín un contrato por 38 millones de pesos, y como titular de PEP, también de manera directa, otro por 104 millones de pesos.

La historia de los hermanos Saint Martín en Pemex fue documentada por los contralores internos de la paraestatal, como una de las empresas más corruptas; sin embargo, por la red de tráfico de influencias que tendieron en Pemex a la fecha continúa vigente, pues mantienen el monopolio de los trabajos de “remediación” de pozos petroleros de Campeche, Tabasco y Veracruz, en los que se han detectado serias irregularidades.

Los contratos que SMC obtuvo en la gestión de Luis Ramírez Corzo, primero como titular de PEP y luego como director general de Pemex, ascienden a 2 mil 723 millones de pesos y 12 millones de dólares.

El contrato más oneroso, por 800 millones de pesos, fue asignado en 2004 por “Servicios para Manejo Integral de Recortes y Residuos Líquidos generados durante la Perforación y Mantenimiento de Pozos de Comalcalco, Delta del Tonalá, Reforma y Ciudad Pemex”.

Sobre éste polémico contrato, que no fue auditado por la ASF, el OIC en PEP abrió una indagatoria y descubrió que Saint Martín presentó documentación apócrifa y simuló como competidor a una de sus empresas filiales (Proses) para justificar la licitación pública

Sin embargo, había otro impedimento: Proses no contaba con una empresa que respaldara el traslado de los residuos, como establecían las bases de licitación, así que Juan de Dios Saint Martín falsificó documentos a nombre de Auto Express Cárdenas S. A. (AECSA), como proveedora para el servicio de transporte de residuos.

El fraude fue descubierto por el OIC, porque, aún cuando PEP ya había asignado el contrato a Proses, José Adrián Cárdenas Taméz, dueño de AECSA, denunció penalmente (A-II-0308/2004) a Proses por falsificación de documentos y abuso de confianza, y contra Juan de Dios Saint Martín por falsificación de documentos (Contralínea 33).



El OIC ordenó la cancelación del contrato; sin embargo, meses después PEP renumeró el mismo contrato y nuevamente se lo otorgó a Saint Martín, aunque a nombre de CSM y no de Proses.

El 9 de noviembre de 2004, en una reunión entre funcionarios de Pemex y la contratista, Cecilia Hernández López, subgerente de Recursos Materiales de UPMP, argumentó que la propuesta de Saint Martín cumplía con los requerimientos para ejecutar el contrato, por 779 millones 822 mil 302 pesos. Así, mediante esta triangulación, funcionarios de PEP y los empresarios justificaron la viciada asignación.

La liga con Manuel Bribiesca

Durante el sexenio de Fox, los contratistas de Pemex estrecharon sus vínculos con la Presidencia a través de Manuel y Jorge Bribiesca. En el caso del grupo Saint Martín, el enlace se dio por medio de un gestor de Pemex llamado Ricardo Silva.

Los hijos de Marta Sahagún operaron para que Pemex otorgara a CSM un contrato por más de 400 millones de pesos, vía adjudicación directa, para limpiar el derrame de crudo tras una explosión en Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.

Aun con los antecedentes de incumplimientos de la empresa, la adjudicación se dio con el visto bueno de Ramírez Corzo y Juan Bueno Torio, a la sazón director general de Pemex y director de Pemex Refinación, respectivamente.

En el último día de su gestión al frente de Refinación (al que renunció para convertirse en senador), Juan Bueno Torio señaló que tenía conocimiento de “irregularidades” de la empresa SMC; sin embargo, justificó: “se trataba de una emergencia y alguien tenía que hacer el trabajo”.

Meses después, en Villahermosa, en 2005, ex empleados de Saint Martín, entre ellos su ex apoderado legal, revelaron a Contralínea que fueron los hijos de Marta Sahagún los que consiguieron que Pemex le entregara este contrato a SMC.

El solapamiento a los hermanos Saint Martín llegó al más alto nivel en Pemex por su relación con Luis Ramírez Corzo, quien desde PEP avaló los contratos, y como director general de Pemex autorizó que se les adjudicara de manera directa un contrato por más de 400 millones de pesos para limpiar el derrame de Nanchital.

En la ejecución del contrato, SMC nunca limpió la zona, infló los precios y falsificó documentos para exigir a Pemex el pago de 987 millones de pesos, provocando un conflicto entre los lugareños afectados y la paraestatal. De este convenio finalmente Pemex pagó a SMC 450 millones de pesos, aunque los trabajos de remediación finalmente tuvieron que ser realizados por otras empresas.

Como director de PEP, en entrevista con Contralínea, Ramírez Corzo señaló a Saint Martín como una empresa “corrupta”; y justificó que, aunque su intención era que dejara de prestar servicios a Pemex, estaba consciente de que no tenía capacidad técnica para los trabajos que se les encomendaban. Decía, “la Ley Federal de Adquisiciones y Obras Públicas no tiene los suficientes candados para eliminarla de la lista de proveedores y prestadores de servicios de la paraestatal”.

Por su parte, los ex trabajadores del consorcio, cuya sede está en Villahermosa, explicaron que los hermanos Saint Martín vieron en su relación con Manuel y Jorge Bribiesca la opción para evitar que la SFP los vetara, por el cúmulo de denuncias en su contra.

Aunado a la ausencia del veto, los ex trabajadores de SMC dicen que el primer contrato que la empresa obtuvo por “gestiones” de los Bribiesca fue el 18575088-033-04, para tratamiento de recortes de perforación que originalmente había ganado la empresa PASA, por un monto de 200 millones, y por el que PEP pagó a Saint Martín 800 millones de pesos.

Además de la gestión de los Bribiesca para arreglar la licitación, los hijos de Marta Sahagún operaron para que el delegado de la Profepa, Ramiro Berrón Lara, retirara la clausura y condonara la multa por un millón 272 mil pesos a la empresa, por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico.

Entrevistados en Villahermosa, trabajadores y ex empleados del área de administración de la empresa reconocen que en el sector petrolero “sabíamos que los Bribiesca arreglaban contratos. A Saint Martín le arreglaron la licitación para recortes de perforación 18575088-033-04, desde la dirección de PEP, a través de Carlos Morales Gil”.

La impunidad de la empresa llegó a tal nivel que incluso el entonces subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Juan Rafael Elvira, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comentó a la reportera que el entonces procurador de Medio Ambiente José Luis Luege estaba “consciente” de la complicidad de funcionarios de Profepa en Villahermosa con Saint Martín.

Durante el sexenio foxista la empresa SMC fue denunciada ante la SFP, Profepa, Semarnat y ante el OIC en PEP, pero ninguna autoridad hizo algo: la mayoría de estas indagatorias fueron reservadas por 12 años, para evitar informar a la población.

El caso Oceanografía

Durante el gobierno foxista, Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo, como directores generales de Pemex, beneficiaron a Oceanografía S.A. con jugosos contratos, cuyo monto, a diciembre de 2006, era de casi 9 mil millones de pesos.

A raíz de lo publicado por Contralínea sobre los “beneficios” que recibía la empresa, gracias a las gestiones de los familiares de Marta Sahagún, los diputados federales, que a partir de 2004 indagaron los ilegales negocios de los Bribiesca, solicitaron a la ASF fiscalizar dichos contratos dentro de una auditoría especial. La revisión se limitó a los contratos: 412003810, 412602804, 418815856, 418235812, 418235840, y 418235843, 411003807, 411003805, y 411003806.

El contrato 418235840 fue adjudicado por PEP a Oceanografía el 25 de enero de 2005, para la inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en la terminal marítima Dos Bocas, Tabasco, por 13 millones de pesos y un millón 269 mil dólares, y en el que la ASF detectó que PEP pagó a la empresa el finiquito antes del periodo de conclusión de los trabajos.

La misma irregularidad se encontró en el contrato 418815856, que PEP adjudicó a la naviera el 16 de agosto de 2005 para “realizar el estabilizado, rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas” de la región suroeste.

Este contrato por 70 millones de pesos y 16 millones de dólares fue adjudicado por PEP en el mismo periodo en el que el Congreso indagaba el tráfico de influencias de los Bribiesca a favor de esta empresa, la cual por sus incumplimientos debía ser vetada por la Secretaría de la Función Pública.

Respecto a los contratos 418235840 y 418235843, la ASF comprobó que su adjudicación fue ilegal, puesto que Oceanografía no presentó a tiempo sus estimaciones de costos.

El contrato 418235840 fue adjudicado a la naviera para realizar la inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva en terminales marítimas Dos Bocas, Tabasco, y Cayo Arcas, Campeche, por 198 millones de pesos y 17 millones de dólares.

En contravención de la Ley de Obra Pública, el contrato 418235843, por 676 millones de pesos y 26 millones de dólares, se adjudicó a la empresa de forma directa, pese a que debía ser licitado. Aunado a que la naviera no presentó su estimación de costos a PEP, como marca la ley.

La ASF comprobó también que la naviera, propiedad de Amado Yánez Osuna y Amado Yánez Correa, incumplió en la ejecución del contrato 418815856, con un atraso de 16 días, y, pese a ello, PEP no le aplicó sanción por pérdidas estimadas en 50 mil pesos y 23 mil dólares.

Escueta fiscalización

Los vínculos de los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía fueron confirmados a Contralínea por Manuel Bribiesca, y derivado de ello, los diputados federales que indagaban sus negocios encargaron a la ASF que hiciera las auditorías correspondientes.

En agosto de 2005 la entonces diputada Martha Lucía Micher, quien encabezó la Comisión Especial para investigar a los Bribiesca, reveló en entrevista que solicitaría a la ASF fiscalizar los 101 contratos de obras y servicios que desde inicios del sexenio y hasta esa fecha había otorgado PEP a la naviera, y que de acuerdo con los expedientes que Contralínea proporcionó al Congreso, sumaban más de 6 mil 500 millones de pesos.

Al final del sexenio de Fox, la naviera, que antes de 2000 era una empresa venida a menos, había recibido contratos por 9 mil millones de pesos (Contralínea 47); sin embargo, la fiscalización de la ASF se limitó a revisar únicamente nueve de ellos.



Año V No. 51 Abril 2007