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Fuente: La Voz de Galicia
La Abogacía del Estado ya ha mostrado su estrategia ante el final de la instrucción del caso Prestige con una argumentada defensa de la gestión del accidente, pero la Fiscalía aún no ha desvelado si finalmente acusará al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, de cara a la apertura del juicio oral.
En un escrito presentado hace unos días en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, el fiscal encargado del caso, Álvaro García Ortiz, asume que la jueza da por terminada la instrucción judicial, pero considera prematuro definir su estrategia procesal hasta que la jueza no dicte el auto de incoación de procedimiento abreviado, lo que en realidad supondría la transición para la apertura del juicio oral.
En cualquier caso, en la providencia de la jueza no se exige claramente que las partes muestren sus cartas procesales. Simplemente se reclamaba una opinión sobre el procedimiento a seguir una vez que el grueso de la instrucción penal ya ha terminado. En este punto, la Abogacía del Estado aprovechó para pedir el sobreseimiento de los cargos contra su defendido, pero la Fiscalía no considera que sea oportuno fijar sus acusaciones hasta que la jueza defina las imputaciones en el auto antes referido.
La Fiscalía, no obstante, considera que aún hay varios flecos judiciales que gestionar antes de cerrar definitivamente la instrucción. Uno de estos asuntos es la finalización de la pericial económica que, aunque forma parte de la vertiente civil del procedimiento, es considerada crucial por el ministerio público. Varios peritos contables están ultimando la valoración de daños y es posible que su trabajo termine en unas semanas.
Embargo en Grecia
El otro asunto que el fiscal considera que hay que zanjar es mucho más complejo. Consiste en saber qué sucedió realmente con la orden de embargo decretada en mayo del 2005 sobre los bienes y dinero en metálico de la armadora del Prestige , Universe Maritime, con sede en Atenas.
Grecia nunca ejecutó el embargo de 87,7 millones contra la empresa, pero en realidad tampoco hubo constancia oficial de la negativa de la Justicia griega a ejecutar la orden de la jueza española, en aquel tiempo una sustituta.
En realidad, solo hubo una comunicación no oficial por parte de los organismos europeos de cooperación jurídica, que informaron de que los griegos se negaban a colaborar con un auto que no era estrictamente penal, sino que pretendía asegurar las indemnizaciones del proceso civil del caso Prestige .
La Fiscalía considera ahora que es crucial obtener de la Justicia griega un documento en el que claramente argumenten su negativa a trabar el embargo. Este procedimiento podría llevarse a cabo mediante una comisión rogatoria que podría retrasar el final de la instrucción varios meses.
En cualquier caso, ambos son trámites judiciales que no afectan al sentido general de la instrucción penal, que la jueza ya ha dado por finalizada mediante una providencia emitida hace un mes.
En un escrito presentado hace unos días en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, el fiscal encargado del caso, Álvaro García Ortiz, asume que la jueza da por terminada la instrucción judicial, pero considera prematuro definir su estrategia procesal hasta que la jueza no dicte el auto de incoación de procedimiento abreviado, lo que en realidad supondría la transición para la apertura del juicio oral.
En cualquier caso, en la providencia de la jueza no se exige claramente que las partes muestren sus cartas procesales. Simplemente se reclamaba una opinión sobre el procedimiento a seguir una vez que el grueso de la instrucción penal ya ha terminado. En este punto, la Abogacía del Estado aprovechó para pedir el sobreseimiento de los cargos contra su defendido, pero la Fiscalía no considera que sea oportuno fijar sus acusaciones hasta que la jueza defina las imputaciones en el auto antes referido.
La Fiscalía, no obstante, considera que aún hay varios flecos judiciales que gestionar antes de cerrar definitivamente la instrucción. Uno de estos asuntos es la finalización de la pericial económica que, aunque forma parte de la vertiente civil del procedimiento, es considerada crucial por el ministerio público. Varios peritos contables están ultimando la valoración de daños y es posible que su trabajo termine en unas semanas.
Embargo en Grecia
El otro asunto que el fiscal considera que hay que zanjar es mucho más complejo. Consiste en saber qué sucedió realmente con la orden de embargo decretada en mayo del 2005 sobre los bienes y dinero en metálico de la armadora del Prestige , Universe Maritime, con sede en Atenas.
Grecia nunca ejecutó el embargo de 87,7 millones contra la empresa, pero en realidad tampoco hubo constancia oficial de la negativa de la Justicia griega a ejecutar la orden de la jueza española, en aquel tiempo una sustituta.
En realidad, solo hubo una comunicación no oficial por parte de los organismos europeos de cooperación jurídica, que informaron de que los griegos se negaban a colaborar con un auto que no era estrictamente penal, sino que pretendía asegurar las indemnizaciones del proceso civil del caso Prestige .
La Fiscalía considera ahora que es crucial obtener de la Justicia griega un documento en el que claramente argumenten su negativa a trabar el embargo. Este procedimiento podría llevarse a cabo mediante una comisión rogatoria que podría retrasar el final de la instrucción varios meses.
En cualquier caso, ambos son trámites judiciales que no afectan al sentido general de la instrucción penal, que la jueza ya ha dado por finalizada mediante una providencia emitida hace un mes.
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