Acudirán a la justicia, por ingreso de barco

Fuente: Prensa Libre
Por Alberto Ramírez y Edwin Perdomo

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) presentará hoy una serie de acciones legales para intentar revertir la resolución de un juzgado que permitió el ingreso de un buque chatarra en el país.

Esa organización argumentó que la decisión del juzgado viola leyes ambientales.

Calas se convertirá en agraviado, como tercero interesado en el caso, y presentará un amparo en contra del juez José Reynaldo Galván Casasola, por haber ordenado a la capitanía del puerto el ingreso del barco chatarra.

Yuri Melini, director de Calas, señaló que hoy presentarán en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente una denuncia formal por contaminación industrial.

Agregó: “Como el daño está ocurriendo, entonces se recurrirá a la figura de acción reparadora, que podría obligar a la empresa Maya Quetzal, S.A. a sacar del país el buque chatarra, así como obligarla a resarcir posibles daños ambientales, además de responsabilidades civiles”.

Melini afirmó que también presentarán una denuncia por responsabilidad de funcionarios, para que se investigue a las instituciones estatales que debieron haber impedido el ingreso de esa chatarra y no lo hicieron.

Sin estudios
Alejandra Sobenes, viceministra de Ambiente, comentó que esa cartera realizó todas las acciones para evitar el ingreso del buque, pero la rápida resolución del juez Galván Casasola les impidió concretar la labor.

La funcionara aseveró que la empresa no tiene estudios de impacto ambiental para operar ni para traer ese tipo de barco chatarra.

Normativa
El buque Bay Island Trader, procedente de Honduras, llegó a aguas de Puerto Barrios, Izabal, el 22 de abril último, remolcado por otro barco.

Debido a que los artículos 7 y 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 68-86, prohíben la importación de chatarra, por el riesgo de que contengan sustancias contaminantes, como plomo, mercurio y metales pesados, los ministerios de la Defensa y de Ambiente no autorizaron su ingreso.

Sin embargo, el señor Hugo Noé Ramírez Franco, representante de la empresa Redex S.A., presentó en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Económico Coactivo de Izabal, un amparo contra un alférez que estaba a cargo de la capitanía del puerto.

El 28 de abril último, el juez Galván Casasola, pese a que se violaban varias normas, ordenó el ingreso del referido barco, el cual se encuentra en muelles privados de la empresa donde será desmantelado.