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Fuente: La Voz de Galicia
Galicia solo acumula seis sanciones de las 43 impuestas por la Administración marítima española a buques que estuvieron relacionados con episodios de contaminación desde el Prestige . No obstante, según ha podido saber La Voz tras el análisis de unos datos generales ofrecidos por el Gobierno en una respuesta parlamentaria de Izquierda Unida, las capitanías marítimas gallegas -en concreto la de Vigo- ostentan el récord de la mayor sanción impuesta a un armador por un vertido ilegal en toda España: los 250.000 euros con los que se castigó en el 2004 el vertido de fuel del buque New Polar en los muelles de Bouzas, en Vigo. Paradójicamente, la mayor multa por descargas ilegales no ha afectado a un barco en tránsito por el dispositivo de separación de tráfico de Fisterra, sino a un buque de una empresa gallega que estaba repostando en un puerto.
En su momento, la empresa armadora del buque fue obligada a depositar un aval de 900.000 euros para, entre otras cosas, garantizar el reembolso de los gastos de limpieza en varios arenales de Teis que resultaron afectados por el vertido de fuel.
La importancia de la sanción viene dada por la simple comparación con lo recaudado por la Dirección General de la Marina Mercante entre el 2003 y el 2007 en toda España. Todas ellas apenas suman 1.358.065 euros correspondientes a las 43 multas antes citadas, que oscilan entre los 1.000 euros y los 250.000 con los que se castigó el vertido del New Polar . Gracias a esta multa, Galicia acapara el 20,7% de lo recaudado en estos expedientes administrativos, a pesar de que las tres sanciones impuestas por la Capitanía de A Coruña son de 3.000, 10.000 y 12.000 euros y las otras dos restantes de Vigo, de 6.000 y de 1.000 euros. Entre los expedientes resueltos no se encuentran los 180.000 euros con los que en principio fue multado el buque Spiridon por un supuesto sentinazo frente a las costas gallegas en el 2003.
Aunque las medidas sancionadoras no suelen ser ninguna panacea en la lucha contra la contaminación marítima, pues se actúa con posterioridad a un vertido que ya no tiene remedio, los expertos consideran que el hecho de que los armadores observen que los sentinazos son castigados supone una buena medida disuasoria frente a los vertidos deliberados. Aunque se ha mejorado mucho en la coordinación de las distintas autoridades marítimas europeas, fuentes de la Administración española coinciden en que todavía existen muchas dificultades para hacer efectivas las sanciones a buques en tránsito.
En este sentido, es interesante comparar la cantidad total recaudada por episodios de contaminación con la procedente de multas que se tramitan tras las inspecciones técnicas de los buques en los puertos españoles. Desde el 2003, la Administración española ha ingresado por estos expedientes 4.983.886 euros, más del doble que aquellos que tuvieron su origen en un vertido.
Galicia solo acumula seis sanciones de las 43 impuestas por la Administración marítima española a buques que estuvieron relacionados con episodios de contaminación desde el Prestige . No obstante, según ha podido saber La Voz tras el análisis de unos datos generales ofrecidos por el Gobierno en una respuesta parlamentaria de Izquierda Unida, las capitanías marítimas gallegas -en concreto la de Vigo- ostentan el récord de la mayor sanción impuesta a un armador por un vertido ilegal en toda España: los 250.000 euros con los que se castigó en el 2004 el vertido de fuel del buque New Polar en los muelles de Bouzas, en Vigo. Paradójicamente, la mayor multa por descargas ilegales no ha afectado a un barco en tránsito por el dispositivo de separación de tráfico de Fisterra, sino a un buque de una empresa gallega que estaba repostando en un puerto.
En su momento, la empresa armadora del buque fue obligada a depositar un aval de 900.000 euros para, entre otras cosas, garantizar el reembolso de los gastos de limpieza en varios arenales de Teis que resultaron afectados por el vertido de fuel.
La importancia de la sanción viene dada por la simple comparación con lo recaudado por la Dirección General de la Marina Mercante entre el 2003 y el 2007 en toda España. Todas ellas apenas suman 1.358.065 euros correspondientes a las 43 multas antes citadas, que oscilan entre los 1.000 euros y los 250.000 con los que se castigó el vertido del New Polar . Gracias a esta multa, Galicia acapara el 20,7% de lo recaudado en estos expedientes administrativos, a pesar de que las tres sanciones impuestas por la Capitanía de A Coruña son de 3.000, 10.000 y 12.000 euros y las otras dos restantes de Vigo, de 6.000 y de 1.000 euros. Entre los expedientes resueltos no se encuentran los 180.000 euros con los que en principio fue multado el buque Spiridon por un supuesto sentinazo frente a las costas gallegas en el 2003.
Aunque las medidas sancionadoras no suelen ser ninguna panacea en la lucha contra la contaminación marítima, pues se actúa con posterioridad a un vertido que ya no tiene remedio, los expertos consideran que el hecho de que los armadores observen que los sentinazos son castigados supone una buena medida disuasoria frente a los vertidos deliberados. Aunque se ha mejorado mucho en la coordinación de las distintas autoridades marítimas europeas, fuentes de la Administración española coinciden en que todavía existen muchas dificultades para hacer efectivas las sanciones a buques en tránsito.
En este sentido, es interesante comparar la cantidad total recaudada por episodios de contaminación con la procedente de multas que se tramitan tras las inspecciones técnicas de los buques en los puertos españoles. Desde el 2003, la Administración española ha ingresado por estos expedientes 4.983.886 euros, más del doble que aquellos que tuvieron su origen en un vertido.
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