Fuente: sinembargo.mx
Por:
Javier Cruz Aguirre - abril 10 de
2012 - 0:00
INVESTIGACIONES,
Investigaciones
especiales -
1 comentario
El conflicto jurídico en Punta Colonet por la explotación del yacimiento de
Titanio más importante de México, está vigente y a un paso de llegar a
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para su resolución definitiva o pasar a tribunales
internacionales.
De hecho, la liberación de este litigio, primero y único en su tipo en toda
la República, sentará las bases para que el gobierno federal asuma la
responsabilidad de regular la explotación de las minas costeras en el país, en
donde existe un potencial de aprovechamiento, principalmente de acero, que
puede generar miles de empleos y riqueza para toda la nación.
El oceanólogo Pablo López Domínguez, de
la empresa Tecnoplades,
luego de participar en la reunión de fortalecimiento de una propuesta para
crear
la Agencia
Mexicana de Mares y Costas (AMMC), realizada en Ensenada el
pasado martes 13 de marzo, recordó la importancia de los yacimientos de Titanio
y Hierro en la costa del Pacífico bajacaliforniano.
El consultor ambiental resaltó que al estar evaluados comercialmente en
miles de millones de dólares y con un potencial de explotación por hasta 200
años, los inmensos depósitos de Titanio en Colonet provocaron la avaricia de
grandes políticos del país y de grupos mineros trasnacionales asociados con
poderosos inversionistas mexicanos.
Por eso, dijo, es fundamental que se forme la Agencia de Mares y Costas como
un órgano especializado, capaz de mediar profesionalmente en este tipo de conflictos
y, de una manera objetiva e imparcial, determinar la mejor forma de aprovechar
los recursos mineros ubicados mar adentro de las costas de México.
“La creación de una Agencia Mexicana de Mares y Costas (AMMC) como la que
impulsa el Senado de la República, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y el CICESE (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada) puede ayudar a resolver esta y otras disputas que se pueden dar en
temas tan controversiales como el de Punta Colonet”, dijo.
Para el científico, la agencia tendría en su poder una serie de
investigaciones, de bases de datos, de información “fuerte” y objetiva,
que le permitiría ser el árbitro técnico a través de peritajes especializados
“ciento por ciento creíbles, alejados de otro tipo de intereses”.
Y resaltó: “Imagine a la agencia investigando, regulando, poniendo fin a las
peleas entre instituciones diciendo: señores, por favor, necesitamos empleos,
necesitamos riqueza y aquí estamos llenos de Titanio y de Hierro. Es absurdo
estar peleando por esto”.
-¿Qué tan importante es, comercialmente hablando, el yacimiento de
Punta Colonet?
-Se sabe que el yacimiento de Titanio es de
15 kilómetros de
extensión, pero en la plataforma en Baja California se habla de
150 kilómetros.
Empieza delante de la bahía de Colonet y se va hacia el Sur y el Norte, muy cerca
de la bahía de Ensenada. Y hay riqueza explotable todavía rentable.
El Grupo Minero Lobos, que representa Gabriel Chávez Aguirre y que sostiene
una larga disputa jurídica por hacer valer la concesión minera que la
Secretaría de Economía le otorgó en septiembre del 2005 para luego rescindirla
por los intereses económicos y políticos que se concentraron en Colonet, en
donde consorcios trasnacionales desean construir un megapuerto comercial,
identificó así la importancia del sitio:
En 2006 el grupo presentó al gobierno federal, incluida la Presidencia de la
República, un proyecto integral de desarrollo industrial en Colonet.
Esto para aprovechar su potencial minero como detonador económico “y en el
contexto de materia prima para la integración de cadenas productivas”.
En el Manifiesto de Impacto Ambiental que Lobos presentó a la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de una subsidiaria -BC
Puerto Enterprise, asociada en un 50 por ciento con el gigante portuario
estadunidense Stevedoring Services of America (SSA)-, se afirma que el
potencial de la mina asciende a 700 millones de toneladas de fierro y 300
millones de toneladas de Titanio.
También informa que el valor del depósito minero tiene un potencial estimado
en 60 mil millones de dólares para un periodo de aprovechamiento de al menos
200 años, generando una economía interna de 600 mil millones de dólares.
Asimismo, revela que la inversión inicial del proyecto integral con su socio
Stevedoring Services of America, dueño en México al 100 por ciento de las
concesiones portuarias de Manzanillo, Veracruz, Cozumel y Progreso, y
propietario del 49 por ciento de la concesión de Acapulco, sería de mil 200
millones de dólares.
Esta primera etapa de la inversión (el total a 10 años sería de 10 mil
millones de dólares) generaría 70 millones de dólares en impuestos (700
millones en 10 años), mil 500 empleos directos (15 mil en 10 años) y 10 mil
indirectos.
Al respecto, el oceanólogo Pablo López dijo: “Lo cierto es que inicialmente
se conocía que el banco de Titanio existía sólo tierra adentro, pero los
estudios científicos, entre ellos los del Cicese, han demostrado que lo que
vemos en tierra es apenas la punta del iceberg, que lo grueso del yacimiento se
encuentra en el mar”.
LA MANO NEGRA
Para el consultor ambiental “hay al menos tres políticos que no han dejado a
la empresa (Grupo Minero Lobos) desarrollar la mina”, por lo que incluso las
dependencias del gobierno federal tienen sus propias expectativas del sitio.
“Lo que pasa –dijo López Domínguez- es que al no existir nada en nuestro
país que regule (legalmente) la concesión de un yacimiento minero dentro del
mar, todas las dependencias federales interpretan a su antojo” y los políticos
de altos vuelos hacen de las suyas.
Uno de esos políticos es el ex gobernador de Baja California, ex comisionado
fronterizo en el gobierno de Vicente Fox y actual aspirante al Senado por el
Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.
Gabriel Chávez reveló que fue hasta el 2005, en que Grupo Minero Lobos se
interesó en explotar el yacimiento de Titanio –“luego de una disputa con otra
compañía minera de
la
cual Ernesto Ruffo es socio”-, cuando el gobierno federal
hizo modificaciones a
la
Ley Minera para concesionar los depósitos mineros en la
plataforma continental del país.
De acuerdo con López Domínguez, esta regulación sólo legaliza las
concesiones, no los impactos ambientales, los permisos, los cambios de uso de
suelo y la obtención de licencias.
“Y es ahí donde todas las dependencias de gobierno empezaron a intervenir
con intereses propios, con terceros o gente ajena a la minería, y empezaron a
trabar todo”, apuntó.
Lo cierto es -agregó- que los litigios jurídicos por la posesión del
yacimiento están vigentes, en un constante “estira y afloja” que impide
explotar ese enorme filón minero y que frenan otras inversiones frente a las
costas de Colima y Chiapas, en donde existen grandes depósitos de acero para
los cuales la autoridad federal no encuentra una forma que permita su
explotación legal y armoniosa.
“Definitivamente falta voluntad política y madurez para entender a cabalidad
el concepto de desarrollo social sobre el interés particular. Con esto, el
problema se resolvería, no con litigios, pero hoy sabemos que el caso Colonet
está por llegar a la SCJN luego de largos años de disputa legal”.
Ernesto Ruffo
LA CONTROVERSIA
Esta perspectiva de López Domínguez choca con la versión que, en septiembre de
2007, proporcionó el entonces coordinador general de Minería de la Secretaría
de Economía, Norberto Roque Díaz de León, en el sentido de que la concesión al
Grupo Minero Lobos estaba revocada.
El motivo principal de la cancelación de la concesión, explicó entonces el
funcionario federal, fue que la empresa no obtuvo los permisos en materia
ecológica de la SEMARNAT.
Sin embargo, Díaz de León reconoció que no existía un tiempo específico para
anular la concesión, “pero lo que sí puedo decir es que está perfectamente
sustentado el proceso de cancelación”.
Años más tarde –marzo de 2010-, el licenciado en Derecho Gerardo Sánchez
Henkel, entonces titular de Asuntos jurídicos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que el Tercer Tribunal Colegiado de
Mexicali resolvió que el grupo de Chávez Aguirre “no tiene ningún interés
jurídico” en el desarrollo portuario de Colonet, por lo que su proyecto no se
podía desarrollar.
Meses después, Gabriel Chávez dijo que las acciones del gobierno de Felipe
Calderón en contra del grupo lo dejaban “en total indefensión jurídica”, por lo
que recurriría incluso a instancias internacionales en busca de justicia.
-¿Han tratado el tema directamente con Felipe Calderón?
-Sí. Él ya sabe y lo conoce. No hemos estado directamente con él, pero sí
con gente que él ha señalado para atender esto; específicamente con el doctor
Ibarra, que es el director de Infraestructura Tipo A de
la SCT. Con él hemos
platicado en Los Pinos.
Pero debo decir que la dinámica hacia dentro de la Coordinación de Puertos
(de la SCT) es una, en Semarnat es otra, en Economía es otra y en Los Pinos
otra. Para
la SCT Colonet
únicamente es puerto; para Economía, ellos ya cumplieron su acto jurídico y no
quieren tocar el tema del puerto; para Los Pinos es un proyecto político y
social de gran impacto, que tiene que ver con la generación de empleos y con
las cadenas productivas. Ellos no ven más.
–¿Cree que la Presidencia de la República resolverá conflicto?
-Tengo esa confianza totalmente. No hay duda que esto se resolverá con una
decisión política del Presidente. De hecho, está en su escritorio en espera de
resolución.
-¿Y qué pasa si el gobierno federal decide no resolverlo?
-La Ley de Bienes Nacionales prevé el rescate de las concesiones federales
que se considere necesario revocar. En el caso de la Minería hay un reglamento
específico pero no contempla la figura del rescate, no existe y le voy a
explicar las razones:
La Ley de Bienes Nacionales se puede aplicar en el rescate de un inmueble,
que puede ser una escuela, una oficina de gobierno que se concesionó a un
particular, una iglesia, pero no de una concesión minera. Por ejemplo, Hacienda
no va a revocar una concesión de banco porque éste se considera estratégico.
Tampoco vas a revocar la concesión de una planta energética por la inversión
que ésta representa y porque es estratégica. Lo mismo sucede en la Minería.
Es cierto que muchas minas nunca llegan a producir, o pasan muchos años para
que puedan hacerlo. Tenemos el caso de
la mina El Arco, del
Grupo México, en el Paralelo 28 de la península (de Baja California). Grupo
México es el productor número cuatro de cobre en el mundo. Probablemente tarden
muchísimos años antes de llegar a producir en El Arco, pero no puede llegar el
gobierno y decir: Te quito esas reservas. ¿Cómo quedaría la cuestión económica,
la cuestión internacional y legal?
-¿La cancelación de la concesión a Grupo Minero Lobos viola el
Estado de Derecho en México?
-Completamente. Y por supuesto estamos dispuestos a entrar a un litigio en
tribunales internacionales. Implicaría una serie de responsabilidades y
procesos. En materia de Minería, hay un reglamento muy claro y específico. Es
como un contrato de adhesión: tú te apegas a ese contrato y el Estado te
garantiza. Mientras tú cumplas no tienen por qué revocarte nada. La minería
incluso tiene un factor de utilidad pública, que no necesitas probarlo y que
está por encima de cualquier otra actividad.
¿HISTORIA SIN FIN?
En junio del 2006, Gabriel Chávez solicitó a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) la concesión de una terminal portuaria de altura y cabotaje
con instalaciones y prestación de servicios comerciales, industriales y
turísticos de carácter particular sobre bienes de dominio público de la
federación.
En su petición el empresario bajacaliforniano indicó que el 11 de agosto del
2005 la Secretaría de Economía le otorgó a él, a Sergio Saucedo Martínez y
Adolfo Rodríguez Haros, socios en BC Puerto Enterprise, una concesión de
exploración y explotación minera (Magnetita y Titanio) bajo título minero
número 225262 denominado Lobo 32, registrado en el acta
322, a foja 161, volumen 351
del Registro Público de Minería.
En apoyo a la concesión minera, la empresa celebró una alianza estratégica
con Stevedoring Services of America (SSA) México, S. A. de C. V., mediante un
acuerdo mercantil en donde ambas compañías deciden participar con el 50 por
ciento de las acciones de BC Puerto Enterprise.
SSA es un consorcio trasnacional con oficina matriz en Seattle, Washington.
A través de su filial SSA México, participa en la privatización del Sistema
Portuario Nacional desde 1995, en donde maneja cinco puertos mexicanos además
de ser la operadora de terminales marítimas y ferroviarias más grandes de
Estados Unidos y el Hemisferio Occidental.
Entre los servicios que presta a sus clientes están los de estiba;
construcción, mantenimiento y administración de terminales marítimas y
ferroviarias; consultoría; servicios en terminales de ferrocarril y camiones de
carga.
Realiza 150 operaciones a nivel mundial, incluyendo Panamá, México, Chile,
Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irak, y posee 48 terminales de ferrocarril en
Estados Unidos.
Tan sólo en el año 2004 movió 7.9 millones de contenedores (Teus) en tráfico
marítimo; 10.6 millones de Teus de ferrocarril; 30.4 millones de toneladas en
transborde de carga y 40 millones de toneladas de carga a granel y general.
Opera más asociaciones con líneas navieras que cualquier otro competidor
mundial y está presente en cuatro nuevas terminales en construcción con una
inversión de mil millones de dólares.
Además da empleo a más de 10 mil personas en el planeta, lo que la sitúa
como el mayor patrón en puertos y mano de obra en terminales ferroviarias de
los Estados Unidos, y opera en todos los puertos de Estados Unidos, excepto
Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore y Boston, y opera la expansión de los
puertos de Long Beach, Oakland y Seattle.
Es dueña al 100 por ciento de la concesión portuaria en Manzanillo,
Veracruz, Cozumel y Progreso, y propietaria del 49 por ciento de la concesión
de la Api en Acapulco.
Esta currícula no impresionó a la SCT, quien al publicar el Decreto de
habilitación del megapuerto de Bahía Colonet provocó que SSA y sus socios
mexicanos tramitaran juicios de amparo indirecto (expedientes 429/2006 y
430/2006) ante el Juzgado Décimoprimero de Distrito con sede en Ensenada, para
impugnar el régimen de navegación de altura y cabotaje que la federación dio al
puerto de Colonet.
El 26 de octubre del 2006 Chávez presentó un escrito de oposición a la
creación del puerto que ocuparía dos mil
769.72 hectáreas
integradas en agua de mar territorial (dos mil
686.55 hectáreas)
y en zona federal marítimo terrestre (
83.16 hectáreas),
colindantes a su concesión.
El entonces director general de Puertos, licenciado Ángel González Rura,
contestó el 8 de noviembre del 2006 mediante oficio de
la Coordinación General
de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Puertos, dirigido al
licenciado José Ruiz Cruz, asesor de
la Oficialía Mayor de
la SCT. En
ese documento el gobierno federal concluyó:
1.-Que la concesión
portuaria solicitada por BC Puerto Enterprise a la SCT el 26 de julio del 2006,
“demuestra que la pretensión de la empresa es la de construir y explotar un
puerto en Bahía Colonet y que por ello carece de sentido su oposición al
anteproyecto del gobierno”
2.- Que este anteproyecto
no implica la expropiación de la propiedad raíz a que aduce dicha empresa (la
parcela ejidal 194 del ejido 27 de Enero), y que es imposible físicamente
situar la parcela 194 en el área del recinto portuario de Bahía Colonet, el
cual se integra con bienes del dominio público de la federación
3.- Que el lote Lobo 32
no impide que en el área adyacente se constituya el recinto portuario, puesto
que se trata de vías generales de comunicación por agua, bajo la competencia de
la SCT
4.- Que el puerto
respectivo se considera de utilidad pública por ser un proyecto general de
interés nacional con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Puertos y que la
declaratoria federal de recinto portuario no afecta por sí misma la concesión
minera de BC Puerto Enterprise
5.- Que de la concesión
minera de exploración 225262, con vigencia al 11 de agosto de 2011, “es
importante señalar que en el área del puerto el objeto de dicha concesión de
exploración y explotación aún no se ha llevado a cabo”
6.- No existe propiedad
privada alguna en el anteproyecto del megapuerto comercial, por ello la empresa
de Chávez Aguirre no tiene “legitimización legal” tanto para promover su
oposición al anteproyecto, como para hacer valer, a través de la vía
administrativa, de la mejora regulatoria de oposición al anteproyecto
7.- Que al no obtener la
suspensión definitiva reclamada por BC Puerto Enterprise en los juicios de
amparo 429/2006 y 430/2006, no existe obstáculo legal para la expedición del
anteproyecto portuario
A este descalabro siguió uno más: el 15 de febrero de 2007
la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) publicó, en
la Gaceta Ecológica
número 6, los resolutivos emitidos del 8 al 14 de febrero de 2007 en el
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En la página 2 de la Gaceta se informa que la petición de
la empresa BC Puerto
Enterprise relativo al proyecto denominado “Terminal de Minerales, Usos
Múltiples y Contenedores Punta Colonet, Baja California”, simplemente “no
aplica”.
El resolutivo, no disponible en la página de Internet de la Semarnat se
refiere al trámite “Recepción, Evaluación y Resolución de la Manifestación de
Impacto Ambiental en su Modalidad Particular.- Modalidad. A: No incluye
actividad altamente riesgosa”, que Chávez Aguirre presentó a la DGIRA el 6 de
noviembre de 2006.
Identificado con el número de referencia 02BC2006V0014, el proyecto consiste
en la construcción y operación de un puerto multimodal, con nueve posiciones de
atraque (muelles) destinadas al apoyo de actividades comerciales e
industriales.
Este proyecto se distribuiría en una superficie de mil
96.62 hectáreas, de
las cuales, siete mil 971 se ubican en su parte terrestre y las mil 88.649
restantes corresponden al área marina.
Se construirían los siguientes sistemas: energía eléctrica, agua potable,
aguas residuales, telefonía y comunicaciones, vialidades, vivienda y creación
de un poblado de apoyo, con todos los servicios e infraestructura urbana, con
la finalidad de no incrementar los posibles rezagos que, en materia de
desarrollo urbano, presenten los poblados de la zona.
El 1 de febrero de 2007, dentro del plazo fijado por la Semarnat para
resolver la petición del MIA, se dio la resolución negativa a BC Puerto
Enterprise, una de las cinco compañías que Chávez Aguirre, Sergio Saucedo
Martínez y Adolfo Rodríguez Haros crearon entre 2004 y 2006 para hacer negocio
en Punta Colonet bajo el nombre “Grupo Minero Lobos”.
En el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), Chávez, Saucedo y
Rodríguez dieron de alta las siguientes empresas:
A.- B.C. Puerto
Enterprise, S. A. de C. V., inscrita en
la sección Comercio
bajo partida 5124111 de fecha 21 de junio del año 2004.
B.- Iron Ore de
México, S. A. de C. V., inscrita en la partida 5135061 del 9 de marzo del
2005. C.- Grupo
Minero de Baja California, S. A. de C. V., partida 5136655, de fecha 25 de
abril del 2005.
D.- Grupo Minero
Lobos, S. A. de C. V., bajo partida 5158001 de fecha 13 de septiembre del
2006.
E.- Colonet International, S. A. de C. V.,
inscrita bajo partida 5161746, con fecha 30 de noviembre del 2006.
De esta última empresa el RPPC reporta que la sociedad se constituyó el 18
de agosto de 2006 ante la fe del corredor público número 17 de la ciudad de
Tijuana, fijando como su lugar de residencia la ciudad de Ensenada.
Entre sus objetivos están la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento
de sustancias que constituyan depósitos mineros regulados por la ley minera
vigente y su reglamento. Se trata de una sociedad mercantil con una duración
indefinida y un capital social de 50 mil pesos.
Grupo Minero Lobos se creó cuatro días después, ante la fe del mismo
corredor público 17 de Tijuana. Con 99 años de duración y 50 mil pesos de
capital, la sociedad fijó como objetivo, entre otros, la adquisición por cesión
o por cualquier título legal de toda clase de concesiones y derechos, sobre
fondos mineros y plantas de beneficio.
Los accionistas son Adolfo Rodríguez Haros (también conocido con el apellido
Haro), con 25 mil pesos y cargo de gerente general, y Gabriel Chávez con el
mismo capital y cargo de administrador único, llevando nuevamente como
comisario a Humberto García.
Grupo Minero de Baja California se formó el 8 de febrero de 2005. Agregó
como objetivo el de celebrar toda clase de contratos de exploración y
explotación minera y de arrendamiento de plantas de beneficio.
Iron Ore de México se integró el 27 de diciembre del 2004 en la ciudad de
Ensenada, incorporando los mismos objetivos que las tres empresas anteriores.
Con 99 años de duración, su capital social de 50 mil pesos se repartió de la
siguiente forma: Gabriel Chávez, 42 mil pesos, y Adolfo Rodríguez
(administrador único), ocho mil.
Finalmente, B.C. Puerto Enterprise nació en la notaría pública 1 de Ensenada
el 25 de mayo de 2004. Sus objetivos son: 1.- La compra, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, asesoría, representación y/o administración, la
intermediación y en general, la celebración de todo tipo de operación para
adquirir o enajenar, bajo cualquier título permitido por la ley, la propiedad
posesión, o cualquier otro derecho, incluyendo el fideicomiso, sobre toda clase
de bienes inmuebles, ya sea para uso habitacional, comercial, industrial,
agrícola, turístico o de cualquier otra índole.
Estas empresas han intercambiado acciones para consolidar sus objetivos. Uno
de estos movimientos se registró el 11 de marzo del 2005 cuando Gabriel Chávez
vendió 69 de sus acciones en Iron Ore y las repartió entre B.C. Puerto
Enterprise, Michael Field, Daniel Ken Sieu y Alexander George Wilson.
Adolfo Rodríguez Haros, otro socio de Chávez, es accionista y administrador único
de
la Cooperativa
Rutilo de B.C., S. C. de R. L. de C. V., creada en marzo del
2003.
Rodríguez sostuvo un conflicto legal con Vicente Huerta Acosta, ex
funcionario federal en el gobierno de Vicente Fox Quesada, socio de Ernesto
Ruffo Appel en otros predios mineros de Colonet en donde también hay
yacimientos de Titanio, y ex comisionado de Vigilancia en la cooperativa
minera.
En marzo de 2005, el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Ensenada
determinó que Huerta y Ruffo Appel eran los dueños legítimos de un predio,
conocido como “Lobo
4”,
de
280 hectáreas
de superficie, que en Colonet se disputaban con
la Sociedad Cooperativa
Rutilo.
Este asunto forma parte de los 25 juicios que Grupo Minero Lobos sostiene en
diversos juzgados federales para hacer valer sus derechos en una batalla legal
que en breve llegará a
la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que está por
concluir el sexenio de Felipe Calderón sin que tampoco se construyera el
megapuerto comercial, obra de infraestructura que con una inversión privada de
12 mil millones de dólares iba a ser la más importante del actual gobierno
federal.
El Titanio fue descubierto, en 1791, en arena férrica con Titanio, como
dióxido, por el sacerdote inglés W. Gregor, en un valle de Manaccan, en
Cornualles, Inglaterra, y recibió el nombre de su lugar de descubrimiento:
Manacannit.
Se utiliza en la elaboración de prótesis y otros implementos médicos, así
como en la aeronáutica espacial, en la química y en la industria de la
construcción.
Odontológicamente desplaza al oro en coronas y puentes dentales, y las
prótesis de Titanio se aplican con éxito en válvulas cardíacas, articulaciones
de cadera y rodilla, así como en implantes médico-dentales y ortodoncias.
También es un mineral usado por la industria militar de defensa y el dióxido
de Titanio tiene mucha utilidad en la industria de la cerámica y pinturas.
Su precio internacional se triplicó en los últimos cinco años al pasar de
siete dólares la libra (
453.5
gramos) a 22 dólares en 2011, en tanto que una tonelada
de hierro tenía en 2011 un precio en el mercado internacional que osciló entre
los
225 a
los 270 dólares americanos.
Según información de la Secretaría de Economía, “el tratamiento
posexplotación del hierro permite que por una tonelada de hierro que se extrae
se obtengan
200 libras
de Titanio”.
Si una libra de este mineral se vende en 20 o 22 dólares, las
200 libras de Titanio
pueden representar entre cuatro mil y cuatro mil 400 dólares.
Dicho de otra forma, un kilogramo de Titanio valía 48.50 dólares en 2011. Es
decir una tonelada de Titanio costó ese mismo año 48 mil 500 dólares.
Esas son las cifras que realmente están detrás de la confrontación minera en
Punta Colonet.
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