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Un juicio mercantil instruido por Oceanografía (empresa vetada por la Secretaría de la Función Pública y acusada de sobornar a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex) en contra de la compañía Subtec, da cuenta de las irregularidades solapadas por la paraestatal petrolera, en perjuicio de las finanzas públicas. Las irregularidades evidenciadas involucran más de 85 millones de dólares y se relacionan con la contratación de obra para la sonda de Campeche.
Fuente: Revista Fortuna
Fuente: Revista Fortuna
Nancy Flores
El 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yañez Osuna que se ha adjudicado contratos transexenales con Pemex Exploración y Producción (PEP), instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.
A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero.
Las obras contratadas por PEP, el 28 de abril de 2003, fueron para los “levantamientos geofísicos y geotécnicos ubicados en la Sonda de Campeche y el Golfo de México”.
Más allá de la pugna empresarial, el juicio revela las graves irregularidades encubiertas por las autoridades petroleras. Y es que las tres empresas retrasaron cinco meses la entrega de los oleogasoductos, cuya construcción estaban obligadas a terminar en diciembre de 2004.
Por esta obra, Pemex Exploración y Producción pagó un total de 87 millones 772 mil 92 dólares y, a pesar de los incumplimientos, expidió el acta de finiquito donde se dice satisfecha por los trabajos contratados. Salvo las penas económicas, ningún expediente de responsabilidad -en contra de las empresas o los funcionarios involucrados- fue abierto.
Según denuncian trabajadores de la paraestatal mexicana, el conflicto empresarial que llegó hasta los tribunales fue resuelto “por debajo de la mesa”.
Dinero reclamado
Al exigir el pago de los más de 7 millones de dólares, que motivaron el juicio 709/2004, Oceanografía devela el proceder de Pemex Exploración y Producción respecto de los incumplimientos de contratos.
Los cuatro amplios tomos, de los cuales Fortuna posee copia, descubren que a pesar de las irregularidades y las sanciones económicas aplicadas, la filial de la petrolera mexicana liberó de todo compromiso a la sociedad.
Según lo documentado en el primer tomo, tras la entrega extemporánea de la obra que incluyó el aumento en el monto total del proyecto, la subsidiaria no sólo omitió iniciar algún procedimiento para fincar responsabilidades sino que determinó: “los servicios y compromisos que adquirieron los contratistas con PEP se cumplieron a satisfacción del organismo descentralizado”.
Dicha liberación de PEP es una de las pruebas aportadas por Oceanografía para exigir el pago de los 7 millones de dólares a Subtec. Otra, consiste en la presentación del acta de finiquito número GAF-RM-12/2004 al contrato 418813817, de fecha 7 de mayo de 2004.
El documento revela que los retrasos en la obra significaron cinco meses más a los 232 días naturales acordados al adjudicar la obra. Además indica que “los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato original (fueron) aprobadas y pagadas por Pemex Exploración y Producción”.
Las pruebas también incluyen facturas de gastos erogados por la empresa de Yañez Osuna. Sobre estas últimas, el dueño de Subtec señala que no todos los documentos exhibidos están vinculados con el contrato.
Reynoso Durand también acusa la inclusión dolosa de facturas y conceptos que no asientan cantidad alguna. “Seguramente Oceanografía los exhibe, sin razón, para llenar de papel los anexos”, dice y agrega que por estos motivos resulta “evidente” la improcedencia del pago.
Además, detalla que “entre muchas de las omisiones de la actora, se encuentran las notas de crédito que [Oceanografía] aplica y descuenta a diversas facturas que pretende le sean pagadas. Estas notas de crédito no precisan a cuáles conceptos se aplican, dejando en total indefensión a mi representada, al no señalar los conceptos”.
Más adelante añade que los reembolsos exigidos por Oceanografía son “requerimientos judiciales excesivos que nada tienen que ver con los importes pactados para los levantamientos geofísicos”.
Deslinde de Subtec
Los cuatro amplios tomos dan cuenta de la ineficacia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo con lo relacionado con el cumplimiento de los plazos. Tan sólo en la reconvención, que Subtec promueve al juicio instruido por Oceanografía, se evidencian los retrasos en las obras.
“La administración del contrato es de buena fe, porque fue necesario obtener de Pemex Exploración y Producción la ampliación del plazo para que las tres empresas pudieran cumplir con las obligaciones contraídas”, justifica Subtec.
Agrega que “hubo necesidad de contratar o fletar dos embarcaciones más en un plazo no previsto en las propuestas técnica y económica, así como ampliar el plazo adicional al fijado de las tres embarcaciones que sí estuvieron comprendidas en las propuestas”.
Al contestar las imputaciones hechas por Dipp Jones, Reynoso Durand señala que “a la actora [Oceanografía] le faltó decir que la única obligación a cargo de Subtec respecto a los barcos era su suministro y operación, pero limitado a los barcos propuestos y en el plazo originalmente pactado, mas no los plazos ni los barcos extraordinarios o adicionales”.
Sobre estas irregularidades, Alfredo Reynoso expone: “Resulta entonces que mi representada obtuvo una modificación al plazo, debido a los retrasos e incumplimientos de las empresas Oceanografía y Foundex, encargadas al ciento por ciento de los levantamientos geofísicos y geotécnicos respectivamente. Cuyo costo y cargo es imputable como consecuencia a esas empresas, por lo que deberán ser condenadas a aceptar esos pagos adicionales y extraordinarios y a pagar los gastos, daños y perjuicios causados a mi representada y a la utilidad del proyecto”.
A pesar de estas severas denuncias y tres meses después de presentar, por mutuo acuerdo, el desistimiento de la acción, el 11 de mayo de 2006 se dictó la sentencia final al juicio ordinario mercantil 709/2004.
La resolución
El 20 de febrero del año pasado, Emilio Dipp Jones -representante legal de Oceanografía- y Alfredo Reynoso Durand -dueño de Subtec- anexaron el último oficio al juicio ordinario mercantil 709/2004.
El breve documento, dirigido al juez 59 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promueve el desistimiento de la acción judicial, por la cual Oceanografía pretendía que Subtec le pagara 7 millones 653 mil 563 dólares.
Las dos hojas relacionadas con el desistimiento -firmadas de común acuerdo y tras pactar fuera de juzgado una indemnización, según cuentan fuentes petroleras de primer nivel- pusieron fin a 542 días de enfrentamiento legal y reestablecieron formalmente la relación entre los “exitosos” contratistas de Pemex.
Los empresarios, también identificados como gestores de negocios a favor de sí y de terceros, no se reservan acción o derecho derivado del negocio. En el caso de Subtec incluso se indica: “Por medio del presente ocurso se desiste a su entero perjuicio de todas y cada una de las excepciones y defensas hechas valer, así como de la acción ejercitada en la reconvención”.
Y es que durante el largo proceso ambas compañías se responsabilizaron de los retrasos en las obras contratadas por PEP el 28 de abril de 2003, y que consistieron en “levantamientos geofísicos y geotécnicos, campaña 2003, ubicados en la Sonda de Campeche y el Golfo de México”.
Mientras Dipp Jones exigía a nombre de su representada el pago de más de 7 millones de dólares, monto que según lo señalado se habría apropiado ilegalmente Subtec, esta última reconvenía a Oceanografía a pagar los perjuicios causados no sólo a dicha empresa sino al propio proyecto de la paraestatal más importante de México.
Según los argumentos esgrimidos por Reynoso Durand, “la necesidad de ampliar [cinco meses] el plazo para la administración del contrato, así como la necesidad de contratar o fletar una segunda o tercera embarcación en un plazo adicional de la propuesta, resulta en una modificación a las obligaciones, cuyo costo y cargo es imputable a Oceanografía y a Foundex Explorations, por lo que estas empresas deberán ser condenadas a los pagos de los gastos, daños y perjuicios causados a mi representada y a la utilidad del proyecto”.
La obra, que consistió en los levantamientos geofísicos y geotécnicos, fue adjudicada el 9 de abril de 2003 a la sociedad integrada por Oceanografía, Foundex Explorations -también propiedad de Yañez Osuna- y Subtec.
Una vez ganada la licitación internacional 18575035-002-03, las tres empresas se repartieron las labores: las dos primeras instalaron los oleogasoductos y Subtec representó a la sociedad ante PEP y administró el ciento por ciento del convenio.
Por la complejidad de los trabajos, su ejecución requirió del auxilio de embarcaciones. Según el juicio, es precisamente este capítulo el que causó los retrasos en las obras: el segundo de los cuatro tomos del expediente descubre que para garantizar el costo del contrato, sólo se propuso la utilización del Barco Seabulk Colorado para los trabajos geotécnicos pero fue necesaria una segunda embarcación.
El mismo inconveniente se presentó en los trabajos geotécnicos, para los cuales fueron propuestos los buques el Ingeniero y Midnight Arroz, pero se tuvo que contratar un tercero. Además de retrasar la obra, estas contingencias generaron sobrecostos estimados en al menos 20 millones de dólares.
El 20 de febrero de 2006 Oceanografía y Subtec dieron por concluida en “buenos” términos, según aseguran las fuentes confidenciales, la serie de acusaciones que esgrimieron durante los más de 500 días que duró la querella.
A salvo quedó la relación de negocios entre Reynoso Durand y Yañez Osuna, este último señalado, junto con su empresa, de recibir favores de los hermanos Bribiesca Sahagún y del ex director de la petrolera, Luis Ramírez Corzo, a cambio de sobornos.
Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex; Carlos Morales Gil, director de PEP, y Amado Yañez Osuna, dueño de Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Pemex, sin transparencia
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de obra pública, adquisiciones y arrendamientos hechas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que involucran miles de millones de pesos del erario público, prenden las alarmas en el gobierno federal.
En un hecho sin precedentes y bajo la consiga de transparentar este capítulo, el 13 de febrero pasado Felipe Calderón nombró directamente a los nuevos contralores internos de ambas paraestatales.
En conferencia de prensa, el presidente de México señaló que “en el caso del sector energético estamos comprometidos con la aplicación de la ley en los términos de la normatividad vigente, sobre todo en materia de adquisiciones, contratos y tantas, tantas materias que en el pasado han dañado el patrimonio de los mexicanos”.
Agregó que los funcionarios pondrán en práctica auditorías financieras, presupuestales y de desempeño, además de que se crearán comités de auditoría interna. Estas acciones “permitirán a los mexicanos conocer de manera más transparente y clara el funcionamiento de las empresas”.
Entre los recién nombrados contralores destaca Jesús Cervantes Calderón, designado para vigilar Pemex Exploración y Producción. De acuerdo con fuentes de esta filial, uno de los primeros casos que le toca investigar es el contrato signado entre PEP y la trasnacional Bergesen, para el arrendamiento por 15 años del primer barco FPSO (Floating Production, Storage and Offloading).
Según las fuentes informativas, dicho convenio se logró gracias a las gestiones de una supuesta red de corrupción que involucra a altos funcionarios de la paraestatal y a los empresarios Antonio Juan Marcos, alias “El Ciego”; su yerno, Juan Reynoso Durand, y su hermano, Alfredo; así como Amado Omar Yañez Osuna.
Como lo informó Fortuna, el costo de este convenio asciende a por lo menos 758 millones de dólares, cifra revelada en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2006 de Bergesen Worldwide Offshore Limited. Aunque fuentes de primer nivel detallan que el monto convenido asciende a mil 500 millones de dólares.
El 13 de julio de 2005, PEP adjudicó el contrato de arrendamiento a la compañía Bergesen Worldwide Offshore Limited y se espera que la embarcación llegue a aguas mexicanas a principios de marzo. El buque tanque será utilizado para la producción temprana de petróleo crudo.
La contratación de este barco se hizo mediante un concurso internacional que, según denuncian trabajadores de la paraestatal que han pedido el anonimato, se logró mediante tráfico de influencias, abuso de poder, fraude, soborno y un cuantioso daño patrimonial en perjuicio del erario público.
Y es que, dicen los servidores públicos de primer nivel, el director de Administración de Pemex, Rafael Bracho, organizó la contratación de dicho barco con un presupuesto de 300 millones de dólares.
Agregan que las abundantes restricciones en las bases de licitación dejaron fuera a varias empresas extranjeras y nacionales, por lo que sólo concursaron el grupo japonés Model, filial del poderoso consorcio Mitsui y que cuenta con buques de tales características, y la noruega Bergesen.
De los 300 millones de dólares que se habían presupuestado en Pemex para solventar dicho contrato de arrendamiento, la paraestatal petrolera elevó el costo hasta mil 500 millones de dólares, es decir 400 por ciento, según denuncian los trabajadores.
Año IV No. 50 Marzo 2007
El 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yañez Osuna que se ha adjudicado contratos transexenales con Pemex Exploración y Producción (PEP), instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.
A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero.
Las obras contratadas por PEP, el 28 de abril de 2003, fueron para los “levantamientos geofísicos y geotécnicos ubicados en la Sonda de Campeche y el Golfo de México”.
Más allá de la pugna empresarial, el juicio revela las graves irregularidades encubiertas por las autoridades petroleras. Y es que las tres empresas retrasaron cinco meses la entrega de los oleogasoductos, cuya construcción estaban obligadas a terminar en diciembre de 2004.
Por esta obra, Pemex Exploración y Producción pagó un total de 87 millones 772 mil 92 dólares y, a pesar de los incumplimientos, expidió el acta de finiquito donde se dice satisfecha por los trabajos contratados. Salvo las penas económicas, ningún expediente de responsabilidad -en contra de las empresas o los funcionarios involucrados- fue abierto.
Según denuncian trabajadores de la paraestatal mexicana, el conflicto empresarial que llegó hasta los tribunales fue resuelto “por debajo de la mesa”.
Dinero reclamado
Al exigir el pago de los más de 7 millones de dólares, que motivaron el juicio 709/2004, Oceanografía devela el proceder de Pemex Exploración y Producción respecto de los incumplimientos de contratos.
Los cuatro amplios tomos, de los cuales Fortuna posee copia, descubren que a pesar de las irregularidades y las sanciones económicas aplicadas, la filial de la petrolera mexicana liberó de todo compromiso a la sociedad.
Según lo documentado en el primer tomo, tras la entrega extemporánea de la obra que incluyó el aumento en el monto total del proyecto, la subsidiaria no sólo omitió iniciar algún procedimiento para fincar responsabilidades sino que determinó: “los servicios y compromisos que adquirieron los contratistas con PEP se cumplieron a satisfacción del organismo descentralizado”.
Dicha liberación de PEP es una de las pruebas aportadas por Oceanografía para exigir el pago de los 7 millones de dólares a Subtec. Otra, consiste en la presentación del acta de finiquito número GAF-RM-12/2004 al contrato 418813817, de fecha 7 de mayo de 2004.
El documento revela que los retrasos en la obra significaron cinco meses más a los 232 días naturales acordados al adjudicar la obra. Además indica que “los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato original (fueron) aprobadas y pagadas por Pemex Exploración y Producción”.
Las pruebas también incluyen facturas de gastos erogados por la empresa de Yañez Osuna. Sobre estas últimas, el dueño de Subtec señala que no todos los documentos exhibidos están vinculados con el contrato.
Reynoso Durand también acusa la inclusión dolosa de facturas y conceptos que no asientan cantidad alguna. “Seguramente Oceanografía los exhibe, sin razón, para llenar de papel los anexos”, dice y agrega que por estos motivos resulta “evidente” la improcedencia del pago.
Además, detalla que “entre muchas de las omisiones de la actora, se encuentran las notas de crédito que [Oceanografía] aplica y descuenta a diversas facturas que pretende le sean pagadas. Estas notas de crédito no precisan a cuáles conceptos se aplican, dejando en total indefensión a mi representada, al no señalar los conceptos”.
Más adelante añade que los reembolsos exigidos por Oceanografía son “requerimientos judiciales excesivos que nada tienen que ver con los importes pactados para los levantamientos geofísicos”.
Deslinde de Subtec
Los cuatro amplios tomos dan cuenta de la ineficacia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo con lo relacionado con el cumplimiento de los plazos. Tan sólo en la reconvención, que Subtec promueve al juicio instruido por Oceanografía, se evidencian los retrasos en las obras.
“La administración del contrato es de buena fe, porque fue necesario obtener de Pemex Exploración y Producción la ampliación del plazo para que las tres empresas pudieran cumplir con las obligaciones contraídas”, justifica Subtec.
Agrega que “hubo necesidad de contratar o fletar dos embarcaciones más en un plazo no previsto en las propuestas técnica y económica, así como ampliar el plazo adicional al fijado de las tres embarcaciones que sí estuvieron comprendidas en las propuestas”.
Al contestar las imputaciones hechas por Dipp Jones, Reynoso Durand señala que “a la actora [Oceanografía] le faltó decir que la única obligación a cargo de Subtec respecto a los barcos era su suministro y operación, pero limitado a los barcos propuestos y en el plazo originalmente pactado, mas no los plazos ni los barcos extraordinarios o adicionales”.
Sobre estas irregularidades, Alfredo Reynoso expone: “Resulta entonces que mi representada obtuvo una modificación al plazo, debido a los retrasos e incumplimientos de las empresas Oceanografía y Foundex, encargadas al ciento por ciento de los levantamientos geofísicos y geotécnicos respectivamente. Cuyo costo y cargo es imputable como consecuencia a esas empresas, por lo que deberán ser condenadas a aceptar esos pagos adicionales y extraordinarios y a pagar los gastos, daños y perjuicios causados a mi representada y a la utilidad del proyecto”.
A pesar de estas severas denuncias y tres meses después de presentar, por mutuo acuerdo, el desistimiento de la acción, el 11 de mayo de 2006 se dictó la sentencia final al juicio ordinario mercantil 709/2004.
La resolución
El 20 de febrero del año pasado, Emilio Dipp Jones -representante legal de Oceanografía- y Alfredo Reynoso Durand -dueño de Subtec- anexaron el último oficio al juicio ordinario mercantil 709/2004.
El breve documento, dirigido al juez 59 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promueve el desistimiento de la acción judicial, por la cual Oceanografía pretendía que Subtec le pagara 7 millones 653 mil 563 dólares.
Las dos hojas relacionadas con el desistimiento -firmadas de común acuerdo y tras pactar fuera de juzgado una indemnización, según cuentan fuentes petroleras de primer nivel- pusieron fin a 542 días de enfrentamiento legal y reestablecieron formalmente la relación entre los “exitosos” contratistas de Pemex.
Los empresarios, también identificados como gestores de negocios a favor de sí y de terceros, no se reservan acción o derecho derivado del negocio. En el caso de Subtec incluso se indica: “Por medio del presente ocurso se desiste a su entero perjuicio de todas y cada una de las excepciones y defensas hechas valer, así como de la acción ejercitada en la reconvención”.
Y es que durante el largo proceso ambas compañías se responsabilizaron de los retrasos en las obras contratadas por PEP el 28 de abril de 2003, y que consistieron en “levantamientos geofísicos y geotécnicos, campaña 2003, ubicados en la Sonda de Campeche y el Golfo de México”.
Mientras Dipp Jones exigía a nombre de su representada el pago de más de 7 millones de dólares, monto que según lo señalado se habría apropiado ilegalmente Subtec, esta última reconvenía a Oceanografía a pagar los perjuicios causados no sólo a dicha empresa sino al propio proyecto de la paraestatal más importante de México.
Según los argumentos esgrimidos por Reynoso Durand, “la necesidad de ampliar [cinco meses] el plazo para la administración del contrato, así como la necesidad de contratar o fletar una segunda o tercera embarcación en un plazo adicional de la propuesta, resulta en una modificación a las obligaciones, cuyo costo y cargo es imputable a Oceanografía y a Foundex Explorations, por lo que estas empresas deberán ser condenadas a los pagos de los gastos, daños y perjuicios causados a mi representada y a la utilidad del proyecto”.
La obra, que consistió en los levantamientos geofísicos y geotécnicos, fue adjudicada el 9 de abril de 2003 a la sociedad integrada por Oceanografía, Foundex Explorations -también propiedad de Yañez Osuna- y Subtec.
Una vez ganada la licitación internacional 18575035-002-03, las tres empresas se repartieron las labores: las dos primeras instalaron los oleogasoductos y Subtec representó a la sociedad ante PEP y administró el ciento por ciento del convenio.
Por la complejidad de los trabajos, su ejecución requirió del auxilio de embarcaciones. Según el juicio, es precisamente este capítulo el que causó los retrasos en las obras: el segundo de los cuatro tomos del expediente descubre que para garantizar el costo del contrato, sólo se propuso la utilización del Barco Seabulk Colorado para los trabajos geotécnicos pero fue necesaria una segunda embarcación.
El mismo inconveniente se presentó en los trabajos geotécnicos, para los cuales fueron propuestos los buques el Ingeniero y Midnight Arroz, pero se tuvo que contratar un tercero. Además de retrasar la obra, estas contingencias generaron sobrecostos estimados en al menos 20 millones de dólares.
El 20 de febrero de 2006 Oceanografía y Subtec dieron por concluida en “buenos” términos, según aseguran las fuentes confidenciales, la serie de acusaciones que esgrimieron durante los más de 500 días que duró la querella.
A salvo quedó la relación de negocios entre Reynoso Durand y Yañez Osuna, este último señalado, junto con su empresa, de recibir favores de los hermanos Bribiesca Sahagún y del ex director de la petrolera, Luis Ramírez Corzo, a cambio de sobornos.
Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex; Carlos Morales Gil, director de PEP, y Amado Yañez Osuna, dueño de Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Pemex, sin transparencia
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de obra pública, adquisiciones y arrendamientos hechas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que involucran miles de millones de pesos del erario público, prenden las alarmas en el gobierno federal.
En un hecho sin precedentes y bajo la consiga de transparentar este capítulo, el 13 de febrero pasado Felipe Calderón nombró directamente a los nuevos contralores internos de ambas paraestatales.
En conferencia de prensa, el presidente de México señaló que “en el caso del sector energético estamos comprometidos con la aplicación de la ley en los términos de la normatividad vigente, sobre todo en materia de adquisiciones, contratos y tantas, tantas materias que en el pasado han dañado el patrimonio de los mexicanos”.
Agregó que los funcionarios pondrán en práctica auditorías financieras, presupuestales y de desempeño, además de que se crearán comités de auditoría interna. Estas acciones “permitirán a los mexicanos conocer de manera más transparente y clara el funcionamiento de las empresas”.
Entre los recién nombrados contralores destaca Jesús Cervantes Calderón, designado para vigilar Pemex Exploración y Producción. De acuerdo con fuentes de esta filial, uno de los primeros casos que le toca investigar es el contrato signado entre PEP y la trasnacional Bergesen, para el arrendamiento por 15 años del primer barco FPSO (Floating Production, Storage and Offloading).
Según las fuentes informativas, dicho convenio se logró gracias a las gestiones de una supuesta red de corrupción que involucra a altos funcionarios de la paraestatal y a los empresarios Antonio Juan Marcos, alias “El Ciego”; su yerno, Juan Reynoso Durand, y su hermano, Alfredo; así como Amado Omar Yañez Osuna.
Como lo informó Fortuna, el costo de este convenio asciende a por lo menos 758 millones de dólares, cifra revelada en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2006 de Bergesen Worldwide Offshore Limited. Aunque fuentes de primer nivel detallan que el monto convenido asciende a mil 500 millones de dólares.
El 13 de julio de 2005, PEP adjudicó el contrato de arrendamiento a la compañía Bergesen Worldwide Offshore Limited y se espera que la embarcación llegue a aguas mexicanas a principios de marzo. El buque tanque será utilizado para la producción temprana de petróleo crudo.
La contratación de este barco se hizo mediante un concurso internacional que, según denuncian trabajadores de la paraestatal que han pedido el anonimato, se logró mediante tráfico de influencias, abuso de poder, fraude, soborno y un cuantioso daño patrimonial en perjuicio del erario público.
Y es que, dicen los servidores públicos de primer nivel, el director de Administración de Pemex, Rafael Bracho, organizó la contratación de dicho barco con un presupuesto de 300 millones de dólares.
Agregan que las abundantes restricciones en las bases de licitación dejaron fuera a varias empresas extranjeras y nacionales, por lo que sólo concursaron el grupo japonés Model, filial del poderoso consorcio Mitsui y que cuenta con buques de tales características, y la noruega Bergesen.
De los 300 millones de dólares que se habían presupuestado en Pemex para solventar dicho contrato de arrendamiento, la paraestatal petrolera elevó el costo hasta mil 500 millones de dólares, es decir 400 por ciento, según denuncian los trabajadores.
Año IV No. 50 Marzo 2007
