ALIANZA DE MARINOS MERCANTES Y TRANSPORTISTAS CAMPESINOS DE MÉXICO
CNC
SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN
COMUNICADO DE PRENSA
CNC
SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN
COMUNICADO DE PRENSA
México, D. F. a 4 de agosto de 2008
PUERTOS MEXICANOS, “FILONES DE ORO”
PARA EMPRESARIOS EXTRANJEROS
· A través de las APIs es como se entregan las terminales marítimas, pero, se infringe la Ley de Puertos
· La mayoría son administradas por burócratas y empresarios
· No hay una política de Estado para el mar
A más de diez años de la famosa “Reforma Estructural” de las terminales marítimas de México, que prácticamente privatizó las actividades de los puertos, empresas extranjeras están al acecho de controlar todos los accesos por mar del país, y con ello apoderarse del movimiento de comercio exterior, principalmente de hidrocarburos, denunció la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (AMMYTCM-CNC).
A su vez, el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), afirmó que tras la privatización de los puertos, iniciada con la requisa en Veracruz en 1922, las Terminales Especializadas de Contendores (TEC), se convirtieron en los “filones de oro”, debido a que la carga contenerizada (productos terminados) representa el mayor negocio de los recintos portuarios, por encima de los gráneles (granos), autos, cruceros y carga general.
Es a través de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) como se entregan las terminales marítimas mexicanas a las compañías extranjeras ---principalmente chinas, españolas y estadounidenses-, en base a “Acuerdos Secretariales”; pero, infringen el artículo 25 de la Ley de Puertos, como sucedió en 2006 cuando Pedro Cerisola, como secretario de Comunicaciones y Transportes, aprobó una ampliación a los limites del puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán) en más de 100 por ciento su superficie, cuando la ley establece que no debe ser mayor del 20 por ciento.
En la reunión mensual de la AMMYTCM-CNC, que se llevo a cabo en el salón “Heriberto Jara” de la Campesina, que encabezó su presidente Salvador Rivera Castrellón, el Capitán de Marina y Arquitecto Naval, Joaquín Dorantes Pérez, miembro del FUMM, explicó que fue con las modificaciones a la Ley en 1993, como también se crearon las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), las cuales servirían para controlar los puertos y sus ingresos destinados a tres sectores distintos a como se entregan hoy.
Subrayó que las APIs son sociedades anónimas que están actuando un tanto ilegalmente, porque fueron organismos de transición, creados por el gobierno para privatizar los puertos, pero ya tienen más de catorce años trabajando sin aterrizar su verdadera finalidad.
“Se supone que las Administraciones Portuarias Integrales deberían haber saneado las finanzas de los puertos, para, posteriormente, concesionarlas totalmente a la iniciativa privada; pero, como suele ocurrir en México, todo se fue por la borda”, lamentó.
El integrante de la Comisión Naval de la Academia de Ingeniería, señaló que actualmente los ingresos que generan 25 puertos son repartidos de la siguiente manera: 16 por ciento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 5 por ciento a los gobiernos estatales, 3 por ciento al Fondo Nacional para el Turismo y uno por ciento (el de Acapulco, Guerrero) íntegramente a la iniciativa privada, es decir a Transportación Marítima Mexicana (TMM).
El académico naval mencionó que es necesario retomar las privatizaciones porque "cualquier puerto es interés del Estado y del municipio, por lo que debiera haber, tanto empresarios como funcionaros estatales y federales, decidiendo sobre el funcionamiento de la terminal marítima, para evitar que los mismos burócratas –y ahora también empresarios “vestidos” de funcionarios-- sean concesionarios del manejo de ellos.
Lamentó que no haya una política de Estado para el mar, así como la adhesión del sector marítimo en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 2030, del Presidente Felipe Calderón, porque de lo contrario, “si aún existe un pequeño grupo de marinos mercantes, dentro de poco tiempo, se habrá perdido un gran número de fuentes de empleo”, advirtió.
Ejemplo de ello, mencionó que actualmente en los pocos barcos nacionales trabajan cinco mil marineros mercantes y otros cinco mil se alquilan como “braceros” en embarcaciones extranjeras, en su mayoría, estadounidenses.
Luego, explicó que el trasporte del crudo mexicano por mar está concesionado por Pemex (¿quién sabe cómo se otorgó?) a la empresa TMM (donde participa capital extranjero de la General Motors, así como de Stevedoring Services of America Inc. ahora llamado SSA México Inc.), dejando las “migajas” que quedan para los transportistas mexicanos y sus mini embarcaciones.
Para el especialista en construcción naval, el descuido al sector marino en el país data de al menos cuatro administraciones atrás y terminó por caer a cero en el sexenio de Vicente Fox Quezada, con el latente peligro de que se vaya totalmente por la borda, y con ello el país pierda su soberanía y seguridad nacional por los mares, concluyó.
Por su parte, el Capitán Cruz Colorado Viccón, vicepresidente de Enlace Carretero y Marítimo de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC), de la CNC, en su oportunidad, denunció que fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando se aceleró la entrega de puertos a empresas extranjeras mediante “Acuerdos Secretariales”, quebrantando el artículo 25 de la Ley de Puertos.
Lamentó que a la fecha, tal parece que se sigue la misma política en el Gobierno de Felipe Calderón, debido a que continúa la entrega de los puertos de altura y el cabotaje a compañías extranjeras, principalmente a la firma china Hutchinson Port Holdings (HPH) del magnate multimillonario Li Ka Shing.
“Fue la Décima Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo del Magistrado Instructor Ricardo Sergio de la Rosa, que admitió en 2006 la demanda contra el ex titular de la SCT, Pedro Cerisola y Weber por transgredir el contenido del artículo 25 de la Ley de Puertos”, afirmó.
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