Fuente: El Ciudadano
La Comisión de Pesca del Senado ya inicio la ronda de conversaciones para salvar a la industria salmonera. Los primeros en sentarse frente a los parlamentarios fueron los banqueros, quienes no prestarán dinero a las sobreendeudadas compañías salmoneros mientas no se apruebe la privatización del mar. Para la Armada se está hablando de hipotecar un bien de uso público, mientras la sección jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia mantiene una posición ambigua respecto a la exigencia de los bancos de crear “certeza jurídica” sobre la propiedad de las zonas marinas donde se cultiva salmón.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) está exigiendo a los senadores la rápida aprobación del proyecto de ley que otorga gratuitamente la propiedad perpetua de las concesiones de acuicultura a las grandes compañías salmoneras que operan en el país. El sistema bancario exige esta medida como garantía hipotecaria para activar la línea de crédito de 450 millones de dólares, que cuenta con el 60 % de aval del Estado de Chile.
El informe de la ABIF presentado ante la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado afirma que “dado el estado actual de la industria (salmonera), no sólo no se pueden afrontar los pasivos actualmente existentes sino que no están dadas las condiciones para nuevos financiamientos”.
Además presionan a los legisladores anunciando que si no se aprueba el proyecto, esto se traducirá en la “desaparición de buena parte de las empresas productoras, desaparecerán las empresas proveedoras, los bancos se retirarán paulatinamente del sector y se generará un alto desempleo de larga duración en la zona”.
Ya varias salmoneras han suspendido su producción, como Camanchaca, Yadran, Humboldt, Patagonia.
CERTEZA JURÍDICA PARA BANCOS ACREEDORES
Respecto a las concesiones acuícolas entregadas en hipoteca por las empresas deudoras, la banca comercial afirma que “dichas garantías deben otorgar la suficiente certeza jurídica para que sean consideradas al momento de refinanciar pasivos y otorgar nuevos créditos”.
“Para cumplir con ello, el acreedor (el banco), no se puede ver expuesto a que la garantía desaparezca, sin que se contemple una solución respecto de los acreedores hipotecarios, ya que la caducidad de las concesiones resulta de situaciones que le son ajenas, como por ejemplo: incumplimiento del empleador de normas laborales, no operación de las concesiones, no pago de patentes”, señala la ABIF.
Los banqueros señalan de manera tendenciosa que el actual sistema “deja en una situación desmejorada a las empresas nacionales frente a su principal competidor (Noruega) que cuenta con hipoteca sobre las licencias (concesiones) y, por lo tanto, con amplio acceso a créditos de largo plazo. Si no hay garantías, no hay acceso a crédito, por lo que para invertir en el sector se requiere un mayor capital, que en Chile no está disponible en este momento”.
Jorge Claro, el consultor asignado por los bancos, asegura que “durante muchos años los empresarios salmoneros tuvieron amplio acceso al financiamiento, con una garantía riesgosa pero aceptada por los acreedores, cual es la biomasa (los peces en el agua. Este cuadro varió radicalmente con la aparición del virus ISA, que provocó una alta mortandad en los centros de cultivo”.
“Afortunadamente, -dice el consultor-, el proyecto de ley se hace cargo de este escenario, y propone una nueva modalidad de garantía, que es la concesión misma. Lo anterior beneficiará indudablemente la posición negociadora de los empresarios frente a la banca”.
Por su parte, el gerente general de la ABIF, Alejandro Alarcón, señaló en el Parlamento que “habrá que modificar ciertos aspectos jurídicos, en orden a que las garantías por los créditos que reciban los empresarios sean acordes con los riesgos de la actividad, y que son diversos: ciclo productivo prolongado, mareas, enfermedades, fluctuaciones del precio del salmón, hurtos, etc”.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
La discusión parlamentaria, conversación cotidiana en todos los sectores ligados a los recursos marinos y acuicultura del país, no ha contado con una clara posición jurídica por parte del los representantes del Gobierno de Bachelet. La abogada de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Jessica Fuentes, señaló en el Congreso que “la concesión mantiene su carácter de bien nacional de uso público; por lo tanto, ella otorga un derecho de uso, de carácter incorporal, sobre la columna de agua, y no la propiedad respecto de ella”.
Sin embargo frente a esta argumentación gubernamental, la asociación de banqueros exige que el texto legal que se discute, finalice definiendo la “certeza jurídica” respecto a la propiedad de las hectáreas costero marina que ocupan las compañías salmoneras. Además la ABIF urge a eliminar el concepto de “caducidad” de las zonas ocupadas por la actividad salmonera.
Esto contrasta con la ambigua argumentación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que indica que “el cambio en el sistema de transferencia de las concesiones no implicará que la autoridad deje de intervenir en el tema, sino que las causales de caducidad se comprobarán a través del correspondiente certificado del registro”.
ARMADA DE CHILE: “UN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO”
En el Senado, la Armada de Chile también expuso afirmando que cuando se habla de “hipoteca o prenda sobre la concesión de acuicultura” se está estableciendo constitucionalmente “una medida de prenda a favor del sistema financiero por incumplimiento de solvencia económica” por parte de las empresas.
La Armada deja claro que es necesario “tener presente que se embarga un acto administrativo que usa un bien nacional de uso público”.
La Marina Chilena afirma también que respecto al poder que se le da al Servicio Nacional de Pesca para establecer las “condiciones sanitarias para la acuicultura, el transporte, procesamiento, desinfección de las especies y los medios utilizados”, se debe tener en cuenta “las atribuciones legales de otros organismos competentes, tales como la Autoridad Marítima según lo dispuesto en la Ley de Navegación”.
BANCOS EXIGEN MAYOR FISCALIZACIÓN A SALMONEROS
Pero los banqueros ya definieron su calendario favorable para prestar dinero a las compañías salmoneras. Afirmaron, con un mes de retraso que para el pasado mayo pasado estarían los “barrios salmoneros” encaminados a un apropiado funcionamiento, para julio el proyecto de ley de modificación a la Ley de Pesca debería estar aprobado, y para septiembre el comenzaría el reinicio de la siembra de salmón atlántico.
El economista Jorge Claro aseguró en el Congreso que “el Estado, principalmente a través de Sernapesca, tendrá que asumir un papel fiscalizador mucho más activo del que ha tenido hasta ahora. Además, es indudable que los bancos van a hacer un seguimiento mucho más cercano de todo el proceso productivo y es muy probable que sólo comprometan un apoyo económico sólido cuando se inicie un nuevo ciclo sano en la actividad salmonera”.
Claro subrayó que “el robustecimiento del Sernapesca como ente fiscalizador de la actividad acuícola constituye uno de los pilares del proyecto de ley, pues hace viable al sector en el largo plazo”.
SERNAPESCA EN LÍNEA CON INTERESES DE LA BANCA Y LA INDUSTRIA
La ABIF reiteró su confianza en el “diálogo fluido con miembros de la Mesa del Salmón”, cuyo coordinador es el cuestionado ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, sobre el cual existe una sanción administrativa pendiente, ya que según la Contraloría General de la República “violó la probidad administrativa” al no justificar 380 millones de pesos entregados para subsidiar a tripulantes cesantes de la industria pesquera de la Región del Bio-Bio.
En la presentación de la ABIF, los banqueros señalaran que en una reunión con el director del Sernapesca, Felix Inostroza, “nos confirmó que el fondo de las modificaciones, tanto a la ley como los reglamentos, están en línea con lo que consideramos son los intereses de la industria y los bancos”.
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