Gobierno paraliza tercera ola de privatizaciones de puertos

La tercera ola de privatizaciones de los puertos tendrá que esperar por lo menos hasta marzo de 2008. Esto porque el Sistema de Empresas Públicas (SEP), dirigido por el ex ministro Patricio Rojas, decidió detener todos los procesos en carpeta para evaluar la política portuaria del país y encargó para ello un primer estudio a un equipo de expertos.

El reporte que elaborarán Rodolfo García, de la Cámara Marítima y Portuaria; el presidente de la Asociación de Exportadores, Ronald Bown; el ex coordinador de Transantiago Aldo Signorelli; la experta Paulina Soriano y el director de empresas Teodoro Wigodski se espera para fines de este año y se prevé que la propuesta total este lista en el primer trimestre de 2008, cuando será analizada por las carteras de Transporte, Economía y Hacienda.

Así, a la polémica paralización de la licitación de los terminales de Talcahuano y Coquimbo, ocurrida en los últimos meses, se sumará la de los espigones de Valparaíso y San Antonio, prevista para este año, así como Puerto Montt y Chacabuco, cuya concesión estaba programada para 2008. Aunque en el gobierno niegan que esta postergación se vincule a las presiones sindicales ejercidas en especial en el puerto de la VIII Región y que amenazan con extenderse a todo el país, operadores privados y fuentes sindicales aseguran que es el factor que más pesó.

"Esta es una forma honrosa de salir del problema en que se metieron, porque existe descontento sindical en Talcahuano y en otros puertos también", señala Daniel Águila, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios.

"Es un hecho que las exigencias de los trabajadores, tan desmesuradas, han complicado las licitaciones de los puertos", dice Rodolfo García, vicepresidente de la Cámara Marítima y Portuaria.

De ahí que, resume un alto ejecutivo naviero, "dudo que los puertos se concesionen en este gobierno, porque si se paga todo lo que los portuarios piden como indemnizaciones, el proceso no es rentable y ante la presión sindical, la autoridad no tendrá otra que postergar el tema”.

La vía marítima es clave en el comercio exterior chileno. Por ahí sale más del 90% de lo que exporta el país - unos USs 67.100 millones este año - y esa es la razón por la cual los gobiernos de la Concertación decidieron privatizar los principales terminales. En la era de Frei Ruiz-Tagle pasaron a operadores privados los sitios 1,2 y 3 tanto de Valparaíso como de San Antonio, y el terminal de San Vicente. Con Lagos se concesionaron Arica. Iquique y Antofagasta. Hoy en manos públicas están parte de los puertos de la V Región, además de Talcahuano. Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.

"Aunque tarden 20 años, el SEP quiere privatizar todos los puertos", dice Daniel Águila. En ese organismo los cuadros técnicos lo admiten, pero hoy no ven piso político para ello. En esa línea se inserta la decisión del SEP de convocar a un grupo de expertos para que defina primero una Política Nacional Portuaria antes de seguir con las concesiones, dice un funcionario del organismo. Según ejecutivos del SEP, el grupo de expertos ya ha cursado invitaciones para analizar el tema al Almirante Rodolfo Codina, así como las autoridades del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Pero según otro alto funcionario público, se tomó esta determinación porque hay varios factores no considerados. Uno de estos elementos es una "mirada global" sobre el tema. "Por ejemplo, en Talcahuano se están haciendo inversiones en los siete terminales (uno público y seis privados) que permitirán pasar de 15 millones de toneladas fraccionadas y en containers de capacidad a unos 26 millones de toneladas en los próximos años. Concesionar el puerto hoy no es rentable y podría serlo si se amplia la ruta de acceso a Talcahuano, cuando por esa vía aumente la demanda para transportar carga", explica esta autoridad, lo segundo, es que, a su juicio, "necesitamos mejorar la logística y agilizar los trámites en los puertos, porque la carga tiene que pasar por entre 8 a 10 organismos públicos antes de salir del país". Y, en tercer lugar, "hay que planificar con mirada estratégica, porque, por ejemplo, el Puerto de Coquimbo puede convertirse en la salida de la producción minera de Chile y Argentina y se debe ampliar la capacidad portuaria mirando ese horizonte".

Alerta privada

"El sector marítimo portuario requiere inversiones urgentes", señala Rodolfo García. "Todos los operadores locales, como el grupo Claro, Ultramar (Von Appen) y Agunsa (Urenda) quieren participar en los procesos, así como actores internacionales”, dice el gerente de una naviera. Por eso las portuarias privadas no comprenden el atraso del gobierno. Es más. Les gustaría acelerar el proceso. “Todos los cambios en el sistema portuario se han hecho pagando e indemnizando a los trabajadores", reflexiona un ejecutivo de una firma chilena del rubro: "En 1981 se hizo, luego fue el acuerdo del ministro Insulza (en 1999) y no entiendo por qué ahora, cuando hay más holgura fiscal no se hace".

Aunque los trabajadores de planta de los puertos estatales son pocos, el problema para el gobierno viene por el lado de los estibadores, que logran concitar un gran apoyo local. Por ejemplo, los funcionarios del Puerto de Talcahuano no superan la treintena, pero los estibadores pedían que se compensara a unas 600 personas.

La extrañeza de los privados es mayor cuando hay informes encargados por el propio Ejecutivo que señalan que es imperativo concesionar los puertos de la V Región. "Si no se hace nada, de aquí al 2010, la competitividad de Valparaíso va a estar en riesgo", dice García, de la Cámara Marítima y Portuaria. Y en otros terminales, como Coquimbo, la falta de inversión los va a sepultar, agrega. Los informes internos del gobierno indican que es urgente licitar los espigones de Valparaíso, San Antonio y el puerto de Coquimbo, para dar salida a las exportaciones de la zona central dice un director de un puerto estatal. Además, los espigones de los puertos de la V Región no son antisísmicos y han quedado obsoletos frente al nuevo modelo de naves que están arribando.

Algunos en el SEP y en el gobierno quieren acelerar el proceso, pero ven que el Ministerio del Interior -que en gobiernos anteriores fue clave para destrabar conflictos con los portuarios- así como la cartera de Transportes, están fuera del tema y no les interesa ponerlo en su agenda.

Un economista que trabaja en Teatinos 120 y que tuvo injerencia en las privatizaciones anteriores resume así el dilema del SEP: "Se pueden hacer las licitaciones, porque éstas tienen rentabilidad económica, pero significa comprarte un conflicto. Y al parecer a este gobierno le sobran los conflictos".

La presión sindical

Más de 80 millones se habían gastado en el proceso de licitación del Puerto de Talcahuano, con IM Trust actuando como banco de inversión y Prieto y Cía. como bufete asesor, cuando el presidente del SEP decidió paralizarlo, pese a que la mayoría del directorio de la empresa era partidario de continuar con la concesión.

Aquí la presión sindical fue clave. Desde que se inició la venta de bases en agosto de este año, anunciaron su oposición y movilizaciones. Se reunieron con la intendenta de la VIII Región, María Soledad Tohá, y recibieron el apoyo de parlamentarios como Raúl Súnico (PS) y Jorge Ulloa (UDI), dicen sus dirigentes. En el SEP explican que el gobierno temió que este movimiento se transformara en un "Arauco II”, que de sindical se transformó en movimiento de alcances políticos.

Para evitar un conflicto mayor Rojas -dicen- planteó que el SEP era contrario a seguir con la privatización. Los directores del puerto que querían continuar con el proceso -el presidente Claudio Agostini, además de María Esther Feres (PS) y Andrés González (PPD)- renunciaron y Rojas puso al mando de la mesa a la ex diputada DC Eliana Caraball.

Uno de los más férreos opositores a la privatización de Talcahuano fue Gastón Saavedra, concejal de Talcahuano del PS y director del puerto por los trabajadores. Otro fue Daniel Águila, de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios.

Fuente: La Tercera