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Fuente: Claridad en la Nación
Redacción de Claridad
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano denunció, en comunicado de prensa, que la situación de Puerto Rico como cliente obligado de la Marina Mercante de Estados Unidos bajo las leyes de cabotaje que reglamentan el tráfico de bienes y mercancías entre Estados Unidos y Puerto Rico, ha sido el marco de una estafa a gran escala que se descubrió y se llevó a los tribunales en Jacksonville, Florida, y que apunta a que los consumidores puertorriqueños han sido estafados durante años.
Héctor Pesquera, copresidente del MINH, dio a conocer una información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del 1 de octubre de 2008, que informa que cuatro ejecutivos de empresas navieras norteamericanas se declararon culpables y servirán condenas de cárcel por el papel que jugaron en una extensa conspiración que incluyó “arreglar” cotizaciones, elevar precios y repartir el mercado entre sus clientes que transportan mercancía de Estados Unidos a Puerto Rico en contenedores.
En el comunicado oficial del Departamento de Justicia, según Pesquera, se señala con claridad meridiana la información, que se transcribe a continuación: “Las líneas de navegación estadounidenses hacia Puerto Rico están gobernadas por la Ley Jones, una sección de la Ley de la Marina Mercante de 1920. La Ley Jones dictamina que toda carga que se transporte entre dos puertos de Estados Unidos, (incluyendo posesiones y territorios como Puerto Rico) debe hacerse en barcos construidos en Estados Unidos, que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses y que naveguen bajo la bandera norteamericana. El negocio de proveer carga a Puerto Rico alcanza cientos de millones de dólares anuales, puesto que el transporte marítimo es la forma principal de mover mercancía hasta la Isla.”
“Lo que hacían estos especuladores navieros, incluyendo un contacto en Puerto Rico, era aprovecharse de la injusta Ley de Cabotaje y añadir insulto al agravio. Se pusieron de acuerdo para subir los precios de todos los embarques y al no tener opciones con barcos de otros países, los consumidores puertorriqueños teníamos que pagar lo que ellos dijeran para transportar la mercancía a la isla”, señaló el copresidente del MINH.
Pesquera, reflexionó que “éste es el momento en que los puertorriqueños debemos redoblar esfuerzos para terminar con estas leyes que nos estrangulan económicamente y nos condenan a seguir cumpliendo una esclavitud colonial injusta”. Señaló además que “el silencio oficial del Gobierno sobre este caso es una señal de encubrimiento de un acto vergonzoso contra nuestro pueblo”. Exhortó a las agencias gubernamentales concernientes a investigar y a informarle al pueblo sobre las consecuencias que este acto criminal ha tenido en el encarecimiento de la vida aquí en Puerto Rico.
Según el MINH “El caso que se vio en un tribunal de Florida, trata de una investigación que realizó la División Anti monopolística del Departamento de Justicia Federal sobre conspiraciones y confabulaciones en la industria de transporte marítimo. La conspiración comenzó en mayo de 2002 y duró hasta abril de 2008. Su objetivo principal era ponerse de acuerdo para eliminar la competencia y subir los precios de mover la carga desde Estados Unidos a Puerto Rico. La acusación señala que los conspiradores acordaron eliminar la competencia entre ellos, subir los precios, y ‘arreglar’ cotizaciones sometidas tanto al gobierno de Puerto Rico como a clientes comerciales privados. Se les acusa también de acordar entre ellos aumentar el costo de las tarifas, los recargos y otros costos impuestos a sus clientes”.
Los acusados Peter Baci, de Jacksonville; Kevin Gill y Gregory Glova de Charlotte, N.C. y Gabriel Serra de San Juan, Puerto Rico, fueron acusados de violar la ley anti monopolística. Se declararon culpables y acordaron cumplir una sentencia de cárcel que podría ser de 10 años y multas que podrían alcanzar el millón de dólares. Además, cada uno de ellos deberá comprometerse a cooperar en la investigación. Alexander Chisolm, de Jacksonville, fue acusado de obstruir la justicia y acordó también declararse culpable y cumplir con todas las penas que le imponga la corte, que pueden conllevar una sentencia de 20 años y una multa de $250,000, finalizó el parte de prensa del MINH.
info@claridadpuertorico.com
Redacción de Claridad
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano denunció, en comunicado de prensa, que la situación de Puerto Rico como cliente obligado de la Marina Mercante de Estados Unidos bajo las leyes de cabotaje que reglamentan el tráfico de bienes y mercancías entre Estados Unidos y Puerto Rico, ha sido el marco de una estafa a gran escala que se descubrió y se llevó a los tribunales en Jacksonville, Florida, y que apunta a que los consumidores puertorriqueños han sido estafados durante años.
Héctor Pesquera, copresidente del MINH, dio a conocer una información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del 1 de octubre de 2008, que informa que cuatro ejecutivos de empresas navieras norteamericanas se declararon culpables y servirán condenas de cárcel por el papel que jugaron en una extensa conspiración que incluyó “arreglar” cotizaciones, elevar precios y repartir el mercado entre sus clientes que transportan mercancía de Estados Unidos a Puerto Rico en contenedores.
En el comunicado oficial del Departamento de Justicia, según Pesquera, se señala con claridad meridiana la información, que se transcribe a continuación: “Las líneas de navegación estadounidenses hacia Puerto Rico están gobernadas por la Ley Jones, una sección de la Ley de la Marina Mercante de 1920. La Ley Jones dictamina que toda carga que se transporte entre dos puertos de Estados Unidos, (incluyendo posesiones y territorios como Puerto Rico) debe hacerse en barcos construidos en Estados Unidos, que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses y que naveguen bajo la bandera norteamericana. El negocio de proveer carga a Puerto Rico alcanza cientos de millones de dólares anuales, puesto que el transporte marítimo es la forma principal de mover mercancía hasta la Isla.”
“Lo que hacían estos especuladores navieros, incluyendo un contacto en Puerto Rico, era aprovecharse de la injusta Ley de Cabotaje y añadir insulto al agravio. Se pusieron de acuerdo para subir los precios de todos los embarques y al no tener opciones con barcos de otros países, los consumidores puertorriqueños teníamos que pagar lo que ellos dijeran para transportar la mercancía a la isla”, señaló el copresidente del MINH.
Pesquera, reflexionó que “éste es el momento en que los puertorriqueños debemos redoblar esfuerzos para terminar con estas leyes que nos estrangulan económicamente y nos condenan a seguir cumpliendo una esclavitud colonial injusta”. Señaló además que “el silencio oficial del Gobierno sobre este caso es una señal de encubrimiento de un acto vergonzoso contra nuestro pueblo”. Exhortó a las agencias gubernamentales concernientes a investigar y a informarle al pueblo sobre las consecuencias que este acto criminal ha tenido en el encarecimiento de la vida aquí en Puerto Rico.
Según el MINH “El caso que se vio en un tribunal de Florida, trata de una investigación que realizó la División Anti monopolística del Departamento de Justicia Federal sobre conspiraciones y confabulaciones en la industria de transporte marítimo. La conspiración comenzó en mayo de 2002 y duró hasta abril de 2008. Su objetivo principal era ponerse de acuerdo para eliminar la competencia y subir los precios de mover la carga desde Estados Unidos a Puerto Rico. La acusación señala que los conspiradores acordaron eliminar la competencia entre ellos, subir los precios, y ‘arreglar’ cotizaciones sometidas tanto al gobierno de Puerto Rico como a clientes comerciales privados. Se les acusa también de acordar entre ellos aumentar el costo de las tarifas, los recargos y otros costos impuestos a sus clientes”.
Los acusados Peter Baci, de Jacksonville; Kevin Gill y Gregory Glova de Charlotte, N.C. y Gabriel Serra de San Juan, Puerto Rico, fueron acusados de violar la ley anti monopolística. Se declararon culpables y acordaron cumplir una sentencia de cárcel que podría ser de 10 años y multas que podrían alcanzar el millón de dólares. Además, cada uno de ellos deberá comprometerse a cooperar en la investigación. Alexander Chisolm, de Jacksonville, fue acusado de obstruir la justicia y acordó también declararse culpable y cumplir con todas las penas que le imponga la corte, que pueden conllevar una sentencia de 20 años y una multa de $250,000, finalizó el parte de prensa del MINH.
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