Imposición en la API

Fuente: Por esto!

"Insertan" como director a Alberto Reyes Carrillo, ex secretario de Planeación y cómplice-operador de Patricio Patrón Laviada/ Su "nombramiento" ocurre precisamente cuando se ha destapado la corrupción que permea al sistema aduanal del país

Para garantizar los negocios de los Fox-Sahagún y también los de Patricio Patrón Laviada, quienes gozan de la impunidad y protección que les brinda de la espuria Presidencia de la República, ayer fue impuesto Alberto Reyes Carrillo como encargado de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso.

Resulta elocuente que quien le dio posesión al ex Secretario de Planeación estatal haya sido nada menos que Leonardo Lazo Margain, el operador de Vicente Fox que se encargó en su momento de realizar el trabajo sucio para que la Terminal de Contenedores de Progreso fuera adjudicada a la empresa española TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona), mismo grupo español -el clan Maragall-Garrigosa-Pujol--con el que Patricio Patrón Laviada negoció la entrega de la Plataforma Logística de Exportación de Yucatán.

Este grupo, por cierto, mantiene una fuerte relación de negocios con China y su propósito es establecer aquí un Recinto Fiscal Estratégico, una especie de zona franca que funcionaria como una aduana sin supervisión oficial.

Vale la pena recordar que ambas concesiones fueron otorgadas por 20 años, con derecho a renovación por un periodo similar.

En el sexenio pasado Lazo Margain se desempeñó como Director de Capitanías de la SCT y actualmente funge como titular de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la misma dependencia.

El "nombramiento" de "Tico" Reyes Carrillo ocurre precisamente cuando se ha destapado la corrupción que permea al sistema aduanal del país, de la que no han salido bien librados el anterior Secretario de Hacienda, el director general de aduanas a incluso los vástagos de Martha Sahagún de Fox, quienes aprovechando el poder de su madre se hicieron inmensamente ricos precisamente con negocios poco claros relacionados con este rubro.

POR ESTO! fue el único medio en denunciar que la entrega del muelle de Progreso a TCB ocurrió en medio de una licitación amañada que involucró al propio Fox Quesada, Patrón Laviada y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, así como la Administración General de Aduanas.

De hecho, cuando la actual gobernadora Ivonne Ortega Pacheco era diputada federal demandó, junto con Roger Alcocer García y Paulino Canul Pacab, una investigación de las modificaciones que realizaban al reglamento de la API, Gezina Betancourt Gutiérrez, secretario técnico del Comité de Operación de Puerto Progreso; el capitán naval Víctor S. Benítez Plata, administrador de la Aduana, y el capitán de altura Luis Contreras García, encabezados por el entonces director de la API Progreso, Herman L. Deutch Espino, para que se pueda entregar la operación del muelle a una empresa extranjera.

Deutch Espino fue quien operó a nivel local todos los movimientos para cometer el fraude al otorgar a TCB el monopolio de las operaciones y aun cuando fue relevado de su cargo e inhabilitado diez años para ejercer la función pública, consiguió concretar uno de los negocios del sexenio de Fox Quesada en el que evidentemente Patrón Laviada salió beneficiado.
Ortega Pacheco, Alcocer García y Canul Pacab, cuando eran legisladores federales, refirieron que de forma "express" el director general de la API, Herman Deutsch, "solicitó al Director General de Puertos que autorizara los cambios o modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo Portuario el mismo día en que supuestamente tuvo verificativo la sesión del Comité", lo cual implica "que los servidores públicos que suscribieron el acta unilateralmente y sin esperar a que el contenido de dicha acta fuera conocido y en su caso aprobada por el Comité de Operación".

Aun cuando alertaron a la Función Pública la concesión se llevó a cabo y en complicidad con el director general de Puertos de la SCT, µngel González Rul y Alvídrez, se autorizaron las modificaciones a las Reglas de Operación de Puerto de Progreso (oficio número 115.898/04), dejando pendiente las reglas para la licitación condicionada a la autorización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
Días después, Rul y Alvídrez autorizó las modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo de Puertos, sin tener atribuciones legales para ello, pues debió someterlo a consideración de las secretarías de Marina y de Desarrollo Social.

En complicidad con el director de Puertos, el titular de la API Progreso hizo público el proyecto final y paralelamente emitió la licitación pública API/PRO/TEC/01/04, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2004, la cual fue hecha para que una sola empresa monopolizara el movimiento de carga en el puerto.

TCB logró mayores atribuciones que la API pues en todos los muelles que quedaron a cargo de la Administración Portuaria Integral, se limita el manejo y tráfico de altura de contenedores.

La colocación de Reyes Carrillo como director general de la API obedece también al hecho de que Progreso recibe diariamente cientos de navieras con servicios directos desde Estados Unidos, buques de Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Es un punto de seguridad nacional y estratégico por su aduana, que también tiene TCB.
A pesar de que en la licitación, la API recibió doce propuestas de las empresas: Grupo Naviero Peninsular, Líneas Unidas del Sureste, Consorcio Intercom, Consorcio Integral de Comercio Exterior, Maersk Tenedora de México, Dragados-Servicios Portuarios y Logísticos, Infraestructura Portuaria Mexicana, Terminal de Contenedores de Barcelona, Rehabilitación de Maquinaria Temaconst, Operadora de la Cuenca del Pacífico, un grupo constituido por dos personas físicas, y la última propuesta de una persona física, acabó aceptando a TCB.

Es necesario recalcar que de acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, la participación de una empresa que no sea mexicana en los servicios portuarios no puede rebasar el 49% de actividades y capital, pero ilegalmente se otorgó el ciento por ciento de la participación a TCB.

Asimismo, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación calificó de indebida la sola participación en el concurso de licitación de TCB, y refiere que esta ilegalidad es responsabilidad directa del titular de la API pues en la licitación pública estableció que podían concursar empresas hasta con el 100% de capital extranjero, aún operan los españoles.

Por cierto, se intentó pasar desapercibida la imposición de Reyes Carrillo en la API, pues se giraron invitaciones a los medios de comunicación de última hora y con el aviso de que se iba a ofrecer información relacionada con Petróleos Mexicanos.
Reyes Carrillo todavía deberá ser ratificado en la próxima reunión del consejo que deberá realizarse el 21 de agosto y a la cual acudirá la gobernadora Ortega Pacheco, entre otros consejeros.

El ex director Armando Herrera Avendaño, quien se hizo cargo de la API de marzo del 2005 hasta el 14 de agosto de 2007, fue transferido a Veracruz donde elaborará un programa de ampliación de ese puerto.

Herrera Avendaño dijo que se va dejando en litigio dos concesiones, la de Bicon y la Terminal de Fluidos, ambas en proceso de inconformidad. Informó que actualmente se da mantenimiento a los viaductos de la terminal remota.

(Rafael Gómez Chi y Julio Jiménez Mendoza)