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Fuente: Nuestromar
Los buques de bandera británica podrían ser forzados a pagar iguales salarios a sus tripulantes, con independencia de su nacionalidad, de acuerdo con una revisión ordenada por el gobierno que fue publicada ayer.
El estudio concluye que la equiparación de salarios afectaría a 15.000 marinos extranjeros que tripulan buques registrados en el Reino Unido, y que el costo de esta equiparación para los empleadores, ascendería a unos US$ 378 millones al año. Aun así, se juzgó que el transporte marítimo no constituye un caso especial.
Las recomendaciones conocidas como “Revisión Carter”, pues fueron redactadas por la ex funcionaria pública Susan Carter, recibieron un inmediato ataque por parte de la Cámara de Transporte Marítimo, que endilgó a los autores una “impresionante ignorancia” acerca de la forma en que funciona el “shipping”.
Una legislación con este efecto sellaría la muerte de la bandera mercante británica, agregó un vocero de la cámara armadora, dado que los buques registrados en Reino Unido migrarían inmediatamente a una opción más económica.
Fuentes de los empleadores puntualizaron que la revisión Carter fue ordenada bajo la administración del partido Laborista, que perdió el gobierno el mes pasado. Y se mostraron esperanzados que la nueva administración asumida por la coalición entre Conservadores y Liberarles Demócratas, pueda persuadirse de no seguir adelante con la idea.
Sin embargo, los sindicatos de marinos mercantes celebraron el informe como un mayúsculo paso adelante, e hicieron notar lo irónico que resulta que una demanda que fue persistentemente rechazada durante 13 años por el gobierno Laborista, pudiera ahora alcanzar su madurez bajo una administración liderada por Conservadores.
El Ministro de Transporte Marítimo Mike Penning, dijo mediante un comunicado que las partes interesadas tendrán dos semanas para formular sus comentarios, después de lo cual se ha comprometido a volver a informar al Parlamento.
La Sra Carter explicó que se le pidió que considerara dos opciones: eliminar las diferencias para todas las nacionalidades (opción A), o restringir la igualación a los nacionales de países de la Unión Europea (Opción B).
Consideró luego las respuestas de la Cámara de Transporte Marítimo, que rechazó ambas opciones; del sindicato de marineros y otros cuerpos del sector del trabajo, quienes apoyaron la primera opción; y del sindicato angloholandés de marino, Nautilius International, que apoyó una variante de la segunda opción.
Al considerar los argumentos, aceptó que la competitividad de la bandera británica se vería afectada, particularmente en el tráfico de contenedores, y que algunos buques podrían irse de la bandera, pero no en la magnitud en que lo manifiesta la Cámara de Transporte Marítimo.
El impacto de cualquiera de las dos opciones sobre el conglomerado marítimo británico fue descripto como “altamente incierto”, aunque fue definido como una “consideración secundaria”. El impacto de cualquier de las opciones sobre la economía nacional en su conjunto será probablemente pequeño, sostuvo Carter.
Sin embargo, ambas deben ser consideradas a la luz de la Ley de Igualdad 2010, que está apuntada a brindar mejores resultados a quienes se encuentran en situación desventajosa.
Al final del documento, la Sra Carter concluye claramente que “la opción A pondría a la industria del transporte marítimo en línea con otras industrias. No parecen existir razones por las que el shipping deba considerarse un caso especial”.
“Sobre la base de las evidencias presentadas, recomiendo derogar la práctica de pagos diferenciales en base a la nacionalidad, para todos los marinos”.
Por David Osler
Adaptado al español por NUESTROMAR. Fuente: Lloyds List
El estudio concluye que la equiparación de salarios afectaría a 15.000 marinos extranjeros que tripulan buques registrados en el Reino Unido, y que el costo de esta equiparación para los empleadores, ascendería a unos US$ 378 millones al año. Aun así, se juzgó que el transporte marítimo no constituye un caso especial.
Las recomendaciones conocidas como “Revisión Carter”, pues fueron redactadas por la ex funcionaria pública Susan Carter, recibieron un inmediato ataque por parte de la Cámara de Transporte Marítimo, que endilgó a los autores una “impresionante ignorancia” acerca de la forma en que funciona el “shipping”.
Una legislación con este efecto sellaría la muerte de la bandera mercante británica, agregó un vocero de la cámara armadora, dado que los buques registrados en Reino Unido migrarían inmediatamente a una opción más económica.
Fuentes de los empleadores puntualizaron que la revisión Carter fue ordenada bajo la administración del partido Laborista, que perdió el gobierno el mes pasado. Y se mostraron esperanzados que la nueva administración asumida por la coalición entre Conservadores y Liberarles Demócratas, pueda persuadirse de no seguir adelante con la idea.
Sin embargo, los sindicatos de marinos mercantes celebraron el informe como un mayúsculo paso adelante, e hicieron notar lo irónico que resulta que una demanda que fue persistentemente rechazada durante 13 años por el gobierno Laborista, pudiera ahora alcanzar su madurez bajo una administración liderada por Conservadores.
El Ministro de Transporte Marítimo Mike Penning, dijo mediante un comunicado que las partes interesadas tendrán dos semanas para formular sus comentarios, después de lo cual se ha comprometido a volver a informar al Parlamento.
La Sra Carter explicó que se le pidió que considerara dos opciones: eliminar las diferencias para todas las nacionalidades (opción A), o restringir la igualación a los nacionales de países de la Unión Europea (Opción B).
Consideró luego las respuestas de la Cámara de Transporte Marítimo, que rechazó ambas opciones; del sindicato de marineros y otros cuerpos del sector del trabajo, quienes apoyaron la primera opción; y del sindicato angloholandés de marino, Nautilius International, que apoyó una variante de la segunda opción.
Al considerar los argumentos, aceptó que la competitividad de la bandera británica se vería afectada, particularmente en el tráfico de contenedores, y que algunos buques podrían irse de la bandera, pero no en la magnitud en que lo manifiesta la Cámara de Transporte Marítimo.
El impacto de cualquiera de las dos opciones sobre el conglomerado marítimo británico fue descripto como “altamente incierto”, aunque fue definido como una “consideración secundaria”. El impacto de cualquier de las opciones sobre la economía nacional en su conjunto será probablemente pequeño, sostuvo Carter.
Sin embargo, ambas deben ser consideradas a la luz de la Ley de Igualdad 2010, que está apuntada a brindar mejores resultados a quienes se encuentran en situación desventajosa.
Al final del documento, la Sra Carter concluye claramente que “la opción A pondría a la industria del transporte marítimo en línea con otras industrias. No parecen existir razones por las que el shipping deba considerarse un caso especial”.
“Sobre la base de las evidencias presentadas, recomiendo derogar la práctica de pagos diferenciales en base a la nacionalidad, para todos los marinos”.
Por David Osler
Adaptado al español por NUESTROMAR. Fuente: Lloyds List
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