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Fuente: El País
Es la cara del ministerio fiscal en Galicia y abomina de las detenciones televisadas. "No son mi estilo", asegura Carlos Varela (O Carballiño, 1956), quien sin embargo se revuelve contra las duras acusaciones que han vertido contra el ministerio público varios dirigentes del PP. "Es el mundo al revés, que los presuntos delincuentes acusen a quien cumple con su labor". Sobre el Prestige, avisa: "El alejamiento del barco pudo ser incorrecto y no tener relevancia penal".
Pregunta. ¿En tiempos de crisis cambia el perfil de delincuente y los tipos penales?
Respuesta. No tenemos datos para asegurarlo, sólo una afirmación general de que cuando la economía va mal aumentan los delitos contra el patrimonio.
P. Propone comarcalizar la Justicia. ¿En qué quedará su recomendación?
R. La ordenación del territorio es una asignatura pendiente en los servicios públicos. Partimos de los partidos judiciales del siglo XIX, han mejorado las comunicaciones y se puede crear una matriz territorial que la justicia debe aplicar. Lo mejor sería delimitar una demarcación y luego decidir la planta judicial. No me refiero a la vieja comarca natural, sino a comarcas funcionales, con intercambios de flujos regulares.
P. Será complicado. Galicia es muy sensible a los localismos.
R. Los localismos no cuentan para vertebrar el territorio.
P. Los periódicos amanecen plagados de corrupción. ¿Es esta sociedad más corrupta?
R. Hay relación directa entre especulación urbanística y corrupción. Con el boom inmobiliario se incrementaron los procedimientos judiciales, algunos pendientes de sentencia. En períodos preelectorales las denuncias suben, y con el parón inmobiliario, bajan. Hay un fiscal especializado en urbanismo y atendemos cualquier denuncia.
P. ¿Necesitarían delegados de la Fiscalía Anticorrupción?
R. La Fiscalía Anticorrupción actúa en el conjunto del Estado y se desplaza desde Madrid a lugares donde detectan casos. Otras veces actúa por medio de delegados, en Galicia no tenemos ninguno y empleamos fiscales especializados en delitos económicos y urbanismo.
P. ¿Es razonable que detenciones como las de Castro de Rei u otras se practiquen con semejante despliegue mediático?
R. Debemos ser prudentes, está por ver si se traduce en consecuencias penales. Sí es cierto que estas operaciones muchas veces se producen de manera espectacular, con cierta teatralidad en cuanto a las formas, creo que están fuera de lugar. Se puede ser eficaz siendo comedido, sin presentar a los detenidos con exposición pública, o avisando a los medios. No es mi estilo.
P. El PP critica la Operación Muralla de Lugo, donde la fiscalía investiga prácticas de la Diputación. ¿Cómo está ese caso?
R. Fue una operación que tuvo ese desarrollo espectacular al que me refería...
P. Y que no comparte.
R. No, no lo comparto, insisto, porque la exhibición no garantiza eficacia. En esa actuación se requisó documentación que el juzgado está analizando en un proceso laborioso y que precisa de ayuda de peritos contables. Esperemos que las conclusiones lleguen cuando antes.
P. Casos como esos sirvieron al PP para descalificar a la fiscalía aquí y en el resto de España.
R. Es una perversión culpar al investigador por hacer su trabajo. Los jueces y fiscales tenemos obligación legal de actuar cuando detectamos hechos que pueden tener relevancia penal. No se nos puede reprochar y si esa actuación afecta a afiliados de un partido, habrá que esperar al resultado de la investigación. Es el mundo al revés, que los presuntos delincuentes reprochen el comportamiento a los investigadores. Es impropio de una sociedad madura. Espero que esas actitudes cambien.
P. ¿Cuál será la postura de la fiscalía en el caso Prestige? ¿Acusará al ex director general de la Marina Mercante?
R. Esperaremos al momento oportuno para dar a conocer la postura del ministerio fiscal, que siempre ha impulsado este proceso. El fiscal especializado en Medio Ambiente participa en todas las diligencias, conoce los datos y por eso la postura de la fiscalía será meditada, fruto del conocimiento de la causa. Otra cosa es que se pueda discrepar con ella. La práctica de pruebas testificales y periciales enriquecerá el debate y nos dará una panorámica distinta de la que transmiten los medios de comunicación. Será bueno escuchar a peritos y testigos para saber si el alejamiento fue incorrecto e incluso si, siendo incorrecto, puede perseguirse penalmente. Con independencia de la posición que la fiscalía adopte en la acusación, tras practicar las pruebas, podría ser modificada.
P. ¿Les cuesta hacer ver a la sociedad que una decisión política desafortunada puede no tener repercusiones penales?
R. Eso es lo que intentamos hacer ver porque es en lo que nosotros nos hemos de fijar: si ese alejamiento tiene relevancia penal. Lo demás es debate político y no nos interesa.
P. ¿Qué opinión le merece el último auto judicial, que por cierto no se detiene en consideraciones jurídicas?
R. El auto considera que el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors debe ser llevado a juicio. Me parece correcto, era lo que solicitaba algún recurso. Pero el referente debe ser el tribunal de enjuiciamiento y la sentencia que dicte, tras practicar la prueba.
P. ¿La justicia se ha tomado en serio el caso Prestige?
R. Se precisa un debate sobre macroprocesos y delincuencia compleja, el sistema organizativo judicial que tenemos... Este asunto cayó en un pequeño juzgado, por el que pasaron muchos jueces, pero si hubiera caído en otro, sería lo mismo. Los juzgados no están capacitados para macroprocesos sobre infracciones complejas. Precisamos jurisdicciones especializadas.
P. La complejidad de los nuevos tipos delictivos, ¿requiere cuerpos especializados?
R. La fiscalía está especializada de acuerdo con los nuevos tiempos, tiene secciones en urbanismo, patrimonio histórico, siniestralidad viaria y laboral, medio ambiente... El problema es que nos encontramos muchos casos de lo que llamamos litigación de baja intensidad [la que no supera la pena de prisión de dos años]. Esta casuística debería ser abordada por otro tipo de tribunales, para que los juzgados de instrucción se pudieran dedicar al combate de la criminalidad más compleja, así lo recomienda el Consejo de Europa.
P. Usted propone la mediación para casos que pueden arreglar fuera de los tribunales.
R. No superaremos el atasco si no resolvemos dos problemas: el tratamiento de litigios masivos y de baja intensidad y si no tenemos implantada la mediación para problemas relacionados con el derecho de familia o relaciones de vecindad, en los que los contendientes deben seguir manteniendo una relación personal. Esos asuntos deben someterse a la mediación y si fracasa, derivarse a los juzgados.
P. Vemos cómo se contamina la relación del poder político con ciertos estamentos judiciales. ¿El hecho de que sea la Xunta quien dote de medios a la fiscalía, puede ser un problema si tiene que pronunciarse sobre aforados del Gobierno?
R. No puede, ni debe. Una cosa es que a la Xunta, dentro de su ámbito competencial, le compete la dotación de medios materiales al ministerio fiscal y otra, que nosotros nos regimos por un estatuto orgánico, que dice que tenemos que evaluar los comportamientos delictivos con independencia del sujeto, de su cualidad o adscripción política. No hemos tenido ningún problema y ya ha habido personas aforadas afectadas por la acción de la justicia. No hemos confundido una cosa con otra.
P. ¿No estaría más garantizada esa independencia si no hubiese esa relación?
R. Está establecido en el marco legal que esa competencia reside en el ámbito autonómico, pero no nos impide ejercer nuestra función con arreglo a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
P. Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se le acusa en un juzgado de falsedad documental por avalar una obra inacabada. ¿Qué criterio seguirá la fiscalía?
R. Lo trataremos como el de cualquier otra persona. Se comprobará si esos hechos tienen naturaleza penal. Será una mera aplicac ión de la ley con independencia del sujeto.
P. ¿Cree que puede haber un delito de falsedad documental?
R. El caso no ha llegado al Tribunal Superior, está en un órgano judicial que llegará a una conclusión y verá si los hechos tienen o no relevancia penal.
Es la cara del ministerio fiscal en Galicia y abomina de las detenciones televisadas. "No son mi estilo", asegura Carlos Varela (O Carballiño, 1956), quien sin embargo se revuelve contra las duras acusaciones que han vertido contra el ministerio público varios dirigentes del PP. "Es el mundo al revés, que los presuntos delincuentes acusen a quien cumple con su labor". Sobre el Prestige, avisa: "El alejamiento del barco pudo ser incorrecto y no tener relevancia penal".
Pregunta. ¿En tiempos de crisis cambia el perfil de delincuente y los tipos penales?
Respuesta. No tenemos datos para asegurarlo, sólo una afirmación general de que cuando la economía va mal aumentan los delitos contra el patrimonio.
P. Propone comarcalizar la Justicia. ¿En qué quedará su recomendación?
R. La ordenación del territorio es una asignatura pendiente en los servicios públicos. Partimos de los partidos judiciales del siglo XIX, han mejorado las comunicaciones y se puede crear una matriz territorial que la justicia debe aplicar. Lo mejor sería delimitar una demarcación y luego decidir la planta judicial. No me refiero a la vieja comarca natural, sino a comarcas funcionales, con intercambios de flujos regulares.
P. Será complicado. Galicia es muy sensible a los localismos.
R. Los localismos no cuentan para vertebrar el territorio.
P. Los periódicos amanecen plagados de corrupción. ¿Es esta sociedad más corrupta?
R. Hay relación directa entre especulación urbanística y corrupción. Con el boom inmobiliario se incrementaron los procedimientos judiciales, algunos pendientes de sentencia. En períodos preelectorales las denuncias suben, y con el parón inmobiliario, bajan. Hay un fiscal especializado en urbanismo y atendemos cualquier denuncia.
P. ¿Necesitarían delegados de la Fiscalía Anticorrupción?
R. La Fiscalía Anticorrupción actúa en el conjunto del Estado y se desplaza desde Madrid a lugares donde detectan casos. Otras veces actúa por medio de delegados, en Galicia no tenemos ninguno y empleamos fiscales especializados en delitos económicos y urbanismo.
P. ¿Es razonable que detenciones como las de Castro de Rei u otras se practiquen con semejante despliegue mediático?
R. Debemos ser prudentes, está por ver si se traduce en consecuencias penales. Sí es cierto que estas operaciones muchas veces se producen de manera espectacular, con cierta teatralidad en cuanto a las formas, creo que están fuera de lugar. Se puede ser eficaz siendo comedido, sin presentar a los detenidos con exposición pública, o avisando a los medios. No es mi estilo.
P. El PP critica la Operación Muralla de Lugo, donde la fiscalía investiga prácticas de la Diputación. ¿Cómo está ese caso?
R. Fue una operación que tuvo ese desarrollo espectacular al que me refería...
P. Y que no comparte.
R. No, no lo comparto, insisto, porque la exhibición no garantiza eficacia. En esa actuación se requisó documentación que el juzgado está analizando en un proceso laborioso y que precisa de ayuda de peritos contables. Esperemos que las conclusiones lleguen cuando antes.
P. Casos como esos sirvieron al PP para descalificar a la fiscalía aquí y en el resto de España.
R. Es una perversión culpar al investigador por hacer su trabajo. Los jueces y fiscales tenemos obligación legal de actuar cuando detectamos hechos que pueden tener relevancia penal. No se nos puede reprochar y si esa actuación afecta a afiliados de un partido, habrá que esperar al resultado de la investigación. Es el mundo al revés, que los presuntos delincuentes reprochen el comportamiento a los investigadores. Es impropio de una sociedad madura. Espero que esas actitudes cambien.
P. ¿Cuál será la postura de la fiscalía en el caso Prestige? ¿Acusará al ex director general de la Marina Mercante?
R. Esperaremos al momento oportuno para dar a conocer la postura del ministerio fiscal, que siempre ha impulsado este proceso. El fiscal especializado en Medio Ambiente participa en todas las diligencias, conoce los datos y por eso la postura de la fiscalía será meditada, fruto del conocimiento de la causa. Otra cosa es que se pueda discrepar con ella. La práctica de pruebas testificales y periciales enriquecerá el debate y nos dará una panorámica distinta de la que transmiten los medios de comunicación. Será bueno escuchar a peritos y testigos para saber si el alejamiento fue incorrecto e incluso si, siendo incorrecto, puede perseguirse penalmente. Con independencia de la posición que la fiscalía adopte en la acusación, tras practicar las pruebas, podría ser modificada.
P. ¿Les cuesta hacer ver a la sociedad que una decisión política desafortunada puede no tener repercusiones penales?
R. Eso es lo que intentamos hacer ver porque es en lo que nosotros nos hemos de fijar: si ese alejamiento tiene relevancia penal. Lo demás es debate político y no nos interesa.
P. ¿Qué opinión le merece el último auto judicial, que por cierto no se detiene en consideraciones jurídicas?
R. El auto considera que el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors debe ser llevado a juicio. Me parece correcto, era lo que solicitaba algún recurso. Pero el referente debe ser el tribunal de enjuiciamiento y la sentencia que dicte, tras practicar la prueba.
P. ¿La justicia se ha tomado en serio el caso Prestige?
R. Se precisa un debate sobre macroprocesos y delincuencia compleja, el sistema organizativo judicial que tenemos... Este asunto cayó en un pequeño juzgado, por el que pasaron muchos jueces, pero si hubiera caído en otro, sería lo mismo. Los juzgados no están capacitados para macroprocesos sobre infracciones complejas. Precisamos jurisdicciones especializadas.
P. La complejidad de los nuevos tipos delictivos, ¿requiere cuerpos especializados?
R. La fiscalía está especializada de acuerdo con los nuevos tiempos, tiene secciones en urbanismo, patrimonio histórico, siniestralidad viaria y laboral, medio ambiente... El problema es que nos encontramos muchos casos de lo que llamamos litigación de baja intensidad [la que no supera la pena de prisión de dos años]. Esta casuística debería ser abordada por otro tipo de tribunales, para que los juzgados de instrucción se pudieran dedicar al combate de la criminalidad más compleja, así lo recomienda el Consejo de Europa.
P. Usted propone la mediación para casos que pueden arreglar fuera de los tribunales.
R. No superaremos el atasco si no resolvemos dos problemas: el tratamiento de litigios masivos y de baja intensidad y si no tenemos implantada la mediación para problemas relacionados con el derecho de familia o relaciones de vecindad, en los que los contendientes deben seguir manteniendo una relación personal. Esos asuntos deben someterse a la mediación y si fracasa, derivarse a los juzgados.
P. Vemos cómo se contamina la relación del poder político con ciertos estamentos judiciales. ¿El hecho de que sea la Xunta quien dote de medios a la fiscalía, puede ser un problema si tiene que pronunciarse sobre aforados del Gobierno?
R. No puede, ni debe. Una cosa es que a la Xunta, dentro de su ámbito competencial, le compete la dotación de medios materiales al ministerio fiscal y otra, que nosotros nos regimos por un estatuto orgánico, que dice que tenemos que evaluar los comportamientos delictivos con independencia del sujeto, de su cualidad o adscripción política. No hemos tenido ningún problema y ya ha habido personas aforadas afectadas por la acción de la justicia. No hemos confundido una cosa con otra.
P. ¿No estaría más garantizada esa independencia si no hubiese esa relación?
R. Está establecido en el marco legal que esa competencia reside en el ámbito autonómico, pero no nos impide ejercer nuestra función con arreglo a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
P. Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se le acusa en un juzgado de falsedad documental por avalar una obra inacabada. ¿Qué criterio seguirá la fiscalía?
R. Lo trataremos como el de cualquier otra persona. Se comprobará si esos hechos tienen naturaleza penal. Será una mera aplicac ión de la ley con independencia del sujeto.
P. ¿Cree que puede haber un delito de falsedad documental?
R. El caso no ha llegado al Tribunal Superior, está en un órgano judicial que llegará a una conclusión y verá si los hechos tienen o no relevancia penal.
