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En pleno jaloneo por la reforma energética, en Petróleos Mexicanos siguen estallando escándalos de corrupción. El análisis de la Cuenta Pública 2006 confirmó que el buque Yuum K’ak’naab (El señor de los mares) pudo pagarse de contado en 411 millones de dólares más gastos de operación y mantenimiento, pero el costo se elevó a mil 134 millones en sólo cuatro meses y el gobierno consintió en pagarlo. En la maniobra están involucrados, quién lo dijera, el funcionario-empresario Antonio Juan Marcos Issa, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, otros directivos de Pemex y la familia de Vicente Fox.
Fuente: Rosalía Vergara/ Proceso
MEXICO, DF, 6 DE SEPTIEMBRE /El escándalo que provocó la denuncia de Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades cometidas en la compra del buque Yuum K’ak’naab (El señor de los mares) orilló a Petróleos Mexicanos a dar a conocer el contrato 412005846 para demostrar que la unidad costó 758 millones de dólares.
Sin embargo, el contrato está incompleto y no divulga el anexo G-1, en el que se enlista los conceptos y montos pagados por la compra, “utensilios” y gastos administrativos, todo lo cual suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Ese documento es la clave para entender cómo en 2005, cuando Luis Ramírez Corzo era director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Morales Gil era director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Francisco Gil Díaz secretario de Hacienda y Crédito Público, se creó una red de complicidades con el fin de licitar de manera irregular la compra de un buque para mezclar crudo, en beneficio de la empresa mexicana Blue Marine, socia de la noruega Bergesen World World.
Dichas anomalías, que infringen el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, fueron documentadas en el Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como personaje principal en este oscuro negocio está el exdirector de Finanzas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, quien “siempre al amparo de Pemex y de sus vínculos con Guillermo Sahagún, creó la empresa Yuum K’ak’naab, que en lengua maya quiere decir ‘señor del mar’. La compañía está instalada en los campos petroleros conocidos como Ku-maloob-Zaap, todos ellos en la bahía de Campeche, en el Golfo de México” (Proceso 1633).
Complicidad
En mayo de 2004 Issa y su yerno Juan Reynoso Durán, dueños de Blue Marine, le vendieron a Pemex un nuevo modelo de producción de petróleo extraído de aguas someras en Ku-Maloob-Zaap, junto a Cantarell. Son socios de la empresa noruega Bergesen, que usa buque tanques para mezclar crudo.
Issa y su yerno propusieron que los funcionarios de Pemex viajaran a Guinea Ecuatorial para que vieran cómo Bergesen operaba una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO por sus siglas en inglés) con la empresa GEPtrol, del gobierno de ese país. Así lo hicieron y quedó documentado en la revista estadunidense Oil&Gas Financial Journal. También Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a ese hecho el jueves 4, en su gira por San Luis Potosí,
“Pemex decidió modificar el proyecto Ku Maloob Zaap y contratar un FPSO para largo plazo. Después de un período de preparación de agosto de 2004 a julio de 2005, Pemex lanzó la licitación. El contrato fue asignado a Bergesen Worlwide Offshore, que compró para México el FPSO Yuum K’ak’naab, que en maya significa ‘el señor de los mares’”, consigna la publicación, con base en una entrevista a Issa.
Desde entonces Blue Marine, con Issa y su yerno al frente, se dedicó a pulir los aspectos legales, laborales y ambientales del contrato.
El 30 de noviembre de 2004 la subsidiaria PEP, dirigida por Carlos Morales, mediante escrito SPP-1175/04 pidió a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP que la autorizara a comprometer recursos para los gastos de operación y mantenimiento de un FPSO durante un período que comprende de 2006 al 2021, por 207 millones de dólares. El 14 de diciembre de ese año, según el oficio 312.A.E.2129, Hacienda autorizó la entrega de recursos.
El 4 de febrero de 2005 la Subdirección de la Región Marina Noreste y la Administración del Activo Ku-Maloob-Zaap firmaron la requisición de compra 10751680 para adquirir un FPSO por 374 millones 612 mil dólares, más 204 millones 475 mil dólares para operación y mantenimiento, lo que suma un total de 579 millones 87 mil dólares.
El 6 de julio PEP solicitó a la SHCP cambiar la vigencia y los montos del presupuesto de operación; dos días después, en el oficio 312.A.E.941, aceptó aumentar los recursos para el FPSO por 61 millones 479 mil dólares, más 315 millones 185 mil dólares, a pagar entre 2007 y 2022.
Al respecto, el Informe de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública 2006, elaborado por la ASF, detalla:
“PEP, sin contar con una autorización para la adquisición de un FPSO emitió la convocatoria de Licitación Pública Internacional 18575044-005 para la adquisición de un FPSO, para la contratación de servicios de operación y mantenimiento, misma que fue publicada en el Diario Oficial y Compranet el 1 de marzo de 2005. Lo anterior infringe el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública”.
Las bases de la licitación comprometían a PEP a dar a la empresa un pago inicial del 50% de la inversión y a diferir el 50% restante en 180 pagos fijos, “incluyendo los cargos fijos de operación y mantenimiento”. Se inscribieron nueve firmas extranjeras y 17 nacionales.
Entre ellas están la propia Blue Marine Technology; Servicios Marítimos de Campeche, propiedad de tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, así como Transportes Navieros y Terrestres, cuyo propietario es Amado Omar Yáñez Osuna, también propietario de Oceanografía, la empresa irregularmente beneficiada por Pemex y que está vinculada con los hijos de Marta Sahagún.
Otra de las compañías inscritas fue Naviera Integral, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, el único empresario del sector que acompañaba a Vicente Fox durante sus giras presidenciales al extranjero, integrante de Amigos de Fox y contratista al que Pemex Refinación benefició en el sexenio pasado.
Para el 15 de junio se habían eliminado 24 propuestas; sólo quedaron Modec y Bergesen. Finalmente se desechó la propuesta de Modec porque no cumplió con los requisitos técnicos y quedó, como ganadora, la oferta de la empresa noruega socia de Blue Marine.
Entonces comenzaron las sorpresas.
Cuando se abrió la propuesta económica de Bergesen, el FPSO valía 758 millones de dólares, más gastos de operación por 377 millones, lo que suma mil 134 millones 692 mil dólares. Es decir, aunque sólo habían pasado cuatro meses a partir de que se lanzó la convocatoria, de marzo a junio, el precio del buque tanque se duplicó.
El exoficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y actual secretario para la honestidad y la austeridad republicana del llamado gobierno legítimo de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, resume aquella situación:
“Pemex tenía dos problemas, no tenía autorización financiera para comprar el FPSO en 374 millones de dólares y la propuesta de la empresa noruega duplicaba su presupuesto. Entonces debió declarar desierta la licitación, porque no tenía presupuesto autorizado para la compra”.
De acuerdo con la ASF, en esta propuesta no se incluyó el costo de 126 millones de dólares en combustible, que Pemex debería absorber durante la vigencia del contrato (de 2007 a 2022).
El 15 de julio de 2005 el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan José Suárez Copel, hombre de confianza del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, e investigado por actos de corrupción en beneficio de Oceanografía y Blue Marine, solicitó que Hacienda autorizara recursos para cubrir el contrato del FPSO e informó que ya había publicado una convocatoria para licitación pública internacional desde el 1 de marzo de 2005. La SHCP autorizó la entrega de los 758 millones de dólares, de acuerdo con el oficio 305-I.2.1-1001, fechado el 20 de julio de ese año.
Al respecto la ASF detalla que “ni en el Presupuesto de Egresos de PEP para el 2005 autorizado por la Cámara de Diputados ni en la Ley de Ingresos de la Federación se encontraba prevista una erogación de 758 millones de dólares para comprar el FPSO, a realizarse en 50% ese año y el resto en 180 mensualidades de 2 millones 105 mil dólares mediante el denominado Pago por Inversión Diferido”.
Además, la ASF descubrió que PEP no cumplía a tiempo con los pagos mensuales y que por ello fue penalizada con 8 millones 785 mil dólares en el período del 21 de abril al 18 de junio.
La ASF concluye que se deben fincar responsabilidades contra los funcionarios que condujeron la licitación internacional para la compra sin autorización del órgano interno ni de la SHCP. Para la ASF, en realidad Pemex pactó un arrendamiento.
Esto es, dice Octavio Romero, porque “el barco sigue siendo propiedad de Bergesen por 15 años”.
Este, señala, “es un caso más de corrupción en Pemex que no se explica más que a través de las influencias”.
El anexo G-1
Después de la denuncia pública de López Obrador, el lunes 1 de septiembre Pemex emitió un “comunicado” que sólo publicó el diario Reforma, en el que decía: “las acusaciones carecen de sustento y buscan confundir”.
Posteriormente el director de PEP, Carlos Morales Gil, recurrió a la radio y la televisión para defenderse. Al conductor Carlos Loret de Mola le dijo que el precio del buque se duplicó por la inflación, y a Joaquín López Dóriga le dijo que no se había adquirido un barco sino “un artefacto naval que en un tiempo fue barco”.
Comentó que el costo total de la operación fue de “alrededor de mil 100 millones de dólares”, de los cuales aproximadamente 350 corresponden a operación y mantenimiento, y 750 al costo del artefacto.
Declaró que estos 750 se dividieron en dos formas de pago: la primera cuando entregaron el barco y otra en 180 mensualidades a 15 años. Morales Gil reconoció que si se hubiera comprado el barco al contado el costo sería de 440 millones de dólares. Según el contrato, el valor real del buque es de 411 millones 500 mil dólares.
Romero Oropeza cuestiona: “Morales dice que los 750 restantes se dividieron en dos, es decir 325 millones de dólares –379 millones, según el contrato– se pagaron al contado y la otra mitad en mensualidades. Si lo hubieran pagado al contado, dando esta cantidad de adelanto sólo restarían 32 millones 500 mil dólares de deuda. Pero con esa acción PEP elevó la deuda”.
Para “corroborar” las declaraciones de Morales Gil, el jueves 4 Pemex subió a su página de internet el contrato de 68 hojas, donde si explica en la cláusula 25.1 que pagará 758 millones de dólares por el FPSO a precio alzado. De acuerdo con el desglose en costo de dicho anexo, denominado Cédula sobre el país de origen de los bienes y servicios, el FPSO cuesta 266 millones 600 mil dólares, a los que suma 131 millones 300 mil dólares para “otras utilerías y equipo marino”. Además le incluye los “gastos administrativos” por 346 millones 500 mil de dólares, lo que da un subtotal de 744 millones 400 mil dólares.
A esta exorbitante cantidad se le suman 13 millones 600 mil dólares por la “integración de unidades superiores”; 315 millones 195 mil dólares de mano de obra de operación y mantenimiento; 40 millones 998 mil dólares para otros gastos de “operación y mantenimiento” y 20 millones 499 para “diesel, marino, aceites y pinturas”.
Todo eso suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Para cerrar este “acuerdo”, en 2005 funcionarios de Pemex –entonces bajo la dirección de Luis Ramírez Corzo– y de la subsidiaria PEP, principalmente su director Carlos Morales, licitaron la compra sin la autorización del Órgano Interno de Control o de la SHCP encabezada por Gil Díaz. Aun sin que presentaran el proyecto correspondiente, esta dependencia les dio 207 millones de dólares para tal fin.
Este anexo es uno de los 19 que tiene el contrato de referencia. En conjunto suman miles de fojas que Pemex no divulgó en su página de Internet.
Los contactos de Issa
La denuncia de corrupción en Pemex hecha por López Obrador y la investigación de Octavio Romero señalan que este plan se fraguó desde 2004.
Antonio Juan Marcos Issa, exfuncionario de Pemex y empresario petrolero, asesoró a Rogelio Montemayor Seguy y enfrentó a su lado el escándalo por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, conocido como el Pemexgate.
Cuatro años después, libre de todo cargo, anunció en revistas estadunidenses que Pemex tenía la intención de comprar un FPSO y que la única empresa con este tipo de embarcaciones era la noruega Bergesen, socia de Blue Marine Technology, la empresa que él fundó junto con su yerno Juan Reynoso Durán y que tiene como filiales Subtec, creada el 11 de julio de 2000, y Ocean Mexicana, fundada en 2004. Reynoso Durán también participa en Arrendadora Ocean Mexicana, constituida en agosto de 2001.
En Subtec aparece como propietario Carlos Daniel Yáñez Osuna y participa Manuel Mayoral Piana, mientras que el apoderado legal de Arrendadora es Daniel Rossvetgieff Guerrero. Ellos tres forman parte de la empresa Oceanografía, que versiones periodísticas vinculan con los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Issa fue secretario de Finanzas Rogelio Montemayor Seguy cuando éste era gobernador de Cohauila, y su coordinador de asesores cuando encabezó Pemex.
En 2007 se denunció que Arrendadora Ocean Mexicana, integrante del Grupo Blue Marine Technology, estaba relacionada en un caso de tráfico de influencias por las contrataciones de los buques tanque Torm Asia y Akrotiri, que implica más de 100 millones de pesos.
En Pemex, Issa también fue asesor de Luis Ramírez Corzo, quien a su vez nombró a Carlos Morales Gil como director de PEP. Además, fue asesor de Asuntos Especiales en la Dirección General con Raúl Muñoz Leos. Así mismo fue director de Finanzas de Pemex y tuvo cercanía con Guillermo Sahagún, cuñado de Vicente Fox.
De acuerdo con un reportaje de Ricardo Ravelo (Proceso 1633), Issa logró ascensos políticos y empresariales en la década de los setenta, según cuenta él mismo, entre otras razones por su cercanía con la señora Carmen Romano de López Portillo. Es tío de Salomón Juan Marcos Villarreal, “empresario lagunero cuya reputación no siempre obtuvo de manera lícita”.
Fuente: Rosalía Vergara/ Proceso
MEXICO, DF, 6 DE SEPTIEMBRE /El escándalo que provocó la denuncia de Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades cometidas en la compra del buque Yuum K’ak’naab (El señor de los mares) orilló a Petróleos Mexicanos a dar a conocer el contrato 412005846 para demostrar que la unidad costó 758 millones de dólares.
Sin embargo, el contrato está incompleto y no divulga el anexo G-1, en el que se enlista los conceptos y montos pagados por la compra, “utensilios” y gastos administrativos, todo lo cual suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Ese documento es la clave para entender cómo en 2005, cuando Luis Ramírez Corzo era director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Morales Gil era director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Francisco Gil Díaz secretario de Hacienda y Crédito Público, se creó una red de complicidades con el fin de licitar de manera irregular la compra de un buque para mezclar crudo, en beneficio de la empresa mexicana Blue Marine, socia de la noruega Bergesen World World.
Dichas anomalías, que infringen el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, fueron documentadas en el Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como personaje principal en este oscuro negocio está el exdirector de Finanzas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, quien “siempre al amparo de Pemex y de sus vínculos con Guillermo Sahagún, creó la empresa Yuum K’ak’naab, que en lengua maya quiere decir ‘señor del mar’. La compañía está instalada en los campos petroleros conocidos como Ku-maloob-Zaap, todos ellos en la bahía de Campeche, en el Golfo de México” (Proceso 1633).
Complicidad
En mayo de 2004 Issa y su yerno Juan Reynoso Durán, dueños de Blue Marine, le vendieron a Pemex un nuevo modelo de producción de petróleo extraído de aguas someras en Ku-Maloob-Zaap, junto a Cantarell. Son socios de la empresa noruega Bergesen, que usa buque tanques para mezclar crudo.
Issa y su yerno propusieron que los funcionarios de Pemex viajaran a Guinea Ecuatorial para que vieran cómo Bergesen operaba una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO por sus siglas en inglés) con la empresa GEPtrol, del gobierno de ese país. Así lo hicieron y quedó documentado en la revista estadunidense Oil&Gas Financial Journal. También Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a ese hecho el jueves 4, en su gira por San Luis Potosí,
“Pemex decidió modificar el proyecto Ku Maloob Zaap y contratar un FPSO para largo plazo. Después de un período de preparación de agosto de 2004 a julio de 2005, Pemex lanzó la licitación. El contrato fue asignado a Bergesen Worlwide Offshore, que compró para México el FPSO Yuum K’ak’naab, que en maya significa ‘el señor de los mares’”, consigna la publicación, con base en una entrevista a Issa.
Desde entonces Blue Marine, con Issa y su yerno al frente, se dedicó a pulir los aspectos legales, laborales y ambientales del contrato.
El 30 de noviembre de 2004 la subsidiaria PEP, dirigida por Carlos Morales, mediante escrito SPP-1175/04 pidió a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP que la autorizara a comprometer recursos para los gastos de operación y mantenimiento de un FPSO durante un período que comprende de 2006 al 2021, por 207 millones de dólares. El 14 de diciembre de ese año, según el oficio 312.A.E.2129, Hacienda autorizó la entrega de recursos.
El 4 de febrero de 2005 la Subdirección de la Región Marina Noreste y la Administración del Activo Ku-Maloob-Zaap firmaron la requisición de compra 10751680 para adquirir un FPSO por 374 millones 612 mil dólares, más 204 millones 475 mil dólares para operación y mantenimiento, lo que suma un total de 579 millones 87 mil dólares.
El 6 de julio PEP solicitó a la SHCP cambiar la vigencia y los montos del presupuesto de operación; dos días después, en el oficio 312.A.E.941, aceptó aumentar los recursos para el FPSO por 61 millones 479 mil dólares, más 315 millones 185 mil dólares, a pagar entre 2007 y 2022.
Al respecto, el Informe de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública 2006, elaborado por la ASF, detalla:
“PEP, sin contar con una autorización para la adquisición de un FPSO emitió la convocatoria de Licitación Pública Internacional 18575044-005 para la adquisición de un FPSO, para la contratación de servicios de operación y mantenimiento, misma que fue publicada en el Diario Oficial y Compranet el 1 de marzo de 2005. Lo anterior infringe el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública”.
Las bases de la licitación comprometían a PEP a dar a la empresa un pago inicial del 50% de la inversión y a diferir el 50% restante en 180 pagos fijos, “incluyendo los cargos fijos de operación y mantenimiento”. Se inscribieron nueve firmas extranjeras y 17 nacionales.
Entre ellas están la propia Blue Marine Technology; Servicios Marítimos de Campeche, propiedad de tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, así como Transportes Navieros y Terrestres, cuyo propietario es Amado Omar Yáñez Osuna, también propietario de Oceanografía, la empresa irregularmente beneficiada por Pemex y que está vinculada con los hijos de Marta Sahagún.
Otra de las compañías inscritas fue Naviera Integral, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, el único empresario del sector que acompañaba a Vicente Fox durante sus giras presidenciales al extranjero, integrante de Amigos de Fox y contratista al que Pemex Refinación benefició en el sexenio pasado.
Para el 15 de junio se habían eliminado 24 propuestas; sólo quedaron Modec y Bergesen. Finalmente se desechó la propuesta de Modec porque no cumplió con los requisitos técnicos y quedó, como ganadora, la oferta de la empresa noruega socia de Blue Marine.
Entonces comenzaron las sorpresas.
Cuando se abrió la propuesta económica de Bergesen, el FPSO valía 758 millones de dólares, más gastos de operación por 377 millones, lo que suma mil 134 millones 692 mil dólares. Es decir, aunque sólo habían pasado cuatro meses a partir de que se lanzó la convocatoria, de marzo a junio, el precio del buque tanque se duplicó.
El exoficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y actual secretario para la honestidad y la austeridad republicana del llamado gobierno legítimo de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, resume aquella situación:
“Pemex tenía dos problemas, no tenía autorización financiera para comprar el FPSO en 374 millones de dólares y la propuesta de la empresa noruega duplicaba su presupuesto. Entonces debió declarar desierta la licitación, porque no tenía presupuesto autorizado para la compra”.
De acuerdo con la ASF, en esta propuesta no se incluyó el costo de 126 millones de dólares en combustible, que Pemex debería absorber durante la vigencia del contrato (de 2007 a 2022).
El 15 de julio de 2005 el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan José Suárez Copel, hombre de confianza del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, e investigado por actos de corrupción en beneficio de Oceanografía y Blue Marine, solicitó que Hacienda autorizara recursos para cubrir el contrato del FPSO e informó que ya había publicado una convocatoria para licitación pública internacional desde el 1 de marzo de 2005. La SHCP autorizó la entrega de los 758 millones de dólares, de acuerdo con el oficio 305-I.2.1-1001, fechado el 20 de julio de ese año.
Al respecto la ASF detalla que “ni en el Presupuesto de Egresos de PEP para el 2005 autorizado por la Cámara de Diputados ni en la Ley de Ingresos de la Federación se encontraba prevista una erogación de 758 millones de dólares para comprar el FPSO, a realizarse en 50% ese año y el resto en 180 mensualidades de 2 millones 105 mil dólares mediante el denominado Pago por Inversión Diferido”.
Además, la ASF descubrió que PEP no cumplía a tiempo con los pagos mensuales y que por ello fue penalizada con 8 millones 785 mil dólares en el período del 21 de abril al 18 de junio.
La ASF concluye que se deben fincar responsabilidades contra los funcionarios que condujeron la licitación internacional para la compra sin autorización del órgano interno ni de la SHCP. Para la ASF, en realidad Pemex pactó un arrendamiento.
Esto es, dice Octavio Romero, porque “el barco sigue siendo propiedad de Bergesen por 15 años”.
Este, señala, “es un caso más de corrupción en Pemex que no se explica más que a través de las influencias”.
El anexo G-1
Después de la denuncia pública de López Obrador, el lunes 1 de septiembre Pemex emitió un “comunicado” que sólo publicó el diario Reforma, en el que decía: “las acusaciones carecen de sustento y buscan confundir”.
Posteriormente el director de PEP, Carlos Morales Gil, recurrió a la radio y la televisión para defenderse. Al conductor Carlos Loret de Mola le dijo que el precio del buque se duplicó por la inflación, y a Joaquín López Dóriga le dijo que no se había adquirido un barco sino “un artefacto naval que en un tiempo fue barco”.
Comentó que el costo total de la operación fue de “alrededor de mil 100 millones de dólares”, de los cuales aproximadamente 350 corresponden a operación y mantenimiento, y 750 al costo del artefacto.
Declaró que estos 750 se dividieron en dos formas de pago: la primera cuando entregaron el barco y otra en 180 mensualidades a 15 años. Morales Gil reconoció que si se hubiera comprado el barco al contado el costo sería de 440 millones de dólares. Según el contrato, el valor real del buque es de 411 millones 500 mil dólares.
Romero Oropeza cuestiona: “Morales dice que los 750 restantes se dividieron en dos, es decir 325 millones de dólares –379 millones, según el contrato– se pagaron al contado y la otra mitad en mensualidades. Si lo hubieran pagado al contado, dando esta cantidad de adelanto sólo restarían 32 millones 500 mil dólares de deuda. Pero con esa acción PEP elevó la deuda”.
Para “corroborar” las declaraciones de Morales Gil, el jueves 4 Pemex subió a su página de internet el contrato de 68 hojas, donde si explica en la cláusula 25.1 que pagará 758 millones de dólares por el FPSO a precio alzado. De acuerdo con el desglose en costo de dicho anexo, denominado Cédula sobre el país de origen de los bienes y servicios, el FPSO cuesta 266 millones 600 mil dólares, a los que suma 131 millones 300 mil dólares para “otras utilerías y equipo marino”. Además le incluye los “gastos administrativos” por 346 millones 500 mil de dólares, lo que da un subtotal de 744 millones 400 mil dólares.
A esta exorbitante cantidad se le suman 13 millones 600 mil dólares por la “integración de unidades superiores”; 315 millones 195 mil dólares de mano de obra de operación y mantenimiento; 40 millones 998 mil dólares para otros gastos de “operación y mantenimiento” y 20 millones 499 para “diesel, marino, aceites y pinturas”.
Todo eso suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Para cerrar este “acuerdo”, en 2005 funcionarios de Pemex –entonces bajo la dirección de Luis Ramírez Corzo– y de la subsidiaria PEP, principalmente su director Carlos Morales, licitaron la compra sin la autorización del Órgano Interno de Control o de la SHCP encabezada por Gil Díaz. Aun sin que presentaran el proyecto correspondiente, esta dependencia les dio 207 millones de dólares para tal fin.
Este anexo es uno de los 19 que tiene el contrato de referencia. En conjunto suman miles de fojas que Pemex no divulgó en su página de Internet.
Los contactos de Issa
La denuncia de corrupción en Pemex hecha por López Obrador y la investigación de Octavio Romero señalan que este plan se fraguó desde 2004.
Antonio Juan Marcos Issa, exfuncionario de Pemex y empresario petrolero, asesoró a Rogelio Montemayor Seguy y enfrentó a su lado el escándalo por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, conocido como el Pemexgate.
Cuatro años después, libre de todo cargo, anunció en revistas estadunidenses que Pemex tenía la intención de comprar un FPSO y que la única empresa con este tipo de embarcaciones era la noruega Bergesen, socia de Blue Marine Technology, la empresa que él fundó junto con su yerno Juan Reynoso Durán y que tiene como filiales Subtec, creada el 11 de julio de 2000, y Ocean Mexicana, fundada en 2004. Reynoso Durán también participa en Arrendadora Ocean Mexicana, constituida en agosto de 2001.
En Subtec aparece como propietario Carlos Daniel Yáñez Osuna y participa Manuel Mayoral Piana, mientras que el apoderado legal de Arrendadora es Daniel Rossvetgieff Guerrero. Ellos tres forman parte de la empresa Oceanografía, que versiones periodísticas vinculan con los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Issa fue secretario de Finanzas Rogelio Montemayor Seguy cuando éste era gobernador de Cohauila, y su coordinador de asesores cuando encabezó Pemex.
En 2007 se denunció que Arrendadora Ocean Mexicana, integrante del Grupo Blue Marine Technology, estaba relacionada en un caso de tráfico de influencias por las contrataciones de los buques tanque Torm Asia y Akrotiri, que implica más de 100 millones de pesos.
En Pemex, Issa también fue asesor de Luis Ramírez Corzo, quien a su vez nombró a Carlos Morales Gil como director de PEP. Además, fue asesor de Asuntos Especiales en la Dirección General con Raúl Muñoz Leos. Así mismo fue director de Finanzas de Pemex y tuvo cercanía con Guillermo Sahagún, cuñado de Vicente Fox.
De acuerdo con un reportaje de Ricardo Ravelo (Proceso 1633), Issa logró ascensos políticos y empresariales en la década de los setenta, según cuenta él mismo, entre otras razones por su cercanía con la señora Carmen Romano de López Portillo. Es tío de Salomón Juan Marcos Villarreal, “empresario lagunero cuya reputación no siempre obtuvo de manera lícita”.
