Fuente: Contralinea
Ana Lilia Pérez / enviada
Sigilosamente, Pemex ha dejado de operar sus plataformas para alquilar las de
compañías trasnacionales, a las cuales paga en promedio 39 millones de pesos diarios por el arrendamiento. Los consorcios incumplen las normas mínimas de seguridad, y ponen en riesgo la vida de 13 mil 500 trabajadores asignados a la Sonda de Campeche.
Sonda de Campeche. Las plataformas que Pemex Exploración y Producción (PEP) utiliza para los trabajos de exploración y explotación son inseguras y onerosas. Además, la subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) las arrenda a consorcios trasnacionales.
Durante su breve estancia en la Secretaría de Energía (Sener), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dio el visto bueno para el alquiler masivo de plataformas petroleras a compañías privadas. Éstas son usadas para la exploración y explotación de crudo en la Sonda de Campeche. Aunque dichas actividades están reservadas al Estado –según el artículo 27 constitucional–, de forma velada las administraciones de Luis Ramírez Corzo y actualmente la de Jesús Reyes Heroles las han dejado en manos de los consorcios privados sin una reforma energética de por medio.
El resultado: de 2004 a la fecha, la subsidiaria que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, ha pagado alrededor de 70 mil millones de pesos a ocho corporativos extranjeros y dos mexicanos por el arrendamiento de sus plataformas, mediante 84 contratos, de los cuales Contralínea posee copia. Así, PEP paga, en promedio, 39 millones de pesos diarios de la renta de las plataformas. A ello se añaden los costos del alquiler de equipos para perforación y mantenimiento de pozos, que también renta a algunas de estas mismas empresas.
Las firmas que desde el sexenio pasado concentran los contratos de alquiler de plataformas son: Nabors Perforaciones, Perforadora Dolphin, Todco, Noble, Mexdrill Offshore, Pride Drilling, Mexico Drilling Limited, Perforadora Central, Goimar y Songa Drilling.
Los socios texanos
Actualmente dos grupos económicos en el ámbito mundial se disputan las grandes áreas de negocios en Pemex: los españoles y los texanos. El capital económico, para el cual trabajó como asesor el hoy director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y al cual asesora actualmente su predecesor, Luis Ramírez Corzo, son dueños del 90 por ciento de las plataformas alquiladas al Estado.
Aunque la mayoría de las empresas que rentan estos artefactos marítimos a Pemex tienen su sede en Texas, operan financieramente en Delawere, Islas Caimán, Barbados, todos ellos considerados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como paraísos fiscales, por su laxitud en las normas fiscales, la protección al secreto bancario y el bajo pago de impuestos. La mayoría de ellas no paga en nuestro país la tributación que le correspondería por los millonarios ingresos que recibe de la paraestatal.
Situado en la Costa Atlántica, conocida popularmente como “la tierra de las compras libres de impuesto” (the land of free-tax shopping), Delaware es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, pero uno de los centros financieros más importantes, socorrido por empresas de todo el mundo, en pos de los beneficios fiscales que ofrecen las leyes locales. Según el gobierno de Delaware, en este estado están establecidas fiscalmente 250 mil compañías de todo el mundo.
Dicho estado, así como las Islas Caimán, territorio de Inglaterra, que se ubican en el Mar Caribe (entre Cuba y la costa de Honduras), y Barbados, isla en la zona del Atlántico, son destino de los millonarios montos que Pemex paga por las plataformas alquiladas.
Los contratos
La firma que ha recibido la remuneración económica más elevada por el arrendamiento de plataformas es Noble International, Ltd, corporativo creado en 1921 en Estados Unidos, fundado por Lloyd Noble y Art Olsen. Tiene su sede en Van Dyke Road Warren, Miami. Su director general es David W. Williams.
Opera con 10 subsidiarias: Noble Contracting GMBH, Noble Contracting Sarl, Noble Asset, Noble John Sandifer, Noble Drilling Carmen, Noble Bill Jennings, Noble Campeche Limited, Noble Drilling de Venezuela, Noble Offshore Venezuela, Noble Offshore Mexico (sic). Todas están registradas en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal, con oficinas en Francisco Petrarca 223, colonia Chapultepec Morales, Distrito Federal. Ninguna domiciliada fiscalmente en México.
De acuerdo con datos de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés, New York Stock Exchange), Noble es uno de los 20 mayores corporativos que operan financieramente en las Islas Caimán.
Según su información corporativa, Pemex es uno de sus principales clientes en la renta de plataformas petroleras. De 2004 a la fecha le ha alquilado las siguientes: Noble Bill Jennings, Noble Earl Frederickson, Noble Eddie Paul, Noble Gene Rosser, Noble John Sandifer, Noble Johnnie Hoffman, Noble Leonard Jones, Noble Lewis Dugger, Noble Sam Noble, Noble Tom Jobe, Noble Amos Runner, Noble Clyde Boudreaux, Noble Fri Rodli, Noble Jim Thompson, Noble Joe Alford, Noble Lester Pettus Noble Lester Pettus, Noble Lorris Bouzigard, Noble Max Smith y Noble Paul Romano, por un monto de 22 mil millones de pesos.
Le sigue el corporativo Pride International Inc., que tiene su sede en Houston, Texas. Opera en Estados Unidos, África, Asia, Europa, Medio Oriente y Sudamérica. Es dirigido por Louis A. Raspino y Rodney W. Eads. Ante Pemex tiene registrada una oficina en el Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, en Ciudad del Carmen.
Como contratistas del gobierno federal, tiene registradas las subsidiarias Pride Internacional de México LLC, Pride Central America, Pride Drilling LLC y Pride Foramer.
Con su subsidiaria Pride Internacional de México LLC, de 2004 a la fecha, ha recibido contratos de PEP por 10 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas. Con la firma Mexico Drilling Limited, otros 1 mil 800 millones de pesos en el mismo periodo.
Después está Perforadora Central, que es una de las dos compañías de capital mexicano en el negocio de las plataformas (la otra es Goimar). La dirige Guillermo Álvarez Morphy. Su oficina sede se ubica en Montes Urales 520, Lomas de Chapultepec, Distrito Federal. En los últimos cuatro años, PEP le pagó 9 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas Usumacinta, Tonalá, Grijalva y Hakuryu-V.
Aún con el antecedente del accidente en la Usumacinta, que develó su deficiente operación, Perforadora Central ejecuta actualmente uno de los contratos más onerosos que PEP le ha otorgado. El contrato 421007801, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que concluirá el 31 de diciembre de 2010, genera a la compañía ingresos por 1 millón 300 mil pesos diarios (el monto total es de 130 millones de pesos) por el arrendamiento de su plataforma Grijalva.
Después está Mexdrill Offshore, subsidiaria en México del consorcio Diamond Offshore Drilling, Inc, dedicado al arrendamiento, subarrendamiento de plataformas y equipos de perforación. El corporativo tiene 36 subsidiarias radicadas en Delawere. Según información oficial del corporativo, está domiciliado en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Bermudas y Singapur.
La subsidiaria entró a México en 2003. Mantiene una oficina en la colonia Condesa, en el Distrito Federal. Entre 2004 y 2007 recibió de PEP contratos por 9 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas.
Los precios de alquiler de las plataformas de Mexdrill se cuentan entre los más altos que PEP paga por este rubro. En 2006, por ejemplo, se le arrendó por dos años una plataforma, el costo fue de 6 mil 132 millones de pesos. Ese mismo año se le contrató su plataforma de perforación marina autoelevable, denominada Ocean Nugget, por 1 mil 837 millones de pesos; y su plataforma Ocean Worker, por 69 millones de pesos.
Luego está Nabors Industries, consorcio creado en Houston, Texas, en 1987. Ofrece servicios de alquiler de plataformas petroleras y servicios de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos. El grupo directivo de Nabors lo integran: Eugene M. Isenberg, presidente; Daniel McLachlin, vicepresidente; Bruce Koch, director financiero.
Entre sus accionistas se ubican las firmas AIM Management Group, American Express Co, AXA, Barclays Plc, Citigroup Inc, FMR Corp (Fidelity Investments), State Street Corp, Vanguard Group, Inc, Waddell & Reed Asset Management.
Opera en México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Gabón, Uganda, Angola, Congo, Argelia, Libia, Italia, Rumania, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Kuwait y Qatar, con las subsidiarias: Nabors Industries, Ltd (Headquarters), Nabors-Houston Office, Nabors US Lower 48 Land Drilling, Nabors International, Nabors Canada, Nabors Alaska, Nabors US Offshore, Nabors US Land Well-Servicing, Canrig Drilling Technology, Epoch Well Services, Peak Energy Services/US Lower, Peak Oilfield Services/Alaska, Ryan Energy Technologies.
Su domicilio fiscal se ubica en 2nd Fl. International Trading Center, St Michael, Barbados. De acuerdo con datos del NYSE, es uno de los 20 principales consorcios que operan en Barbados y las Islas Bermudas. Financieramente opera también en Islas Caimán.
Como contratista de Pemex tiene registradas a las subsidiarias Nabors Industries Company, Nabors México Inc, Nabors Offshore Corporation y Nabors Perforaciones de México. Todas ellas domiciliadas en W. Greens Road 515, en Houston, Texas.
A la subsidiaria Nabors México, de 2002 a la fecha, PEP le ha pagado 5 mil 500 millones de pesos por el alquiler de sus plataformas. De este monto, 2 mil 950 millones de pesos otorgados mediante licitación pública y 2 mil 550 millones por adjudicación directa. En 2007, la administración de Felipe Calderón le otorgó por adjudicación directa un contrato por 1 mil 540 millones de pesos; pese al monto involucrado, no se convocó a licitación pública.
Según el monto de contratos, después está Todco, subsidiaria del corporativo The Offshore Drilling Company, creada en Houston, Texas. Su domicilio social: 11 Greenway Plaza Suite 2950 Houston, TX 77046. Su director es Jan Rask.
Opera las subsidiarias: Todco México Inc; Servicios Todco, S de RL de CV; Todco Management Services Inc LLC; Cliffs Drilling Company; Todco Americas Inc; Todco International Inc; Todco Trinidad, Ltd; Cliffs Drilling (Barbados) Holdings; Cliffs Drilling (Barbados); Cliffs Drilling Trinidad Offshore Limited Trinidad, Perforaciones Venrig, SA.
El corporativo opera financieramente en tres paraísos fiscales: Delawere, Islas Caimán y Barbados.
La subsidiaria Todco México Inc tiene una oficina en la carretera Carmen-Campeche, pero está domiciliada fiscalmente en Delaware, incluso su giro registrado como contratista del gobierno federal es “cualquier actividad legal en que se permite actuar una corporación bajo las leyes del estado de Delaware”. En los últimos tres años recibió contratos para el arrendamiento de sus plataformas The 153, The 206, Platform Rig 2, RBF205, RBF206, por 3 mil 900 millones de pesos.
La siguiente es Goimar Logística y Servicios, empresa creada en 2003, con oficinas en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Según su registro como contratista de Pemex, ofrece el manejo de logística marina, terrestre y aérea. En 2005 arrendó una embarcación a PEP, gracias a un crédito que obtuvo en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Ese mismo año le rentó una plataforma por 1 mil 800 millones de pesos, y en 2007 le rentó una segunda plataforma por 1 mil 300 millones de pesos.
Después está Perforadora Dolphin Mexicana, subsidiaria del consorcio Dolphin Drilling Limited, establecido en Londres, Inglaterra. Es dirigida por Iain Mitchell. Tiene oficinas en Ciudad del Carmen, en el Parque Industrial Laguna de Términos. Renta a PEP las plataformas Bideford Dolphin, Borgland Dolphin, Borgny Dolphin, Bredford Dolphin, Byford Dolphin, Borgsten Dolphin, Borgholm Dolphin y Blackford Dolphin.
En 2004 recibió 1 mil 600 millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas Borgland Dolphin, Borgny Dolphin, Byford Dolphin.
Songa Drilling es una empresa noruega con sede en Oslo y oficinas en Houston, Singapur, Australia y Libia. Entró al mercado mexicano en 2006, año en que PEP le arrendó su plataforma autoelevable Júpiter por 1 mil 194 millones de pesos, mediante el contrato 421006803, que concluye el próximo 30 de octubre.
El lado oculto de las plataformas
Al sur del Golfo de México, entre dos provincias geológico-sedimentarias (al oeste la provincia Bahía de Campeche y al este la denominada Banco de Campeche), se extiende un área de 90 mil kilómetros cuadrados. Esto es lo que se conoce como la Sonda de Campeche. La plataforma más cercana a tierra firme (Ciudad del Carmen) está a 75 kilómetros. Para llegar a ella, los obreros se trasladan en las embarcaciones que PEP arrenda también a empresas privadas, en condiciones similares a la del caso de la lancha Seba’an.
En esta zona –que según Pemex genera el 82 por ciento de la producción nacional de crudo– es custodiada por la Armada de México. Sólo los funcionarios de la petrolera del Estado y los obreros asignados a cada plataforma conocen el nivel de inseguridad por la falta de mantenimiento.
Contralínea tuvo acceso a los documentos de verificación de las 83 plataformas que las trasnacionales han rentado a la subsidiaria que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil, desde que el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, les dio el visto bueno para operar en el Golfo de México.
Las actas de verificación revelan casos de compañías cuyas plataformas incumplían las características de los contratos que los funcionarios de PEP les asignaron. En algunos casos, se permitió a las compañías, una vez asignados los contratos, hacer las modificaciones para cumplir con los requerimientos técnicos de éstos.
Algunas plataformas operaron costa afuera hasta un año sin que el personal de Pemex ni el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los supervisara como marca la ley, lo que hace incomprensible el que las contratistas resultaran ganadoras de los contratos, pues sus plataformas no cumplían con los requerimientos técnicos. Aunado a que pese a involucrar millonarios recursos, algunos contratos se manejaron como adjudicación directa y tampoco se revisaron las condiciones físicas de la plataforma que se estaba rentando.
Las actas de verificación detallan la falta de medidas de seguridad en las plataformas para desempeñar las labores de alto riesgo. Algunas no cumplen con los requerimientos mínimos en materia de seguridad e higiene, estipulados por la Organización Marítima Internacional –organismo especializado de la ONU–, adoptados por el Estado mexicano, tales como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques y Artefactos Marítimos, conocido como MARPOL, y el SOLAS (Safety Of Life At Sea), convenio internacional para la protección de la vida humana en el mar.
Lo anterior implica no sólo la violación a los acuerdos internacionales, sino el incumplimiento en los contratos suscritos con PEP: delineados con base en la normatividad internacional. Sin embargo, la paraestatal no ha rescindido un solo contrato.
Además, las actas de inspección evidencian la falta de supervisión a las contratistas en la Sonda de Campeche. Ésta debía hacerse al momento de contratar la plataforma y cuando el contrato entrara en vigor. En muchos casos, la revisión se hizo tras entrar en operaciones y en otros un año después de que las plataformas estaban en operaciones.
Destaca la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las trasnacionales, lo que incrementa las posibilidades de accidentes, que luego, como en el caso de la Usumacinta, son justificados por los funcionarios de PEP como provocados por “condiciones climatológicas”.
En el 90 por ciento de los casos se evidencia que las mayores deficiencias se registran en el rubro de seguridad industrial y que la parte que más sacrifican todas las contratistas es el de bienestar de sus trabajadores. Más de la mitad de plataformas registra ínfimas condiciones en sus áreas habitacionales, que no acatan los requerimientos de los contratos que PEP les asigna, tampoco con los estándares internacionales. En algunos casos ni siquiera se cuenta con el servicio médico obligatorio.
En general, las actas de supervisión revelan que Pemex no practica lo que prevé el artículo 17 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo como obligaciones patronales. También, el fracaso del Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que la petrolera supuestamente aplica, desde 2005, en todos los centros de trabajo, para el cual ha invertido millonarios recursos al contratar especialistas internacionales como DuPont.
Entradas
